Sentencia 2011-00026 de abril 22 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 410011102000201100026-01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto el 21 de abril de 2015

Aprobado según Acta de Sala 029

Bogotá. D.C., Veintidós de abril de dos mil quince

Extractos «Consideraciones de la Sala

Esta Sala tiene competencia para conocer en apelación las providencias emitidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256(8)de la Constitución Política y 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(9).

Sea lo primero aclarar, que el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, el cual se encuentra contenido en el título XII, del régimen de los funcionarios de la rama judicial, establece que “(…) Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código (…)”.

Significa lo anterior, que la transgresión de los deberes endilgados a los funcionarios de la rama judicial son los contemplados en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, concretamente en el artículo 153 y las prohibiciones contenidas en el artículo 154 ibídem, a lo cual se suman las faltas gravísimas de la Ley 734 de 2002.

Con relación al contenido y alcance del derecho disciplinario, se ha señalado que, su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas configurativas de falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Del asunto en concreto: Se trata de resolver la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia el cual declaró disciplinariamente responsable a la doctora a la doctora Gloria Inés Salazar Vargas, Fiscal Veintidós (22) Seccional de Garzón (Huila), por su incumplimiento a lo establecido en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 161, numeral 4º del artículo 162 e incisos 3º y 4º del artículo 302 ambos de la Ley 906 de 2004, faltas calificadas como gravísimas en la modalidad conductual de culpa.

Ley 270 de 1996

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

Ley 906 de 2004

“ART. 161.—Clases. Las providencias judiciales son:

“PAR.—Las decisiones que en su competencia tome la Fiscalía General de la Nación también se llamarán órdenes y, salvo lo relacionado con audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos previstos en el artículo siguiente en cuanto le sean predicables.

“ART. 162.—Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

3. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral.

(…)

“ART. 302.—Procedimiento en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia.

Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.

La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del Ministerio Público.

De las pruebas obrantes al interior de proceso se tiene que la funcionaria investigada, al interior de la noticia criminal Nº 412986000591201080201 iniciada en contra de Jonathan Smith Morera Franco y Leila Jiménez Ortiz por el delito de Tráfico Fabricación o Porte de Estupefacientes, el 16 de junio de 2010 emitió la orden de libertad que obra a folio 63 del cuaderno anexo a favor de la señora Jiménez Ortiz, fundamentándola en los siguientes términos:

“según el informe de captura se tiene que efectivamente la señora Leila Jiménez Ortiz al momento en que el vehículo aquí inmovilizado, se transportaba como acompañante del capturado Morera Franco de quien los elementos materiales de probatorios y evidencias físicas, permiten inferir que como conductor, poseedor y/o tenedor del vehículo era la persona en quien debe recaer por el momento su responsabilidad penal en grado de autoría toda vez que se reitera él se considera como garante de este y por consiguiente en quien recae el cuidado o vigilancia, situación que en esta fase preprocesal debe tener en cuenta únicamente para el control de garantías de Jonathan Smith Morera Franco.

Por consiguiente de los elementos materiales probatorios y evidencias Fiscalías se infiere por el momento que contra Leila Jiménez Ortíz no se pueden en la actualidad adelantar las audiencias preliminares concentradas en su contra, situación contraria si se efectuaran las mismas en contra de Jonathan Morera Franco” (Sic a lo transcrito)

Ahora bien, adelantadas las audiencias preliminares con el señor Morera Franco, las diligencias fueron enviadas el 23 de junio de 2010, al Fiscal 4º Especializado de la ciudad de Neiva, quien al revisar la carpeta le causó curiosidad que la Fiscal 22 Seccional de Garzón Huila había dejado en libertad a la señora Leila Jiménez Ortiz, argumentando la orden de libertad en la imposibilidad de endilgarle responsabilidad penal en su calidad de acompañante del conductor del vehículo retenido.

Por consiguiente, gestionado el proceso penal en contra del señor Jonathan Smith Morera Franco, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Neiva, mediante Sentencia del 22 de noviembre de 2010, decidió absolverlo de los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes, al igual que ordenó al Fiscal lo siguiente:

“deberá la Fiscalía de manera oficiosa como es el procedimiento en Ley 906 proceder a oficiar o iniciar investigación penal en contra del procedimiento irregular que en Garzón y por parte de la Fiscalía de esa ciudad, se ejecutó a favor de Leila Jiménez Ortiz, con relación al ocultamiento amañado de sus antecedentes judiciales, así como de su inesperada libertad en el momento, más aún cuando se tiene total conocimiento de acuerdo al desarrollo probatorio en juicio de su incursión en el asunto”.

En cumplimiento de lo anterior el Fiscal 4º Especializado de Neiva envió el 13 de diciembre de 2010, envió las copias respectivas al Consejo Seccional de primera instancia.

En efecto la funcionaria inculpada no tuvo en cuenta lo consagrado en los incisos 3º y 4º del artículo 302 de la Ley 906 de 2004, pues es evidente que no se preocupó por establecer los requisitos objetivos establecidos allí, de tal manera concedió la libertad con base en una inferencia razonable sobre la responsabilidad penal de la señora Leila Jiménez Ortiz, lo que no podía hacer porque es una función privativa del Juez de Control de Garantías.

Nótese que la funcionaria inculpada al sustentar la orden de libertad de la señora Leila Jiménez Ortiz, no se limitó a evaluar objetivamente las causales procedentes establecidas por el Legislador, por el contrario procedió a realizar un juicio sobre la posible responsabilidad penal que le asistía a los capturados en flagrancia, es decir realizó una inferencia razonable sobre la autoría de la conducta delictiva, Facultad que de acuerdo con la interpretación dada por la Corte Constitucional, no le está permitida, en tanto dicha función es exclusiva del Juez de Control de Garantías.

En este orden de ideas, debe traerse a colación lo indicado por la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad entre otros del artículo 302 de la Ley 906 de 2004:

“Pues bien, si la Fiscalía, con base en el informe recibido por la autoridad de policía o el particular que realizó la aprehensión, o con fundamento en elementos materiales o evidencias físicas aportadas, decide llevar al capturado ante el juez de control de garantías, deberá hacerlo inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, con el propósito de que éste se pronuncie, en audiencia preliminar, sobre la legalidad de la aprehensión, así como en relación con las solicitudes de la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público.

En tal sentido, es necesario examinar qué significan realmente las expresiones “no comporta detención preventiva” y “captura ilegal”.

En lo que concierne a segmento normativo “no comporta detención preventiva”, cabe señalar que el artículo 307 del C.P.P. prevé la imposición de medidas de aseguramiento privativas o no de la libertad. Dentro de las primeras, se señalan la detención preventiva en establecimiento carcelario y la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento.

Ahora bien, una interpretación conforme de la expresión acusada con la Constitución conduce a afirmar que el fiscal únicamente puede examinar si se cumplen o no las condiciones objetivas de que trata el artículo 313 del C.P.P.(10) para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, mas no evaluar si se presentan o no los requisitos de que trata el artículo 308 de esa misma normatividad, es decir, si es viable inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, y que además la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; o que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, facultades todas estas que son de la estricta competencia del juez de control de garantías, por cuanto es él quien debe, en virtud del artículo 250.1 constitucional, adoptar las medidas que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal.

De igual manera, de conformidad con el artículo 302 del C.P.P., una vez es llevado el aprehendido en flagrancia ante el fiscal, éste deberá examinar si dicha captura fue o no legal, y en caso de no serlo, deberá dejar en libertad a la persona, bajo palabra de comparecencia cuando sea requerido. Quiere ello decir que el fiscal deberá examinar si se presentaron o no, en el caso concreto, las condiciones legales de la flagrancia, descritas en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, y por supuesto, si se cumplieron los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional.

En tal sentido, el procedimiento en caso de flagrancia, regulado en el artículo 302 de la Ley 906 de 2004, articula lo dispuesto en el artículo 28 Superior con las nuevas disposiciones constitucionales del sistema acusatorio en la medida en que la decisión sobre la legalidad de la aprehensión realizada en flagrancia queda exclusivamente a cargo del juez de control de garantías, en tanto que la Fiscalía adopta tan sólo una determinación sobre la concesión de libertad en casos en que no se cumplan los requisitos objetivos para decretar la detención preventiva o la captura en flagrancia sea ilegal.

En este orden de ideas, si se entendiera que el fiscal puede además adelantar, en los casos de capturas en flagrancia, ciertos juicios de valor sobre la necesidad de la medida de detención preventiva, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia, la disposición acusada sería contraria a la Constitución, por cuanto constituiría un desconocimiento de las competencias del juez de control de garantías”. (Sic a lo transcrito)(11)

Por otra parte, tampoco se haya una sustentación adecuada en relación con la presunta captura ilegal, pues la investigada simplemente se atiene a mencionar que el material probatorio (sin especificar cuál) impide endilgar algún tipo de responsabilidad al acompañante del señor Morera Franco. Por consiguiente brilla por su ausencia la indicación de los motivos de estimación y desestimación del material probatorio que produjo la decisión de la funcionaria, incumpliendo lo establecido en el parágrafo del artículo 162 y numerales 3º y 4º del artículo 163 del Código de Procedimiento Penal.

Es decir, no contenta con usurpar una función del Juez de Control de Garantías, la funcionaria investigada no se tomó la tarea de fundamentar en debida forma la orden de libertad, limitándose a realizar enunciados genéricos que en nada cumplen con el deber que tenía de sustentar la decisión que emitió.

Así las cosas, emerge con claridad para esta Superioridad el irrespeto de la Ley por parte de la disciplinable al dejar en libertad a la señora Jiménez Ortiz sin contar con las exigencias legales para ello, pues el delito de Tráfico Fabricación o Porte de Estupefacientes reúne los requisitos objetivos de procedencia para la detención preventiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004(12). De igual manera la aludida decisión como se pudo observar de la transcripción realizada en párrafos precedentes, no se fundamentó en la ilegalidad de la captura razón por la cual, ninguna de las causales establecidas en la Ley para dejar en libertad a la señora Jiménez Ortiz se configuró en el citado caso.

Ahora bien, señaló la funcionaria investigada como exculpación, haber actuado conforme lo reglado en el artículo 302 del Estatuto Procesal Penal, pues advirtiendo la ilegalidad de la captura (la responsabilidad penal no recaía sobre ella sino sobre el conductor del vehículo) procedió a dejar en libertad a la señora Jiménez.

El anterior argumento no es admisible en esta instancia toda vez que, conforme a lo expuesto anteriormente, la Fiscal no podía realizar juicios de inferencia razonable sobre la autoría o participación de los capturados en Flagrancia, puesto que dicha facultad es de competencia restrictiva de los Jueces Penales con Función de Garantías, por lo tanto la argumentación según la cual la responsabilidad penal no recaía sobre la acompañante del señor Morera Franco, no puede tomarse como fundamento para catalogar de ilegal dicha captura. Adicionalmente, dicho argumento carece de sustento probatorio, basta observar que la sustentación de la pluricitada orden de libertad en ningún momento señaló situaciones diferentes a la imposibilidad de endilgarle responsabilidad penal.

De igual forma refiere que el artículo 162 es inoperante para el tipo de decisión que emitió, y por lo tanto no vulneró dicha regulación. Al respecto esta sala considera que es una apreciación equivocada por parte de la disciplinable pues muy claramente la Ley procesal penal en el canon 161 establece que las decisiones que tome la Fiscalía en su competencia, se sujetarán a los requisitos previstos en su artículo siguiente, así no se encuadren formalmente en las clases de providencias judiciales allí enunciadas

Por lo anterior, no cabe duda que la funcionaria disciplinada infringió el deber de cumplir con la constitución las leyes y los reglamentos, consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, pues desconoció lo establecido en el parágrafo del artículo 161, numeral 4º del artículo 162 e incisos 3º y 4º del artículo 302, todos de la Ley 906 de 2004.

De la ilicitud sustancial: Conforme a lo consagrado en el artículo 5º del Código Disciplinario Único, la falta disciplinaria será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, por ende, es el estadio o estructura de la falta donde se analizan los argumentos de justificación expuestos como defensa, en aras de valorar lo antijurídico o no del comportamiento y su tal ilicitud es de naturaleza sustancial frente a los deberes funcionales, excepto cuando el tipo disciplinario es conglobado que obliga a analizar las justificaciones en la misma tipicidad. Es pertinente traer a colación lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional, que al respecto indica(13):

“(…) En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.

Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.

Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines”.

Así pues está claramente comprobado que la investigada infringió el deber funcional desconociendo compromisos generales propios de la función judicial, como respetar los lineamientos legales para la emisión de la orden de libertad, pues los deberes en el derecho disciplinario de los funcionarios judiciales tienen referentes más abstractos, aunque reales, en tanto unos constituyen falta (artículo 153 de la Ley 270 de 1996) y los referidos a la ilicitud son algunos de nominación legal, pero igual existen principios y márgenes de conducta propios de acatar so pena de contrariar el deber ser funcional.

Quiere decir entonces, que al quedar demostrado el incumplimiento de esos deberes funcionales - Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos, en tanto se abstuvo de observar las exigencias legales para ordenar la libertad de una persona, de igual manera la aludida decisión no contó con la fundamentación adecuada para el caso, bien puede afirmarse que no se trató de un desconocimiento formal de esos deberes, se trata de una infracción sustancial del mismo, porque atentó contra el buen funcionamiento del Estado y dio prioridad a su criterio personal cuando la normatividad y jurisprudencia son lo suficientemente claras y son de imperativo cumplimiento.

De la calificación de la falta y la culpabilidad. Tal como lo hizo la primera instancia en la formulación de los cargos, ésta se mantendrá en la connotación de grave y la modalidad culposa del comportamiento.

Es cierto y demostrado que la gravedad de la falta está dada en la inaplicación de las normas reguladoras del caso, el sometimiento al imperio de la Ley y la jurisprudencia Constitucional, es decir, se torna grave que un funcionario judicial se aparte de las reglas constitucionales para imponer su propio derecho.

De igual manera se está ante una conducta culposa, por cuanto la funcionaria actuó violando el deber objetivo de cuidado al omitir negligentemente, observar los requisitos legales de su decisión la cual generó la libertad de la señora Leila Jiménez Ortiz. Sin que se haya acreditado que actuó de forma voluntaria, notándose mejor un descuido en la verificación de los requisitos para conceder la libertad y fundamentar su decisión.

De la dosimetría de la sanción: Siendo ésta la consecuencia de haber encontrado una conducta típica, ilícita y culpable, habrá de tasarse la sanción tal como lo regla el Código Disciplinario Único, en el artículo 44, pues en forma taxativa, previó que para las faltas graves culposas procede la suspensión en el ejercicio de cargo.

Ahora bien, no puede desconocer esta Sala lo relativo a la gravedad de la conducta realizada por la funcionaria inculpada pues negligentemente dejó de observar de forma objetiva lo establecido en la Ley, profiriendo una orden de libertad improcedente y sin el debido fundamento, abrogándose funciones propias del Juez de Garantías. Nótese que esta conducta evidencia una grave afectación a la Administración de Justicia, pues lo esperado es que los encargados de colaborar con ésta cumplan los mandatos legales en debida forma.

De otra parte, dentro de los límites para imponer la suspensión, se estableció en el artículo 46 ibídem, que el término de ésta no puede ser inferior a un mes ni superior a doce meses, entonces, se confirmará la sanción impuesta por el A quo, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a la legalidad, en tanto tampoco puede ser la mínima suspensión de acuerdo con la gravedad de la conducta y el modo de ocurrencia de la misma.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve

1. Confirmar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, por medio de la cual sancionó con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de sus funciones a la doctora Gloria Inés Salazar Vargas Fiscal Veintidós (22) Seccional de Garzón (Huila), al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el parágrafo del artículo 161, numeral 4º del artículo 162 y los incisos 3º y 4º del artículo 302, todos de la Ley 906 de 2004.

2. Notificar personalmente la presente decisión a la funcionaria disciplinada; de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento establecido en la ley. Líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes, para lo cual se comisiona al Seccional de Instancia. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

3. Comuníquese la sanción impuesta a la Procuraduría General de la Nación y demás entidades encargadas del registro y ejecución de la misma.

Notifíquese y cúmplase»

(8) “Art. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: … 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

(9) “Art. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura

(10) De conformidad con el artículo 313 del C.P.P. procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los casos de (i) delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; y (iii) en los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(11) Sentencia C-591 de 2005 M.P., Clara Inés Vargas Hernández.

(12) “Art. 313.—Procedencia de la detención preventiva. Modificado por el artículo 60, Ley 1453 de 2011. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:

1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.

2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.

3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Adicionado por el artículo 26, Ley 1142 de 2007, así: 4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso del año anterior, contado a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

(13) Sentencia C-948 de 2002. Corte Constitucional de Colombia, M.P. Álvaro Tafur Galvis