Sentencia 2010-03780 de marzo 10 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-15-000-2010-03780-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Elkin Alonso Acevedo Soto

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”, la cual, en principio, procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

En el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela será procedente si se alega que se propone como mecanismo transitorio con el que se busca evitar un perjuicio irremediable.

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Elkin Alonso Acevedo Soto pretende que se ordene al Ministerio de Protección Social y al Instituto de los Seguros Sociales reconocer y pagar a su favor el derecho a la pensión mínima legal por invalidez contemplada en el artículo 18 de la Ley 782 de 2002.

La Corte Constitucional en Sentencia T-514 de 2003, estableció que la acción de tutela no es en principio el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Sin embargo, cuando se trata de evitar un perjuicio irremediable la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio. En lo pertinente estableció:

“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (D. 2591/91, art. 7º) u ordenar que el mismo no se aplique (D. 2591/91, art. 8º) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en Sentencia T-451-2010 señaló como criterios “la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”.

De conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que el señor Elkin Alonso Acevedo Soto, el 23 de mayo de 2005, en la vereda Mata del municipio de Remedios (Antioquia), pisó una mina antipersona, y, como consecuencia de ello, le fueron amputadas las 2 piernas “la derecha a nivel de rodilla y la izquierda en tercio proximal de pierna”. Lo anterior se corrobora con el dictamen médico legal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que obra a folio 20; con el dictamen rendido por la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia, según la cual el actor tiene una pérdida de la capacidad laboral del 64.55% (fls. 23-24); y con la constancia expedida por el alcalde del municipio de Remedios (fl. 22), que señala que el señor Elkin Alonso Acevedo Soto fue víctima de una mina “antipersona” cuando se disponía a sus labores diarias de trabajo.

De manera que resulta evidente que las condiciones particulares del peticionario, lo enfrentan a difíciles problemas laborales que obstaculizan la consecución de los recursos necesarios para sus subsistencia, lo que lo ubica en una situación de debilidad manifiesta que hace procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, frente al perjuicio irremediable al que se encuentra expuesto ante la negativa del reconocimiento de la pensión mínima legal vigente.

El relación con el derecho de las víctimas del conflicto armado de recibir una pensión mínima legal vigente, el artículo 18 de la Ley 782 de 2002, aplicable al caso concreto(1), “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”, estableció:

ART. 18.—El artículo 46 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así:

ART. 46. (...).

Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.

Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se contraten se harán con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social”.

De conformidad con el artículo anterior se tiene que las víctimas del conflicto armado tienen derecho a una pensión mínima legal vigente, siempre y cuando acrediten: a) la pérdida del 50% o más de su capacidad laboral la cual debe ser calificada y, b) carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud.

En el caso propuesto, se tiene que el señor Acevedo Soto cumple con los requisitos para acceder a dicho beneficio ya que según el dictamen expedido por la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia, el accionante tiene un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 64.55%, y además carece de posibilidades pensionales y de atención en salud puesto que al momento de la ocurrencia de los hechos tenía 19 años de edad.

Por los argumentos expuestos esta Sala concluye que, tal como lo dijo el tribunal, el Instituto de los Seguros Sociales, al negarse al reconocimiento de la pensión mínima legal solicitada por el señor Acevedo Soto, están vulnerando sus derechos fundamentales invocados, toda vez que como se demostró cumple con los requisitos para acceder a dicho beneficio, y se encuentra en una situación de manifiesta vulnerabilidad.

Finalmente, respecto al argumento del Ministerio de la Protección Social, planteado en el escrito de impugnación, relacionado con la extemporaneidad en la presentación de la solicitud de pensión por parte del accionante, esta Sala advierte que de la lectura del artículo 16 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 7º de la Ley 782 de 2002, se extrae que el término fijado de un año a partir de la ocurrencia del hecho, hace referencia exclusiva a la ayuda o asistencia inmediata a las víctimas del conflicto armado, y no al derecho prestacional pretendido por el actor.

En consecuencia, la Sala confirmará la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la providencia impugnada, por lo razonado en la parte motiva.

2. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha».

(1) Si bien es cierto en la actualidad no se encuentra vigente el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor de las víctimas del conflicto armado, también lo es que el hecho generador de la incapacidad del actor, la explosión de una mina antipersona, ocurrió el 23 de mayo de 2005, es decir, con anterioridad a la vigencia de la Ley 1106, que fue desde el 22 de diciembre de 2006.