Sentencia 2011-00001 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 11001-03-27-000-2011-00001-00(18634)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Jaime Alberto Chica Gutiérrez

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Previo a decidir sobre los asuntos planteados por las partes, la Sala debe pronunciarse sobre la naturaleza de los actos demandados(8).

De la lectura de la demanda se advierte que los actos cuya nulidad se pretende son:

1. La Resolución 900016 del 28 de octubre de 2008, mediante la cual la administración de Impuestos Nacionales de Medellín decidió no acceder a la restitución de términos solicitada por el contribuyente Jaime Alberto Chica Gutiérrez, respecto del proceso que dio lugar a la sanción por no declarar 110642007000094 del 17 de mayo de 2007.

2. La Resolución 900008 del 26 de agosto de 2009, por medio de la cual la administración decidió el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante contra el acto indicado en el numeral anterior, en el sentido de confirmar la decisión de no acceder a la restitución de términos.

De lo anterior se advierte que los actos acusados tenían como fin informarle al contribuyente que no era procedente restituir los términos de notificación del emplazamiento para declarar. Estos actos no constituyen una decisión administrativa definitiva, pues se limitan analizar un aspecto procedimental que se presentó durante el proceso de aforo de un tributo.

Por consiguiente, las resoluciones demandadas constituyen actos de trámite que, como tales, no impiden que la actuación continúe, ni le ponen término a la misma, pues el procedimiento de aforo finaliza con la resolución que resuelve los recursos de reconsideración que se interpongan contra la liquidación de aforo y la resolución sanción por no declarar.

Los artículos 715 a 719 del estatuto tributario disponen que el proceso de aforo se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la administración invita a los que previamente hayan comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en la omisión.

El efecto de no presentar la declaración respectiva dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 ibídem. Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del estatuto tributario, la administración, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, puede determinar, mediante liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 ibídem.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas, a saber: (i) el emplazamiento por no declarar, (ii) la sanción por no declarar y (iii) la liquidación de aforo(9).

En ese procedimiento, los actos administrativos definitivos lo constituyen la resolución sanción por no declarar, la liquidación de aforo, y los actos que resuelvan los recursos que se interpongan contra las mismas, pues en estos se concreta la manifestación de la voluntad de la administración respecto de la obligación tributaria que recae sobre el contribuyente. Es decir, incorporan un pronunciamiento sobre la existencia de la obligación, el obligado, la cuantía del tributo, y los demás que surjan en el trámite de ese proceso.

En esas condiciones, lo procedente era que el actor hubiere impetrado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución sanción por no declarar y su confirmatoria, proceso dentro del cual la posible indebida notificación del emplazamiento para declarar, es un cargo propio del análisis de legalidad del acto definitivo.

Así mismo, debe resaltarse que, en este caso, no hubiera tenido ningún efecto realizar un pronunciamiento sobre la legalidad o no de la decisión sobre la restitución de términos, porque de declarase la nulidad no podría ordenarse la notificación del emplazamiento para declarar, toda vez que ya se profirió la resolución sancionatoria, como lo sostiene el contribuyente y obra en el expediente.

En ese contexto, la Sala observa que por tratarse en este caso de actos que no son demandables, la demanda es inepta y, por tal razón, se inhibirá de conocer el asunto de fondo discutido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse de fondo por inepta demanda.

Reconócese personería para actuar como apoderada de la parte demandada a la doctora Maritza Alexandra Díaz Granados, de conformidad con el poder que obra a folio 218.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(8) En el mismo sentido y en un caso similar se pronunció la Sala en la sentencia del 3 de julio de 2013, expediente 18231, M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E).

(9) Sentencia de 3 de octubre de 2007, expediente 15530, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa.