Sentencia 2011-00021 de noviembre 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-27-000-2011-00021-00 [18943]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Carlos Andrés Lizcano Rodríguez

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Simple nulidad parcial – Decretos 2645 y 2820 de 2011

Fallo

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a decidir la acción de simple nulidad contra los numerales 3 del inciso 4º y 2 y 3 del inciso 6º del artículo 1º del Decreto 2645 de 2011 así como los numerales 3 del inciso 4º y 2 del inciso 6º del artículo 1º del Decreto 2820 de 2011, ambos decretos expedidos por el Gobierno Nacional y que se refieren a la formalización de la inscripción en el registro único tributario – RUT.

Cuestión previa

Antes de analizar los argumentos presentados por el demandante, la Sala observa que las normas invocadas como infringidas son todas de rango constitucional, lo cual, en principio, no corresponde a la finalidad de la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA, ya que la confrontación en esta clase de acción se realiza entre el acto acusado y normas de rango legal.

Sin embargo, como el acto demandado es un decreto reglamentario, de acuerdo con lo establecido por el numeral 7º del artículo 97 del CCA y en armonía con lo señalado por la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corporación, esta Sección advierte que la acción incoada es la de simple nulidad y no la de nulidad por inconstitucionalidad.

En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(1) ha precisado lo siguiente:

“Por lo tanto, si la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ‘conforme a las regla que señale la ley’ (D. 1/84 o CCA, art. 82), está instituida por la Constitución con el objeto de juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas que desempeñen funciones administrativas, de ello dimana que la atribución que la Constitución otorga al Consejo de Estado para ‘desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo’ en punto a decretos de Gobierno Nacional, está referida a aquellos dictados en el ejercicio de la función administrativa, vale decir, a los que desarrollan o dan aplicación concreta a la ley, o condicionan la aplicación de una situación general preexistente a una persona determinada.

El control jurisdiccional sobre estos decretos de índole eminentemente administrativa, se ejerce mediante la ‘acción de nulidad’, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por motivos tanto de inconstitucionalidad como de ilegalidad.

En ese orden de ideas, y por exclusión, las ‘acciones de nulidad por inconstitucionalidad’ atribuidas a la Sala Plena del Consejo de Estado por el numeral segundo del artículo 237 de la Constitución, son aquellas cuya conformidad con el ordenamiento jurídico se establece mediante su confrontación directa de la Constitución Política.

En cualquier otro caso, en la medida en que el parangón deba realizarse en forma inmediata frente o a través de normas de rango meramente legal, así pueda predicarse una posible inconstitucionalidad, que será mediata, la vía para el control no puede ser otra que la acción de nulidad, que por antonomasia es propia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa”.

En el sub examine, se advierte que entre las normas de naturaleza constitucional invocadas como infringidas y el acto demandado, se encuentra una norma con fuerza material de ley objeto de reglamentación, como es, el artículo 19 de la Ley 863 de 2003, por lo que implícitamente los cargos son sustentados por violación de la ley a las normas de la Carta Política, lo que significa que la infracción de disposiciones constitucionales estaría mediatizada por la violación de la norma con fuerza de ley señalada, en consecuencia, la acción es la de simple nulidad(2), tal como fue interpuesta por el actor y tramitada por el despacho ponente y, por ende, el proceso es de competencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado(3).

Adicionalmente debe precisarse que si bien, como lo alegó la entidad demandada, el Decreto 2645 del 27 de julio de 2011 tuvo una vigencia limitada en el tiempo, toda vez que fue derogado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011(4), también objeto de demanda, tal situación no sustrae a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para pronunciarse sobre su legalidad, toda vez que el análisis de normas que han sido derogadas tiene sustento en los posibles efectos que pudieron producir mientras estuvieron vigentes.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 14 de enero de 1991, Exp. S-157, M.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, sostuvo:

“[L]a Sala opina que, aún a pesar de haber sido ellos derogados, es necesario que esta corporación se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de contenido general que se impugnen en ejercicio de la acción de nulidad, pues solamente así se logra el propósito último del otrora llamado contencioso popular de anulación, cual es el imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad posiblemente afectada por la norma acusada, imperio y legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora, sino por el pronunciamiento definitivo del juez administrativo. Y mientras tal pronunciamiento no se produzca, tal norma, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido particular que hubiesen sido expedidos durante su vigencia”.

Precisado lo anterior, procede la Sala al estudio de los cargos propuestos por el demandante.

Análisis de fondo

El registro único tributario fue creado por el artículo 19 de la Ley 863 de 2003 que adicionó el estatuto tributario con el artículo 555-2, norma que dispone lo siguiente:

“ART. 555-2.—Registro único tributario - RUT. Artículo adicionado por el artículo 19 de la Ley 863 de 2003. El registro único tributario, RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción.

El registro único tributario sustituye el registro de exportadores y el registro nacional de vendedores, los cuales quedan eliminados con esta incorporación. Al efecto, todas las referencias legales a dichos registros se entenderán respecto del RUT.

Los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedimientos de inscripción, actualización, suspensión, cancelación, grupos de obligados, formas, lugares, plazos, convenios y demás condiciones, serán los que al efecto reglamente el Gobierno Nacional.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribirá el formulario de inscripción y actualización del registro único tributario, RUT.

PAR. 1º—El número de identificación tributaria, NIT, constituye el código de identificación de los inscritos en el RUT. Las normas relacionadas con el NIT serán aplicables al RUT.

PAR. 2º—La inscripción en el registro único tributario, RUT, deberá cumplirse en forma previa al inicio de la actividad económica ante las oficinas competentes de la DIAN, de las cámaras de comercio o de las demás entidades que sean facultadas para el efecto.

Tratándose de personas naturales que por el año anterior no hubieren estado obligadas a declarar de acuerdo con los artículos 592, 593 y 594-1, y que en el correspondiente año gravable adquieren la calidad de declarantes, tendrán plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha de vencimiento prevista para presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registrarse por una calidad diferente a la de contribuyente del impuesto sobre la renta.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de tramitar operaciones de comercio exterior cuando cualquiera de los intervinientes no se encuentre inscrito en el RUT, en la respectiva calidad de usuario aduanero.

PAR. TRANSITORIO.—Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen simplificado que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no se hubieren inscrito en el registro único tributario, RUT, tendrán oportunidad de inscribirse sin que haya lugar a la imposición de sanciones, antes del vencimiento de los plazos para la actualización del RUT que señale el reglamento” (negrillas fuera de texto).

Como se advierte, el registro único tributario – RUT constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, responsables, agentes retenedores, declarantes y no declarantes de los impuestos que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian.

Además, se observa, que el artículo 19 de la Ley 863 de 2003 dispuso que el Gobierno Nacional reglamentara los procedimientos de inscripción, actualización, suspensión, cancelación, grupos de obligados, formas, lugares, plazos, convenios y demás condiciones. En cumplimiento de lo anterior, se expidió el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004(5), que en el artículo 9º denominado “Formalización de la inscripción en el registro único tributario”, estableció por primera vez, a nivel reglamentario, los requisitos para que los obligados de los impuestos que administra la Dian, realizaran su inscripción(6).

Pues bien, el artículo 1º de los Decretos 2645 y 2820 de 2011, objeto de demanda parcial, modificaron precisamente el artículo 9º del Decreto 2788 de 2004, decretos en los que se advierte, a simple vista, que hicieron más rigurosos los requisitos exigidos para llevar a cabo la inscripción en el registro único tributario – RUT de las personas jurídicas, naturales y sucesiones ilíquidas, en comparación con la forma como lo había regulado inicialmente el Decreto 2788 de 2004, aspecto que resulta relevante para el análisis de la presente demanda, como se expondrá más adelante.

Ahora bien, el demandante sostiene que el requisito de inscripción en el RUT, consistente en acreditar la titularidad de las cuentas corrientes o de ahorros, vulnera el artículo 333 de la Constitución Política, toda vez que únicamente la ley puede limitar la actividad económica y la iniciativa privada; en esas condiciones, no podía el Gobierno Nacional, a través de los actos demandados, imponer un requisito que limite dichas libertades constitucionales, pues el ejecutivo carece de competencia para ello.

En relación con la libertad de empresa prevista en el artículo 333 de la Carta, la Corte Constitucional(7) ha precisado lo siguiente:

“La Corte ha sostenido que el artículo 333 reconoce dos tipos de libertades: la libertad de empresa y la libre competencia[6](8).

La libertad de empresa es la facultad de las personas de ‘(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia’[7](9). Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica, y (ii) la libre iniciativa privada[8](10). (…)” (negrillas fuera de texto).

La libre iniciativa privada ha sido concretada por la Corte Constitucional(11) en la “facultad de participación en el mercado a través de actividades empresariales destinadas a la oferta de bienes y servicios”, y como parte integrante de la libertad de empresa ha señalado que “El término empresa en este contexto parece por lo tanto cubrir dos aspectos, el inicial —la iniciativa o empresa como manifestación de la capacidad de emprender y acometer— y el instrumental —a través de una organización económica típica—, con abstracción de la forma jurídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y laboral”.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que las libertades consagradas en el artículo 333 de la Carta no tienen la naturaleza de derechos fundamentales y pueden ser limitadas en tanto no son absolutas. La Corte Constitucional(12) se pronunció así:

“No obstante, en los términos del artículo 333, las libertades económicas no son absolutas. Esta disposición señala que la empresa tiene una función social que implica obligaciones, prevé que la libre competencia supone responsabilidades, e indica que la ley delimitará el alcance de la libertad económica ‘cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación’. Con base en esta disposición de la Carta, la jurisprudencia constitucional ha concluido que las libertades económicas son reconocidas a los particulares por motivos de interés público[12](13). Por esta razón, en reiterada jurisprudencia, esta corporación ha aclarado que las libertades económicas no son en sí mismas derechos fundamentales[13](14).

Teniendo en cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado tiene la obligación de intervenir en la economía para remediar las fallas del mercado y promover desarrollo con equidad, la Corte ha precisado que las libertades económicas pueden ser limitadas”.

Con fundamento en la doctrina, la Corte Constitucional ha precisado las diferentes modalidades en que el Estado(15), a través de la intervención económica, puede limitar la libertad de empresa, pero ha indicado que para esta intervención o limitación, es necesaria la concurrencia de las ramas del poder público, así:

“Ahora bien, la intervención del Estado en la economía se lleva a cabo con la concurrencia de las ramas del poder público. En primer lugar, en virtud de los principios democrático y pro libertate, la definición de los elementos básicos de las limitaciones de las libertades económicas corresponde exclusivamente al Legislador, es decir, es una materia sujeta a reserva de ley, de ahí que el artículo 333 de la Constitución prevé que para el ejercicio de las libertades económicas ‘nadie podrá exigir permisos previos o requisitos, sin autorización de la ley’ y que ‘la ley delimitará el alcance de la libertad económica’[26](16). Esto significa que es deber del Legislador definir los instrumentos de intervención en la economía, sus límites y la forma cómo las demás autoridades públicas pueden participar en la regulación de las actividades económicas[27](17).

En segundo lugar, por mandato del 189-11 superior, el Ejecutivo puede intervenir en la regulación de la economía en ejercicio de sus potestades reglamentaria y de inspección, vigilancia y control[28](18). Sin embargo, su participación debe sujetarse a la ley, es decir, ni el reglamento ni las labores de inspección, vigilancia y control pueden ser una fuente autónoma de obligaciones; el Ejecutivo solamente puede llevar a cabo una concreción administrativa de los elementos centrales definidos previamente por la ley[29](19).

La participación del Ejecutivo en la regulación de la economía se encuentra justificada además en la complejidad técnica de los asuntos económicos y en la necesidad de que la regulación sea oportuna, en otras palabras, que se adapte al dinamismo que caracteriza las relaciones económicas[30](20)” (negrillas fuera de texto).

Ahora bien, de acuerdo con el marco jurisprudencial expuesto, la Sala precisa que fue el legislador quien, a través del artículo 19 de la Ley 863 de 2002, estableció la obligatoriedad de la inscripción en el registro único tributario, la cual por expresa disposición legal debe cumplirse “en forma previa al inicio de la actividad económica”, de esta manera, este requisito constituye una forma de intervención en la actividad económica de los particulares y cumple con la cláusula general de competencia exclusiva del legislador en materia de la libertad de empresa y de iniciativa privada.

En esa medida, la reglamentación que expidió el Gobierno Nacional a través de los actos acusados, deriva directamente de la autorización dada por el legislador para establecer los distintos procedimientos y requisitos que debe cumplir el obligado para inscribirse en el registro único tributario, pues, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “no puede perderse de vista que en esa potestad de intervención concurren tanto el poder legislativo como el Ejecutivo, representado por las autoridades administrativas que ejercen actividades de inspección, vigilancia y control de los mercados. Según el esquema propuesto, corresponderá al Congreso determinar los aspectos esenciales de la intervención económica, incluso a partir de fórmulas amplias, pudiendo adscribir a dichas autoridades la facultad de definir los aspectos técnicos y puntuales, cuya determinación asegure el cumplimiento efectivo de las finalidades constitucionales de la intervención, (…)”(21).

En las anotadas condiciones, la Sala advierte que el Gobierno Nacional era competente para expedir los decretos acusados y establecer los requisitos para la inscripción en el registro único tributario, como una medida de intervención prevista directamente por el legislador, pues la determinación de las exigencias que deben cumplirse para dicha inscripción, es un asunto que escapa al contenido de lo que debe contener una ley, dada su impersonalidad y generalidad, lo que impide exigir que haya sido la propia ley la que hubiera consagrado aspectos puntuales propios de la facultad reglamentaria de la administración y que, en palabras de las sentencias de la Corte Constitucional antes citadas, requieren adaptarse al dinamismo que caracteriza las relaciones económicas.

Precisamente en atención a lo anterior, en cuanto a la exigencia concreta objeto de demanda, esto es, la constancia de titularidad de cuenta corriente o ahorros activa, dentro del marco conceptual que constituyen tanto la libertad de empresa como la iniciativa privada, la Sala no advierte que este requisito represente una limitación o restricción para que las personas jurídicas o naturales emprendan una actividad económica y participen en el mercado de bienes y servicios, pues a dicha libertad también se oponen deberes, como lo ha señalado la Corte Constitucional: “la libertad de empresa es un derecho que al mismo tiempo exige obligaciones por parte de su titular”(22).

Para la Sala, la exigencia de presentar ante la Dian constancia de la titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes, de que trata los decretos 2645 y 2820 de 2011, constituye una de las cargas administrativas y tributarias que deben asumir los particulares en razón de su actividad.

La titularidad de cuentas bancarias tiene como objeto obtener información veraz y control sobre la actividad de los administrados, lo cual atiende a finalidades más amplias plenamente justificadas en la Constitución, pues la bancarización de las transacciones les imprime transparencia, lo cual contribuye al control de la evasión y el fraude, y permite mejorar el recaudo y hacerlo más eficiente, conforme con los principios previstos en el artículo 363 de la Constitución Política.

En este sentido, resulta pertinente el pronunciamiento de la Corte Constitucional al estudiar la demanda interpuesta contra el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, que adicionó el artículo 771-5 del estatuto tributario(23), en el que se indicó:

“34. Otra razón para juzgar que la norma acusada se ajusta al principio de equidad, la constituye el hecho de que persigue una finalidad constitucional imperiosa y es eficaz para materializarla. En efecto, como puede leerse en los antecedentes legislativos, el cometido inmediato de la disposición es contribuir a la bancarización y formalización de la economía. Esta bancarización persigue a su vez la finalidad más amplia de asegurar mayor transparencia en las transacciones, evitar la evasión y el fraude, mejorar la recaudación y promover la eficiencia del sistema tributario (C.P., art. 363). Y no solo el Congreso de la República considera que esta medida es eficaz para materializar esos propósitos. Esta Corte también ha reconocido que la bancarización es una herramienta adecuada para el efecto en la Sentencia C-989 de 2004, al declarar exequible una norma legal, acusada de violar el principio de equidad, que autorizaba la devolución de dos puntos del IVA a quienes pagaran sus productos con tarjetas de crédito o débito. Y estudios tributarios autorizados en América Latina señalan igualmente que el uso de medios de pago bancarios para la tributación fomenta la eficacia en el recaudo y, con ello, la eficiencia del sistema fiscal”(24).

Lo anterior encuentra aún más justificación en las situaciones fácticas que provocaron la expedición de los decretos acusados, con exigencias más rigurosas en la inscripción en el RUT, pues, conforme con lo expuesto por la Dian en la contestación de la demanda, para la época en que se expidieron los decretos reglamentarios se produjeron situaciones defraudatorias que hicieron imperiosa la necesidad de fortalecer los requisitos que los obligados debían acreditar al inscribirse en el RUT, pues los consagrados en el Decreto 2788 de 2004 resultaron insuficientes para este propósito.

En efecto, en los antecedentes administrativos de los actos demandados, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó la exposición de motivos de los decretos en los que se dejó consignada la necesidad de “crear un marco normativo que permita a la administración tributaria y aduanera solicitar en el momento de la inscripción o actualización del registro único tributario-RUT, las pruebas y soportes que acreditan que la información suministrada por los nuevos inscritos o quienes requieran actualizar sus datos, es veraz y confiable”(25).

En consecuencia, esta Sección advierte que los apartes acusados de los decretos 2645 y 2820 de 2011 no violan la libertad de empresa y de iniciativa privada, como tampoco se advierte, en los términos planteados por el actor en su demanda, que el Gobierno Nacional haya excedido su competencia al expedir la reglamentación, en concreto, frente al requisitos de la titularidad de las cuentas bancarias para la inscripción en el registro único tributario.

Respecto a la vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, al exigir como requisito para inscribirse en el RUT, la constancia de titularidad de una cuenta corriente o de ahorros, debido a que no todos los municipios de Colombia cuentan con servicios financieros y porque es contrario al principio de derecho según el cual “nadie está obligado a lo imposible”, la Sala considera que no le asiste razón al demandante, porque se trata de una mera afirmación sin ningún soporte probatorio y las pruebas recaudadas en el proceso permiten demostrar lo contrario.

Lo anterior, porque con ocasión de la prueba solicitada por el actor, para que la Superintendencia Financiera de Colombia certificara cuáles son los municipios del país que no cuentan con entidades financieras, dicha entidad respondió lo siguiente:

“(…) que la subdirección de análisis e información de este organismo, a través del memorando del 02 de abril de 2014, informó lo siguiente:

‘En cuanto a los municipios del país que no cuentan con entidades financieras, me permito comunicarle que de acuerdo con la información reportada por las entidades financieras a esta superintendencia sobre el número de oficinas y corresponsales bancarios a nivel nacional, y de acuerdo con la clasificación de municipios del Dane, los siguientes son los municipios donde no tienen presencia los establecimientos de crédito:

MunicipioDepartamento
Santa RosaCauca
GonzálezCesar
GuachavezNariño
ImuésNariño
La TolaNariño
MosqueraNariño
Roberto PayánNariño
Jordán SubeSantander
PalmitoSucre

En conclusión para la Sala, el argumento de violación del derecho de igualdad, propuesto por el demandante, carece de fundamento jurídico y fáctico, pues la prueba aportada al proceso permite concluir que la cobertura de establecimientos financieros en los municipios del país es amplia y que son solo unos pocos los entes territoriales que no cuentan con este tipo de servicios.

Finalmente, en cuanto a la violación del principio de la buena fe y los artículos 2º y 4º de la Carta, la Sala advierte que el demandante no desarrolló un concepto de violación concreto en relación con los apartes de las normas acusadas, lo cual impide realizar un análisis de estos cargos.

Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de julio de 1996, Exp. S-612, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa.

(2) En similar sentido, sentencia del 10 de marzo de 2011, Exp. 13857, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Acuerdo 58 de 1999. ART. 13.—Modificado.Ac.55/2003, art. 1º, C.E. Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Cuarta: 1. Los procesos de simple nulidad que versen sobre actos administrativos relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las tasas. 2. (…).

(4) De advertirse que incluso, el Decreto 2460 del 7 de noviembre de 2013 derogó expresamente, entre otros, los decretos 2788 de 2004, 2645 y 2820 de 2011, estos últimos, objeto de demanda.

(5) “Por el cual se reglamenta el registro único tributario de que trata el artículo 555-2 del estatuto tributario”.

(6) Decreto 2788 de 2004. “ART. 9º—Formalización de la inscripción en el registro único tributario. La inscripción en el registro único tributario puede formalizarse de las siguientes maneras y con el lleno de los requisitos señalados a continuación:

a) Personalmente por el interesado o por quien ejerza la representación legal, acreditando la calidad correspondiente;

b) A través de apoderado debidamente acreditado;

c) A través de terceros previa autenticación de la firma del interesado o quien ejerza la representación legal.

Tratándose de la inscripción de personas jurídicas u otras entidades al momento de formalizar la inscripción ante la Dian o entidades autorizadas, debe acreditar el certificado de existencia o representación legal.

PAR. 1º—Las personas naturales que se encuentren en el exterior, podrán presentar el formulario de inscripción previamente diligenciado por Internet, en el país de residencia ante el cónsul respectivo.

PAR. 2º—Cuando el diligenciamiento del formulario de inscripción en el registro único tributario se realice a través de internet, el interesado debe imprimir el formulario y presentarlo ante las administraciones tributarias y/o aduaneras correspondientes o en los lugares autorizados para su formalización”.

(7) C-197 /12, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(8) Ver sentencias C-616 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas, Hernández; C-992 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-486 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras.

(9) Cfr. Sentencia C-524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(10) Ver Sentencia C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(11) C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(12) C-197/12.

(13) Ver Sentencia C-615 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(14) Ver sentencias SU-157 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-352 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; C-486 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

(15) C-150/03. “Ahora bien, la intervención del Estado en la economía puede ser de diferente tipo, sin que siempre pueda efectuarse una diferenciación clara entre las formas de intervención correspondientes. Así, por ejemplo, en la doctrina se habla de intervención estatal global, cuando versa sobre la economía como un todo, sectorial, cuando recae en una determinada área de actividad, o particular, si apunta a una cierta situación como por ejemplo a la de una empresa; de intervención estatal directa, cuando recae sobre la existencia o la actividad de los agentes económicos, o indirecta, cuando está orientada no a la actividad económica propiamente dicha sino al resultado de la misma; intervención unilateral, cuando el Estado autoriza, prohíbe o reglamenta una actividad económica, o intervención convencional, cuando el Estado pacta con los agentes económicos las políticas o programas que propenden por el interés general; intervención por vía directiva, cuando el Estado adopta medidas que orientan a los agentes económicos privados, o intervención por vía de gestión, cuando el Estado se hace cargo el mismo (sic) de actividades económicas por medio de personas jurídicas generalmente públicas. Por otra parte, de acuerdo con su función, la intervención del Estado en la economía también se puede agrupar en diferentes tipos. Algunos doctrinantes distinguen, entonces, tres clases de intervencionismo económico: conformativa, que establece los requisitos de existencia, formalización y funcionamiento de los actores económicos; finalística, que señala los objetivos generales o las metas concretas a los cuales han de propender los actores económicos; y condicionante, que propiamente fija las reglas de juego del mercado o de un sector económico. Adicionalmente, según su contenido, los actos de intervención estatal pueden someter a los actores económicos a un régimen de declaración —un nivel bajo de intervención que solo exige que los actores económicos presenten a las autoridades determinada información—, un régimen de reglamentación, mediante el cual se fijan condiciones para la realización de una actividad, un régimen de autorización previa, que impide el inicio de la actividad económica privada sin que medie un acto de la autoridad pública que lo permita, un régimen de interdicción, que prohíbe ciertas actividades económicas juzgadas indeseables, o un régimen de monopolio, mediante el cual el Estado excluye del mercado determinadas actividades económicas, y se reserva para sí su desarrollo sea de manera directa o indirecta según lo que establezca la ley”.

(16) Ver sentencias C-415 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-352 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.

(17) Ver Sentencia C-352 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa. A modo de ejemplo, en la Sentencia C-692 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte enunció las siguientes materias que corresponde al legislador regular en relación con la intervención del Estado en la economía: “[A]l legislador le corresponde: (i) dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (C.P., art. 150-19-d); (ii) dictar las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le han sido atribuidas (C.P., arts. 150-8 y 189-24); (iii) regular la forma de intervención económica del Estado (C.P., arts. 189-25, 334 y 335); (iv) dictar las normas que regirán la prestación de los servicios públicos; y (v) dictar las normas con sujeción a las cuales el Gobierno puede intervenir en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (C.P., art. 335).”

(18) Ver Sentencia C-352 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

(19) Ver Sentencia C-228 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. La Corte expresó en esta oportunidad: “La vigencia del principio de reserva de ley no significa que el legislador debe regular íntegramente la materia, incluso en sus aspectos más específicos. En contrario, la competencia exclusiva del legislador está relacionada con la fijación de los aspectos esenciales y definitorios del asunto objeto de reserva legal, la cual no puede ser de ningún modo diferida al reglamento. El papel de este, en ese orden de ideas, se reduce a la determinación de aspectos puntuales y técnicos, que no desvirtúen o afecten la reserva de ley. En todo caso, el reglamento no puede constituirse en una fuente autónoma de deberes, obligaciones o limitaciones a la actuación de los asociados.

22.4. La intervención del Estado en la economía es un asunto sometido a la reserva de ley, por lo que son predicables las condiciones antes analizadas. Sin embargo, no puede perderse de vista que en esa potestad de intervención concurren tanto el poder legislativo como el ejecutivo, representado por las autoridades administrativas que ejercen actividades de inspección, vigilancia y control de los mercados. Según el esquema propuesto, corresponderá al Congreso determinar los aspectos esenciales de la intervención económica, incluso a partir de fórmulas amplias, pudiendo adscribir a dichas autoridades la facultad de definir los aspectos técnicos y puntuales, cuya determinación asegure el cumplimiento efectivo de las finalidades constitucionales de la intervención, entre los cuales se encuentra la competencia efectiva entre los agentes que concurren al mercado”.

(20) En este sentido, la Corte expresó lo siguiente en la Sentencia C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “(…) la complejidad propia de las sociedades contemporáneas torna imposible que el Congreso, luego de procedimientos que por sus condiciones deliberativas son complejos y se extienden en el tiempo, regule en detalle las distintas materias y problemáticas. Además, no puede perderse de vista que la Carta Política, de forma expresa, confiere la capacidad de producción normativa a otras instancias, siempre y cuando se sometan a un marco referencial obligatorio previsto por el legislador”.

(21) C-228 de 2010.

(22) C-063 de 1994.

(23) Artículo 771-5. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables.

(24) C-249/13

(25) Fl. 104 vto.