Sentencia 2011-00013 de mayo 28 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 11001-0326-000-2011-00013-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 40.486

Convocante: José Rafael Negrete y Arqciviles

Convocado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo—Fonade—

Naturaleza: Recurso de anulación de laudo arbitral

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de 2012.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

11. La Sala es competente para conocer y decidir el asunto de acuerdo con lo previsto en el numeral 5º del artículo 36 de la Ley 446 de 1998, que reformó el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007.

II. Problemas jurídicos

12 La Sala deberá decidir: (i) si la expedición del laudo dentro del periodo de tres meses, adicionado de oficio por parte del tribunal de arbitramento a los seis inicialmente dispuestos, tiene como consecuencia que la pretensión de anulación deba prosperar, por “haberse proferido el fallo después del vencimiento del término fijado”; (ii) si la supuesta falta de una decisión expresa dentro de la parte resolutiva del laudo acerca de las excepciones que el tribunal hubiera podido hallar frente a la demanda de reconvención, da lugar a la anulación del laudo por no haber decidido sobre cuestiones que estaban sometidas a la decisión de los árbitros.

III. Análisis de la Sala

13. Es importante advertir que bajo perspectiva alguna el recurso de anulación constituye una segunda instancia en la cual se puedan controvertir las decisiones tomadas por el tribunal de arbitramento, ni su apreciación de los elementos probatorios y, en tal virtud, el juicio de la Sala se contraerá a confrontar las imputaciones del recurrente, el texto del laudo y la normatividad aplicable para concluir si en efecto se configura alguna causal de anulación.

14. En relación con la primera causal invocada por el recurrente, contenida en el numeral 5 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 —“Haberse proferido el fallo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga”— la Sala procederá con el análisis correspondiente:

14.1. En el caso concreto se aprecia que en el año 2009, se cumplieron, entre otras, las siguientes actuaciones: (i) el 19 de febrero tuvo lugar la reunión de nombramiento de árbitros (fl. 57-58, cdno. 1); (ii) el 17 de marzo se instaló el tribunal de arbitramento y se admitió la demanda (fl. 94–96, cdno. 1); (iii) el 19 de marzo tomó posesión el secretario del tribunal (fl. 103, cdno. 1); (iv) el 27 de abril de 2009 se admitió la demanda de reconvención (fl. 168-170, cdno. 1); (v) el 13 de mayo se profirió el auto que confirmó el rechazo de la demanda de reconvención en contra de Santander Mafioly y UCO S.A., como integrantes de la Unión Temporal (fl. 175-176, cdno. 1); (vi) el 30 de junio se fijaron los honorarios y gastos (fl. 206-208, cdno. 1); (vii) el 23 de julio de 2009 se declaró que había fracasado la audiencia de conciliación y se convocó a la llamada en garantía, Seguros Colpatria S.A., razón por la cual se suspendió el proceso en los términos del artículo 56 del Código de Procedimiento Civil (fl. 209-211, cdno. 1); (viii) el 26 de octubre de 2009, se ordenó vincular a Santander Mafioly y UCO S.A., como litisconsortes necesarios, en su condición de integrantes de la Unión Temporal (fl. 295–297, cdno. 1).

14.2 En el año 2010, el desarrollo del trámite arbitral fue, en términos generales, el siguiente: (i) el 18 de marzo se celebró la primera audiencia de trámite, en la cual se fijó un término de seis meses para la duración del arbitramento y, dentro del transcurso de la misma, se suspendió la audiencia (fl. 335-346, cdno. 1); (ii) el 14 de abril se reanudó la primera audiencia de trámite y se decretaron pruebas (fl. 364-369, cdno. 1); (iii) el 26 de abril se posesionaron los peritos (fl. 374–377, cdno. 1); (iv) el 4 de mayo se practicaron testimonios (fl. 385–390, cdno. 1); (v) el 10 de mayo se practicaron testimonios (fl. 400–406, cdno. 1); (vi) el 2 de junio se practicaron testimonios y un interrogatorio de parte (fl. 410-418, cdno. 1); (vii) el 3 de junio se incorporaron documentos (fl. 419–421, cdno. 1); (viii) el 16 de junio se ordenó la complementación de un peritaje (fl. 424–425, cdno. 1); (ix) el 14 de julio se ordenaron complementaciones de un peritaje, traslados de objeciones y de transcripciones de testimonios (fl. 443–445, cdno. 1); (xi) el 24 de septiembre se cerró el periodo probatorio y se fijó la fecha para la presentación de los alegatos de conclusión (fl. 476-478, cdno. 1); (xii) el 4 de octubre se presentaron los alegatos de conclusión, se concedieron 20 días al Ministerio Público para que rindiera su concepto, se amplió el término del arbitramento por tres meses y se fijó fecha para el laudo el 18 de noviembre de 2010 (fl. 479-481, cdno. 1); (xiii) el 12 de noviembre de 2010 se modificó la fecha para proferir el laudo arbitral, la cual quedó para el 6 de diciembre (fl. 569-571, cdno. 1); (xiv) el 6 de diciembre se dio lectura al laudo y se fijó fecha para resolver aclaraciones, complementaciones y correcciones que se llegaren a presentar (fl. 572-573, cdno. 1); (xv) el 16 de diciembre se negó la solicitud de corrección del laudo (fl. 638-643, cdno. ppal.).

14.3. Tal y como se puede advertir de la exposición anterior, resulta de suma relevancia para solucionar el primer problema jurídico planteado tener en cuenta que cuando se profirió el laudo arbitral ya habían transcurrido más de siete meses desde la primera audiencia y que el auto proferido por el tribunal el 4 de octubre de 2010 amplió el término del trámite arbitral por tres meses, es decir, sumado a los seis meses iniciales, ascendía a un total de nueve meses.

14.4. En relación con la duración del trámite arbitral, las normas nacionales comprenden lo siguiente:

14.4.1. El artículo 103 de la Ley 23 de 1991, modificatorio del Decreto 2279 de 1989, dispone:

Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se señalare el término para la duración del proceso, este será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite. El término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso.

14.4.2. El artículo 70 de la Ley 80 de 1993 indica:

En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3) a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro. La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia. Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo.

14.5. Tal y como lo entendieron los árbitros, la Sala considera, en contra de los argumentos del recurrente, que la Ley 1150 de 2007 tiene efectos plenos en el asunto sub judice, lo cual implica, de conformidad con lo ordenado en su artículo 26 —“el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade se regirá por las normas del estatuto general de contratación de la administración pública contenido en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen”—, que corresponde aplicar a este arbitramento las normas propias de la contratación estatal.

14.6. En concreto, la Ley 1150 de 2007 fue publicada el 16 de julio de ese año y entró en vigencia, de acuerdo con su artículo 33, seis meses después, es decir, el 16 de enero de 2008. Así, a pesar de que al momento de celebrarse el contrato, diciembre de 1996, y al de la iniciación de la ejecución de las obras, marzo de 2007, no estaba en vigencia la norma, la Sala considera que la Ley 80 de 1993 es aplicable, puesto que el proceso arbitral, en su integridad, desde la presentación de la solicitud de convocatoria a tribunal de arbitramento del 20 de enero de 2009 involucró a Fonade como parte, entidad que en virtud de lo ordenado por la Ley 1150 de 2007, se encontraba sujeta a la normatividad estatal.

14.7. Incluso, no obstante que el mismo texto contractual dispuso en la cláusula vigésima primera que al contrato “se aplicarán las normas que en relación a su naturaleza atípica estén consagradas en el código civil, de comercio y en normas conexas”, es sumamente claro el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007, en su condición de norma legal imperativa, integra el contrato y prevalece sobre cualquier disposición convencional. Ha dicho la Sala sobre el particular:

En general, con el término integración se hace referencia a formas de intervención sobre el contrato que van más allá del amplio desarrollo de la lógica de la declaración de los contratantes y que se agregan a su actividad en la construcción definitiva de sus obligaciones y derechos. En otros términos, el fenómeno de la integración debe ser entendido como el medio de intervención de la voluntad pública en las relaciones contractuales, lo cual significa que al lado de las determinaciones convencionales que tienen fundamento en el acuerdo de las partes, es necesario considerar las prescripciones que tienen título en la ley o en las otras fuentes externas a su acuerdo.

Se habla de integración mediante normas imperativas, cuando quiera que estas hacen parte del contrato y generan obligaciones y derechos para las partes, bien porque existe un vacío o laguna respecto de un tema preciso o, porque a pesar de que las partes dispusieron sobre el asunto en ejercicio de la autonomía, lo hicieron en contra de tales normas, las cuales en atención a su naturaleza no son susceptibles de modificación, ni menos aún de desestimación por los contrayentes, como lo define claramente el artículo 16 del Código Civil: “No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”. Así, normas que integran el contrato pueden asumir el carácter de inderogabilidad, es decir, normas imperativas, cuando tutelan un interés general prevalente sobre el de las partes, o también el interés de una parte contra la preeminente fuerza contractual de la otra(2).

14.8. Las normas procesales son de aplicación inmediata de acuerdo con los artículos 38(3) y 40(4) de la Ley 153 de 1887 y, por tal razón, el artículo 26 de la Ley 1150 de 2007 se aplicó sin más demoras al caso concreto y abrió paso para que el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 posibilitara a los árbitros que, de oficio, ampliaran el término de duración del arbitramento, al disponer, en su parte final, que “los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo”.

14.9. La Sala concluye que el laudo fue proferido dentro de la prórroga del término dispuesto para tal efecto, de suerte que no se configura en el caso concreto la causal de anulación comprendida en el numeral 5º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, en tanto que: (i) el tribunal de arbitramento, mediante auto del 18 de marzo de 2010, ordenó que: “el término de duración de este proceso será de seis meses contados a partir de la fecha de finalización de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de prórrogas, suspensiones o interrupciones que puedan presentarse”; (ii) el 14 de abril de 2010 terminó la primera audiencia del tribunal de arbitramento; (iii) el 4 de octubre de 2010, el tribunal de arbitramento resolvió, “de conformidad con el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007, amplíese término del presente trámite arbitral por tres (3) meses adicionales tal como lo autorizan las normas antes mencionadas con el fin de proferir el correspondiente laudo arbitral”; (iv) el 6 de diciembre de 2010 se profirió el laudo arbitral, y (v) el 14 de enero de 2011 finalizaba la oportunidad para la expedición del laudo.

15. En relación con la supuesta nulidad del laudo arbitral por la causal comprendida en el numeral 9º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 —“No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”—, ha dicho la Sala que “se configura cuando el laudo no decide todos los puntos objeto de arbitramento y en este evento se predica que el mismo es mínima o citra petita respecto de las pretensiones, excepciones procesales y demás aspectos de la relación jurídico procesal (C.P. arts. 304, 305 y 306; CCA arts. 87 y 164)”(5). El principio de congruencia circunscribe al juez a los extremos de la litis en relación con los temas que debe resolver y, en este caso, lo obliga a resolver todos los aspectos comprendidos en el litigio, so pena de que su decisión sea anulada.

15.1. En concreto, el recurrente indica que los árbitros, en el numeral décimo de la parte resolutiva del laudo —al resolver que “respecto de la contestación de la demanda de reconvención, no hay lugar a pronunciamiento del tribunal por cuanto no se formularon excepciones, en parte alguna”—, se abstuvieron de decidir sobre cuestiones sujetas al arbitramento, puesto que a pesar de que no se hubieran propuesto las excepciones en la contestación de la demanda, correspondía al juez, de oficio, pronunciarse al respecto.

15.2. La Sala considera, junto con el concepto del Ministerio Público —párrafo 10—, que no obstante lo expuesto en la parte resolutiva, el laudo estudió las respuestas que los convocantes presentaron a la demanda de reconvención de Fonade, así como los argumentos de defensa que esgrimieron. Así, el tribunal de arbitramento estudió los hechos que fundamentaban la oposición de los convocantes a la demanda de reconvención presentada por la entidad, y concluyó que estaban constituidas en esencia por las mismas razones expuestas en la demanda inicial que presentaron, es decir, “que el contrato fue cumplido por los integrantes de la Unión Temporal Armana, e incumplido por Fonade”. A partir de esa conclusión, propia de su autonomía como juzgador, inalterable para la Sala en sede del recurso de anulación, los árbitros se pronunciaron respecto de los hechos y del derecho en la parte considerativa del laudo y concluyeron que los convocantes, en su condición de contratistas habían incumplido el contrato y, por tal razón, habría de imponérseles a título de condena el valor de la cláusula penal pactada.

15.3. En igual sentido, debe considerarse que la presencia de dos demandas dentro del mismo proceso arbitral y, por ende, de dos contestaciones de demandas, abre el espectro de todas las posibilidades de argumentación de las partes y, sobre todo, de análisis de los árbitros respecto de los hechos que encontrare demostrados, que constituyeran excepción y que pudieren ser declarados de oficio.

15.4. La circunstancia comprobada de que los árbitros en la parte resolutoria se hubieran abstenido de pronunciarse textualmente respecto de las eventuales excepciones, a cuya declaratoria se encuentran obligados en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, no significa que el laudo se hubiera abstenido de resolver sobre ellas, ni mucho menos que la causal de anulación de laudo arbitral comprendida en el numeral 9º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 deba prosperar. La cuestión sujeta al arbitramento era la definición acerca de quién incumplió el contrato, si la entidad o el contratista, asunto sobre el cual, en las partes considerativa y resolutiva se dispuso suficientemente. Se puede observar en el texto correspondiente a la parte considerativa del laudo párrafo 8, que los árbitros analizaron el punto que atañe a la responsabilidad contractual de la entidad y del contratista.

15.5. La Sala reprocha el error en la interpretación del laudo que comete el recurrente al plantear este cargo, puesto que separa la parte resolutiva de la considerativa, como si una y otra no constituyeran el mismo laudo, y al afirmar, en contra de lo que de manera evidente se aprecia en la parte considerativa, que el laudo no decidió sobre “cuestiones sujetas al arbitramento”.

15.5.1. Existe una regla de interpretación de los objetos jurídicos, consagrada en diferentes artículos de nuestro ordenamiento jurídico(6), que se denomina interpretación sistemática o coherente, la cual pone de presente la correlación que existe entre las partes constitutivas del discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen parte; correlación y referencia que hacen posible la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos constitutivos(7).

15.5.2. Constituye un principio evidente de técnica de interpretación textual, que al dirigirse a aclarar el sentido de un texto de índole jurídica, ordena que el significado de sus partes no puede ser segmentado, sino que debe ser atribuido al conjunto de la intención del autor, en este caso del tribunal de arbitramento; es decir, que en presencia de una o varias partes dentro de un laudo arbitral; de una o varias cláusulas, dentro de un contrato; de uno o varios artículos, dentro de una ley; de una o varias leyes dentro del ordenamiento jurídico; se debe considerar que hacen parte de un todo y es por medio de la luz de cuanto emerge del conjunto del texto entero, que se determina el sentido jurídico propio del objeto interpretado. Sobre el plano práctico, este criterio se impone como un instrumento útil que, además de contribuir al esclarecimiento del sentido del texto, permite valorar de forma negativa y rechazar las interpretaciones que pretenden aislar una parte del conjunto.

15.6. En ese orden de ideas, el cargo será desechado por la Sala, puesto que el laudo arbitral sí decidió sobre los hechos que habrían podido constituir excepciones, susceptible de ser declaradas de oficio por parte de los árbitros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DENIÉGANSE las pretensiones del recurso de anulación presentado por José Rafael Negrete y Arquitectos Civiles Ingenieros Constructores Ltda., Arqciviles, en contra el laudo arbitral proferido el 6 de diciembre de 2010.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Exp. Nº 18.837, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) “ART. 38.—En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptúanse de esta disposición: 1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derecho que resultaren del contrato. 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.”

(4) “ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, Exp. Nº 35288, C.P. Ruth Stella Correa.

(6) En relación con la interpretación de la ley, el Código Civil dispone: “Artículo 30. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley puede ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.”; a propósito de la interpretación de los contratos: 1622, C.C. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil prescribe: “Artículo 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos...” “Artículo 250. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. “Artículo 258. Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, y comprende aun lo meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato”.

(7) E. betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Giuffre, Milano, 1971, pág. 16.