Sentencia 2011-00018 de julio 24 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según acta de Sala 57 de la fecha

Expediente: 23001110200020110001802

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: veintitrés de julio de dos mil trece.

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Conforme al artículo 116 de la Constitución Política, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria tiene la facultad de administrar justicia y tal como lo dispone el artículo 256-3 ibídem conocer de las faltas en que incurran los abogados en ejercicio de la profesión, tema desarrollado por la Ley 270 de 1996, artículo 112-4 para conocer de algunas decisiones emitidas por los Consejos Seccionales de la Judicatura y hoy por la Ley 1123, según el artículo 59 de esa ley.

Antes de adentrarse la colegiatura al estudio del fondo del asunto, es necesario precisar que, si bien respecto del presente proceso se surtió trámite de cambio de radicación solicitado de oficio por los magistrados integrantes de la Sala de primera instancia, lo cierto es que, la providencia proferida por esta superioridad, en la cual se accedía a tal petición fue emitida el 16 de enero de 2013, pero el oficio por medio de la secretaría judicial informó lo dispuesto a dicho seccional, data del 23 de abril y tiene sello de recibido del 7 de mayo siguiente, es decir, no obstante concederse el cambio de radicación, éste no pudo materializarse pues en el interregno entre el proveído y la comunicación al a quo, éste profirió la sentencia objeto de apelación, —fechada el 27 de febrero del año en curso—, sin que tal situación tenga la entidad de viciar de nulidad lo actuado, pues las circunstancias originarias de la solicitud de los magistrados no les impidieron dictar la providencia sancionatoria, la cual será objeto de análisis por esta Sala.

Del asunto en concreto. Se trata de conocer la apelación interpuesta contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante la cual le impuso al abogado Guillermo Raúl Rhenals Nova, sanción de suspensión de cinco años en el ejercicio de la profesión, al haberlo encontrado responsable de incurrir de manera dolosa, en las faltas previstas en el artículo 33-9 y literales a), c) y d) del artículo 34 del Código Disciplinario de los Abogados, que a la letra señalan:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.

ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente.

a) No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado;

c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto;

d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos”.

Es la conducta objetiva a analizar el que el abogado disciplinado conciliara o transara con la contraparte, en procesos seguidos contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional del Ahorro y Fiduprevisora S.A., no obstante que para el efecto era necesario contar con la aprobación previa del comité conciliatorio, sumado a que en dichos asuntos se presentaron como títulos ejecutivos actos administrativos que carecían de validez.

Los preceptos normativos que deben ser tenidos en cuenta por esta Sala disciplinaria, a efectos establecer la reprochabilidad del actuar del jurista aquejado son los siguientes:

Decreto 2831 de 2005: En su artículo 4º señala que “El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del fondo para su aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de educación”.

Decreto 1716 de 2009: En su artículo 16 dispone que “El comité de conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del comité” (resaltado fuera de texto).

Código Contencioso Administrativo —vigente para la época de los hechos— en su artículo 218 consagraba que “cuando el demandado sea persona de derecho privado, sociedad de economía mixta o empresa industrial y comercial del Estado, podrá allanarse a la demanda en los términos de los artículos 93 y 94 del Código de Procedimiento Civil.

La Nación requerirá autorización del Gobierno Nacional; las demás entidades públicas sólo podrán allanarse previa autorización expresa y escrita del ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador o alcalde que las represente o a cuyo despacho estén vinculadas o adscritas.

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente la sentencia.

Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción”.

Código de Procedimiento Civil, según su artículo 341 “Los representantes de la nación, departamentos, intendencias, comisarías y municipios no podrán transigir sin autorización del gobierno nacional, del gobernador, intendente, comisario o alcalde, según fuere el caso”. Y esa misma normativa en su artículo 70 consagra que “el apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma”.

Directiva Presidencial 5 del 22 de mayo de 2009(5), establece que “la solicitud de conciliación deberá ser estudiada por el comité de conciliación de manera oportuna, la decisión acerca de su viabilidad debe tomarse en el menor tiempo posible y con la debida antelación a la citación a audiencia”.

Así las cosas, es oportuno precisar al doctor Rhenals Nova, que no se encuentra en discusión el hecho de que en las facultades expresamente consagradas en los poderes otorgados, se encontraban incluidas las de conciliar y transar, sin embargo, lo reprochado por esta jurisdicción es que a sabiendas de la naturaleza de los intereses cuya defensa le fue encargada, actuara sin atender los lineamientos normativos que enmarcaban su labor profesional, y según los cuales, debía someter a aprobación del respectivo comité la celebración de ese tipo de acuerdos para la solución alternativa de conflictos, esto, por cuanto si bien era apoderado, esa condición no tiene el alcance de autorización para desconocer los requisitos habilitantes de su gestión, especialmente sí en cuenta se tiene que no actuaba en representación de particulares, pues los pleitos planteados por los demandantes recaían en el reconocimiento de derechos patrimoniales con cargo al erario público.

Obra en el acervo probatorio copia de los siguientes documentos:

Acuerdo de transacción suscrito entre el disciplinado y abogado Jaime Agames Pineda(6), por concepto de reajuste a la pensión vitalicia e indexación, la suma de $ 4.044.584.156, por concepto de agencias en derecho y por costas procesales $ 606.687.623, para un total de $ 4.651.271.779. Correspondiente al proceso 00077-2010 a cargo del Juez Civil del Circuito de Lorica.

Acuerdo de transacción suscrito entre el disciplinado y abogado Jaime Agames Pineda(7), por concepto de reajuste a la pensión vitalicia e indexación, la suma de $ 10.838.521.334, por concepto de agencias en derecho y por costas procesales $ 1.624.878.200, para un total de $ 12.463.399.534. Correspondiente al proceso 00100-2010 a cargo del Juez Civil del Circuito de Lorica.

Acuerdo de transacción suscrito entre el disciplinado y abogado Jaime Agames Pineda(8), por concepto de reajuste a la pensión vitalicia e indexación, la suma de $ 4.130.072.627, por concepto de agencias en derecho y por costas procesales $ 619.510.894, para un total de $ 4.749.583.521. Correspondiente al proceso 2010-00097 a cargo del Juez Civil del Circuito de Lorica.

Acuerdo de transacción suscrito entre el disciplinado y abogado Jaime Agames Pineda(9), por concepto de reajuste a la pensión vitalicia e indexación, la suma de $ 4.862.773.558, por concepto de agencias en derecho y por costas procesales $ 729.416.033.70, para un total de $ 5.592.189.591.70. Correspondiente al proceso 00085-2010 a cargo del Juez Civil del Circuito de Lorica.

Acuerdo de transacción suscrito entre el disciplinado y abogado Robert de Jesús Montes López(10), por concepto de reajuste a la pensión vitalicia e indexación, la suma de $ 5.511.458.686, por concepto de agencias en derecho y por costas procesales $ 826.718.802, para un total de $ 6.338.177.488. Correspondiente al proceso 2010-00073 a cargo del Juez Civil del Circuito de Lorica.

Dichas conciliaciones fueron presentadas ante la juez el 29 de octubre de 2010 y a ellas le fue impartida la correspondiente aprobación.

En ese orden de ideas, surge de manera evidente la configuración objetiva del tipo disciplinario contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado por el cual fue llamado a juicio el abogado investigado, precisamente porque el hecho de la disposición de los dineros públicos sin previa aprobación del comité conciliatorio es manifiesto, encontrándose entonces configurada la intervención en actos fraudulentos con el consecuencial detrimento de intereses del Estado y de la comunidad, pues se trata de dineros de naturaleza pública y de montos elevados, que el abogado decidió motu proprio reconocer en favor de los demandantes, no obstante que además de no mediar visto bueno del mencionado comité, la sentencia condenatoria no era inminente, pues existía estrategia de defensa que podía ser discutida en los respectivos procesos y consistía en alegar la falta de validez de las resoluciones presentadas como títulos ejecutivos.

En cuanto a la culpabilidad, esta Sala se encuentra de acuerdo con el a quo al considerarla dolosa, puesto que a sabiendas de la naturaleza de los intereses representados y que no podía simplemente disponer de los mismos, por cuanto, existía un procedimiento de aprobación previo para cada caso concreto al cual debía someter la solicitud de solución alternativa de conflictos, lo desconoció en los diferentes procesos a su cargo, es decir, actuó sin el visto bueno que en materia de conciliación de derechos patrimoniales a cargo del Estado se requiere, y a sabiendas que ello podría causar perjuicio al erario público, no siguió el curso de los procesos ejecutivos procurando el éxito de las excepciones planteadas a las respectivas demandas, sino que optó por llegar a un acuerdo con el apoderado de la contraparte por altas sumas de dinero.

Ahora bien, el profesional del derecho al ejercer la gestión encomendada también actuó en contra de sus deberes de lealtad con el cliente, precisamente porque del material probatorio obtenido, de sus declaraciones, así como, de la queja misma, se advierte que efectivamente cometió las faltas descritas en los literales a), c) y d del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007:

Le es imputable el literal a) de esa norma, precisamente porque el abogado se abstuvo de manifestarle a sus poderdantes “su franca y completa opinión acerca de los asuntos encomendado”, pues ante demandas como las de marras y la existencia de excepciones en su contra, se abstuvo de manifestar que en su criterio era mejor optar por un mecanismo alternativo de conflictos, y en cambio optó por actuar conforme a su arbitrio desconociendo los protocolos normativos que enmarcaban esta clase de acuerdos cuando se encuentran comprometidos dineros del erario público, no en vano recibió los poderes para representar los intereses de las demandadas en los respectivos procesos, sin que su labor estuviera restringida a la realización de diligencia de conciliación o transacción.

Igualmente, el segundo literal del referido artículo se cometió por cuanto, calló situaciones inherentes a la gestión encomendada, puesto que además de no haber informado a sus mandantes y de manera previa la intención de conciliar, se abstuvo de comunicarles que unilateralmente había celebrado los respectivos acuerdos con la contraparte, precisamente el Grupo Acisa S.A., lo requirió mediante correos electrónicos para que rindiera una explicación de lo acontecido, y según se informa en la queja, alteró la información al afirmar que era falso que hubiera conciliado; todo ello precisamente procurando desviar la libre decisión de sus procurados en el manejo de los asuntos encomendados, quienes se mostraron en desacuerdo con la solución alterna de conflictos empleada por el disciplinado, por cuanto carecía de previa aprobación del respectivo comité encargado de evaluar la viabilidad y conveniencia de la misma en cada caso concreto.

Sumado a lo anterior, incurrió en el tercer literal señalado porque el abogado no informó la constante evolución de los asuntos encomendados ni las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos, precisamente ello se infiere del hecho que incluso estando aprobadas las conciliaciones por la juez del asunto, la Fiduprevisora S.A., tan solo tuvo noticia de una de ellas cuando vía fax recibió el documento contentivo de la misma, es decir, no sólo se abstuvo de consultar al comité conciliatorio sobre la viabilidad en cada caso particular de llegar a un acuerdo con la contraparte, sino que optó motu proprio por celebrarlos y solicitar su aprobación, tampoco comunicó a sus clientes que los procesos habían avanzado en ese sentido.

En este sentido, no son de recibo los argumentos de defensa del profesional del derecho cuando afirma que los correos electrónicos no eran la vía procesal para revocarle su facultad de transar y conciliar, además de haber sido recibidos después de celebrar los respectivos acuerdos, pues ciertamente, en los poderes otorgados se observa la expresa concesión de dichas facultades, pero ello no implica que se encontrara habilitado para pasar por alto todo el ordenamiento jurídico regulador de su gestión, y por su condición profesional sabe que el desconocimiento de la ley no es excusa, es decir, no puede pretender justificar su comportamiento afirmando desconocer los procedimientos previstos para conciliar derechos de naturaleza patrimonial a cargo de Fiduprevisora S.A., el Ministerio de Educación Nacional o el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quienes se encontraba representando judicialmente.

El hecho que los mensajes por correo electrónico fueran enviados con posterioridad a su actuar reprochable, no puede traducirse en eximente de responsabilidad disciplinaria, precisamente por cuanto, ellos se originaron con ocasión del conocimiento que sus mandates tuvieron respecto de los hechos no informados por él oportunamente, además, no se contiene en ellos una revocatoria de sus facultades de conciliar o transar como pretende hacerlo ver el disciplinado, pues lo allí descrito es un recordatorio del protocolo normativo al cual se encontraba sometido para el ejercicio de las mismas, así como un requerimiento para que informara lo sucedido y procediera a realizar las actuaciones tendientes a sanear lo actuado, además, ante su actuar omisivo debieron conferirse poderes a otro profesional del derecho, este último evento sí se trata de una revocatoria de poder tácita.

Todo lo expuesto, otorga a esta colegiatura certeza del actuar desleal y contrario a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, por parte del doctor Rhenals Nova, quien no realizó una labor decorosa como abogado, sino que se apartó de sus deberes profesionales, sin que el hecho de presentar sendos desistimientos de las conciliaciones a los despachos judiciales pueda exonerarlo de responsabilidad, por cuanto, ya había logrado la aprobación de las terminaciones alternativas de los procesos y el poder le había sido otorgado a otro abogado, es más, este último comportamiento va en contravía de toda su argumentación defensiva, según la cual, actuó conforme a derecho y habilitado por los poderes otorgados.

Estas faltas fueron cometidas con dolo, tal como lo consideró el a quo, por cuanto, el profesional del derecho como abogado que es, conoce los deberes impuestos por el ejercicio de la abogacía, sabía que a sus representados les asistía interés en las resultas del proceso y en consecuencia, en el estado del mismo, así como, en las diferentes actuaciones que allí se surtieran, no obstante, el togado incurrió en los comportamientos descritos, siendo su voluntad actuar de la forma reprochada, no en vano, sus clientes se enteraron por otra fuente de lo acontecido y habiéndosele requerido para rendir la correspondiente explicación se abstuvo de hacerlo. Es decir, fue su querer actuar en contravía del deber de lealtad con su cliente.

De la ilicitud. Si bien la Ley 1123 de 2007 pregona la antijuridicidad en artículo 4º podría entenderse por la redacción de la norma que se asimila a la antijuridicidad desarrollada en materia penal, no obstante está condicionada en el derecho disciplinario a la infracción de deberes aunque obedezca como en el penal al desarrollo del principio de lesividad. No en vano dicho precepto normativo condicionó que la falta es antijurídica cuando con la conducta se afecta sin justificación, alguno de los deberes previstos en este mismo código.

Obviamente que ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario.

Quiere decir que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable del principio de lesividad o su equivalente en materia penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en disciplinario, el quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo reconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria.

Al respecto pude traerse a colación el que:

“…siendo el régimen de los abogados en ejercicio de la profesión de aquellas regulaciones inherentes a las profesiones liberales de libre escogencia, tal como lo previó, con naturaleza de derecho fundamental la Constitución Política(11), la concepción de este principio cuando se busca responsabilizar al litigante que incurre en falta disciplinaria, no difiere grandemente de aquella concepción prevista en el CDU, aunque no coincida en forma absoluta, bien con el entonces Decreto 196 de 1971, ora con el Nuevo Código de la Abogacía dado en la Ley 1123 de 2007.

Y, no tiene diferencia substancial, por cuanto desde el Decreto 196 de 1971, cuya precaria normativa procesal obligaba su integración con los códigos de Procedimiento Penal, a fin de dar plena aplicación cuando se investigaba una conducta que pudiera ser reprochable al abogado litigante(12), como sujeto pasivo de esa acción disciplinaria, como tal, pública, perseguible de oficio si fuere del caso, quedando entonces esa acción revestida de carácter pública y jurisdiccional.

Pero en lo que interesa al tema en desarrollo —ilicitud sustancial— desde la vigencia de aquel decreto, no se previó una estructura de la falta que permitiera distinguir si se aplicaba como principio de lesividad el ilícito o el injusto. Al punto de llegar a pensarse que mutatis mutandi regía la antijuridicidad material rectora del derecho penal con categoría de injusto, pues la integración legalmente permitida y obligada para su aplicación deja ver esa posibilidad por no tener dicho estatuto del abogado regulación de la materia.

No obstante ese vacío, es la dogmática la que permite evolucionar al respecto y se hacen nítidas diferencias igualmente de ese derecho disciplinario con el derecho penal, estableciéndose claramente que estaba sujeto a reglas o normas subjetivas de determinación, ello implica sin equívocos la vinculación del abogado litigante a relaciones especiales de sujeción.

Pero esa sujeción especial ya no tiene como referente la función pública, que por serlo, le es encargada a los servidores públicos y ocasionalmente a los particulares, en este caso esa relación de sujeción viene dada respecto de la profesión, quiere decir, lo vincula en una relación de convivencia sana entre la profesión y el ejercicio de la misma, para que se desarrolle o ejercite conforme a unos cánones éticos traducidos en deberes al interior de los postulados también legislados o de índole normativo como se tiene previsto en la juridicidad colombiana.

Lo anterior para significar que dicho principio de lesividad está desarrollado igualmente bajo la ilicitud sustancial por tratarse de la protección de deberes debidamente legislados, más no de bienes jurídicos dispuestos para el otro derecho punitivo.

Precisamente el Decreto 196 de 1971 estableció un catálogo de deberes(13), que en su contexto o la forma como fue previsto en ese estatuto no constituye falta disciplinaria, convertido en una especie de carta de navegación para que los abogados litigantes enmarquen su comportamiento al momento de ejercer la profesión, es decir, el desconocimiento de ese deber por sí solo no trasciende a la ilicitud mientras no se tuviera previsto un listado de faltas.

Pero dicho estatuto previó las faltas en forma expresa, de las cuales se pudo constatar que cada una de esa descripción responde al desconocimiento de un deber, ejercicio que a bien tuvo hacer desde 1994 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando concluyó:

“Dichos deberes profesionales se constituyen en la fuente que da vida a la antijuridicidad sustancial en el derecho disciplinario, hasta el punto que, si se constata, los artículos que realizan las respectivas descripciones típicas concuerdan o coinciden con alguno de los deberes profesionales consignados en el catálogo del artículo 47. Ello se hace más evidente cuando se mira el encabezamiento de cada uno de los siguientes artículos que realizan las descripciones típicas: a) Artículo 48: “Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión”; que se corresponde con la primera parte del numeral I del artículo 47: “Conservar la dignidad de la profesión”; b) Artículo 49: “Son faltas contra el decoro profesional”; que se sustenta en el deber profesional consagrado en la segunda parte del numeral I del artículo 47, “Conservar el decoro profesional”; (…), d) Artículo 51: “Son faltas contra la recta administración de justicia”; corresponde al deber consagrado en la parte primera del numeral 2º del artículo 47, “colaborar lealmente en la recta administración de justicia”; (…). f) Artículo 53: “Constituyen faltas de lealtad con el cliente”; cuyo origen es la primera parte del numeral 4º del artículo 47; “Obrar con absoluta lealtad en sus relaciones con los clientes (…) g) Artículo 54: “Constituyen faltas a la honradez del abogado”; fundada en el deber profesional consagrado en la segunda parte del numeral 4º del artículo 47; “Obrar con absoluta honradez en sus relaciones con los clientes”, (…) i) ART. 56—“Constituyen faltas a la lealtad profesional”; originado por virtud del deber profesional consagrado en el numeral 7º del artículo 47; “proceder lealmente con sus colegas”(14).

Quiere decir que la profesión de la abogacía no puede estar despojada de nexos con los deberes y obligaciones que su ejercicio le impone, pues ello, implicaría obviamente desconocer el marco social y jurídico en el que actúa, para dar paso al abuso y la ruptura de reglas de convivencia exigidas al interior del pacto mayor.

Ahora, en la Ley 1123 no se diferenció el principio de lesividad como lo hizo la Ley 734 de 2002 respecto de los servidores públicos, pues en este nuevo orden normativo se volvió a la peligrosa concepción de la antijuridicidad, siendo ésta la incursión en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el código.

Significa ello que mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal.

Tal concepción de antijuridicidad como desarrollo del principio de lesividad, armonizado con la consagración de las faltas disciplinarias dada entre los artículos 30 al 39 de esta ley, puede generar la mala comprensión de estarse tratando de una antijuridicidad material dirigida a cuestionar la violación de bienes jurídicos, pues la técnica legislativa concebida en algunas faltas allí prevista: “Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión; Son faltas contra el decoro profesional; constituyen faltas contra el respecto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas; son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado; …Son faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos”, dan a pensar que se está protegiendo en realidad bienes jurídicos debidamente tutelados por el Estado a través de la ley disciplinaria, lo cual traduciría un injusto para desvalorar una puesta en peligro o vulneración efectiva de ese bien jurídico.

No obstante ello, no hay que desviar la naturaleza misma del derecho disciplinario, no otra que el encauzamiento del deber ser profesional, cuya percepción ontológica determina con facilidad la sujeción del profesional del derecho a deberes y obligaciones que le impone las relaciones jurídicas con el Estado, los clientes, los colegas y responsabilidades sociales encargadas pero igualmente consustanciales a esa profesión libremente escogida.

En conclusión, la ilicitud, también va de la mano en la estructura de la falta disciplinaria en la nueva ley disciplinaria de la abogacía, pues el mismo artículo 4º condicionó esa antijuridicidad a la afectación de deberes sin justificación, lo cual permite continuar afirmando la presencia de normas subjetivas de determinación, por estar apuntando a modelos de conducta mediante la consagración de deberes”(15).

Así las cosas, bien puede deducirse la ilicitud en este caso, que va de la mano del principio de lesividad, pues contrarió las faltas de los artículos 33 y 34 de la Ley 1123 de 2007, que tienen correlación directa con los deberes previstos en el artículo 28 numerales 5º, 8º, 10, 13 y 18-C de ese mismo Código Disciplinario de los Abogados, sin que sean atendibles las explicaciones dadas.

De la sanción. En virtud de lo anterior, preciso es avalar la estimación del quantum para la sanción dada en primera instancia, pues la misma deviene en proporcional, atendiendo la trascendencia social de su comportamiento y el perjuicio que para la profesión del derecho se deriva de conductas desleales entre sus propios colegas.

Lo anterior, toda vez que el ejercicio de la abogacía requiere ser controlado con la finalidad de lograr la efectividad de los derechos y principios consagrados en la Constitución, con mayor razón cuando los juristas deben dar ejemplo de honradez y lealtad en sus diversas actuaciones y, en el caso sub lite, la conducta de la disciplinada dista de la misión de todo profesional del derecho, más aún sí como en el caso, se le encomienda la defensa de los intereses del Estado, es decir, los de toda la comunidad, evento en el cual la nocividad de las faltas tienen una esfera de afectación mayor dado que el espectro donde se reproducen sus efectos involucra los intereses de toda la sociedad colombiana, porque además de encontrarse comprometido dinero destinado para la seguridad social integral, también se pone en riesgo el erario público.

La sanción igualmente se justifica, por cuanto, no se presenta ninguna de las causales de atenuación previstas en el literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, y el mismo legislador definió los límites de la suspensión en el ejercicio de la profesión, disponiendo que el mínimo sería de 6 meses y el máximo de 5 años, “cuando —como en el presente caso— los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública”.

Siendo este el panorama, la sanción impuesta en primera instancia se confirmará, en tanto que con el actuar arbitrario del togado y al incurrir en las múltiples faltas que le fueron imputadas, no sólo comprometió el erario público sino que actuando de manera dolosa, reiterada, perjudicó a su cliente con comportamientos que —dada la relevancia y montos dinerarios puestos en riesgo—, trascienden socialmente, porque a toda la comunidad en general le interesa que quienes ejercen la defensa de los intereses estatales asuman un actuar decoroso y conforme a la ética de la abogacía.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, por medio de la cual se le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cinco (5) años al abogado Guillermo Raúl Rhenals Nova, por haber sido declarado responsable de incurrir dolosamente, en las faltas descritas en el artículo 33-9 y literales a), c) y d) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notifíquese personalmente esta decisión al disciplinado, de no ser posible previa citación, se hará en la forma subsidiaria de ley. Para lo cual se comisiona a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que surtió la primera instancia.

3. Regístrese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para lo cual se le remitirá copia ejecutoriada de esta providencia, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

4. Devuélvase el expediente al seccional de origen.

Cúmplase.»

(5) Para: Ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gerentes, directores, representantes legales de entidades descentralizadas del orden nacional y miembros de los comités de conciliación de los organismos y entidades del orden nacional. De: Presidente de la República. Asunto: Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo.

(6) Apoderado de Maira Amparo Mejía y otros.

(7) Apoderado de Abel Adalberto Ibáñez y otros.

(8) Apoderado de José Francisco Álvarez y otros.

(9) Apoderado de Julia Cristina Álvarez y otros.

(10) Apoderado de Elida Tuirán Gutiérrez y otros.

(11) Artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social...”.

(12) El artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política le encargó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la función de examinar la conducta y sancionar las faltas en que incurran los abogados en el ejercicio de su profesión

(13) Artículo 47 del Decreto 196 de 1971 previó como deberes la celosa diligencia profesional, conservar el decoro y la dignidad profesional, preservar la honradez, la lealtad y honradez Ens. Relaciones con los clientes, colaborar con la recta administración de justicia, observar la mesura, seriedad y respeto, entre otros.

(14) Radicación 1022A-155, M.P. Edgardo José Maya Villazón.

(15) Lecciones de derecho disciplinario Volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario, pág. 35 y ss.