Sentencia 2011-00017 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCION A

Rad.: 110010325000201100017 00 (0046-2011)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Manuel Alberto Ramírez Uribe

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil catorce.

Llegado el momento de decidir sobre el fondo del asunto y no encontrando causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia, previos los siguientes:

Antecedentes

MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demanda de esta Corporación la nulidad de los fallos de 29 de mayo de 2009 y 26 de abril de 2010 por medio de los cuales fue declarado responsable disciplinariamente y le fue impuesta sanción de destitución e inhabilidad por el término de dos (2) años para el ejercicio de funciones públicas, expedidos por la Procuraduría Provincial de Pereira y Regional de Risaralda, respectivamente.

A título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la entidad demandada al pago de los ingresos que dejó de percibir como arquitecto, desde la fecha que fue removido del cargo hasta la ejecutoria de la presente sentencia, se desanote de los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación la sanción y se ordene el pago de los perjuicios morales causados por la actuación administrativa.

Como fundamentos fácticos en los cuales el actor soporta sus pretensiones señaló que entre el 15 de abril de 2004 y 22 de marzo de 2006 desempeñó el cargo de Curador Primero Urbano del Municipio de Dosquebradas Risaralda.

Con oficio SMPD-1565-2005 de 4 de octubre de 2005, el Secretario de Planeación y Control Físico del municipio de Dosquebradas Risaralda, informa al Comité de Veedurías las presuntas irregularidades en que habrían incurrido las Curadurías Urbanas Uno y Dos al expedir licencia de urbanismo 17 de 15 de abril de 2004, concedida para el desarrollo del proyecto urbanización Nueva Esperanza, evidenciándose que la distribución de la sección vial fue modificada, utilizando zona verde y antejardín como zona de parqueo para la urbanización, contrariando las determinaciones del plan vial municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial – Dosquebradas - Acuerdo Municipal 14 de 2000.

En virtud de lo anterior, la Procuraduría Provincial de Pereira investigó y sancionó al actor mediante los actos acusados. Decisión objeto de recurso de apelación que fue confirmada en segunda instancia.

Normas violadas y concepto de la violación

Como normas vulneradas trae a colación las contenidas en las siguientes disposiciones:

- Constitución Política, artículos 29 y 83.

- Ley 734 de 2002 artículos 5º, 6º, 13, 18, 20, 21, 28, 43, 44, 48 y 130.

No podía ningún miembro de la Veeduría Ciudadana formular la denuncia ante la Procuraduría sin que el comité de la misma lo autorizara. Al actuar de manera contraria incurrió en violación del debido proceso.

Al declarar la prescripción de la acción disciplinaria respecto de la conducta realizada el 15 de abril de 2004, consistente en otorgar licencia urbanística de construcción sin las exigencias legales y desconociendo el Plan de Ordenamiento Territorial; no puede la entidad demandada continuar adelantando la investigación y sancionar al actor por el acto que modificó la licencia en comento, en tanto lo accesorio sigue la suerte de los principal.

No existe prueba que demuestre el perjuicio inminente en que incurrió aparentemente el actor en su condición de curador al otorgar y modificar la licencia de urbanismo 17, además la sanción impuesta excedió los principios de favorabilidad y culpabilidad, obedeciendo únicamente a juicios de responsabilidad objetiva olvidando que en materia disciplinaria se encuentra proscrita por la ley.

Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación por conducto de apoderado dio contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, con fundamento en lo siguiente:

El artículo 69 del Código Disciplinario Único señala que la acción se adelantará de oficio, o por información suministrada de servidor público o por queja formulada por cualquier persona; es por ello que al encontrar razones suficientes se puede dar inicio a la investigación disciplinaria y no por ello se vulnera el debido proceso.

Sobre la extinción de la acción disciplinaria por configuración del fenómeno de la prescripción, manifestó que son varias las actuaciones desplegadas por el implicado, la primera es la aprobación de la licencia de urbanismo al proyecto Nueva Esperanza el 15 de abril de 2004 y la segunda la modificación de dicha licencia el 22 de marzo de 2006. Respecto de la primera se declaró la prescripción, sin embargo, por la última fue sancionado, dado que son dos faltas surgidas en un mismo hecho, por lo que no siempre lo subsidiario debe correr la suerte de lo principal.

El proceso disciplinario se desarrolló con sujeción al debido proceso y derecho defensa, se le brindó al inculpado la oportunidad de presentar y controvertir las pruebas allegadas, emplear recursos y exhibir descargos.

El material probatorio aportado a la causa demostró la responsabilidad del sujeto disciplinado en las faltas atribuidas, las cuales se encuentran tipificadas en la ley.

Propuso como excepciones las siguientes: Presunción de legalidad de los actos demandados, falta de requisitos formales de la demanda, cobro de lo no debido y falta de causa.

Ministerio público

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en el que solicita se denieguen las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:

Fueron dos conductas por las que se investigó al actor, que a pesar de ser similares, son autónomas y no coinciden en el tiempo. Los comportamientos se juzgan individualmente, por tratarse de hechos separados que dan origen a recriminaciones independientes, es por esto que si bien se declaró la prescripción respecto a la primera conducta, lo cierto es que se sancionó por la segunda.

Además debe aclararse que no se trató de un acto complejo, aun cuando fueron expedidos por la misma autoridad pero no fue exactamente la misma conducta, sino una extensión que implicó modificaciones estructurales del proyecto de vivienda afectando a los primeros propietarios que no fueron acreedores de esas modificaciones. Quiere decir lo anterior que no se constituyó una sola falta.

De la conducta desplegada por el actor se desprende que infringió normas de obligatorio cumplimiento, dando lugar a imponer sanción, por modificar la licencia que había otorgado para el proyecto de urbanización Nueva Esperanza cambiando las condiciones iniciales y con ello perturbando los derechos y comodidades de quienes ya habían adquirido su vivienda.

Las pruebas arrimadas al proceso disciplinario determinaron sin duda alguna la responsabilidad del demandante con los hechos investigados, originando así la sanción impuesta, pues no logró desvirtuar los cargos que le fueron atribuidos.

Para resolver, se

CONSIDERA:

El problema jurídico gira en torno a determinar la legalidad de los actos acusados(1) por medio de los cuales se declaró responsable disciplinariamente al actor y le fue impuesta sanción de destitución e inhabilidad por el término de dos (2) años para el ejercicio de funciones públicas.

Antes de entrar a decidir el fondo del asunto, la Sala procederá a resolver las excepciones propuestas por la parte demandada, así:

Sobre la falta de requisitos de la demanda afirmó la Procuraduría que el libelo introductorio no cumplió con el requisito consagrado en el artículo 137 del C.C.A. numeral 4º, es decir no explica de manera clara el concepto de violación, expone razones vagas y sin mayor fundamento jurídico.

Examinado el texto de la demanda se tiene que en ella obra tanto la sustentación de los cargos planteados contra los actos acusados, como la invocación de las normas presuntamente vulneradas, razón por la que se desestima la excepción propuesta de falta de requisitos sustanciales y formales.

En cuanto a las demás excepciones planteadas de legalidad de los actos demandados, cobro de lo no debido y falta de causa, la Sala señala que hacen parte del fondo del asunto.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

Las actuaciones administrativas surtidas dentro del proceso disciplinario, fueron las siguientes:

Con oficio SPMD-1565-2005 de 4 de octubre de 2005 el Secretario de Planeación y Control Físico del municipio de Dosquebradas - Risaralda informa a la Veeduría Ciudadana las situaciones irregulares surgidas del otorgamiento y modificación de la Licencia 17 de 15 abril de 2004 al incumplir presuntamente normas del Plan de Ordenamiento Territorial por parte de las Curadurías Urbanas Uno y Dos.

El 25 de mayo de 2006 se inicia indagación preliminar contra el señor Manuel Alberto Ramírez Uribe, en calidad de Curador, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, notificada el 16 de junio del mismo año.

Surtido el trámite preliminar se profirió auto de investigación el 11 de mayo de 2007 y el 22 de enero de 2009 se formularon cargos contra el actor, por lo siguiente:

“Cargo primero

Haber otorgado la licencia de urbanismo 17 el 15 de abril del año 2004 al proyecto de urbanización Nueva Esperanza aprobando el planteamiento respectivo sin que en el mismo se hubieren identificado ni los retiros obligatorios reglamentos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Dosquebradas para la vía sobre la cual se desarrollaría dicho proyecto, ni la zona de parqueo obligatorio con las plazas acorde el número de unidades residenciales para la urbanización de que se trata, a su vez, reglamentada en las normas complementarias del documento técnico soporte del POT”

“Cargo segundo

Haber otorgado la modificación a la licencia de urbanismo 17 de 2004 al proyecto de urbanización Nueva Esperanza, el 22 de marzo del año 2006, aprobando el planteamiento respectivo sin que en el mismo se hubiere identificado la zona de parqueo obligatorio con las plazas acorde el número de unidades residenciales para la urbanización de que se trata, a su vez, reglamentada en las normas complementarias del documento técnico soporte del POT”.

El operador disciplinario consideró que el actor incurrió en la falta disciplinaria señalada en el artículo 55 numeral 3º de la Ley 734 de 2002, que establece:

Sujetos y faltas disciplinarias. Los sujetos disciplinados por este título responderán de las faltas gravísimas aquí descritas. Son faltas gravísimas las siguientes conductas:

3. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función”.

En atención a lo anterior, con acto de 29 de mayo de 2009, el actor es declarado responsable disciplinariamente y sancionado con destitución e inhabilidad por el término de 2 años para ejercer función pública. Interpuesto el recurso de apelación, contra dicho acto, este es resuelto el 26 de abril de 2010, confirmando la decisión.

El demandante propuso contra los actos demandados, los siguientes cargos:

Ningún miembro de la Veeduría Ciudadana podía formular denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, sin que el comité de la misma lo autorizara. Al actuar de manera contraria, incurrió en violación del debido proceso.

Al respecto, el Código Disciplinario Único, artículo 69 dispone:

Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

(…)”

El precepto transcrito establece los distintos mecanismos para adelantar la acción disciplinaria como son: (i) de oficio, (ii) información suministrada por un servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, (iii) queja presentada por cualquier persona o (iv) anónimo siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

En el caso bajo estudio, la Veeduría Ciudadana de Dosquebradas, puso en conocimiento de la Procuraduría el oficio SPMD-1565-2005 emitido por el Secretario de Planeación y Control Físico del mismo municipio, donde señala las irregularidades en que posiblemente el actor incurrió, en su condición de Curador Urbano Uno al incumplir presuntamente las normas para otorgamiento y modificación de la licencia de urbanismo del proyecto Urbanización Nueva Esperanza.

El artículo 1º de la Ley 850 de 2003, dispone que las Veedurías Ciudadanas son mecanismos democráticos que le permiten a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

La queja es un instrumento de acción por medio de la cual los ciudadanos y los diferentes entes pueden ejercer el derecho de acudir ante la autoridad competente para poner en conocimiento cualquier irregularidad cometida por servidor público o particular que desempeñe funciones públicas, conforme lo establece el artículo 69 de la Ley 734 de 2002.

Lo anterior con el propósito de que la autoridad correspondiente dé trámite a la investigación disciplinaria que permita establecer la existencia real de la situación anómala y aplique los correctivos pertinentes.

Por su parte, la Ley 850 de 2003, artículo 15, literal i) señaló que:

“FUNCIONES. Las veedurías ciudadanas tendrán como funciones las siguientes:

i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo los apartes tachados del Proyecto de Ley que se declaran INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-292-03 de 8 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett, con los condicionamientos establecidos para los literales d), f) e i).

Respecto al literal i) indica la Corte en el fallo 'BAJO EL ENTENDIDO de que está incluida la facultad para denunciar a los particulares que incurran en las conductas que indica la disposición.'

Las Veedurías tienen como función poner en conocimiento de la autoridad competente, bien sea de manera escrita o por otro medio, las presuntas irregularidades que cometan los servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de que se adelanten las correspondientes investigaciones.

No es necesario que los miembros que integren las Veedurías Ciudadanas, sean autorizados para presentar quejas o denuncias ante autoridad, en virtud de la autonomía e independencia de que gozan y la función especial para la cual fueron constituidas.

El escrito de queja relacionado anteriormente fue el que originó la investigación disciplinaria que inició la Procuraduría Provincial de Pereira, con el fin de esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad del actor.

No existió vulneración del debido proceso como lo afirma el actor, toda vez que la entidad demandada dio a la queja el trámite respectivo, es decir agotó todas las etapas disciplinarias antes de proferir decisión sancionatoria, el investigado conoció el contenido de la denuncia en su contra, tuvo oportunidad de presentar descargos y pruebas que demostraran su exoneración de responsabilidad, circunstancia que no logró probar en el desarrollo del proceso. Todo lo anterior, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 734 de 2002, que textualmente dice:

“Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público”

Las Veedurías Ciudadanas de acuerdo con la naturaleza para la que fueron creadas, deben verificar que se obedezca y ejecuten las disposiciones vigentes, para lo cual pueden hacer uso del control de fiscalización y en virtud de él dar a conocer las anomalías a los entes encargados de adelantar las respectivas investigaciones. La presentación de quejas por parte de algún miembro de la veeduría no está supeditada a ningún requisito legal y formal que pueda impedir que se interponga motu propio.

En otro de los cargos planteados por el actor, manifestó que al declarar la prescripción de la acción disciplinaria respecto de la conducta realizada el 15 de abril de 2004, consistente en otorgar licencia urbanística de construcción sin las exigencias legales y con desconocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, no puede la entidad adelantar investigación y sancionar al actor por un acto que modificó la licencia respecto de la cual ya se declaró la prescripción, en tanto lo accesorio sigue la suerte de los principal.

Al respecto, es necesario resaltar que la Procuraduría General de la Nación, en acto de 29 de mayo de 2009, declaró la prescripción de la acción disciplinaria en relación con las posibles irregularidades consistentes en otorgar licencia de construcción el 15 de abril de 2004, desconociendo los requisitos legales y contrariando el Plan de Ordenamiento Territorial, pues operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

El 22 de marzo de 2006 el actor en su condición de Curador Urbano Uno de Dosquebradas, aprobó la modificación de la licencia anterior, conducta con la que persistió en la misma inconsistencia surgida con la expedición de la licencia, es decir, cambió sustancialmente la estructura del proyecto de vivienda y afectó a los primeros propietarios de la urbanización Nueva Esperanza, por el cambio de condiciones.

De esta manera, queda claro para la Sala que la entidad demandada formuló dos cargos por hechos distintos, autónomos e independientes, pero que dan lugar a la misma falta disciplinaria establecida en el artículo 55 numeral 3º del Código Disciplinario Único.

Para la Sala es claro que por la segunda conducta por la cual se le formularon cargos al actor, no se configuró la prescripción de la acción disciplinaria, si se tiene en cuenta que la aprobación de la modificación de la licencia de urbanismo 17, se hizo el 22 de marzo de 2006 y el fallo de primera instancia fue proferido el 29 de mayo de 2009, cuando no había operado el fenómeno prescriptivo, pues debe entenderse que este término se computa cuando pasados 5 años de los hechos no se adelanta ni concluye el proceso disciplinario.

La Sala desestima lo afirmado por el demandante al señalar que lo subsidiario debe correr la misma suerte de lo principal, pues cada una de las conductas es autónoma e independiente surgen de la expedición de dos actos administrativos distintos en el fondo y en el tiempo proferidos por la misma persona, es por esta razón que la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada conducta de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, que señala:

“ART. 30.—Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. (Subrayado fuera de texto)

Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique”.

Cabe resaltar que si bien las faltas disciplinarias surgieron de la expedición de la misma licencia de urbanismo para el desarrollo del proyecto urbanización Nueva Esperanza, lo cierto es que el actor continúo cometiendo la misma irregularidad al expedir 2 años después la modificación de dicha licencia, sin identificar la zona de parqueo obligatorio con las plazas acorde al número de unidades residenciales para la urbanización, configurándose así hechos nuevos. Es por ello que se presentaron dos conductas para las cuales el término de la acción disciplinaria debe ser contabilizado de manera separada. Por lo anterior, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

Como último cargo señaló que no existe prueba que demuestre el perjuicio en que incurrió aparentemente el actor en su condición de curador al otorgar y modificar la licencia de urbanismo 17, además la sanción impuesta excedió los principios de favorabilidad y culpabilidad, obedeciendo únicamente a juicios de responsabilidad objetiva, olvidando que en materia disciplinaria se encuentra proscrita por la ley.

Las conductas disciplinarias atribuidas al actor quedaron demostradas con el siguiente material probatorio, entre otro:

- Licencia de urbanismo 17 de abril 15 de 2004, otorgada al proyecto Urbanización Nueva Esperanza.

- Copia de la Modificación a la Licencia de Urbanismo 17 de 2004, expedida el 16 de febrero de 2006, concedida al proyecto urbanización Nueva Esperanza.

- Copia de la segunda modificación a la licencia en comento, expedida el 22 de marzo de 2006, concedida al mismo proyecto.

- Copia del plano del proyecto urbanización Nueva Esperanza

- Oficio SPDM 1254- 06 de 3 de noviembre de 2006, suscrito por la Secretaría de Planeación Municipal de Dosquebradas, Risaralda, donde se señala que se debe conceder una nueva modificación a la Licencia 17 de 2004, por cuanto, de conformidad con las normas urbanísticas, en la urbanización Nueva Esperanza, la zona verde de la vía denominada Circunvalar, puede ser adecuada como bahía para el parqueo ocasional de vehículos, por lo que dicha zona no puede ser identificada como área obligatoria de parqueadero para las viviendas según el número de unidades que conforman la urbanización, como efectivamente se determinó en la modificación a dicha licencia.

Examinado el material probatorio relacionado, observa la Sala que con ellos se logró establecer la falta disciplinaria en que incurrió el actor, de conformidad con lo ordenado por el artículo 142 del Código Disciplinario Único que señala:

“Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”.

La actuación emprendida por el investigado fue contraria a los deberes funcionales encomendados, el curador urbano como particular que desempeña funciones públicas, está sometido al régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002, cuya normatividad establece la clasificación, connotación, descripción de las faltas disciplinarias y sanciones a imponer, entre otros aspectos.

Quedó demostrado que el actor al otorgar y aprobar la modificación de la Licencia de Urbanismo 17 ocasionó desmejoramiento de las condiciones del proyecto de urbanización, pues suprimió las zonas verdes, los antejardines, las zonas de retiro y amplitud de áreas de circulación, para construir viviendas adicionales, afectando los derechos de quienes ya habían adquirido su vivienda bajo unas circunstancias determinadas. Hecho irregular que según lo estudiado y probado constituye falta disciplinaria objeto de sanción.

De igual manera el demandante en razón de su labor como curador, era conocedor de las consecuencias que podía acarrear aceptar dichas modificaciones a la licencia 2 años después y sin embargo decide aprobarla, sin tener en cuenta las repercusiones de convivencia que originaron y los posibles inconformismos de los primeros propietarios.

La dosificación de la sanción obedeció a su condición de particular disciplinable, para lo cual el artículo 56 de la Ley 734 de 2002 dispuso que:

“Los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:

Multa de diez a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad de la falta, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación provenga de nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de uno a veinte años”. (Subrayado fuera de texto)

La prestación del servicio público de Curadurías Urbanas es de carácter permanente, sin importar que el cargo de Curador sea por un periodo de 5 años elegidos por concurso de méritos, en esa medida y atendiendo a las directrices marcadas por el régimen disciplinario, la demandada impone la sanción respectiva, sin que la Sala encuentre que fue desmesurada o desproporcional.

Los hechos y las pruebas son palpables, por lo que no es cierto como lo afirma el actor, que la imposición de la sanción obedeció a juicios de responsabilidad objetiva, los cuales se encuentran proscritos por la ley, toda vez que conocía plenamente los efectos de la modificación de una licencia.

Así las cosas, la Sala encuentra que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE no probadas las excepciones propuestas por el la Procuraduría General de la Nación.

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda promovida por MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ACÉPTASE la revocatoria del poder conferido por la demandada a la Doctora MARLEN BARRETO RINCÓN de acuerdo con el escrito a folio 166.

RECONÓCESE personería al doctor RICARDO RIZO SALAZAR como apoderado de la Procuraduría General de la Nación, en los términos del poder conferido a folio 166.

ACÉPTASE la renuncia del poder conferido por la demandada al doctor RICARDO RIZO SALAZAR de conformidad con el escrito a folio 192 del expediente.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

1 Fallos de 29 de mayo de 2009 y 26 de abril de 2010 proferidos por la Procuraduría Provincial de Pereira y Regional de Risaralda, respectivamente.