Sentencia 2010-10556 de diciembre 9 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201010556 01

Acta 100 de la fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Ref.: Funcionario en Consulta.

Investigado: Luz Amanda Tapias Alfonso. Juez 62 Civil Municipal de Bogotá D. C.

Informante: Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Administrativa.

Primera instancia: Suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo, al hallarla responsable de incurrir en la falta disciplinaria descrita en el numeral 153-5 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002

Decisión: Revoca para absolver.

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 – Ley Estatutaria de la Justicia al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

Fines del grado jurisdiccional de consulta: La consulta está reconocida como grado jurisdiccional, es decir, como expresión de la potestad pública y no recortada de la impugnación del afectado, y, así, entonces, opera como expresión de la soberanía (art. 3º), de la función pública jurisdiccional o administrativa (art. 228, 116 id.) propia del Estado, a punto tal que la providencia sometida a consulta en los términos y con las excepciones legales, no adquiere la eficacia constitucional por efecto del derecho - principio- efecto consagrado en el artículo 29 superior de la cosa juzgada o “a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, o de no repetición del juicio, a menos que la ley admita recursos extraordinarios contra el fallo ejecutoriado formalmente.

En la Sentencia C-153 de 1995 la Corte Constitucional precisó la naturaleza jurídica y los fines de la consulta en los siguientes términos:

“La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.

La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquélla. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas.

La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.

“Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales....”.

Anteriormente, en la Sentencia C-055 de 1993 había afirmado la Corte:

“(...) que esta es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate”.

Bajo las anteriores argumentaciones jurídicas se tiene que no le es dable al ad quem hacer más gravosa la situación del sentenciado, limitándose exclusivamente a verificar la legalidad tanto de la actuación procesal como la decisión impartida por el Juez de Instancia que resolvió sancionar al disciplinado.

Mediante sentencia proferida el 4 de abril de 2014, la Sala A quo, sancionó a la doctora Luz Amanda Tapias Alfonso en su condición de Juez 62 Civil Municipal de Bogotá–para la época de los hechos, con 1 mes de suspensión en el ejercicio del cargo, por la inobservancia del deber funcional previsto en el numeral 5º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo establecido en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002.

Una vez lo anterior entrará esta Sala a determinar las conductas por las cuales fue sancionada la mencionada funcionaria judicial.

I. Falta de cumplimiento del auto de mandamiento de pago del 27 de febrero de 2009(9), por cuanto fue notificado por estado hasta el día 2 de abril del año 2009. 

II.

Así las cosas no hará esta instancia ninguna consideración al respecto, por cuanto de la realidad fáctica, procedimental, y partiendo del presupuesto jurídico contemplado en el numeral 2º del artículo 29 de la Ley 734 que establece lo que a continuación se enuncia, se colige que la conducta se encuentra prescrita:

“ART. 29.—Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

(...).

2. La prescripción de la acción disciplinaria”.

Ahora, la Corte constitucional, sobre el fenómeno de la prescripción, precisó:

“Prescripción – Definición-. La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva —ius puniendi— por el cumplimiento del término señalado en la ley.

Prescripción en materia disciplinaria – Alcance - Finalidad y Fin esencial. Al tiempo que la prescripción constituye una sanción frente a la inactividad de la administración, el fin esencial de la misma, está íntimamente ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación jurídica, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una imputación, lo que violaría su derecho al debido proceso y el interés de la propia administración a que los procesos disciplinarios concluyan.

Prescripción de la acción disciplinaria en debido proceso - Núcleo esencial – Debido proceso - Culminación de acción con decisión de fondo. Prescripción en debido proceso - Núcleo esencial. La prescripción no desconoce ese núcleo esencial, toda vez que su declaración tiene la virtualidad de culminar de manera definitiva un proceso, con efectos de cosa juzgada, contrariamente a lo que ocurre con los fallos inhibitorios, que no resuelven el asunto planteado y que dejan abierta la posibilidad para que se dé un nuevo pronunciamiento. La declaratoria de prescripción contiene una respuesta definitiva fundada en derecho que pone fin a la acción iniciada.

Cosa juzgada en la prescripción. Dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite tener certeza de que a partir de su declaratoria la acción disciplinaria iniciada deja de existir. En este sentido, la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, y el derecho del servidor público a no permanecer indefinidamente sub judice y el interés de la administración en ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente, justifica el necesario acaecimiento de la prescripción de la acción”(10).

De los preceptos normativos y los apartes jurisprudenciales enunciados anteriormente se evidencia que el Estado perdió la facultad para investigar y sancionar en el presente evento, teniendo en cuenta que desde el día 2 de abril de 2009 han transcurrido más de los 5 años que prevé la norma para que el Estado ejerza su potestad sancionatoria, cumpliéndose los mismos el 1º de abril de 2014, por lo que cuando llegó a la Sala el 22 de mayo de 2014 ya se encontraba prescrita la acción disciplinaria.

II. De la falta relativa a la demora para notificar las medidas cautelares decretadas mediante auto de 30 de octubre de 2009, lo cual solo ocurrió en el estado(11) del 10 de diciembre del mismo año, concluyó la primera instancia que al haber transcurrió un lapso de más de un mes calendario para efectuar dicha notificación, a la doctora Luz Amanda Tapias Alfonso, en su condición de Jueza 62 Civil Municipal de Bogotá D.C., le competían atender los deberes relativos a la dirección del proceso ejecutivo singular radicado bajo el Nº 2009-00083, adoptando medidas pertinentes para su trámite.

Descripción de la falta endilgada.

“Ley 270 de 1996.

(...).

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados.

L. 734/2002, ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”

Ahora, nótese que la finalidad del poder sancionatorio conferido a esta jurisdicción se concreta en la posibilidad de imponer castigos a los funcionarios judiciales en busca de los logros de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la administración de justicia - igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Así las sanciones imponibles deben perseguir una finalidad disuasoria de conductas que impidan la efectividad de los mencionados principios o el retiro del servicio de aquellos funcionarios cuya conducta extrema compromete de manera grave su realización, como se refirió el Legislador en el artículo 16 del Código Disciplinario Único, cuando indicó:

“ART. 16.—Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.”

No está de más observar que las sanciones deben acatar los principios de legalidad y proporcionalidad, según los cuales las conductas punibles no solo deben estar descritas en norma previa – tipicidad, sino que, además, se obligan a tener un fundamento legal – principio de legalidad previsto en el artículo 4º de la Ley 734 de 2002.

Para entrar en contexto sobre el asunto, esta Superioridad considera que no existe el elemento de responsabilidad referido a la culpabilidad de la funcionaria encartada, sobre la falta imputada por la Sala A quo; toda vez que no puede enróstresele un comportamiento o una negligencia que no estaba en su órbita de funciones, toda vez que emitida la providencia que decretó las medidas cautelares el día 30 de octubre de 2009; le correspondía al secretario de Juzgado proceder a la notificación por estado del mismo, y como quedó probado en el infolio, fue el secretario el que tardó 25 días hábiles en notificar el mencionado proveído que decretó medidas cautelares al interior de proceso ejecutivo singular radicado bajo el Nº 2009-00083, motivo por el cual considera esta Sala que no es el comportamiento de la Juez el que debe ser censurado; más aún cuando la función notificadora radica en cabeza de los secretarios; pues si se procediera de manera contraria, se estaría obligando a lo imposible a la funcionaria, pues se le exigiera a la Juez que a más de realizar su trabajo, efectué las labores secretariales.

“2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte, bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión: y otros.

3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.

4. La fecha del estado y la firma del secretario.

El estado se fijará en un lugar visible de la secretaría y permanecerá allí durante las horas de trabajo del respectivo día.

De las notificaciones hechas por estado el secretario dejará testimonio con su firma al pie de la providencia notificada.

De los estados se dejará un duplicado autorizado por el secretario; ambos ejemplares se coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su conservación en el archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la vigilancia de aquél.” (Negrillas fuera de texto)

De otra parte, es procedente como lo realizó la Sala Administrativa, recomendar a la funcionaria judicial imparta las ordenes respectivas para que los funcionarios a su cargo cumplan con los deberes que les corresponden y en caso de que no lo hagan inicie las acciones disciplinarias del caso, más no es atendible sancionarla por una conducta en la cual no incurrió, pues estaría esta jurisdicción enrostrando una responsabilidad objetiva.

Adicional a lo anterior, no se encuentra acreditado en el infolio que la funcionaria judicial no impartiera las respectivas instrucciones a sus funcionarios judiciales, con el fin de que atendieran el cumplimiento de sus órdenes; razón por el cual la negligencia en la notificación del proveído del 30 de octubre de 2009, radica en cabeza del secretario y no de la Juez 62 Civil Municipal de Bogotá.

Otras determinaciones. Se accede a la solicitud de copias de la sentencia de primera instancia materia de consulta, efectuada en su escrito de traslado por la funcionaria judicial disciplinada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior De La Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión consultada, proferida el 4 de abril de 2014, por medio de la cual el Magistrado Alberto Vergara Molano, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con un mes de suspensión en el ejercicio del cargo a la doctora Luz Amanda Tapias Alfonso, en su condición de Jueza 62 Civil Municipal de Bogotá, por haber transgredido el numeral 5º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, para en su lugar ABSOLVERLO de la sanción en virtud de las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

2. Impártase cumplimiento al acápite de otras determinaciones.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por secretaría súrtanse las comunicaciones a las que hay de ley.

Notifíquese y cúmplase.

9 Folio 10 del Cuaderno anexo.

10 Sentencia Corte Constitucional C-556/01 M.P Dr. Álvaro Tafur Galvis – mayo 31 de 2001.

11 Folio 5 del cuaderno anexo de segunda instancia.