Sentencia 2010-04841 de marzo 18 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110011102000201004841 01

Aprobado según acta 21 de la fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Referencia: Funcionario en apelación.

Denunciada: Paola María Villota Martínez.

Jueza 23 Laboral del Circuito de Bogotá, para la época de los hechos.

Denunciante: De oficio.

Primera instancia: Sanción de multa.

Decisión: Confirma.

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, “Conocer de los recursos de apelación... en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”; en concordancia con el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política.

Límites de la apelación: Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio táctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(66).

Asunto a resolver. El debate se centra en establecer si la juez sancionada omitió un deber oficial al ordenar el pago del título judicial por la suma de $ 213.816.904, a la abogada Astrid Nereida Ramírez Ríos, la cual presentó un poder de sustitución por parte del abogado Francisco Torres Cuéllar que presentaba irregularidades con respecto al número de cédula del apoderado de la parte demandante dentro de proceso ejecutivo laboral.

Del caso en estudio. Sea del caso advertir en primer lugar, que al juez en el ejercicio de su función jurisdiccional, se le exige mesura, prudencia, lealtad, probidad, diligencia y especial cuidado en la atención de los asuntos sometidos a su conocimiento, tanto en cuanto, sean resueltos de propia mano o a través de sus subalternos.

En dicha actividad, como en todas aquellas que deben ejecutarse con el concurso de un grupo de personas que individualmente asumen un rol dirigido a cumplir un objetivo común dentro de una clara división de trabajo, tiene vigencia el principio de confianza, según el cual cada miembro del grupo puede confiar en que, con quien comparte actividades sí se comporta debidamente, alineado con la legalidad y con el deber de cuidado que le exige la actividad que está desempeñando, no le son atribuibles los resultados antijurídicos que se deriven de esa actividad en tanto el resultado no le es imputable porque en las concretas circunstancias en que sucedieron los hechos objeto de reproche no podía prever el resultado contrario a derecho.

No obstante, el principio de confianza no es absoluto, y tampoco constituye la negación de la previsibilidad, pues sobre él prima el principio de seguridad, según el cual, si el sujeto puede advertir razonadamente en un juicio ex ante, que con quien comparte la actividad riesgosa no está actuando correctamente, si puede evidenciar una conducta antijurídica o al menos tiene indicios de ella, y sin embargo concreta el resultado contrario a derecho, sin duda alguna le es atribuible la responsabilidad jurídica que de dicho resultado se deriva, bajo la teoría del “hombre prudente”.

Sin duda alguna, la actividad jurisdiccional, dentro la estructura estatal y social puede considerarse como actividad altamente riesgosa, de amplísimas complejidades y de constante peligro, pues en ella están en juego supremos bienes sociales de altísima relevancia, que de no administrarse correcta y prudentemente, ponen en riesgo la pacífica convivencia.

Entonces, el deber objetivo de cuidado que le es inherente a la actividad jurisdiccional por parte del juez, no se limita a la mera constatación del cumplimiento formal de los deberes cotidianos y rutinarios que le son propios, tanto a él, a sus subordinados y a las partes, sino especialmente, a que todos los actos que se ejecuten por cada uno de ellos, estén rigurosamente investidos de legalidad, porque como ya se dijo, los supremos intereses colectivos que están en juego, exigen cuidado especial en su resolución, y la violación a ese deber objetivo de cuidado se materializa en el desvalor de la función jurisdiccional, que comporta la concreción de un acto injusto o ilegal.

Es por tal razón, que el juez constantemente debe revisar con especial rigurosidad el comportamiento de sus colaboradores inmediatos y mediatos, así como el de los sujetos procesales, en aras a mantener incólume el preciado valor que encarna la administración de justicia para no permitir que se antepongan mezquinos intereses personales y ambiciones inicuas que dobleguen la recta impartición y administración de justicia.

Es por todo lo anterior, que ninguno de los argumentos utilizados por el recurrente y con los cuales pretende derrotar la sentencia de primera instancia pueden tener acogida alguna; en primer lugar, cierto es que, el comportamiento de la juez investigada pudo haber estado precedido de la buena fe, en ello no hay duda, pues de haberse probado algo contrario, se estaría analizando su comportamiento desde otra esfera de la modalidad de conducta como es el dolo y a la vez dicha actuación hubiera tenido las consecuencias jurídico penales inherentes. Es obvio que el accionar delictivo de terceros fue determinante en la concreción del resultado contrario a derecho, sin embargo, no puede aceptarse que el comportamiento de la procesada, estuvo alejado de forma absoluta de la situación fáctica y que por virtud de ello, se generó el resultado contrario a derecho; para la Sala no cabe duda, que el error que pretendió reivindicar, si bien pudo haber sido esencial, no fue invencible, porque en las concretas circunstancias en que sucedieron los hechos, bien podía haber actualizado su conocimiento, simplemente constatando visualmente que en el poder de sustitución presentado por parte del abogado Francisco Torres Cuéllar, presentaba irregularidades, con respecto al número de cédula del apoderado de la parte demandante dentro de proceso ejecutivo laboral, cuidado que debía extremarse si se tiene en cuenta el alto valor que representaba dicho título y que ascendía a la no despreciable suma de $ 213'816.904.

Justamente ese deber de cuidado era el que se esperaba de ella, pues no se trataba de un intrascendente acto procesal, sino el pago del valor de las pretensiones de la demanda, que vinculaba los derechos laborales y patrimoniales del demandante, debiéndole llamar la atención el hecho de que se hubiera sustituido el poder de representación judicial cuando ya en el proceso se había librado mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral a favor del Jesús Medina Medina, y en contra del Instituto de los Seguros Sociales, ISS, y que en adelante ninguna otra actividad litigiosa debía ejercer el profesional a cargo de la defensa del demandante, sino el simple trámite para el retiro del título judicial para su cobro.

En razón de lo anterior, tampoco puede concluirse que la funcionaría actuó amparada por el principio de confianza, pues de haber analizado con el juicioso detalle que la situación le obligaba el mencionado documento poder, hubiera entendido con claridad que tanto sus subalternos, así como terceros ajenos a la función jurisdiccional, estaban ejecutando comportamiento que lindaban con lo ilegal y que solo se concretarían con su obligatorio concurso pues sin su firma nunca se hubiera concretado el fraude a la administración de justicia que devino en la conculcación de un derecho primario de una de las partes de ese proceso.

Ahora, no es cierto lo que indica la defensa en su intervención, cuando aduce que la Sala de primera instancia vulneró el principio de la presunción de inocencia y que obvió el análisis de la diversas probanzas que favorecían su compromiso disciplinario; como primera medida, el apelante omitió referirse qué pruebas en concreto dejó de analizar la Sala de instancia y, lo más relevante, en qué hubieran variado la decisión que refuta de haberse analizado: si pretendía algún éxito en su censura con dicho argumento, era de su carga profundizar en los medios de prueba cuyo análisis echó de menos, lo que releva a la esta Sala de cualquier análisis adicional. Sin embargo, tampoco encuentra esta corporación, que la primera instancia hubiera violado la presunción de inocencia de la aquí sancionada, pues dicha presunción fue derrotada con la completa valoración probatoria que hiciera la Sala a quo, concluyendo en la responsabilidad disciplinaria de la funcionario enjuiciada.

De otro lado, si bien es cierto el documento que contiene un poder para actuar dentro de un proceso judicial, está investido de presunción de legalidad conforme lo señala el recurrente, se trata de una presunción legal, que admite prueba que la desvirtúe, en este caso concreto, dicho poder, no puede tenerse como legal, dado que como se demostró en el devenir procesal, se trata de un documento apócrifo; situación que como ampliamente se ha analizado, pudo haber constatado la funcionaria disciplinada, con solo verificar las irregularidades que en su contenido se evidenciaban.

Ahora, frente a la premura con que se le dio trámite tanto al poder como a la entrega del pluricitado título judicial, éste constituye un elemento adicional que enseña la responsabilidad de la sancionada, sin que sea de recibo el argumento que utiliza el recurrente cuando afirma que le imprimió la celeridad que los otros funcionarios a cargo del despacho le hubieran dado, tesis que no tiene respaldo probatorio alguno y que se origina en el simple creer subjetivo del recurrente y no en una verdad acreditada dentro del plenario, pero lo cierto es que la premura que le dio a dicho trámite fue un hecho que debió haber alertado a la funcionaria sobre las irregularidades que se cernían en la orden de entrega de dicho título judicial.

Y, el que luego de acaecidos los hechos, la funcionaria enjuiciada hubiera tramitado con la celeridad requerida las investigaciones tendientes a aclarar lo sucedido, en nada desvirtúan su responsabilidad disciplinaria, pues el hacer menos gravosa la conducta o ejercer actos tendientes a minimizar sus efectos antijurídicos, tiene relevancia jurídica solo en la dosificación de la falta y no en su responsabilidad individual.

Finalmente con relación a la legalidad del acto de otorgar personería a la abogada sustituía o al acto de ordenar la entrega del título valor, los mismos que fueron avalados por la Juez que asumió ese despacho judicial y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, son circunstancias que tampoco inciden en la responsabilidad de la procesada, pues efectivamente, el reconocimiento de la personería a la nueva apoderada y la orden de entrega del título judicial, desde el derecho formal, fueron actos legales; lo que no fue legal, fue tener como sustento de dichos actos, un documento falso que no fue elaborado por quien supuestamente lo signó, y mucho menos que con fundamento en él se ordenara la entrega del título judicial en comento.

De la sanción. Persiste también la calificación de la naturaleza de la falta como grave en el grado de culpa, atendidos los criterios señalados en el auto de cargos, esto es el de jerarquía y mando de la funcionarla procesada; la trascendencia social de la falta, pues con la conducta objeto de reproche a la disciplinada, dada su negligencia puesto que no tuvo el cuidado necesario de examinar detenidamente los documentos sometidos a su estudio y rúbrica en el proceso ejecutivo cuestionado, y por supuesto, la naturaleza esencial del servicio público de la administración de justicia, menguando con su actuar la recta y buena imagen de la misma.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 11 de julio de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual sancionó a la funcionaria judicial Paola María Villota Martínez, en su condición de Juez 23 Laboral del Circuito de Bogotá, con un mes de multa, del salario que devengaba para el momento de los hechos, al haber sido hallada responsable de la incursión en la falta prevista en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, conforme con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. COMUNICAR lo aquí resuelto al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y a la Dirección ejecutiva de Administración Seccional de Bogotá y Cundinamarca, para lo de su cargo.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

(66) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.