Sentencia 2010-03396 de agosto 8 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 25000-23-15-000-2010-03396-02(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: María Clara Espitia Ramírez

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Delimitación de los problemas jurídicos.

La Sección Segunda de esta corporación en varias oportunidades ha conocido de acciones de tutela interpuestas por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, nombrados en provisionalidad, que consideraban fueron irregularmente desvinculados en virtud de la implementación del concurso de méritos, porque para la fecha en que se dieron por terminados su nombramientos, dicha entidad ya había proveído la totalidad de los cargos que fueron ofertados. Dicho de otro modo, porque la fiscalía a pesar de que se habían ocupado las vacantes que fueron objeto del proceso de selección, continuó a partir del registro de elegibles conformado, retirando a más provisionales para en su lugar nombrar a quienes hacían parte de éste(6).

En los casos antes descritos, teniendo en cuenta que la convocatoria es la regla del concurso de méritos, y por ende, que es vinculante para la administración como para los concursantes, esta Sección ha establecido que la Fiscalía General de la Nación a partir de las listas de elegibles conformadas en virtud del proceso de selección, sólo puede proveer el número de cargos que fue ofertado en las convocatorias realizadas, so pena de desconocer las reglas del concurso público. En consecuencia, cuando se ha verificado que el nombramiento de un funcionario en provisionalidad fue terminado para nombrar en su lugar a una persona que participó por un cargo respecto del cual se proveyeron la totalidad de las vacantes ofertadas, ha ordenado su reintegro, en tanto no puede considerarse que el retiro se produjo como consecuencia del concurso de méritos, cuanto la Fiscalía General de Nación desconoció para tal efecto las reglas del mismo(7).

Ahora bien, para establecer si la entidad en un caso concreto terminó o no válidamente un nombramiento en provisionalidad en presunto cumplimiento del concurso de méritos, es necesario determinar cuántos cargos de la misma denominación del que ocupaba el funcionario en provisionalidad fueron ofertados, y sobre todo, al momento de proferirse la resolución que terminó tal nombramiento, cuántas personas en dichos cargos en virtud del concurso fueron nombradas en propiedad o en periodo de prueba, porque de establecerse que al momento de desvincular al provisional para nombrar en su lugar a uno de los participantes, se había proveído un número igual o mayor al de cargos ofertados, se concluye que la entidad accionada desconoció las reglas del concurso público.

Por ejemplo, si la fiscalía ofertó 744 cargos de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos (como el que ocupa la peticionaria), y al momento de proferirse la resolución que terminó el nombramiento de un provisional que ostentaba la condición de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, para nombrar en su lugar a uno de los participantes del proceso de selección, se establece que la entidad con anterioridad ha realizado 744 o más nombramientos para dicho empleo, se tiene que la misma en principio excedió el número de nombramientos que podía realizar a partir del concurso de méritos, que se reitera, fue establecido en la convocatoria, que es vinculante para la administración como para los concursantes.

Ahora bien, no basta conocer al momento de proferirse la resolución que retira a un funcionario en provisionalidad por el concurso de méritos, cuántos nombramientos con ocasión al mismo ha realizado la entidad frente al empleo de ocupaba aquél, toda vez que es probable, que un número significativo de los nombramientos realizados a partir del registro de elegibles se haya revocado, verbigracia, porque los beneficiarios de los mismos no superaron el período de prueba o porque no aceptaron el cargo por el cual concursaron.

La anterior información es de significativa importancia, porque el propósito del concurso público es que en el número de cargos ofertados, se realicen nombramientos en propiedad, de carácter definitivo, y no solamente en período de prueba, transitorios o condicionados a que se supere la última etapa del concurso público; de manera tal que la entidad nominadora respetando el número de vacantes que fue objeto del proceso de selección, debe realizar los nombramientos que sean necesarios para proveer la totalidad de éstas, sobre todo cuando ha tenido que revocar algunos nombramientos porque los participantes no superaron el período de prueba.

En atención a la situación descrita, es muy probable que al proferirse la resolución que termina el vínculo laboral de un funcionario en provisionalidad con ocasión al concurso público, el número de nombramientos exceda al de cargos ofertados, sin que ello per se signifique que se desconoció el concurso méritos, porque también debe considerarse cuántos de los nombramiento realizados para el momento en que se emitió dicha resolución se han revocado.

Por ejemplo, si la fiscalía ofertó 744 cargos de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, y al momento de proferirse la resolución que terminó el nombramiento de un provisional que ostentaba la condición de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, se habían realizado 800 nombramientos de los cuales 100 se revocaron, se tiene que al emitirse dicha resolución materialmente sólo se han proveído 700 vacantes, por lo que la Fiscalía General de la Nación aún puede realizar 44 nombramientos más, a fin de proveer los 744 cargos ofertados.

Las anteriores consideraciones constituyen los parámetros a través de los cuales esta Subsección ha verificado la forma cómo la Fiscalía General de la Nación ha empleado el registro de elegibles del último concurso de méritos que llevó a cabo dicha entidad, teniendo como criterio orientador, que únicamente pueden proveerse a partir del mismo, el número de cargos que fue objeto de las distintas convocatorias.

En suma, para establecer en un caso en concreto si un funcionario en provisionalidad fue o no válidamente retirado de la Fiscalía General de la Nación, debe verificarse cuántos cargos de la misma denominación al que ocupa aquél fueron objeto del proceso de selección, y sobre todo, al momento de emitirse la resolución que termina su vínculo laboral, determinar frente a tal empleo cuántos nombramientos se realizaron y cuántos se revocaron.

Es necesario destacar que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-446 de 2011(8), de la cual a la fecha sólo se conoce el comunicado de prensa(9), acogió en buena parte la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado antes descrita, en tanto reiteró que “el registro de elegibles que conformó la entidad sólo podía ser utilizado para proveer los cargos en las seis convocatorias que le dieron origen”(10), razón por la cual, entre las varias decisiones que emitió, estableció que sólo se entendían como servidores de carrera de la fiscalía y en virtud de las convocatoria que ésta realizó en el año 2007, “aquellas personas que fueron nombradas según el registro de elegibles contenido en el Acuerdo 7 de 2008 y actos complementarios, con observancia estricta de la regla referente al número de plazas por proveer según cada una de las convocatorias(11) (destacado fuera de texto).

Ahora bien, la Corte Constitucional realizó otras consideraciones, que por ahora no se conocen en toda su extensión, sobre el margen de especial de protección que la Fiscalía General de la Nación debió brindarle a los funcionarios en provisionalidad que al momento de terminarse su nombramiento eran sujetos de especial protección, por lo que en el numeral tercero la parte resolutiva de la referida sentencia de unificación dispuso:

“TERCERO. ORDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación VINCULAR en forma provisional, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaban, a todos aquellos servidores que fueron retirados de la entidad con fundamento en el concurso convocado en el año 2007, siempre y cuando demuestren al momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento, una de estas tres condiciones: i) ser madres o padres cabeza de familia; ii) ser personas próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 —fecha en que se expidió el Acuerdo 7 de 2008— les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) estar en situación de discapacidad, como una medida de acción afirmativa, por ser todos ellos sujetos de especial protección.

La vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional, contenidos, entre otras, en la Sentencia SU-917 de 2010”.

De la orden antes descrita puede apreciarse que la Corte Constitucional le ordenó a la fiscalía vincular a los sujetos de especial protección antes señalados, en el evento que existan vacantes en la entidad, y siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas por el mismo fallo, por ejemplo, ser madre cabeza de familia al momento de la desvinculación y del posible nombramiento, y ser prepensionado (a quienes les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión) al 24 de noviembre de 2008, fecha para la cual se expidió el Acuerdo 7 de 2008, por el cual se conformó el registro definitivo de elegibles para la provisión de cargos de fiscal delegado antes jueces municipales y promiscuos, fiscal delegado antes jueces de circuito, fiscal delegado antes jueces penales del circuito especializado, fiscal delegado ante Tribunal de Distrito, asistentes de fiscal I, II, II y IV y asistente judicial IV(12).

Entiende la Sala que cuando la Corte Constitucional hace referencia a quienes les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión, hace alusión a las personas que en dicho período pueden cumplir la edad mínima y las semanas de cotización legalmente exigidas para adquirir el derecho a la pensión(13).

Se realizan las anteriores consideraciones, porque la demandante afirma que está amparada por el mencionado fallo de unificación por su condición de madre cabeza de familia y prepensionada.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los hechos y argumentos expuestos por las partes, la Sala estima que son dos los problemas jurídicos que deben resolverse en el caso de autos:

1. Si la entidad accionada al momento proferir la Resolución 0-1505 del 7 de julio de 2010, modificada por la Resolución 0-1537 del 13 de julio del mismo año, mediante la cual terminó el nombramiento en provisionalidad de la accionante como fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, empleó o no la lista de elegibles de acuerdo a las reglas de la convocatoria 01 de 2007, en especial, teniendo en cuenta el número de vacantes ofertadas por ésta.

2. Si la peticionaria por su presunta condición de madre cabeza de familia y prepensionada, es o no beneficiaria de la Sentencia SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional, en especial, frente a la orden que emitió en favor de los sujetos de especial protección.

II. Resolución de los problemas jurídicos planteados.

Para resolver el primer interrogante planteado se tiene la siguiente información:

1. De acuerdo a la convocatoria 01 de 2007(14), se ofertaron 744 cargos de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos.

2. Mediante la Resolución 0-1505 del 7 de julio de 2010, modificada por la Resolución 0-1537 del 13 de julio del mismo año, se terminó el nombramiento en provisional de la accionante como fiscal delgado ante jueces municipales y promiscuos (fls. 14-22).

3. De acuerdo a la información requerida a la Fiscalía General de la Nación, antes de la expedición de la resolución a través de la cual se terminó el nombramiento en provisional de la accionante, se habían realizado 924 nombramientos en período de prueba en el cargo de fiscal delgado ante jueces municipales y promiscuos (fls. 127-128).

4. Al preguntársele a la entidad accionada “De los 924 nombramientos en periodo de prueba, que certifica haber realizado para el cargo de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, antes de la expedición de la resolución a través de la cual terminó el nombramiento en provisional de la accionante, cuántos nombramientos había revocado a la fecha de emisión de dicho acto administrativo”, la fiscalía respondió que había revocado 199 (fl. 208).

Teniendo en cuenta la información antes descrita, para la fecha de emisión de la resolución que controvierte el accionante, aún no se habían proveído las 744 vacantes ofertadas de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, por cuanto de los 924 nombramientos que se habían realizado 199 fueron revocados, por lo que cuando se profirió el acto que terminó el nombramiento en provisionalidad de la accionante, se había proveído 725 vacantes de las 744 ofertadas, de manera tal que aún faltaban por proveer 19 cargos, lo que a su vez implica que la entidad accionada estaba habilitada para terminar válidamente en virtud del proceso de selección, más nombramientos en provisionalidad de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos.

Añádase a lo expuesto, que mediante la resolución controvertida se realizaron 17 nombramientos para fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, el primero de los cuales se hizo en favor de la señora Dibia Olaya Zambrano, que ocupó en la lista de elegibles el puesto 925 y que fue nombrada en lugar de la peticionaria (fls. 16-22), razón por la cual se constata que el nombramiento en provisionalidad de ésta se terminó para proveer las 19 vacantes que para ese entonces faltaban a fin de completar las 744 que fueron ofertadas.

En suma, no se advierte que con la resolución controvertida se haya desconocido la convocatoria 01 de 2007, en lo relativo al número de vacantes ofertadas.

Respecto al segundo problema jurídico planteado, esto es, si la peticionaria es o no beneficiaria de la Sentencia SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional, se destaca que ésta previó frente a la condición de madre (o padre) cabeza de familia, que la misma debe demostrarse en dos momentos a saber, el primero de ellos cuando se produjo el acto desvinculación, y el segundo, cuando se ordene el reintegro en virtud de la orden emitida por la referida corporación.

Para tener mayor claridad sobre la condición mujer cabeza de familia (concepto que es aplicable al padre cabeza de familia), se trae a colación el artículo 1º de la Ley 1232 de 2008(15), que modificó el artículo 2º de la Ley 83 de 1992(16), de la siguiente manera:

“ART. 2º—Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la presente ley, la jefatura femenina de hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.

En concordancia con lo anterior, es mujer cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.

PAR.—La condición de mujer cabeza de familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo” (resaltado fuera de texto).

En el presente caso se observa, que aunque la peticionaria afirma que es madre cabeza de familia, no aporta en respaldo de tal afirmación algún elemento de juicio a partir de la cual pueda verificarse que a su cargo está la jefatura del hogar por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del padre de sus hijos, o que los demás miembros del núcleo familiar no pueden ayudarla, y muchos acredita que para el momento en que fue desvinculada ostentaba tal condición, razón por la cual no puede considerarse en esta oportunidad, que es una de las personas beneficiadas con la Sentencia SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional.

La otra condición invocada por la peticionaria para beneficiarse de la sentencia antes señalada, es la de prepensionada. Sobre el particular el referido fallo indica que deben ser reintegrados a la entidad, siempre y cuando existan vacantes(17), quienes para el 24 de noviembre de 2008 les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión.

Para establecer si la accionante al 24 de noviembre de 2008 le faltaban 3 años o menos de edad y de semanas cotización para alcanzar la pensión, se tiene la siguiente información;

1. La peticionaria nació el 26 de octubre de 1956 (fl. 9), razón por la cual al 24 de noviembre de 2008 tenía 52 años de edad, hoy tiene 54 años y cumple 55 el próximo 26 de octubre.

2. De la Resolución 7098 del 24 de febrero de 2011 del Instituto de Seguros Sociales aportada por la accionante se observa (fls. 287-290), que ésta en Cajanal EICE en liquidación cotizó un total de 267 semanas, durante el 13 de diciembre de 1976 al 26 de agosto de 1977, del 8 de noviembre de 1979 al 29 de septiembre de 1983, y del 27 de mayo de 1994 al 30 de diciembre de 1994.

3. El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir manifiesta que la demandante estuvo afiliada desde el 1º de enero de 1999 hasta el 30 de abril de 2002, en tanto con posterioridad solicitó el traslado de sus aportes al Instituto de Seguros Sociales, el cual fue realizado el día 16 de octubre de 2002 por valor de $ 5.759.413. Añade, que durante el tiempo en que la peticionaria estuvo afiliada, cotizó 120.71 semanas (fl. 328).

4. De análisis del oficio del reporte de semanas cotizadas por la accionante al ISS, se observa que la misma a finales del mes de noviembre de 2008 tiene aproximadamente 747 semanas de cotización, pero es importante advertir que dentro de éstas ya se encuentran las 120.71 causadas durante su afiliación a Porvenir desde el 1º de enero de 1999 hasta el 30 de abril de 2002, pues en dicho informe se evidencia aportes durante el periodo antes señalado (fls. 399-431).

A fin de establecer si la demandante al 24 de noviembre de 2008 ostentaba la condición de prepensionada, debe establecerse bajo qué condiciones obtendrá su derecho a la pensión.

Sobre el particular lo primero que se advierte, es que la misma no se encuentra en el régimen de transición a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo Resolución 7098 del 24 de febrero de 2011 del Instituto de Seguros Sociales, entre otras razones, porque se trasladó al régimen de ahorro individual y después regresó al régimen de prima media.

Hecha la anterior precisión, se tiene de conformidad con el artículo 33 de la ley antes señalada, que la edad mínima para que la accionante pueda adquirir su derecho a la pensión es de 55 años de edad, los cuales cumple el 26 de octubre del año en curso, de manera tal que al 24 de noviembre de 2008 a la peticionaria le faltaban menos 3 años para cumplir la edad mínima de pensión, pues para ese entonces tenía 52 años y casi un mes de edad.

En cuanto a las semanas de cotización, debe tenerse en cuenta que el número exigido varía dependiendo el año, pues de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por L. 797/2003, art. 9º), hasta el año 2004 se exigían 1000 semanas, para el 2005 se requiere 1050 semanas, y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementarán éstas en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

En virtud de lo anterior, para el año 2011, en el que la accionante cumple la edad mínima de pensión, debe haber cotizado mínimo 1200 semanas, de lo contrario no cumple con dicho requisito para pensionarse en la presente anualidad.

Se toma como punto de referencia el año 2011, de un lado, porque es en éste donde la peticionaria cumple la edad mínima de pensión, y de otro, porque de acuerdo al fallo de unificación, los prepensionados que se benefician de éste son aquellos que al 24 de noviembre de 2008 le faltaren 3 años o menos para reunir los requisitos legalmente establecidos para pensionarse. Quiere decir lo anterior, que los funcionarios de la fiscalía que al 24 de noviembre de 2008 no tenían la edad o las semanas de cotización necesarias para aspirar a reunir los requisitos para pensionarse durante los 3 años siguientes, es decir, hasta el 24 de noviembre de 2011, no pueden considerarse como prepensionados para los efectos de la Sentencia SU-446 de 2011.

Hechas las anteriores consideraciones el interrogante a resolver, es si al 24 de noviembre de 2008, la demandante tenía las semanas de cotización necesarias para aspirar a cumplir los requisitos de la pensión de vejez a más tardar el 24 de noviembre de 2011, concretamente, si con las semanas cotización que tenía al 24 de noviembre de 2008, era probable que para el 24 de noviembre de 2011 reuniera las 1200 semanas que se exigen para ese año.

De acuerdo a la información suministrada por las entidades donde la accionante cotizó para obtener su pensión, se tiene que para finales del mes de noviembre de 2008 la misma tenía aproximadamente 1014 semanas de cotización, 747 por aportes al ISS y a Porvenir y 267 en Cajanal.

En ese orden de ideas, como la accionante al 24 de noviembre de 2008 tenía alrededor 1014 semanas de cotización, le faltaba cotizar por 186 semanas más para reunir las 1200 que se exigen para pensionarse en el año 2011, que sólo alcanzaría después de cotizar de forma interrumpida durante un poco más de 3 años y medio aproximadamente (teniendo en cuenta que en promedio un año tiene 52 semanas), es decir, después del 24 de noviembre de 2011.

En virtud de lo anterior, como para el 24 de noviembre de 2008 la accionante no tenía las semanas de cotización requeridas para considerar que podría reunir los requisitos para pensionarse a más tardar el 24 de noviembre de 2011, no puede considerase como prepensionada para los efectos de la Sentencia SU-446 de 2011.

III. Decisión

Por lo tanto, (i) como no se advirtió que la entidad accionada haya terminado el nombramiento en provisionalidad del accionante desconociendo las reglas establecidas en la convocatoria 01 de 2007 respecto del número de cargos ofertados, (ii) no se probó que la accionante era madre cabeza de familia en el momento de su desvinculación y que aún mantiene tal condición, y (iii) porque de acuerdo a las pruebas aportadas a este proceso la demandante no puede considerarse como prepensionada al 24 de noviembre de 2008, no hay lugar a acceder al amparo solicitado de conformidad con los criterios establecidos por la Sección Segunda de esta corporación y la Corte Constitucional, frente a la forma de proveer los cargos que fueron objeto del reciente concurso de méritos que adelantó la Fiscalía General de la Nación.

No obstante lo anterior, es necesario precisar que el presente pronunciamiento no impide que la peticionaria acredite ante la entidad accionada que es prepensionada al 24 de noviembre de 2008 y que era madre cabeza de familia en el momento de su desvinculación y que aún mantiene tal condición, verbigracia, aportando para tal efecto nuevos elementos de juicio en respaldo de sus afirmaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 9 de mayo de 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó el amparo solicitado, pero por las razones expuestas en esta providencia.

Envíese copia de esta providencia al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.»

(6) Sobre el particular pueden apreciarse las siguientes providencias: 1) Sentencia del 5 de agosto de 2010, expediente 18001-23-31-000-2010-00239-01, C.P. Alfonso Vargas Rincón, 2) Sentencia del 19 de agosto de 2010, expediente 25000-23-15-000-2010-01488-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. 3) Sentencia del 9 de diciembre de 2010, expediente 13001-23-31-000-2010-00674-01, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 4) Sentencia del 27 de enero de 2011, expediente 23001-23-31-000-2010-00569-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(7) Ver la sentencia del 27 de enero de 2011, expediente 23001-23-31-000-2010-00569-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(8) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(9) Nº 24 del 26 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2024%20comunicado%2026%20de%20mayo%20de%202011.php (Consultada ago. 8/2011).

(10) Ibídem.

(11) Ibídem.

(12) http://www.fiscalia.gov.co/convocatorias/Fiscalia2007/REGISTRO%20ELEGIBLES%20DEFINITIVO%20(WEB).pdf (Consultada ago. 8/2011).

(13) Sobre los aspectos específicos de la protección especial por proximidad del cumplimiento de requisitos de pensión, puede apreciarse la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil once (2011), emitida por esta subsección, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 250002325000200304222 01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(14) http://www.fiscalia.gov.co/convocatorias/Conv%20001-2007%20MUNICIPALES.pdf (Consultada ago. 8/2011).

(15) Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones.

(16) Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.

(17) Circunstancia que en el caso de autos es evidente, pues la fiscalía informó que existen 853 vacantes de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos (fls. 322-323).