Sentencia 2011-00023 de septiembre 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”

Rad. 440012331000201100023 01

Expediente: 40827

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Gustavo Adolfo Jaramillo Ramírez y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa-Apelación auto que rechazó demanda

Bogotá, D.C., septiembre 28 de 2011.

EXTRACTOS: «Consideraciones

III. Competencia

Esta corporación es competente para conocer del presente proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en segunda instancia, comoquiera que supera la cuantía exigida por el artículo 132 el Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

De igual forma, la Sala es competente para decidir el presente asunto, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo de La Guajira rechazó la demanda en un proceso de reparación directa, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 181 ibídem y de acuerdo con lo señalado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010.

IV. Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala determinar desde cuándo comienza a contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos de problemas de salud que se ocasionaron por causa o con ocasión del servicio, teniendo en cuenta que, para el caso en estudio la junta médica laboral dictaminó incapacidad parcial, como consecuencia de la lesión, en una fecha posterior a la del acaecimiento del hecho; lo anterior con el fin de establecer si al momento de presentarse la demanda había fenecido o no el término para interponerla.

V. Análisis de la Sala

13. La figura de la caducidad fue instituida por el legislador con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, por tanto las partes tienen la carga procesal de interponer las acciones judiciales dentro del tiempo fijado por la ley para cada una, toda vez que de no hacerlo en el tiempo oportuno, se pierde la oportunidad de ejercer la respectiva acción.

14. El término de caducidad de la acción de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. Esta figura admite suspensión cuando se presenta la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y se prolonga hasta que se logre el acuerdo conciliatorio, hasta que el acta de conciliación se registre cuando esto sea exigido por la ley, hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º ibídem, o hasta que se venza el término de 3 meses a que se refiere el artículo 20 ibídem.

15. Para el caso en estudio es necesario determinar si el término de caducidad para la acción de reparación directa interpuesta, comienza a contar a partir del acaecimiento del hecho, o si debe considerarse el momento en el que la junta médica laboral declaró la incapacidad parcial y pérdida de aptitud para el servicio militar.

16. En un caso similar la Sala expresó:

“[…] es necesario resaltar que la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la actora no constituye el hecho dañoso que debe servir como presupuesto para el cómputo del término de caducidad, pues la misma no guarda relación causal con el origen de la enfermedad profesional padecida por la demandante, sino que simplemente establece el porcentaje de discapacidad que la lesión le generó.

La certeza respecto del daño existió cuando se diagnosticó la enfermedad de origen profesional a la señora Cecilia Quintero Araujo, lo que ocurrió el 4 de mayo de 2006 mediante Oficio 1-3 C.I.152 suscrito por los médicos de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales, según se afirma en la demanda(2).

17. De acuerdo a lo anterior, para determinar la caducidad en las acciones de reparación directa, se debe tener en cuenta que el término comienza a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión que dio lugar al daño, en los casos en que la ocurrencia del hecho dañoso coincide con el momento en el que el interesado tiene conocimiento del mismo y/o de sus consecuencias, de manera que no exista duda respecto de la aplicación de la regla de caducidad. Distinto es el caso si posterior a la ocurrencia del hecho, el daño se hace evidente, puesto que el término de caducidad debe contarse a partir de cuando el interesado tiene conocimiento y certeza del daño causado por el hecho; sin embargo el dictamen de la junta médica laboral no constituye el hecho dañoso, sino que establece cuál es la gravedad del mismo y si este genera o no incapacidad.

VI. Caso concreto

18. El señor Gustavo Adolfo Jaramillo interpuso acción de reparación directa debido a que sufrió un accidente que le causó serias lesiones en su hombro derecho mientras se encontraba en servicio militar, sin embargo manifiesta en la apelación que fue la situación de desatención médica la que le generó complicaciones, por lo que tuvo que solicitar concepto de la junta médica laboral, la cual dictaminó incapacidad para continuar con las actividades militares; en consecuencia solicita que sea desde la expedición de tal acta, que se cuente el término de caducidad de la acción interpuesta, por cuanto fue desde ese momento que percibió realmente la magnitud del daño (fls. 84 a 85 del cdno. 1).

19. De acuerdo a lo anterior, el tratamiento médico que recibió el accionante sería determinante para el establecimiento del daño, ya que la falta de diligencia al atender la lesión fue lo que causó complicaciones que conllevaron a la incapacidad imparcial dictaminada por la junta médica laboral; sin embargo no se encuentra que en la demanda se mencione el supuesto yerro médico que alega el accionante en la apelación, sino que por el contrario atribuye el daño causado a la lesión provocada por la ocurrencia del accidente, por tanto, el daño tiene relación causal directa con la lesión provocada en el accidente de tránsito y no con el dictamen de la junta médica laboral.

20. En este orden de ideas, el término de caducidad de la acción de reparación directa inició el día siguiente al acaecimiento del accidente, es decir el 7 de junio de 2008 y concluyó dos años después, el 7 de junio de 2010. Por tanto si la acción de reparación directa fue interpuesta el 18 de noviembre de 2010 se considera que no estaba en término para hacerlo.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

Confirmar el auto del 9 de marzo de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio del cual se rechazó la demanda presentada los señores Gustavo Adolfo Jaramillo Ramírez y otros.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(2) Auto de 10 de diciembre de 2010, Exp. 25000-23-26-000-2010-00125-01(38867), actor: Cecilia Quintero Araujo. C.P. Danilo Rojas Betancourth.