Sentencia 2011-00005 de octubre 9 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 500011102000201100005 01/2684 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 77 de la misma fecha.

Bogotá, D.C, nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política; 112.4 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, es competente para conocer el recurso de apelación formulado por la disciplinada contra la decisión del 24 de agosto de 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Luis Alejandro Rojas Díaz con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, al hallarlo responsable de incurrir en las faltas contra la honradez, prevista en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 y la lealtad con el cliente, establecida en el artículo 34 literal d Ibídem.

Procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre la base de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el interesado.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba con la cual se pueda establecer, que el investigado incurrió en violación al mandato legal, objetiva y subjetivamente, previo el ritual sustancial y procesal.

En igual sentido se debe observar que las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana critica, debiéndose vigilar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad, entre otros.

Del caso en concreto

Las faltas disciplinarias atribuidas en el fallo de primera instancia, al letrado investigado, doctor Luis Alejandro Rojas Díaz se encuentran previstas en los artículos 35 numeral 4º y 34 literal d de la Ley 1123 de 2007, la norma en cita dispone:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(...).

d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos”.

Dos son los requisitos de orden probatorio que colocan al proceso en posición de que se dicte sentencia sancionatoria; de una parte que exista certeza respecto de la existencia de las faltas atribuidas y, en igual sentido, sobre la responsabilidad del investigado, de acuerdo con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, en donde para proferir fallo condenatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible o disciplinable y de la responsabilidad del procesado.

En primer lugar, debemos concluir que el apelante, en nada se pronunció sobre la configuración de las faltas a él endilgadas, guardando silenció en lo relacionado a que del material probatorio obrante en el plenario —como lo fueron (i) el recibo de pago (fl. 2 del c.o.) en donde consta el recibo de la suma de $ 500.000.oo, por parte del togado por concepto de honorarios; (ii) las declaraciones de las señoras Islena Herrera Baquero y Elizabeth Yáñez Suárez, quienes aseguraron haber entregado al abogado una suma de dinero, para adelantar una asesoría en materia pensional que no tuvo éxito, omitiendo devolverles la suma de dinero a él entregada; (iii) versión libre por el togado, quien manifestó que aceptó poder ante una errónea interpretación de la norma, considerando que no debía cobrar honorarios. Aceptó haber cometió el error de no devolver el dinero en esa oportunidad, pero es su intención devolverlo—, se pudo establecer la incursión por parte del togado en las faltas a él atribuidas, las cuales según la magistrada del Seccional del Meta, encuadro en:

“el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, pues recibió poder, unos documentos y dinero en el año 2010 y no ha hecho devolución de los emolumentos, cuando según lo explica después de haber realizado el estudio pormenorizado de la situación fáctica que se comprometió, determinó con plena certeza que no era procedente y no se haría cargo, luego era su deber contactar a la mandante y devolverle, tanto los documentos que se le habían dado para la gestión, como el dinero, sin embargo ninguna de estas dos acciones ha realizado, pues la actora es enfática en señalar y así lo acepta el abogado, no había vuelto a tener contacto con ella y esperó el día de la audiencia de cargos para antes de ingresar a la misma, proponerle la entrega de una letra de cambio para garantizar el pago de los emolumentos que le había dado, y sobre sus explicaciones acerca de la improcedencia de la acción, tuvo conocimiento la poderdante al escuchar sus explicaciones dentro de la audiencia de pruebas, pues nunca se lo comunicó.

Lo anterior hace que igual, su proceder configure la falta de lealtad con el cliente descrita en el literal d del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto una vez se dio cuenta que era inviable lo pretendido, lo ético era informar a su cliente, pero no lo hizo, pues es en el curso de estas diligencias disciplinarias que esgrime los argumentos por los cuales no adelantó la gestión encomendada”.

En segundo término, el doctor Luis Alejandro Rojas Díaz, tampoco tuvo reparo en lo expuesto por la magistrada sustanciadora en el seccional, cuando evidencio que “no existió ninguna causal exonerativa de responsabilidad a favor del abogado inculpado, como para evitar un juicio de reproche ético, por cuanto el acopio probatorio allegado al diligenciamiento, determinó un actuar consciente y voluntario por parte del togado, pues fue evidente que al determinar la improcedencia de la actuación encomendada por sus clientas, debió comunicarlo oportunamente a ellas y bajo los principios de la ética profesional llegar a un acuerdo para determinar lo atinente a los dineros que recibió como abono a los honorarios”.

Para entrar al fondo del tema de estudio, ha de tenerse en cuenta que esta colegiatura únicamente se pronunciará sobre las inconformidades relacionadas por el apelante en su escrito de fecha 28 de noviembre de 2012, referentes al desconocimiento por parte del fallador de primera instancia de los elementos probatorios constitutivos de la actuación dolosa por parte del acusado, en donde según el doctor Luis Alejandro Rojas Díaz se desconoció el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en el que se establece que toda decisión de fondo debe motivarse adecuada y suficientemente en el aspecto relacionado con la culpabilidad de la falta, pues en su sentir existió una apreciación subjetiva por parte del fallador, quien sin elementos probatorios suficientes vio su conducta como un engaño, sin advertir como criterio de atenuación para la graduación de la pena, la iniciativa de resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, lo que obligaría a una reducción en la falta.

Revisada con detenimiento la providencia emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, en la que se pronunció respecto a la culpabilidad y a la antijuridicidad, en el siguiente sentido:

“En cuanto a las explicaciones suministradas por el litigante, no son de recibo para la Sala, pues en las mimas se vislumbra a todas luces una contradicción en su defensa, por una parte dice que realizó un estudio concienzudo y para ello se trasladó (sic) la ciudad de Bogotá para hablar con un abogado especializado en el asunto, pero luego asevera que luego hace otro análisis sobre la norma y determina que no es procedente lo pretendido; de igual manera resulta inexplicable que si era su intención devolver el dinero como los documentos a su poderdante, no lo ha hecho y espera hasta el proceso disciplinario para garantizar el pago girando una letra de cambio.

Para la Sala no existe duda sobre la comisión de las faltas enrostradas al acusado, pues obra en el expediente prueba suficiente que da cuenta que el disciplinado faltó a su deber de lealtad y a la honradez del abogado, tal y como lo prevé el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

El proceder del acusado le es endilgable a título de dolo, lo cual se determina no solamente como parte constitutiva de las faltas disciplinarias endilgadas, sino que se establece en el plenario por las circunstancias mismas que rodearon su proceder antiético, pues a través de elementos de prueba, serios, atendibles y concluyentes, válidamente incorporados al proceso dan plena certeza de la culpabilidad del disciplinado, por lo tanto se hace merecedor de ser sancionado condignamente por la incursión en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 4º del artículo 35 y literal d del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007”.

Visto lo anterior, es que la Sala cree conveniente aclarar que en materia disciplinaria la argumentación de la culpabilidad en la configuración de la conducta sancionable, se hace a título de dolo o culpa. Fue la Corte Constitucional quien en Sentencia C-155 de marzo 5 de 2002, Expediente D-3680, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas Hernández, dijo:

“(...) 5. El principio de culpabilidad en materia disciplinaria y el sistema de numerus apertus en la incriminación de las faltas disciplinarias.

(...).

La sujeción que debe el derecho disciplinario a la Constitución implica que además de garantizar los fines del Estado social de derecho, debe reconocer los derechos fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, siendo la culpabilidad uno de ellos según lo consagrado en el artículo 29 superior en virtud del cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.

Es decir, que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es “Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan solo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga”(3).

Principio constitucional que recoge el artículo 14 del CDU acusado, al disponer que “en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa”. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación al señalar que “el hecho de que el código establezca que las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los servidores públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso —con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso—, y que dentro de este se haya establecido la responsabilidad del disciplinado”(4).

Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor solo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues como ya se dijo, el principio de la culpabilidad tiene aplicación no solo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos(5), toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado”(6) (lo resaltado y las letras inclinadas son nuestras).

Ahora bien, debemos entender las diferencias existentes entre el actuar culposo y doloso, el primero de ellos entendido como aquella omisión de la conducta debida para prever o evitar un daño, que se manifiesta en la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes; por otro lado el actuar doloso, es aquella voluntad deliberada y consiente de cometer la conducta contraria a los deberes exigidos —que en el caso disciplinario son los consagrados en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 Código Disciplinario del abogado—, y a pesar de ello actuar en contra de los intereses de otros, en el caso que nos ocupa, se tuvo que las faltas endilgadas al profesional del derecho, relacionadas con la inobservancia de los deberes a la honradez y la lealtad con el clientes, se configuran cuando el togado a pesar de conocer que no adelantaría la actuación a él encomendada, omitió de manera consiente (i) informar a sus clientes de manera oportuna acerca de la no viabilidad del asunto, actuando de manera consiente al no contestar su teléfono y al no ir en busca de las personas que ansiaban noticias de él y (ii) por otro lado al percatarse de la no viabilidad del asunto, proceder a la devolución inmediata de los documentos y de los dineros a él entregados de manera efectiva; pues del material probatorio obrante en el plenario, se concluyó que tuvieron que trascurrir aproximadamente nueve meses o más, desde la fecha en que las se entregó el valor de $ 500.000.oo, hasta el día en que se radico la queja disciplinaria, para que el profesional se presentara ante sus clientes —quienes habían estado buscándolo telefónicamente, por no conocer el lugar de su oficina o su residencia—, en busca de querer resarcir el daño a estas causado, firmando para tal fin una letra de cambio, que tampoco demostró la efectividad en el cumplimiento de su deber de devolver los dineros a él entregados por su gestión fallida, y así lo expuso el doctor Luis Alejandro Rojas Díaz, cuando expreso que “aceptó poder ante una errónea interpretación de la norma, considerando que no debía cobrar honorarios”.

Tal afirmación por parte del togado, y la relacionada con que “aceptó haber cometió el error de no devolver el dinero en esa oportunidad, pero es su intención devolverlo”, fueron las que llevaron al a quo a establecer que dichas conductas fueron cometidas a título de dolo, porque para nadie es desconocido que al omitir dar oportuna información a sus clientes acerca de la gestión fallida encomendada o al apropiarse de dineros entregados con ocasión de una gestión confiada, era deber del profesional del derecho actuar contrario a como lo hizo, pues a pesar de ser de su conocimiento dicha situación(elemento cognitivo), actuó de la manera ya conocida (elemento volitivo), configurándose la intención o el resultado —que fue sancionado disciplinariamente—, motivado por estímulos originados de la necesitad o del querer, pues a través de su inteligencia el individuo conoce y dirige su voluntad hacia lo que quiere, lo que se manifiesta fenomenológicamente en acciones u omisiones, productoras de resultados.

Conforme a lo anteriormente expuesto, esta corporación comparte los argumentos del a quo al decir que se han configurado las faltas enrostradas al acusado, pues obra en el expediente prueba suficiente que dio cuenta que el disciplinado faltó a su deber de lealtad y a la honradez del abogado, tal y como lo prevé el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, endilgando su conducta a título de dolo, pues del plenario se estableció que por las circunstancias mismas que rodearon el proceder antiético —elementos de prueba, serios, atendibles— del togado, se configuró acertadamente la culpabilidad del mismo, por lo tanto se hace merecedor de ser sancionado condignamente por la incursión en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 4º del artículo 35 y literal d del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007”.

Luego, no le asiste razón al apelante, al señalar que se desconoció el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, pues como ya se expresó, el magistrado seccional del Meta, fue claro al considerar los criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, relacionados con la trascendencia social de la conducta, modalidad de la misma, el perjuicio causado y los motivos determinantes del comportamiento, amparado en el material probatorio obrante en el plenario, por ello tuvo la confesión del togado como un criterio de atenuación de la sanción que fijo en dos (2) meses; así las cosas, no existió, ni hubo una errónea y falta de apreciación de los hechos y de las pruebas, pues fue palmario la falta antiética reprochada al doctor Luis Alejandro Rojas Díaz, quedando establecido sin mayores dificultades, que el disciplinado trasgredió los deberes que le imprime el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, adecuando su comportamiento a las faltas tipificadas en los artículos 34.D y 35.4º ibídem, no concurriendo ninguna causal de exoneración de responsabilidad.

Finalmente bajo este entendido, es que la Sala considera conveniente CONFIRMAR la decisión de primera instancia, en el sentido de sancionar al disciplinado con suspensión en el ejercicio de la profesión en dos (2).

En mérito de lo expuesto, la Sala, Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de agosto de 2012, por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, a través de la cual sancionó al abogado LUIS ALEJANDRO ROJAS DÍAZ con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, al hallarlo responsable de incurrir en las faltas descritas en los artículos 34 literal d y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En su oportunidad, remítase el expediente a la corporación seccional disciplinaria de origen, previas las desanotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase».

(3) C-626 de 1996.

(4) C-728 de 2000.

(5) Esta tesis de la Corte Constitucional clarifica que la culpabilidad en materia disciplinaria debe ser interpretada conforme a los elementos normativos definidos en materia de culpabilidad penal.

(6) Cfr. Sentencias C-195 de 1993, C-280 de 1996, C-306 de 1996, C-310 de 1997, entre otras.