Sentencia 2011-00004 de abril 4 de 2013

 

Sentencia 2011-00004 de abril 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000-23-27-000-2011-00004-01

Número Interno 18921

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor. Alianza Fiduciaria S.A.

Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Impuestos

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Le corresponde a la Sala decidir si son nulos los actos administrativos por los que el Distrito Capital impuso sanción por no declarar a la demandante. Para el efecto el debate suscitado en esta instancia se centra en determinar si la obligación formal de declarar y la sustancial de pagar el impuesto de delineación urbana por las etapas 4ª y 5ª del proyecto “Ponto Verdi” han sido debidamente cumplidas por quien tenía la obligación de declarar y pagar y, por tanto, no hay lugar a la imposición de la sanción por no declarar o si, por el contrario, el contribuyente no ha cumplido con sus obligaciones tributarias y, en consecuencia, es correcta la aplicación de la sanción por parte de la Administración Distrital.

El fideicomitente “Salitre Inmobiliario S.A.” presentó inicialmente la declaración y pagó el impuesto por concepto del mencionado proyecto urbano, en tanto que la sociedad “Alianza Fiduciaria S.A.” presentó declaración de corrección invocando el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, con el fin de modificar el nombre del contribuyente.

Sostiene la entidad pública apelante que la demandante no cumplió la obligación de declarar, puesto que las declaraciones iniciales que adujo como prueba del cumplimiento de la obligación fueron presentadas por Salitre Inmobiliario S.A. Que en consecuencia esas declaraciones no produjeron efecto legal alguno debido a que fueron presentadas por quien no tenía la obligación de hacerlo. Que por lo mismo, las correcciones hechas por la sociedad fiduciaria demandante a esas declaraciones iniciales, tampoco tenían ninguna validez.

Por su parte, la demandante afirma que la obligación de declarar el impuesto de delineación urbana se satisfizo con las declaraciones que presentó la sociedad Salitre Inmobiliario S.A. y que esas declaraciones son válidas. Que, por lo mismo las correcciones que presentó Alianza Fiduciaria S.A., de conformidad con el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, son válidas porque tuvieron como fin corregir que el sujeto pasivo era el fideicomiso.

Considera la Sala

El origen del impuesto a que se refiere este proceso se remonta al literal g) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 que autorizó al Concejo de Bogotá para crearlo y reglamentarlo. Esa norma es del siguiente tenor:

“ART. 1º—El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental:

“(…).

“g) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de refección (sic) de los existentes” (resaltado fuera del original).

Posteriormente, el Acuerdo 20 de 1940, “por el cual se establece el impuesto de delineación y se dictan otras disposiciones sobre construcciones”, dijo:

“ART. 3º—En los casos de construcción de nuevos edificios y refacción de los existentes, las personas que presenten a la revisión de la Secretaría de Obras Públicas los planos correspondientes, deberán acompañarlos de un presupuesto detallado y completo y pagar el impuesto de delineación que se exigirá sobre el valor del presupuesto aceptado por la secretaría de obras públicas, de acuerdo con la siguiente tarifa:

(...).

ART. 4º—La Secretaría de Obras Públicas no expedirá la licencia a que se refiere el artículo 1º sin que el interesado o interesados presenten el recibo de la tesorería municipal en el cual conste que han consignado el valor del impuesto liquidado conforme al artículo anterior, y el certificado del tesorero municipal que pruebe que el propietario o propietarios de la finca están a paz y salvo con todos los impuestos municipales” (resaltado es nuestro).

Obsérvese en la última norma transcrita, que el concejo obligaba a pagar el impuesto de delineación urbana a la(s) persona(s) que presentaran los planos correspondientes de la obra, y la licencia se expedía al interesado(s) que demostrara haberlo hecho, sin que hubiera expresado que el único que podía solicitar la licencia era el propietario del bien a construir o modificar.

Luego, el Acuerdo 28 de 1995, por el cual se adoptó el “Plan de racionalización tributaria de Santa Fe de Bogotá, D.C., se toman medidas de carácter impositivo y se dictan otras disposiciones”, se refirió al impuesto de delineación urbana, únicamente en los siguientes términos:

“ART. 9º—Impuesto de delineación urbana. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificaciones, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Este impuesto se deberá acreditar en el momento de la expedición de la licencia” (resaltado es nuestro).

Esta reglamentación tampoco exigía que fuera el propietario del bien a construir o remodelar, el único que pudiera solicitar la licencia para declarar y pagar el tributo aludido.

Ahora bien, para la época de los hechos de la demanda, el Decreto Distrital 352 de 2002, establecía:

“ART. 71.—Hecho generador. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Bogotá”.

ART. 74.—Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana los propietarios de los predios en los cuales se realiza el hecho generador del impuesto” (resaltado es nuestro).

En lo relacionado con los titulares del derecho a solicitar la licencia de construcción, el Decreto 1600 del 20 de mayo de 2005, vigente para la época de la declaración del impuesto de delineación urbana objeto de la demanda, en su artículo 15 dispuso:

“ART. 15.—Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción. Podrán ser titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud.

También podrán ser titulares las entidades previstas en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando se les haya hecho entrega del predio o predios objeto de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria y/o expropiación previstos en los capítulos VII y VIII de la Ley 388 de 1997.

PAR.—Los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de construcción” (resaltado es nuestro).

De las normas transcritas se establece que si bien el impuesto de delineación urbana estaba regulado por el Decreto Distrital 352 de 2002, aplicable en la fecha en que se causó el tributo, en cuyo artículo 74 dispuso como sujeto pasivo del mismo a los propietarios de los predios sobre los cuales se realiza el hecho generador, no se puede echar de menos que el sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana, no puede ser otro que quien realiza el hecho gravable, lo que en este caso ocurre con la expedición de la licencia de construcción de la que pueden ser titulares, entre otros, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia, pero también los fideicomitentes de los mismos fideicomisos, de los inmuebles objeto de la solicitud.

De una interpretación sistemática de las normas antes citadas se puede afirmar que puede ser sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana el fideicomitente. Esta conclusión parte de una premisa fundamental, y es que si se le permite a los fideicomitentes obtener las licencias de construcción, no se les puede negar que declaren y paguen el tributo, lo que constituye la obligación previa para obtener la licencia, para lo cual están autorizados por el mismo ordenamiento.

En otras palabras, negarle al fideicomitente el derecho a cumplir con la obligación de declarar y pagar el impuesto, es prohibirle que cumpla un requisito exigido para poder obtener la licencia, lo que iría en contra del efecto útil que deben tener las normas.

Según lo anteriormente expuesto, no proceden los cargos de la entidad pública demandada contra la decisión del tribunal, dado que el fideicomitente, la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., también puede cumplir con el deber formal de presentar la declaración tributaria.

Dado que el tribunal coincide con estas apreciaciones y, por tanto, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, se desestimará el cargo planteado por la apelante y en su lugar, se confirmará la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 25 de mayo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. contra el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»