Sentencia 2010-0335 de noviembre 25 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 13001-23-31-000-2010-0335-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: María Emma Pinto de Pava.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y Decreto 1382 de 2000, esta Sala es competente para conocer de la presente acción

2. Planteamiento del problema.

La señora María Emma Pinto de Pava invoca la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente trasgredido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al otorgar a la solicitud de cumplimiento del fallo de tutela de 29 de octubre de 2009 elevada por la petente, el trámite de desacato.

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 29 de julio de 2010 denegó la tutela reclamada, al considerar que esta no procede contra decisiones judiciales de su misma naturaleza y para reclamar el cumplimiento de sentencias de tutela.

Conforme a la precitada reseña corresponde a la Sala determinar si la Acción de Tutela es la vía jurídica adecuada para reclamar el cumplimiento de la sentencia de 29 de octubre de 2009 proferida en el trámite de acción de tutela.

3. Análisis de la Sala —Del caso concreto—.

De lo obrante en el expediente se tiene que la señora María Emma Pinto de Pava mediante escrito de 3 de diciembre de 2009, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cumplimiento del fallo de tutela de 29 de octubre de 2009 proferido por esta corporación, por medio del cual se tuteló a su favor los derechos fundamentales a la vida, la seguridad social y al mínimo vital.

Se advierte igualmente, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de auto de 4 de diciembre de 2009, dio apertura al incidente de desacato en consideración al escrito presentado por la actora.

De dicho trámite, el tribunal dio curso y determinó finalmente abstenerse de atribuir responsabilidad a la Beneficencia de Cundinamarca, la Fundación San Juan de Dios y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero sancionó por esa causa al Gerente General del Instituto de Seguros Sociales, con multa equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (fl. 42 ss.). Esta decisión fue confirmada en Consulta por el Consejo de Estado, sin que se haya aportado dicha providencia al proceso.

De la lectura del escrito de tutela se concreta que la petición de la accionante está dirigida a que se ordene el cumplimiento del fallo de tutela de 29 de octubre de 2009. No obstante, la Sala advierte que dicha petición es improcedente, como quiera que la solicitud de cumplimiento de una orden de tutela posee un tratamiento especial previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, esto es que corresponde al Juez de conocimiento agotar los medios necesarios para que el amparo otorgado obtenga un efecto útil, máxime si se trata de órdenes que invocan el acatamiento de derechos de origen ius fundamental.

En este orden de ideas, corresponde a la Sección Cuarta - Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no solo impartir la sanción por desacato al comprobar el incumplimiento de la orden de tutela, sino aunado a ello, proferir órdenes de cumplimiento, pues es necesario distinguir, el efecto que generan la figura de desacato y la de cumplimiento. En la primera de ellas, el juez actúa dentro de su poder disciplinador e impone a la autoridad incumplida una sanción ante su responsabilidad subjetiva, en tanto el cumplimiento está relacionado con la protección de los derechos fundamentales amparados y la fuerza vinculante de una orden judicial.

Para la Sala si bien, en el sub lite, no es admisible otorgar un amparo en forma directa, como quiera que dicha vía está habilitada al juez natural del asunto, lo cierto es, que hace necesario realizar un llamado de atención al operador jurídico natural de la causa, pues no es razonable que una orden de tutela proferida el 29 de octubre de 2009, a la fecha, es decir 1 año después no haya logrado un efecto útil, desconociendo que el juez constitucional está revestido de diversas facultades que le permiten actuar con vehemencia hasta que se logre la superación del derecho vulnerado.

En atención a lo anterior, la Sala aclara a la tutelante, que la vía del cumplimiento se encuentra abierta, toda vez que la decisión de desacato no impide de manera alguna, que pueda acudir las veces que sea necesario al Juez Natural del asunto para hacer cumplir una orden proferida en una Acción de Tutela como prerrogativa consagrada en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que es de obligatorio acatamiento para el juez constitucional.

Pese a como ya se ha indicado en párrafos precedentes no es posible otorgar un amparo directo, la Sala encuentra pertinente oficiar al Consejo Superior de la Judicatura para que junto con la Procuraduría General de la Nación, realicen vigilancia administrativa sobre la actuación desplegada por la Sección Cuarta Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a efectos de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 29 de octubre de 2009.

Dicha vigilancia especial, es pertinente en atención a la garantía de cumplimiento de la decisión judicial, esto es, que la orden dictada en instancia de tutela busca que el derecho fundamental protegido, sea tangible en los términos prescritos por el artículo 86 Constitucional y 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. Lo que quiere decir, que la voluntad del constituyente y del legislador, está dirigida a dotar a los jueces constitucionales del poder necesario para hacer cumplir los derechos que protegen y que se declaran en la Carta Política de 1991.

Así las cosas, es necesario recordar al tribunal que fungió como Juez natural de la causa que detrás de una orden judicial que ampara un derecho fundamental, radican una serie de poderes sancionadores propios de la facultad disciplinaria del juez de tutela, que potencializan la obligación de cumplir el fallo, por esta razón, el cumplimiento se torna en una obligación para quien dicta su acatamiento y para el destinatario de la misma.

Con fundamento en los argumentos expuestos, se confirmará la decisión de primera instancia, y se ordenará compulsar copias de este fallo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección A.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 29 de julio de 2010, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

REQUIÉRASE al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación, para que realicen Vigilancia Administrativa respecto de la actuación desplegada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para efecto de dar cumplimiento a la sentencia de 29 de octubre de 2009 proferida en sede de tutela. Conforme a lo expuesto en la parte motiva.

POR SECRETARÍA ENVÍESE COPIA del presente fallo a la Sección Cuarta Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».