Sentencia 2010-03179 de octubre 20 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA DUAL 4

Radicado 110011102000201003179 - 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: 19 de octubre de 2011

Aprobado según acta de Sala 26 de la fecha.

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Conforme al artículo 116 de la Constitución Política, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria tiene la facultad de administrar justicia y conforme al artículo 256-3 ibídem conocer de las faltas en que incurran los abogados en ejercicio de la profesión, tema desarrollado por la Ley 270 de 1996, artículo 112-4 para resolver en consulta de algunas decisiones emitidas por los consejos seccionales de la Judicatura, y hoy por la Ley 1123 de 2007. Siendo de la Sala Dual pronunciarse sobre este asunto al tenor conforme lo regla el Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011.

Del asunto en concreto. Se trata de resolver en consulta sobre la presunta irregularidad ética cometida por el abogado Rubén Darío Parra Santana, respecto de haber recibido poder y dinero para tramitar proceso de alimentos contra el señor Alexander Bernal Torres desde el 12 de marzo de 2010, pero a la fecha de la queja —mayo 27 de ese año— no había presentado la demanda.

La nulidad. Con relación al contenido y alcance del derecho disciplinario, se ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

En términos generales, esta corporación ha considerado que las garantías del debido proceso y del derecho de defensa se vulneran si el operador disciplinario omite cumplir su deber de respetar las fases o etapas procesales fijadas por la ley, en cuanto garantiza la celeridad, la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, y hace operante y materializa el acceso a la misma, al hacer efectivo el derecho a la defensa y contradicción, los cuales integran el núcleo esencial del debido proceso.

Más allá de las consideraciones sobre el incumplimiento de los ciclos procesales, la jurisprudencia constitucional ha subrayado la importancia que tiene, para la conservación de las garantías superiores, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales se desarrollen las investigaciones. Este cometido, a los ojos de la doctrina constitucional, es requisito mínimo para una adecuada administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229) y elemento necesario para preservar la seguridad jurídica de los asociados.

Sobre este particular la Corte Constitucional indicó:

“El proceso es una institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de una serie de actos o de etapas dirigidas a una finalidad, cual es la constatación de una situación jurídica en un caso concreto mediante una sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia (…)”(3) (resaltado fuera del texto original).

De lo dicho en precedencia, es claro que la consagración de etapas dentro del proceso, delimitadas por términos procesales, así como el cumplimiento de los mismos por parte de la autoridad encargada de administrarlos, constituyen la base procedimental fundamental para la efectividad del derecho al debido proceso y para el recto funcionamiento de la administración de justicia, determinando con ello el inicio de la etapa subsiguiente como requisito para la culminación del proceso, por lo tanto, resulta necesario que las etapas del procedimiento se encuentren razonablemente diseñadas, ofreciendo a sus titulares oportunidades ciertas para el ejercicio del derecho de defensa, de lo contrario, podría hacer nugatorio el derecho de contradicción o ilusoria la pronta resolución de su situación disciplinaria.

La desaparición de las fronteras entre etapas diversas de la actuación disciplinaria obstaculiza el desenvolvimiento regular de la misma, despojándola de su carácter perentorio, en contravía del principio procesal de la preclusión o eventualidad, que ha sido entendido por la doctrina como “(…) la división del proceso en una serie de etapas de momentos o períodos fundamentales (…), en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera que determinados actos deben corresponder a determinado período, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor (…)”(4).

Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que por auto del 2 de mayo de 2011, se fijó como fecha para la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el 11 de ese mismo mes y, luego de realizar las comunicaciones respectivas, se celebró efectivamente la misma en la fecha señalada, solo que al llevarse a efecto, se cometieron irregularidades precisas de sanear por vía de nulidad, tal como se entra a señalar.

Abierta la intervención a la defensora de oficio, ésta solicitó la práctica de pruebas, entre ellas ampliación de la queja e insistir en la comparecencia del querellado y, entre las documentales, oficiar al Banco Davivienda para que certifique un número de cuenta a fin de demostrar a quién corresponde la misma, en la cual consignó la quejosa como honorarios y gastos del proceso de alimentos, que pensaba instaurar contra Alexander Bernal Torres, además oficiar al centro de servicios judiciales para verificar la instauración o no de dicha demanda por parte del abogado investigado.

Acto seguido, el despacho resolvió:

* Insistir en la presencia del querellado a las diligencias

* Oficiar al Banco Davivienda para que informen si el titular del número de la cuenta aportada por la quejosa es el señor Rubén Darío Parra Santana.

En la misma audiencia, repuso la negativa de oficiar al centro de servicios judiciales y ordenó tal prueba.

Prosiguió recibiendo en ampliación de queja a la señora Erika Ramírez Rodríguez, quien reafirmó lo consignado en el escrito de queja sobre el incumplimiento del abogado y la consignación de los dineros para realizar la gestión.

Seguidamente el despacho, conforme al artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, procedió a calificar provisionalmente la falta que se le endilga al abogad Parra Santana, para luego de exponer los hechos y la intervención de la defensora quien le manifestó “que en este momento no hay suficientes pruebas para encausar al investigado por lo que se deben recaudar”, consideró que “surge mérito para proferir auto de cargos en su contra, pues al parecer incurrió en la falta a la debida diligencia profesional, prevista en el artículo 37, numeral 1º de la ley indicada, consistente en demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarla o abandonarlas”, de paso, estimó que se trata de un actuar culposo ante la falta de prueba que demuestre comportamiento doloso.

Finalizando, fijó fecha de audiencia de juzgamiento para el 15 de junio de ese mismo año, en cuyo interregno ofició tanto al centro de servicios judiciales como al Banco Davivienda, y tan sólo se reportó el primero de los nombrados para informar la ausencia de demanda de alimentos reseñada.

La anterior reseña muestra claramente cómo las pruebas ordenadas antes de la calificación no se practicaron y haciendo caso omiso de la previsión legal dada en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, la magistrada instructora decidió realizar la calificación jurídica sin agotar fase probatoria, pese a que ordenó antes de la misma la práctica de varias de ellas a petición de parte.

Aunado al hecho de que la defensora le hizo ver la falta de prueba para tomar decisión alguna, es decir, siempre estuvo latente el hecho que no se había agotado la fase de pruebas para calificar.

Para mayor ilustración, se transcribe el artículo en cita, a fin de esclarecer las fases procesales que allí dispuso el legislador, precisamente contentivas de etapas preclusivas, las cuales no se pueden adelantar unas sin agotar las anteriores:

“Audiencia de pruebas y calificación provisional. En esta audiencia se presentará la queja o informe origen de la actuación; el disciplinable rendirá versión libre si es su deseo respecto de los hechos imputados, o en su caso, el defensor podrá referirse sobre los mismos, pudiendo solicitar o aportar las pruebas que pretendan allegar; en el mismo acto de audiencia se determinará su conducencia y pertinencia y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias. El disciplinado o su defensor podrá solicitar la suspensión de la audiencia hasta por cinco días para ejercer su derecho a solicitar y aportar pruebas en caso de que no lo pueda hacer en el momento de conocer la queja o informe.

Si se niega la práctica de alguna de las pruebas solicitadas, dicha determinación se notificará en estrados y contra ella procede el recurso de reposición que debe resolverse en el mismo acto y en subsidio el de apelación.

En caso de que la práctica de la prueba no sea posible de manera inmediata por razón de su naturaleza, porque deba evacuarse o se encuentre en sede distinta, o porque el órgano de prueba deba ser citado, la audiencia se suspenderá con tal fin por un término que no excederá de treinta (30) días.

Evacuadas las pruebas decretadas en la audiencia se procederá a la calificación jurídica de la actuación disponiendo su terminación o la formulación de cargos, según corresponda.

La formulación de cargos deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta. Contra esta decisión no procede recurso alguno…” (resaltado fuera de texto).

Es decir, que no se podía entrar a calificar sin haber agotado las pruebas solicitadas y ordenadas, en tanto la misma norma enseña que una vez dispuesta su práctica en tanto no se pudieron allegar en ese momento, la audiencia debe suspenderse hasta por 30 días para lograr el cometido probatorio, por lo tanto, tan sólo cuando se hayan evacuado las pruebas ordenadas, procede por parte del instructor la calificación, máxime cuando en casos como éste, tal calificación fue de formulación de cargos.

No pueden tornase en una simple formulación jurídica esas fases al interior de la audiencia de pruebas y calificación provisional, que dependa del libre criterio del juez disciplinario su acatamiento, por cuanto están de por medio derechos fundamentales de los intervinientes, en este caso, el derecho de defensa, por cuanto fue la misma defensora de oficio quien requirió las pruebas ordenadas y no practicadas antes de la calificación.

Precisamente de la certificación que expida el Banco Davivienda sobre el número de cuenta allí ordenado, en aras de establecer el titular de la misma y corroborar o descartar la posible responsabilidad del togado inculpado, se convierte en pieza clave en el esclarecimiento de los hechos, pues si bien no se allegó, la misma fue ordenada en audiencia antes de la calificación y requerida después de esa imputación jurídica, pero tampoco se insistió y conminó a la entidad para su consecución, al igual que, no obstante ordenada la prueba de insistir en la comparecencia del disciplinado al proceso, se ordenó antes de calificar y se ofició para ello con posterioridad a dicha calificación.

No tenía entonces el a quo con qué calificar la actuación, en tanto sólo contaba con la queja, porque ni siquiera la prueba de no presentación de demanda de alimentos por parte del disciplinado se poseía al momento, por que se ofició al centro de servicios judiciales con posterioridad pese que fue ordenada antes. Razón de ser la redacción de la norma en cita, que obliga el agotamiento de unas fases previas y obligatorias a la calificación jurídica.

Por lo tanto, al no fijarse nueva fecha para continuar con la audiencia de pruebas y calificación provisional, una vez ordenó las pruebas tantas veces aludidas antes de calificar, se obvió un procedimiento que era ineludible y de forzoso agotamiento, porque la necesidad de la prueba y su decreto vinculan en un deber procesal que garantiza derechos de contradicción y defensa, propios del debido proceso como derecho constitucional fundamental.

No puede el juez disciplinario motu proprio prescindir de esas fases que permiten agotar en debida forma la audiencia de pruebas y calificación provisional, por lo tanto, apartarse de esta forma de dar cumplimiento estricto a las etapas procesales establecidas en la Ley 1123 de 2007, constituye violación al debido proceso y contamina la actuación, al punto de tener que sanearse a través del instituto jurídico de las nulidades, como se hará consecuentemente.

En conclusión, el agotamiento de fases de ley en la conformación y estructura del proceso disciplinario, es un imperativo que conforme a las formas propias del juicio, debe respetar el ritual previsto, sin que sirvan excusas como la celeridad del proceso, por cuanto tal principio no está previsto para desconocer otros como el debido proceso propio de toda actuación judicial.

Razón por la cual y en uso de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 99 de la Ley 1123 de 2007(5), se ordenará recomponer la actuación acorde con lo establecido en el artículo 105 ibídem, decretando pruebas y practicándolas antes de proceder a la calificación de la actuación, pues como se dio la actuación, se configuró la causal de nulidad establecida en los numerales 2º y 3º del artículo 98 ejusdem(6).

Como bien lo consagra el artículo 29 de la Constitución Política, “(…) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)” (resaltado fuera de contexto original), es decir, no se deja al libre arbitrio del operador judicial la oportunidad en la cual se deben agotar las diferentes etapas procesales previstas por el legislador, por lo que se ve precisada la Sala a recomponer la actuación como se plasmó en precedencia.

Por lo anterior, la Sala 4 Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado, por violación al derecho de defensa y debido proceso, por lo tanto, se ordena recomponer la actuación acorde con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, fijando fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional; en consecuencia, remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

2. Devuélvase el expediente al seccional de origen para que proceda conforme se motivó en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.»

(3) Sentencia C-416 de 1994.

(4) Hernando Davis Echandía. Compendio de derecho procesal, t. I, 2ª e., Bogotá. Edit. ABC, 1972, pág. 45.

(5) ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.

(6) ART. 98.—Causales. Son causales de nulidad:

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.