Sentencia 2010-04984 de enero 21 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 11001 11 02 000 2010 04984 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Bogotá, D.C., veintiuno de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Conforme lo dispone el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, procede esta superioridad a revisar por vía de apelación la providencia emitida el día 12 de marzo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para decidir si confirma o revoca la misma, mediante la cual se decidió sancionar al doctor Jorge Eduardo Tovar Vahos con suspensión por dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, por encontrarlo responsable de la comisión de la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, calificada en la modalidad culposa por comportamiento omisivo, la cual es del siguiente tenor:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Caso concreto

De las pruebas obrantes en el plenario se establece que efectivamente el abogado Jorge Eduardo Tovar Vahos fungió como apoderado del señor Mario Ernesto Garavito Barinas dentro del proceso penal que en su contra se tramitó en el Juzgado 10 Penal de Conocimiento, pues de ello dan cuenta los documentos obrantes en los cuadernos de anexos del expediente, asunto éste en el que se señalaron varias fechas para llevar a cabo la audiencia de incidente de reparación, tres de ellas a las cuales no asistió el mencionado profesional del derecho, así como tampoco justificó su incomparecencia, lo que generó que ese trámite se postergara más de lo debido en el tiempo.

De lo anterior emerge, que contundentemente el disciplinado trasegó en la conducta enrostrada prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la cual se traduce en el ejercicio indiligente de la profesión, pues el profesional del derecho no asistió a las diligencias a las cuales debía presentarse en el proceso penal que contra su poderdante se siguió, lo que generó que se tuvieran que señalar varias fechas para la realización de la audiencia en mención, para finalmente, y ante su ausencia, que se le revocara el poder que le fuera conferido.

Ahora bien, en lo que atañe al objeto decidendi en esta superioridad, esto es, la impugnación presentada por el defensor de oficio del investigado, ha de tenerse en cuenta que la antijuridicidad de la falta disciplinaria se agota con la afectación sustancial de los deberes consagrados en la Ley 1123 de 2007 sin justificación; es una cuestión inobjetable que la responsabilidad disciplinaria está circunscrita a la afectación del deber de manera sustancial pero diferenciada de un resultado externo, y por ello, para su estructuración, basta verificar que el sujeto pasible de la acción disciplinaria haya desconocido la norma subjetiva que lo determinaba a comportarse conforme al ordenamiento jurídico, sin que sea esencial la existencia de un resultado material lesivo.

Por otra parte, en el ámbito de la imputación penal y disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva; es decir, la responsabilidad por la sola causación del resultado —entendido éste en su dimensión normativa— o por la sola infracción del deber, según el caso. Y ello tiene sentido pues con razón se ha dicho que el contenido subjetivo de la imputación es una consecuencia necesaria de la dignidad del ser humano. Tan claro es ello que en aquellos contextos en los que constitucionalmente no se consagra la culpabilidad como elemento de la imputación, se entiende que ella está consagrada implícitamente en los preceptos superiores que abordan el tema de la dignidad humana como fundamento del sistema constituido. De acuerdo con esto, asumir al hombre como ser dotado de dignidad, impide dosificarlo y como esto es lo que se haría si se le imputa responsabilidad penal o disciplinaria sin consideración a su culpabilidad, es comprensible que la responsabilidad objetiva esté proscrita.

Siendo ello así, irrelevante resulta para el caso sub judice que en la apelación se aduzcan consideraciones relativas a que no se probó que la inasistencia del abogado disciplinado a las diligencias programadas en el proceso penal reseñado en esta providencia, haya sido el motivo por el cual las mismas no se hayan llevado a cabo, pues independientemente del resultado de dicha conducta omisiva, lo cierto es que sí se encuentra probado que el investigado vulneró con ello sus deberes como abogado, sin que obre en el dossier elemento justificante para haber incursionado en la omisión citada en precedencia, comportamiento que a todas luces constituye infracción al Estatuto Deontológico del Abogado, pues socavó una de las bases que rigen el ejercicio de la profesión, es decir ese fin social que comporta la misma porque quienes la ejercen deben hacerlo, entre otros, con diligencia.

No cabe el más mínimo asomo de duda para esta corporación, conforme a las probanzas allegadas al diligenciamiento, que el abogado nunca se presentó a las audiencias en el mencionado proceso penal, así como tampoco justificó su inasistencia, emergiendo así que la falta fue cometida de manera culposa y derivada de un proceder omisivo.

De otro lado y respecto a la afirmación del defensor de oficio del investigado, atinente a que no hay prueba de que el juez haya estado dispuesto a llevar a cabo las audiencias a las cuales aquel no compareció, baste simplemente decir que ello va en contravía del caudal probatorio anexo a la presente investigación, pues como se observa a folios 103 y 107 del cuaderno de anexos, en las diferentes calendas en las cuales se programó la realización de la audiencia de incidente de reparación, solo asistía el sindicado o la apoderada de la víctima, por lo que no podía llevarse a cabo la misma, de lo cual se dejaba una constancia secretarial, e inmediatamente el titular del despacho por auto de la misma fecha, señalaba una nueva data para la realización de la diligencia, es decir, la ausencia del disciplinado se constituyó en un impedimento para la consecución del incidente de reparación, en los términos que fueran previamente establecidos por el funcionario de conocimiento.

Acorde con lo anterior, y brevemente expuesto, encuentra la Sala, tal como lo hizo el a quo, que queda probado en grado de certeza el aspecto subjetivo, es decir, la responsabilidad por el hecho objetivo, razón por la cual confirmará la decisión de instancia, en tanto sancionó al investigado por la comisión de la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Así las cosas, también ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por el disciplinado, esto es culposa, como se advirtió de manera acertada en primera instancia, falta endilgada que a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometió la misma, pues de manera indiligente el abogado no asistió a las audiencias programadas en virtud del incidente de reparación dentro del proceso penal seguido contra su mandante, omisión y descuido que afectó la celeridad del asunto.

Sanción

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación de la misma señalados en la precitada norma, veamos:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

B. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

C. Criterios de agravación

1. La afectación de derechos humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado” (Subrayas fuera de texto).

Lo anterior, además, ha de ser articulado con el principio rector del canon 13 que señala que la imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Pues bien, para el caso en particular que concita la atención de la Sala, no queda la mínima dubitación que el abogado de manera injustificada incurrió con su omisión en falta contra la diligencia en las actuaciones que su profesión demanda, y que por ello debe ser sancionado.

Por otra parte, acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en este proceso, era coherente respecto de los elementos de convicción allegados al dossier, afectarse con sanción al disciplinado, en tanto la prevención general que caracteriza su utilidad, cumple el propósito de:

“(…) amenaza de un mal a todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias (…)”(5).

Igualmente, la imposición de la referida sanción cumple con el fin de prevención, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, que en lo que respecta a su aspecto general, los alerta a abstenerse de incurrir en conductas que le hagan daño a la sociedad, a la administración de justicia, y de contera desprestigien la profesión de abogado.

De igual forma, la suspensión impuesta al disciplinado, satisface el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

Finalmente, se verifica también el principio de razonabilidad, entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, frente al cual se justifica la sanción disciplinaria impuesta, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Corolario de lo hasta aquí esbozado, considera esta Sala que la sanción de suspensión por dos (2) meses en el ejercicio de la profesión impuesta al abogado Jorge Eduardo Tovar Vahos por la Sala a quo, debe ser confirmada en toda su extensión y comprensión, teniendo en cuenta la modalidad que a juicio de esta superioridad se cometió con la conducta cuestionada, pues los elementos probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva del acto reprochado disciplinariamente, no se encuentran desvirtuados y menos justificados.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia consultada de fecha 12 de marzo de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por dos (2) meses al abogado Jorge Eduardo Tovar Vahos, por encontrarlo responsable de la comisión de la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, calificada en la modalidad culposa y por comportamiento omisivo, de acuerdo a las razones indicadas en la motivación de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Aprobado según Acta 2 de la misma fecha».

5 Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008. Págs. 45 y 46.