Sentencia 2010-03669 de diciembre 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110011102000 2010 03669 02

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado según acta 99 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Según lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para revisar en apelación la sentencia proferida el 27 de julio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(2), por medio de la cual se sancionó al abogado William De Jesús Velasco Roberto, con suspensión por el término de 3 años al encontrarlo responsable de incurrir en las faltas establecidas en los artículos 34 literal c, numerales 3º y 4º del artículo 35 y numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, de no ser porque se advierte una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, de conformidad con el artículo 22 de la ley ejusdem.

Consideraciones preliminares: La inimputabilidad

Doctrinal y jurisprudencialmente, se ha indicado que la inimputabilidad se puede dar por tres condiciones: primero, por inmadurez psicológica, que se divide en los supuestos de (i) minoría de edad, (ii) ceguera o sordomudez (discapacidad visual o auditiva), y (iii) diversidad étnica o socio cultural. Segundo, por trastorno mental, que puede ser a su vez (i) permanente, o (ii) transitorio; y tercero, por diversidad sociocultural(3).

En la Sentencia C-839 de 2001, la Corte Constitucional se pronunció sobre la necesidad de tratar de manera distinta a los inimputables y en la Sentencia C-370 de 2002, se pronunció sobre la diversidad sociocultural, y reflexionó sobre la necesidad de adoptar medidas precisas “para las personas especiales como los inimputables inmadurez sicológicos mayores de 18 años y los inimputables trastornados mentales permanentes y transitorios”.

En la Sentencia C-330 de 2013, la Corte Constitucional realizó un cuadro comparativo entre la persona inimputable y la imputable:

Persona inimputablePersona imputable
Primera diferencia
No tiene capacidad para comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica o trastorno mental.Es una persona madura psicológicamente, sano mental, y sin “incompatibilidades culturales especiales”.
Segunda diferencia
“Se les impone medida de seguridad” (no sanción), con fines de protección, curación, tutela y rehabilitación, que se concreta en un tratamiento médico, mediante la internación en establecimientos siquiátricas o clínicas adecuadas.Se le impone sanción con propósitos de prevención general, justa retribución, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Se concretan en la restricción del derecho de libertad de locomoción, “de manera plena dependiendo el monto de prisión”.
Tercera diferencia
No recibe rebajas en el tiempo de duración de las medidas de seguridad, pues no tiene la comprensión requerida para aceptar los cargos imputados (CPP, art. 288, num. 3º).
Tampoco puede acceder a esa clase de rebajas porque la función de la medida de seguridad es curativa y de rehabilitación, así que no tiene sentido que se prolongue más allá del tiempo necesario para el restablecimiento de su capacidad psíquica; ni disminuye cuando no se logra la curación o rehabilitación.
Puede recibir una rebaja de la pena hasta del 50%, dependiendo, entre otros factores, del momento en que acepte su responsabilidad.
Carece de iniciativa propia para acordar con el fiscal los cargos, por lo que no accede a rebaja en el tiempo de duración de la medida de seguridad (CPP, arts. 293, 348, 350, 351, 352 y 356).Tiene capacidad para negociar con el fiscal los cargos imputados y acceder a rebajas de pena (CPP, arts. 293, 348, 350, 351, 352, 356).

El tratadista Biaggio Petrocelli, sostiene que los inimputables no son capaces de obediencia ni de sentir la amenaza contenida en la norma y de regular su conducta en la forma que el precepto dispone, “no son idóneos para ejecutar hechos con voluntad jurídicamente relevante”(4).

Por su parte, para el maestro Alfonso Reyes Echandía, para que una persona sea imputable, debe estar en la capacidad de conocer y comprender que con su comportamiento se están vulnerando derechos, infringiendo el ordenamiento jurídico o lesionando intereses que está obligado a respetar, “Lo que el imputable debe ser capaz de conocer y comprender es que con su comportamiento ocasiona indebidamente daño a otro, lesiona o pone en peligro intereses jurídicos que está obligado a respetar. Pero no basta esa capacidad de comprensión; es necesario, además, que pueda regular su propia conducta de acuerdo con esa comprensión, vale decir, que comprendida su ilicitud esté en condiciones de decidir libremente si la realiza o se abstiene de actuar”(5).

Caso concreto

Tal como se advirtió desde el inicio, la Sala encuentra que en el caso del señor William de Jesús Velasco Roberto, se presenta una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, tal como pasa a analizarse.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, es causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, actuar en situación de inimputabilidad:

ART. 22.—Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:

7. Se actúe en situación de inimputabilidad.

Como se indicó anteriormente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-330 de 2013, señaló que la inimputabilidad se puede dar por tres condiciones: primero, por inmadurez psicológica, que se divide en los supuestos de (i) minoría de edad, (ii) ceguera o sordomudez (discapacidad visual o auditiva), y (iii) diversidad étnica o socio cultural. Segundo, por trastorno mental, que puede ser a su vez (i) permanente, o (ii) transitorio; y tercero, por diversidad sociocultural(6).

Según la sentencia de primera instancia, de fecha 27 de julio de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, los dictámenes realizados por el grupo de psiquiatría y psicología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indican que el abogado William de Jesús Velasco Roberto padece un trastorno mental permanente; no obstante, no lo declararon inimputable y por el contrario, lo sancionaron.

Esta superioridad, mediante auto del 3 de octubre de 2014 y antes de proceder a desatar el recurso de alzada, ordenó oficiar al Instituto Colombiano de Medicina Legal, a efectos de que remitieran copia de todos los informes y dictámenes médicos realizados al señor William de Jesús Velasco Roberto; igualmente para que precisaran si en el año 2010, el citado señor presentaba enfermedad psíquica o mental alguna, especificando si de carácter permanente o transitoria.

Mediante comunicación del 14 de octubre de 2014, el doctor Iván Perea Fernández, coordinador del grupo de psiquiatría y psicología forense, regional Bogotá, remitió copia de los dictámenes médicos realizados y relacionados con el abogado William de Jesús Velasco Roberto, encontrándose que el 21 de febrero de 2012, tal como obra a folio 10 del cuaderno 1 de esta superioridad, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, rindió dictamen dirigido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en el proceso disciplinario, precisándose que el señor Velasco Roberto, “reúne criterios según la nosología psiquiátrica vigente para afirmar que padece un trastorno de ideas delirantes. En su caso el contenido delirante es místico, su padecimiento es crónico y de mal pronóstico, más aun teniendo en cuenta que el examinado carece totalmente de capacidad de introspección, es decir, no tiene capacidad de autocrítica frente a su padecimiento”.

Agregó el concepto de medicina legal, que “el examinado William de Jesús Velasco Roberto para el momento de los hechos investigados en el presente proceso, tenía compromiso en su capacidad de comprensión y autodeterminación debido a un trastorno mental permanente dado el trastorno de ideas delirantes que se ha dicho padece”.

Concluyó el concepto médico-legal, que “se recomienda a la autoridad que juzga el caso que dadas las circunstancias que llevan a la alta recurrencia como la investigada, se busquen las medidas para que las autoridades competentes valoren la idoneidad del examinado en la labor que ejerce como abogado, también, es necesario recalcar la importancia de que el señor William de Jesús Velasco Roberto reciba un tratamiento para la enfermedad que padece”.

De lo anterior, no existe duda para esta Sala que el señor William de Jesús Velasco Roberto, padece de un trastorno mental permanente, que como lo conceptuó el Instituto Nacional de Medicina Legal, compromete su capacidad de comprensión.

Así las cosas, se está en presencia de una persona inimputable y de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, dicha situación, es una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

Esta Sala, mediante providencia del 2 de abril de 2014, radicado 110010102000 2011 05164 02, M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, determinó igualmente que el señor William de Jesús Velasco Roberto era una persona inimputable, por lo que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, no se le podía endilgar responsabilidad alguna disciplinaria:

“Frente al resultado emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, respecto de la valoración de las condiciones psíquicas y mentales del abogado William de Jesús Velasco Roberto, donde queda de relieve la afectación mental sufrida por el togado inclusive con anterioridad a la época en que sucedieron los hechos aquí investigados, como quiera que dicho diagnóstico según los antecedentes analizados en las experticias, provienen desde el año 2000, por ello, se torna imperativo para este juez colegiado, conforme a las consideraciones antes señaladas, determinar que el disciplinable se encuentra en situación de inimputabilidad, por estar trastornado mentalmente”.

En consecuencia, determinado que el abogado investigado se encuentra en situación de inimputabilidad, la cual es una de las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria de conformidad con la normatividad trascrita en precedencia, se REVOCARÁ la decisión apelada y en su lugar, se ordenará la terminación de las actuaciones disciplinarias, se itera, por presentarse una causal de exclusión de responsabilidad.

Otras consideraciones

En el concepto rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, se recomendó que dadas las circunstancias que llevan a la alta recurrencia como la investigada, se busquen las medidas para que las autoridades competentes valoren la idoneidad del examinado en la labor que ejerce como abogado.

Frente a lo anterior, debe precisar esta Sala que no es posible excluir de la profesión al señor William de Jesús Velasco Roberto por su enfermedad mental, por cuanto, según el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, la exclusión del ejercicio de la profesión de abogado es una sanción y, de conformidad con el esquema dogmático acogido por el legislador colombiano en la ley ejusdem, para sancionar se requiere que exista falta disciplinaria:

ART. 40.—Sanciones disciplinarias. El abogado que incurra en cualquiera de las faltas reseñadas en el título precedente será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código.

En el caso de las personas inimputables, como lo ha indicado la doctrina y la jurisprudencia no solo penal, sino también constitucional, no se presenta el elemento de la culpabilidad, en tanto no logran comprender y determinar su actuar.

Según la Ley 1123 de 2007, para que exista falta disciplinaria, se requiere de una acción típica, antijurídica y culpable y, en el caso de los inimputables al no obrar con culpabilidad no es posible predicar la existencia de falta disciplinaria y por ende imponer una sanción.

Así las cosas, no es posible imponer una sanción establecida en la Ley 1123 de 2007 a una persona que padece de una enfermedad mental, como lo sería una exclusión del ejercicio de la profesión.

Por lo anterior y de conformidad con la Ley 1306 de 2009, “por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental”(7), se ordenará remitir copias de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a efectos de que inicien el respectivo proceso de interdicción si a ello hay lugar.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 27 de julio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(8), por medio de la cual se sancionó al abogado William de Jesús Velasco Roberto, con SUSPENSIÓN por el término de 3 años al encontrarlo responsable de incurrir en las faltas establecidas en los artículos 34 literal c, numerales 3º y 4º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; y, en su lugar, se dispone la terminación de la actuación disciplinaria, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente a la colegiatura de instancia.

3. EXPÍDANSE las copias de conformidad con lo indicado en el acápite de otras consideraciones.

Notifíquese y cúmplase.»

(2) M.P. Álvaro León Obando Moncayo.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-330 de 2013.

(4) Petrocelli, Biaggio, Principi di diritto, Napoli, Jovene, 1955, Vol. I, págs. 161-163.

(5) Reyes Echandía, Alfonso, Derecho Penal, Parte General, Temis, 1989, pág. 192.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-330 de 2013.

(7) El artículo 7º de la Ley 1306, genera la competencia en el Ministerio Público, de vigilar y controlar lo relacionado con las personas en condición de discapacidad mental.

(8) M.P. Álvaro León Obando Moncayo.

Salvamento parcial de voto

De manera comedida me permito manifestar que salvo parcialmente mi voto en el asunto la referencia, toda vez que si bien comparto la decisión adoptada por la Sala en la sesión del día 3 de diciembre de 2014 - acta 99, en cuanto a “Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 27 de julio de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se sancionó al abogado William de Jesús Velasco Roberto, con suspensión por el término de 3 años al encontrarlo responsable de incurrir en las faltas establecidas en los artículos 34 literal c, numerales 3º y 4º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; …”, al encontrarse probado que el abogado denunciado padece un trastorno mental permanente, que como lo conceptuó el Instituto de Medicina Legal, compromete su capacidad de comprensión.

Considero que la Sala no debió disponer la terminación de la actuación disciplinaria, sino absolver al profesional del derecho denunciado por ser una persona inimputable, pues dicha situación, es una de las causales de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.

Bajo tales parámetros manifiesto mi salvamento parcial de voto.

Angelino Lizcano Rivera