Sentencia 2011-00034 de abril 23 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 540011102000201100034 01/2680 A

Aprobado según Acta 28 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil catorce.

ASUNTO

Por vía de consulta se revisa la sentencia del 31 de octubre de 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander(1), mediante la cual se resolvió sancionar con EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN al abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES, al hallarlo responsable de infringir el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por incurrir en la incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 29 ibídem e incumplimiento al deber contenido en el artículo 28 numeral 14 de la misma codificación.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

Las presentes diligencias tuvieron inicio con sustento en queja formulada por el señor RUBIEL OCHOA LEIVA, el 13 de enero de 2011, quien manifestó que le confirió poder al abogado el 7 de julio de 2010 para que lo representara en calidad de víctima ante la Fiscalía Segunda Local de Pamplona, en relación con un accidente de tránsito que le ocurrió, y lograra obtener el pago por los daños y perjuicios materiales y físicos que se le habían causado al vehículo y a las personas que viajaban con él.

Señaló que una vez otorgado el poder, el profesional empezó a exigirle dinero en cuotas mínimas para pruebas científicas y gastos en la Fiscalía y que ello se descontaría del valor acordado por honorarios que fue de dos millones de pesos ($ 2.000.000).

Refirió que en vista que el abogado no le daba resultados de lo acordado, le exigió que le entregara copias de la gestión realizada sin obtener ninguna información; vía telefónica le decía que se acercaría a su lugar de residencia para informarle pero nunca lo hizo. Indicó que para sorpresa suya en el mes de diciembre de 2010 cuando logró comunicarse nuevamente con el profesional, este le manifestó que no le prestaba más sus servicios y que le regresaría el dinero que le había entregado, pero que al momento de interponer la queja no ha recibido su dinero.

Con su escrito de queja adjuntó copia del poder que le confirió al profesional y de 5 recibos en relación con el dinero entregado, en total $ 1.150.000(2).

Mediante auto del 19 de enero de 2011(3), el magistrado Calixto Cortes Prieto, una vez acreditada la calidad de abogado del doctor Alfredo Fernández Montes, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 13.452.161 y T.P. 100.175, NO VIGENTE, así como su última dirección registrada, señaló el día 3 de marzo de 2011 a las 9:30 a.m., para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007(4); diligencia que, luego de haber fracasado en diversas oportunidades por la inasistencia del disciplinable, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 104 inciso 3º, declarándose persona ausente al investigado y designándole defensor de oficio(5), (se precisa que para esta función se nombraron varios profesionales, quienes en su momento justificaron su impedimento para aceptar la designación), se vino a cumplir el 20 de febrero de 2012, con la presencia de la defensora asignada al disciplinable, doctora NINI TATIANA CHAUSTRE QUIÑÓNEZ, y del quejoso(6).

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL

En esta oportunidad se contó con la presencia del representante del Ministerio Público, el quejoso se ratificó en la querella, explicando los detalles de la gestión encomendada al profesional del derecho, aclarando básicamente que los recibos que en copia aportó fueron suscritos por el denunciado en su presencia. Añadió que la actuación por lesiones personales se adelantaba en la Fiscalía Segunda Local de Pamplona, y que pasados 3 o 4 meses de haberle otorgado el poder se dio cuenta que el disciplinable no realizó gestión alguna. Señaló que al formular la queja disciplinaria se enteró que el abogado estaba suspendido en su profesión, es así que formuló denuncia en la Fiscalía, por el delito de Estafa, donde el jurista aceptó los hechos en diligencia de conciliación, el 8 de marzo de 2011, y se comprometió a pagar al quejoso la suma de $ 3.000.00 por daños y perjuicios, pero aún no ha cumplido y por ello la investigación penal por este punible siguió su curso. Allegó copia de lo actuado por la fiscalía(7).

Por su parte, la defensora de oficio del disciplinable, solicitó se insistiera en la comparecencia del doctor FERNÁNDEZ MONTES, a fin de que tenga la oportunidad de manifestar lo ocurrido y también reconozca o rechace los recibos y el poder que fueron aportados por el quejoso y que obran en el expediente, para verificar la autenticidad de los mismos. El Ministerio Público no solicitó pruebas.

Frente al decreto de pruebas el magistrado instructor decidió tener como elementos de juicio las copias aportadas por el quejoso y los oficios de la Fiscalía Segunda Local de Pamplona, donde se informó que —al interior del proceso por lesiones personales culposas en perjuicio de RUBIEL OCHOA LEYVA, no obra ningún memorial, actuación o diligencia donde haya intervenido el doctor ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES—, también la comunicación del centro de servicios judiciales para adolescentes; insistir en la comparecencia del inculpado, y solicitar el registro de antecedentes disciplinarios. Se suspendió la audiencia y se fijó el 15 de marzo de 2012 a las 11:30 a.m., para proseguirla.

En la continuación de la audiencia de pruebas y calificación provisional llevada a cabo el 15 de marzo de 2012(8), el magistrado instructor procedió a la calificación jurídica de la actuación decidió realizar formulación de pliego de cargos en contra del investigado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES por la posible comisión de la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en armonía con la incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 29 de la misma codificación, haciendo un recuento de la queja y los elementos probatorios recaudados, señaló: “Se acreditó preliminarmente que el quejoso le había entregado al menos $ 1.050.000, para que lo representara ante la Fiscalía de Pamplona en un proceso de lesiones personales, con el propósito que se reconocieran los daños personales que había sufrido en un accidente de tránsito; el quejoso le confirió poder al disciplinable, sin haber realizado gestión alguna, en relación con lo cual el despacho estimó que el denunciado pudo incurrir en la falta antes reseñada, toda vez que independientemente del hecho puntual por el que se le denunció, se había anunciado como abogado en ejercicio de la profesión ante el quejoso, sin estar habilitado para ese fin, pues cuando recibió poder el 7 de julio de 2010, como lo acreditó el denunciante (fl. 3), para esa fecha se encontraba suspendido en el ejercicio de la profesión, pues conforme inicialmente se reseñó al inicio de esta providencia, por sentencia de la H. Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 10 de septiembre de 2009 dentro del radicado 2005-62201, había sido suspendido en el ejercicio de la profesión por un año, entre el 8 de marzo de 2010 y el 7 de marzo de 2011 (fl. 65). Sin embargo, a sabiendas de dicha situación suscribió el susodicho poder dirigido a la “Fiscalía Segunda Seccional de Pamplona y/o Juzgado Segundo Penal Municipal” con el propósito de representar a Rubiel Ochoa Leiva en su condición “... de víctima y perjudicado con el delito que se investiga, propietario del automotor (...) que sufrió los daños materiales del ilícito...” (fl. 3)”.

La imputación se hizo a título de dolo, notificándose en estrados el pliego de cargos a la defensora de oficio del inculpado, quien solicitó insistir en que se oyera la versión del disciplinable quien reiteradamente ha omitido su comparecencia a este proceso de responsabilidad profesional, el despacho accedió a la pretensión requiriendo por última vez la presencia del doctor FERNÁNDEZ MONTES.

El agente del Ministerio Público no se pronunció ni solicito práctica de pruebas. Se dio por terminada la audiencia y se señaló para celebrar la audiencia de juzgamiento el 23 de abril de 2012, a las 9:00 a.m.

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO(9) 

En la fecha acordada no fue posible realizarla, toda vez que debió hacerse nueva designación de defensor de oficio recayendo el nombramiento en esta oportunidad en el doctor LUIS EDUARDO RANGEL RINCÓN(10), celebrándose la audiencia el día 17 de septiembre de 2012, quien frente a los alegatos de conclusión, señaló que como quiera que en varias ocasiones ha intentado comunicarse por todos los medios con el disciplinado a efectos de conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos para realizar una defensa fundamentada, pero no ha sido posible, y por otro lado dadas las circunstancias de la actuación, teniendo en cuenta los elementos probatorios arrimados al paginario se atiene a ellos(11).

El representante del Ministerio Público no estuvo presente y por tanto no emitió concepto.

DE LAS PRUEBAS

Se encuentran reseñadas en el expediente:

1. Queja formulada por el señor RUBIEL OCHOA LEYVA y ampliación de la misma adiada en audiencia del 20 de febrero de 2012(12).

2. Fotocopia del poder otorgado por el quejoso al disciplinado(13).

3. Fotocopia de 5 recibos aportados por el quejoso, por valor de $ 400.000 de fecha 13-07-2010, pagado a ALFREDO FERNÁNDEZ, por concepto de: Peritazgo(14) técnico y honorarios abogado. Firma recibido: Alfredo F. c.c. No. 13.452.161.

4. Fotocopias de otros 4 recibos similares al anteriormente reseñado, por la suma de $ 450.000, con fecha 7/07/2011, otro por $ 50.000, del 2010/7/22, otro por $ 50.000 del 16/07/2010, y otro por $ 100.000, sin concepto, todos con la misma firma de Alfredo F y c.c. 13.452.161(15).

5. Certificado 00084-2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura donde acredita la calidad de abogado del doctor ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES.

6. Certificado 26223 de fecha 9 de marzo de 2012(16), de la secretaría de la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que acredita los antecedentes disciplinarios que registra el abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES, así: i) Expediente 2005-0030301, sentencia del 18 de febrero de 2009, lo suspendió en el ejercicio de la profesión por 3 meses, entre el 23 de noviembre de 2009 y el 22 de febrero de 2010, falta 55.1, Decreto 196 de 1971; ii) Expediente 2005-62201, sentencia del 10 de septiembre de 2009, lo suspendió en el ejercicio de la profesión por 1 año, entre el 8 de marzo de 2010 y el 7 de marzo de 2011, faltas 54.4 y 55.1, Decreto 196 de 1971; iii) Expediente 2007-29901, sentencia del 16 de marzo de 2011, lo suspendió en el ejercicio de la profesión por 4 meses, entre el 29 de agosto de 2011 y el 28 de diciembre de 2011, falta 53.3, Decreto 196 de 1971; iv) Expediente 2008-0015502, sentencia del 21 de septiembre de 2011, lo suspendió en el ejercicio de la profesión por 2 años, entre el 24 de noviembre de 2011 y el 23 de noviembre de 2013, falta 35.4 Ley 1123 de 2007; v) Expediente 2010-5601, según sentencia del 31 de agosto de 2011, lo suspendió en el ejercicio de la profesión por 4 meses, entre el 28 de septiembre de 2011 y el 27 de enero de 2012, por la falta del 35.3 Ley 1123 de 2007.

7. Oficio 43, con fecha 18 de febrero de 2011, suscrito por la Fiscal Segunda Local de Pamplona, Santander, mediante el cual se informa que dentro de la carpeta de la noticia criminal 545186106094201080155, seguida contra JORGE HERNANDO CARO CALLEJAS, por el punible de Lesiones Personales Culposas, en perjuicio de LESBY TATIANA MORA BALAGUERA Y RUBIEL OCHOA LEYVA, no obra ningún memorial, actuación o diligencia donde haya intervenido el doctor ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES(17).

7(sic). Oficio 240 adiado el 22 de febrero de 2011, por medio del cual el centro de servicios judiciales y sistema de responsabilidad penal para adolescentes de Pamplona, comunica que no se encontró ninguna actuación efectuada por el abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES(18).

9. Fotocopia informal de la diligencia de conciliación realizada entre el quejoso y el abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES, ante la Fiscalía Local de Cúcuta presentada por el quejoso(19).

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante sentencia del 31 de octubre de 2012, el a quo resolvió sancionar al abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES con EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN, por habérsele encontrado responsable disciplinariamente de haber infringido el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por incurrir en la incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 29 ibídem e incumplimiento al deber contenido en el artículo 28 numeral 14 de la misma codificación.

Consideró la primera instancia que las pruebas obrantes en el plenario permiten concluir con grado de certeza que el jurista convocado a juicio disciplinario adecuó su comportamiento al tipo disciplinario previsto en el mencionado precepto legal, ejerció ilegalmente la profesión porque: “a sabiendas de que se encontraba suspendido, actúo, en este caso haciéndole suscribir al quejoso un poder que supuestamente lo habilitaría para actuar ante la fiscalía segunda local o el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pamplona, como escribió el mismo profesional en el poder, y violó el régimen de incompatibilidades en tanto que encontrándose suspendido en el ejercicio profesional no podía acometer actos propios de dicho ejercicio, como en este caso, se repite, anunciarse como abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, suscribiendo y presentando ante autoridad competente un poder, sin ser cierto que estaba habilitado.

Estima la sala que entonces la conducta del profesional resulta típica para el derecho de la responsabilidad profesional relacionado en la ley 1123 de 2007 y de otro lado, resulta ser una conducta contraria al deber de “... respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión”, de acuerdo al artículo 28-14 de la citada ley.

En materia de culpabilidad el abogado sabía que conforme a la sentencia de septiembre 10 de 2009, arriba señalada, desde el 8 de marzo de 2010 (en adelante y hasta el 7 de marzo de 2011) se encontraba suspendido en el ejercicio de la profesión, razón por la cual no debió haber redactado el poder del 7 de julio de 2010, que en efecto Rubiel Ochoa Leiva presentó en dicha fecha, creyendo que el abogado estaba habilitado legalmente para el ejercicio de la profesión”.

Por tanto frente a la sanción a imponer señaló que la más leve consiste en censura y la más gravosa en exclusión en el ejercicio de la profesión y según el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en cuanto a los criterios generales para la graduación de la sanción, debe observarse en este caso que la trascendencia social resulta grave pues el profesional del derecho encontrándose con una causal de incompatibilidad, sin embargo, le hizo creer al engañado cliente que estaba habilitado para ejercer la profesión, obteniendo de este inicialmente la suma de $ 450.000 por cuenta de su actitud ilícita.

Aparte del engaño al señor Ochoa Leiva, materialmente lo perjudicó, pues ni le adelantó gestión profesional alguna, porque no podía hacerlo, y como se ha dejado visto ha omitido devolverle el dinero que se comprometió a reintegrarle ante la fiscalía en Cúcuta.

Pues de acuerdo al contexto anterior considera la Sala que en este caso la sanción debe consistir en la EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión de acuerdo a la definición del artículo 44 de la Ley 1123 de 2007 y considerando la misma es condigna a lo ocurrido, pues no debe perderse de vista que en un país tan convulsionado como Colombia, los abogados por el rol que están llamados a desempeñar en la sociedad, deben contribuir a la paz social mediante el correcto ejercicio de la profesión.

LA CONSULTA 

El proceso disciplinario se recibió en esta Sala para decidir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia sancionatoria proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, contra el abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES. Es de anotar que según constancia que obra en el expediente a folio 119, el disciplinado presentó escrito con fecha de recibido en la secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander del 15 de noviembre de 2012, en el que manifestó interponer recurso de apelación contra la sentencia que acaba de reseñarse, señalando que la “sustentación del mismo la realizará en el momento oportuno que ordene el despacho”, y como quiera que la misma no se presentó dentro del término que señala el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, el recurso fue rechazado.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para revisar en el grado jurisdiccional de CONSULTA la decisión del 31 de octubre de 2012 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, mediante la cual se sancionó con EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN al abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES, al hallarlo responsable de infringir el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por incurrir en la incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 29 ibídem e incumplimiento al deber contenido en el artículo 28 numeral 14 de la misma codificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

La consulta

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Ahora bien, procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo por infringir el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, al incurrir en la incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 29 ibídem e incumplimiento al deber contenido en el artículo 28 numeral 14 de la misma codificación. La falta descrita en el primero de los preceptos citados es del siguiente tenor:

Artículo 39. También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

Debiendo precisarse que, conforme lo establece el artículo 19 del mismo estatuto, dentro de los sujetos disciplinables en virtud de dicho código deontológico, se incluyó por parte del Legislador del 2007, entre otros, a los abogados en ejercicio de la profesión “… así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión …”, con lo cual se buscó poner fin a una situación constitutiva de burla a la ley, en la medida en que muchos abogados, estando sancionados, incluso con la más severa de las penas señaladas en el anterior estatuto —y que aún se mantiene con ese característica en el actual Código de los Abogados— cual era la exclusión de la profesión, seguían ejerciendo el litigio, con el más absoluto desprecio por la ética y en grave perjuicio de la sociedad.

En vigencia del anterior código, esta superioridad se vio abocada a una situación compleja, pues si bien en rigor era insoslayable que quienes así actuaban, francamente atentaban de manera grave contra los más elementales principios de la ética judicial, no menos cierto era que tan reprochable proceder se enmarcaba más en el ámbito contravencional del ejercicio ilegal de la abogacía, que en el campo del control ético a la actividad propia de quienes ejercían la profesión, pero que lo hacían faltando a los deberes señalados para ello en la ley.

Tal situación —enhorabuena— fue aclarada de una vez por todas en el nuevo Código de los abogados, no sólo incorporando en su catálogo de deberes el de renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos, en los casos en que el jurista sea sujeto pasivo de una pena o sanción incompatible con el ejercicio de la abogacía (L. 1123/2007, art. 28.19), sino también incluyendo como una de esas situaciones de incompatibilidad con el ejercicio de la profesión, la circunstancia de estar el togado suspendido o excluido de la profesión (art. 29.4 ibídem) y, lo que es más importante para el caso que aquí nos atañe, consagrando como falta disciplinaria autónoma el ejercicio ilegal de la profesión o la violación al régimen de incompatibilidades.

Caso en concreto

Pues bien, del recaudo probatorio obrante en la foliatura, se observa que el litigante ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES había sido sancionado con suspensión en el ejercicio de la profesión por término de un año mediante sentencia del 10 de septiembre de 2009, expediente 2005-62201, sanción que iba desde el 8 de marzo de 2010 y hasta el 7 de marzo de 2011, por la falta del artículo 54.1 del Decreto 196 de 1971, y que ocultándole dicha situación, celebró contrato verbal, redactó y recibió poder el 7 de julio de 2010, con el señor Rubiel Ochoa Leyva y que en efecto este presentó en dicha fecha ante notario para su reconocimiento, creyendo que el abogado estaba habilitado legalmente para el ejercicio de la profesión, comprometiéndose que en el término de dos meses obtendría para él la indemnización por daños y perjuicios materiales que sufrió el vehículo de su propiedad y las personas que con él viajaban, por el accidente de tránsito ocurrido el 19 de mayo de 2010, proceso que se adelantaba en la Fiscalía Segunda Local de Pamplona, Santander, bajo el radicado 545186106094201080155, seguido contra JORGE HERNANDO CARO CALLEJAS, por el punible de lesiones personales culposas, en perjuicio de LESBY TATIANA MORA BALAGUERA Y RUBIEL OCHOA LEYVA(20), pactando honorarios por la suma de $ 2.000.000, de los cuales recibió varios abonos, en cantidad total de $ 1.050.000, lo cual quedó demostrado no sólo por las afirmaciones vertidas por el querellante bajo la gravedad del juramento en la ratificación y ampliación de la queja, acopiada en audiencia de pruebas y calificación provisional del 20 de febrero de 2012, —fl. 55 y CD—, sino también con las copias de los recibos aportados por éste, donde claramente se aprecia que en uno de ellos el disciplinable recibió la suma de $ 400.000, el 13-07-2010, por concepto de peritazgo técnico y honorarios abogado y en otros 4 recibos similares al anteriormente reseñado, por la suma de $ 450.000, con fecha 7/07/2011, otro por $ 50.000, del 2010/7/22, otro por $ 50.000, del 16/07/2010, y otro por $ 100.000(21).

Y si bien es verdad que, conforme lo expuso el a quo, el aquí disciplinable no realizó ninguna labor judicial dentro del proceso indicado en modo alguno puede asumirse como eximente de la responsabilidad del letrado convocado a juicio disciplinario y sancionado por el a quo en la forma anotada, como quiera que la gestión profesional ni se limita ni se agota con el otorgamiento del poder, sino que ella puede nacer —y de hecho así ocurre con frecuencia— de un acuerdo de voluntades —en forma escrita o verbal, incluso— en virtud del cual el profesional del derecho se obliga a poner sus conocimientos y experiencia litigiosa al servicio de la representación requerida por el cliente a cambio de una contraprestación económica, cualquiera que sea la modalidad remunerativa que se pacte.

Así las cosas, ninguna duda cabe que entre el señor RUBIEL OCHOA LEYVA y el jurista excluido de la profesión, se celebró acuerdo verbal para la gestión profesional consistente en realizar por este la representación del quejoso como víctima en el proceso penal, a efecto de lograr reparación económica por los daños materiales y personales causados en el accidente de tránsito y que, incluso el litigante, a sabiendas de su imposibilidad de cumplir con el mentado encargo, redactó el poder y exigió al poderdante la entrega de sumas de dinero y que en algunas oportunidades eran mínimas, aduciendo gastos procesales que no existían, y honorarios. Ahora no es dable imputarle al disciplinado la incursión en las faltas contra la debida diligencia profesional y la obtención de dinero para gastos o expensas irreales, toda vez que este estaba impedido para ejercer la profesión.

En consecuencia, y sin que sea necesario proceder a mayores disertaciones sobre la materia examinada, la Sala confirmará la providencia consultada, al no quedar asomo de duda para considerar que el abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES incurrió dolosamente en la falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, al haber ejercido la profesión a sabiendas de estar suspendido de la misma, en concordancia con los artículos 28.19 y 29.4 ibídem.

Así las cosas, no existe duda para deprecar responsabilidad disciplinaria al encartado en los términos y condiciones referidos en el fallo de primera instancia, siendo la sanción impuesta por el a quo proporcional y ajustada a los parámetros señalados en el artículo 45 del actual Estatuto Deontológico de la Abogacía, máxime si se tiene en cuenta que, además de la sanción de exclusión ya referenciada, el togado también fue suspendido por un lapso de 3 meses, según sentencia adiada el 18 de febrero de 2009, entre el 23 de noviembre de 2009 y el 22 de febrero de 2010, por la falta del artículo 55.1, del Decreto 196 de 1971; incluso para este momento se encuentra suspendido como se puede observar en el certificado de antecedentes disciplinarios, que obra en el paginario(22), mediante sentencia del 21 de septiembre de 2011, fue sancionado por 2 años, con vigencia del 24 de noviembre de 2011 al 23 de noviembre de 2013, por la falta del artículo 35.4, Ley 1123 de 2007, sin dejar de lado las consideraciones atendidas por el a quo para sancionar tan drásticamente al investigado, principalmente el hecho de haber cobrado dinero por una gestión que sabía no podía realizar.

A lo cual suma esta colegiatura otra circunstancia, y es la de haberse aprovechado el encartado de la situación de necesidad del quejoso, quien —según se puede apreciar en el escrito de queja presentado— se trata de una persona que sufre una discapacidad decretada por la junta nacional de calificaciones, al punto que no poder valerse por sí solo, además de su escasa capacidad académica, circunstancias de las que se valió el litigante para incurrir en la prohibición por la que se le halló disciplinariamente responsable.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR íntegramente la sentencia consultada, del 31 de octubre de 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, mediante la cual se resolvió sancionar al abogado ALFREDO FERNÁNDEZ MONTES con EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN, al hallarlo responsable de infringir el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por incurrir en la incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 29 ibídem e incumplimiento al deber contenido en el artículo 28 numeral 14 de la misma codificación, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. NOTIFICAR la presente decisión al sancionado, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: María Mercedes López Mora, presidenta—Pedro Alonso Sanabria Buitrago, vicepresidente—José Ovidio Claros PolancoJulia Emma Garzón de GómezAngelino Lizcano RiveraNéstor Iván Javier Osuna PatiñoWilson Ruiz Orejuela.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 Sala integrada por los magistrados Calixto Cortés Prieto (ponente) Martha Cecilia Camacho Rojas.

2 Folios del 1 al 5 cdno. o.

3 Folio 10 cdno. o.

4 Folios 24 a 26 10 cdno. o.

5 (sic)

6 Folios 55 y 56 cdno. o. y CD

7 Folios 58 a 60 cdno. o.

8 Folios 67 y 68 cdno. o.

9 (sic)

10 Folio 72 cdno. o.

11 Folio 93 cdno. o. y CD

12 Folios del 1 al 5 cdno. o.

13 Folio 3 cdno. o.

14 Folio 4 c. co(sic).

15 Folio 4 c. co(sic).

16 Folios 65 y 66 cdno. o.

17 Folio 18 cdno. o.

18 Folio 19 cdno. o.

19 Folios 58 y 59 cdno. o.

20 Folio 18 cdno. o.

21 Folio 4 c.co(sic).

22 Folio 65 y 66 cdno. o.