Sentencia 2011-00037 de febrero 10 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 11001-03-15-000-2011-00037-00(AC)

Consejero ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Omar Osvaldo Villa Monsalve

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la presente solicitud de tutela ejercida contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, el cual establece reglas para el reparto de esta acción constitucional.

1.2. Generalidades de la acción de tutela.

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede solo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta acción tiene dos particularidades esenciales a saber: la subsidiariedad y la inmediatez; la primera, por cuanto solo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y; la segunda, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso administrar la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental sujeto a vulneración o amenaza.

1.3. La acción de tutela contra decisiones judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la Sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, mediante sentencias de tutela, la misma Corte permitió de forma excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, es el principio que inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

De ahí que salvo eventos sumamente excepcionales, la acción de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, en razón a que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso no permiten el carácter temporal de tales decisiones ni la existencia de la tutela como instancia última de todos los procesos y acciones. Además, porque el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia son órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones, de modo que sus decisiones son últimas, intangibles e inmodificables.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la Sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, indicando que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

En la referida Sentencia SU-1184 de 2001, la Corte Constitucional precisó el ámbito de la vía de hecho por defecto fáctico y señaló que la violación al debido proceso ha de ser grave porque el juez de tutela tiene el deber de respetar, en el mayor grado posible, la valoración que del material probatorio hace el juez natural.

De ahí que se fijaron las siguientes pautas para constituir el anterior defecto:

“cuando se omite la práctica o consideración de pruebas decisivas(2), las pruebas existentes se valoran de manera contra-evidente(3), se consideran pruebas inadmisibles(4) o cuando la valoración resulta abiertamente contraria a los postulados constitucionales. Empero, tal como lo sostuvo la corporación en la Sentencia T-025 de 2001(5), las pruebas omitidas o valoradas indebidamente, “deben tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”, de suerte que si las pruebas en cuestión no son determinantes para la decisión, al juez de tutela le está vedado entrar a analizar la valoración que de ellas hizo el juez”.

Y en la Sentencia SU-159 de 2002 se dijo:

“Finalmente, la Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que solo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”(6).

En otros de los apartes de la sentencia anterior, se efectúa la distinción entre el debido proceso de alcance constitucional del simplemente legal para referir que el primero de ellos comprende no solamente las garantías previstas en el artículo 29 de la C.P. sino agrupa todos los derechos constitucionales fundamentales:

“El constituyente no abordó todas las posibles violaciones al debido proceso, de carácter legal, si no solo aquellos elementos que forman parte del ámbito de protección constitucional”.

El ámbito del debido proceso constitucional acorde a la referida sentencia, comprende “las formalidades legales esenciales”. En ese sentido, se adujo que correspondía al juez constitucional examinar si a pesar de la irregularidad que presente una prueba, pueden subsistir otras con fundamento en las cuales pudo adoptarse la decisión; vale decir, siempre que no haya sido determinante para la misma, a la prueba irregular se le resta importancia.

Igualmente aplicando los estrictos términos del artículo 86 de la C.P., es pertinente examinar la procedencia de la acción de tutela cuando aún existiendo medios de defensa judicial, aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La evolución jurisprudencial, condujo a proferir la Sentencia C-590 de 2005, en la cual la Corte Constitucional resaltó el carácter sumamente excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la anterior providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte la mencionada decisión, precisó:

“... 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales...”.

En ese orden, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente en la tarea de identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de establecer si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si la misma no alcanza a vulnerar tales derechos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable: señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez: es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: con fundamento en este presupuesto, se precisa que la irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. (e). Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: indica la Corte que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (f) Que no se trate de sentencias de tutela: lo anterior se justifica bajo el riguroso proceso de selección que hace la corporación.

Igualmente, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales, superando la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con la finalidad de resaltar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, indica los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga: (a) Defecto orgánico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia (b) Defecto procedimental absoluto: que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (c) Defecto fáctico: que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. (d) Defecto material o sustantivo: como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (e) Error inducido: que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. (f) Decisión sin motivación: que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. (g) Desconocimiento del precedente: según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. (h) Violación directa de la Constitución: procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, no porque considere que deba seguir estrictamente sus criterios interpretativos, sino por otras importantes razones:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos fundamentales compromete la actuación de “cualquier autoridad pública” (C. P., art. 86) incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos y sus respectivos órganos de cierre.

En segundo lugar, se trae a colación la jurisprudencia constitucional respecto de la tutela contra decisiones judiciales por cuanto muestra que ha sido la misma jurisdicción constitucional la que se ha encargado de destacar, que si bien la acción resulta procedente, ella es absolutamente excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

Finalmente, estima la Sala que la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

2.2. Análisis del caso concreto.

Al analizar los argumentos expuestos por el accionante en el escrito de tutela, observa la Sala que en síntesis se plantea un defecto sustantivo contra las providencias dictadas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de acción popular Nº 05001333100920080006901, por cuanto consideró que no se vincularon a las entidades encargadas de proteger el medio ambiente y el espacio público; no se tuvieron en cuenta la Ley 140 de 1994 y el Decreto 1683 de 2003 expedido por la alcaldía del municipio de Medellín, normas referidas a la protección básica del medio ambiente y se apartaron del precedente judicial de la propia corporación y del Consejo de Estado.

De igual forma, consideró que la Procuraduría General de la Nación afectó sus derechos fundamentales al no intervenir en el proceso de acción popular.

En este orden, el problema jurídico se contrae a determinar si los Jueces constitucionales en los fallos proferidos en el proceso de acción popular Nº 05001333100920080006901 incurrieron en vía de hecho por defecto sustantivo y por apartarse del precedente jurisprudencial, y si la Procuraduría General de la Nación a través de su delegada incurrió en alguna vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor en tutela.

Previo a cualquier análisis, debe la Sala señalar en primer lugar, que acogiendo la tesis reiterada por la jurisprudencia, la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo en el que se sometan a debate aspectos que son propios de definir por el juez ordinario y no el juez constitucional.

Pretendiendo aclarar los errores que se endilgan al trámite de la acción popular, es pertinente señalar que según lo previsto en la Ley 472 de 1998, esta clase de acción debe dirigirse en contra del presunto responsable del hecho u omisión que la motiva. No obstante, la ley asignó una atribución especial al juez constitucional para que en el curso de la primera instancia, pudiera, en cualquier momento, integrar el litis consorcio necesario por pasiva, con el fin de vincular a cualquier otro presunto responsable de la vulneración o amenaza identificada en el escrito de demanda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 ibidem(7), ante la verificación de la existencia de otro presunto responsable en la violación o amenaza de los derechos colectivos invocados en la demanda, corresponderá al juez la integración efectiva del respectivo extremo pasivo de la litis, no solo con el propósito de garantizar el derecho de defensa (C.P., art. 29), de las personas que intervienen en el debate judicial, sino, además, de todas aquellas que pudieran verse cobijadas por los efectos de la decisión judicial(8).

En razón a lo que se acaba de explicar, en el proceso objeto de estudio, el juez de primera instancia vinculó a las partes contra las cuales se dirigió la demanda en ejercicio de la acción popular, ordenándose la correspondiente notificación, y el envío de la comunicación al Ministerio Público con el fin establecido en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998. También se anotó que podrían coadyuvar a esta acción las organizaciones populares cívicas y similares, así como el defensor del pueblo o sus delegados, el personero municipal y demás autoridades que en razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos colectivos invocados (L.172/98, art. 24) (fls. 14 y 14 vuelto del cdno. anexo)

De igual forma, en la referida providencia se ordenó, que a costa del actor popular se diera aviso a la comunidad en general a través de un medio masivo o por cualquier otro medio sobre la existencia de la acción popular, para su posible intervención en el proceso.

En este orden y revisado el expediente, se evidencia que el juez requirió al demandante popular en diferentes oportunidades para que diera cumplimiento a lo ordenado y aportara al expediente la constancia respectiva, con el fin de tener certeza de que la comunidad había sido enterada de la existencia de la acción popular (fl. 82 del cdno. anexo).

Dado el incumplimiento de la carga del demandante de difundir el aviso a través de un medio masivo de comunicación y evitando se paralizara el proceso, el juzgado ofició a la alcaldía de Medellín, con el fin de que en un lugar visible de esa corporación se fijará el extracto de la demanda por el término de 5 días, para que la comunidad se enterará del proceso de acción popular y así cualquier persona que tuviera interés interviniera en el mismo (fl. 83 del cdno. anexo).

A folio 87 del cuaderno anexo, obra la certificación expedida por la secretaría general de la alcaldía del municipio de Medellín en la cual consta que el extracto de la demanda de acción popular Nº 2008-0069 se público en un lugar visible de la alcaldía por el término de 5 días hábiles contados a partir del 22 de abril de 2009 hasta el 6 de mayo del mismo año.

Por lo expuesto, se evidencia que en el trámite adelantado en el proceso popular, no se omitió dar la oportunidad de intervenir a la autoridad administrativa encargada de proteger el derecho e interés colectivo al espacio público como lo amerita este tipo de acciones, ni conformar el litis consorcio necesario por pasiva en el proceso de la acción popular.

En este punto cabe destacar que el incumplimiento de la carga del demandante no es obstáculo insalvable para que se continuará con trámite del proceso por cuanto a través del exhortó realizado se cumplió con la finalidad de poner en conocimiento de la comunidad de la existencia del proceso de acción popular dándoseles la oportunidad a los interesados incluyendo a las entidades administrativas de participar como coadyuvantes en los términos del artículo 24 de la Ley 472 de 1998.

Para abordar la segunda parte del problema jurídico planteado, es pertinente reiterar que el defecto sustantivo se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

En el caso concreto, se evidencia en la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que luego de hacer un estudio sobre la procedibilidad de la acción y al abordar el análisis de fondo del asunto planteado en la demanda consideró necesario detenerse en el examen de la Ley 140 de 1994 y el Decreto municipal 1683 de 2003, llegando a la conclusión que no se acreditó la vulneración de los derechos colectivos por cuanto no se evidenció el peligro que se cierne sobre la población, la real amenaza que existe y el daño contingente que se quiere evitar.

De lo expuesto se destaca que el juez de primera instancia, contrario a lo manifestado por el actor de la acción popular y hoy tutelante, no incurrió en vía de hecho por defecto sustancial por cuanto analizó la normatividad vigente aplicable al caso concreto, como lo es la que regula la publicidad visual de los establecimientos de comerció, la cual propende por el medio ambiente sano libre de contaminación, en este caso, visual.

Así las cosas, esta Sala verifica que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín no incurrió en defecto sustantivo alguno.

Finalmente se reitera que el a quo de la acción popular considero que el actor no cumplió con la carga de la prueba pues con las documentales (fotografías) y con la inspección judicial adelantada por el juzgado el 24 de septiembre de 2009 (fls. 136 y 137 del cdno. anexo), no se demostró que se estuvieran en el momento infringiendo los linimientos(sic) establecidos para esa clase de publicidad exterior de los establecimientos comerciales, y que dicha infracción vulnera o amenaza con vulnerar los derechos colectivos que enlista en la demanda.

Ahora bien, la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual se confirmó la decisión adoptada por el juez administrativo resalta que la acción popular puede ser ejercida para impedir entre otras la amenaza del derecho al ambiente sano (L. 472/98, art. 2º), esos agravios, o daños deben estar debidamente fundados y probados lo que evidentemente no ocurrió en el caso que se analiza.

Por lo anterior, la Sala considera que el juez de segunda instancia dentro del proceso popular al tomar la decisión que hoy se cuestiona, no incurrió en defecto material alguno pues aunque no se refirió expresamente a la normatividad señalada por el actor, esto es la Ley 140 de 1994 y el Decreto municipal 1683 de 2003, esto se dio como consecuencia precisamente del incumplimiento de la carga del accionante popular de probar de alguna forma la vulneración o amenaza del derecho colectivo al ambiente sano al no cumplirse con los parámetros establecidos en la normatividad citada, pues como se anotó por el tribunal en la sentencia referida no es suficiente para acreditar la violación al derecho colectivo la reproducción o copia de la fotografía visible a folio 2 de la demanda popular.

El tribunal anotó que el registro fotográfico que aportó el actor con la demanda, “aunque en principio, no da certeza sobre la fecha de los hechos que en ellos se representan, aquellos no fueron tachados de falsos por la entidad demandada, lo que permite inferir que, en principio, es cierto uno de los hechos en que se funda la demanda, en lo que tiene que ver con la existencia de los avisos del punto de venta de Colanta Ltda, sin embargo, es evidente que dicho registro fotográfico en sí mismo no es demostrativo de ninguna circunstancia adicional, como la presunta contaminación al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, ni a la presunta contaminación visual que origina los mencionado avisos, ni a las medidas de este (...)” (fl. 135).

La Sala considera que el tribunal y el juzgado para resolver el problema jurídico planteado en el caso, valoraron y examinaron los elementos probatorios recaudados en el trámite del proceso, por lo cual el tribunal y el juez, como jueces constitucionales en el proceso de acción popular, al tomar las decisiones que aquí se cuestionan, utilizaron criterios de interpretación normativa válidos y razonables.

Cuando esto ocurre, es decir, cuando se evidencia una valoración fáctica y probatoria, que no desborda los criterios de interpretación, esta corporación ha venido participando de la tesis según la cual la autonomía judicial envuelve el respeto por el principio de independencia de los jueces para interpretar el ordenamiento jurídico y por ello, considera que no constituye una vía de hecho, la decisión que de forma razonada exponga los argumentos por las cuales el funcionario judicial la adopta, dado que la exposición del criterio no implica el desconocimiento de la juridicidad.

Respecto al tercer planteamiento del problema jurídico, se tiene que a pesar de que se alega la vulneración del precedente, el problema se centra en el debate de la valoración de la prueba en los casos por el actor referidos, lo que eventualmente podría dar lugar a un defecto fáctico y no al desconocimiento del precedente jurisprudencial, defecto que se pretende endilgar a los fallos atacados en la solicitud de tutela.

Por lo expuesto debe reiterarse que de manera puntual, el tribunal y el juzgado como juez del proceso de acción popular Nº 05001333100920080006901, valoraron las pruebas que se allegaron con la demanda y en el curso del proceso, restándole el valor probatorio al documento “fotografía” basado en lo que ha dicho el Consejo de Estado, frente a la fuerza que tiene de probar un hecho una fotografía que no da cuenta clara y especifica de una situación particular.

Respectó al último planteamiento del problema jurídico del caso en estudio, referente a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor por parte de la Procuraduría General de la Nación, debe anotarse que el Ministerio Público fue debidamente notificado de la admisión de la demanda (fl. 98); que participó en la fallida audiencia de pacto de cumplimiento (fls. 57 y 58) y que se notificó del auto por medio del cual se concedió el recurso de apelación ( fl. 117 vuelto).

Lo anterior, demuestra que el Ministerio Público por medio de su delegada realizó el seguimiento y estuvo al tanto de las etapas del proceso, por lo que es dable concluir que actuó con diligencia.

De otro lado, debe aclararse que el hecho de que el delegado del Ministerio Público en asuntos judiciales no emita concepto dentro de un proceso constitucional no significa que esté actuando en detrimento del actor popular, pues es sabido que la actuación del Ministerio Público se da cuando el procurador delegado ante el despacho judicial considere que tiene merito su participación en pro de los derechos colectivos que se estiman vulnerados.

Adicionalmente, se anota que la ausencia de concepto no impide que si el juez constitucional encuentre demostrada la vulneración de los derechos colectivos así lo declare en la sentencia.

Bajo los argumentos que anteceden, la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, en la medida en que la cuestión que se debate carece de relevancia constitucional y no se evidencian los supuestos que se alegan como constitutivos de una vía de hecho.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGASE la acción de tutela interpuesta por el señor Omar Osvaldo Villa Monsalve, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

Si no fuere recurrida, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(2) Sobre el particular ver, entre otras, sentencias SU-477 de 1997, T-329 de 1996. Sobre la omisión de práctica de pruebas decisivas ver sentencias T-488 de 1999, T-452 de 1998, T-393 de 1994, entre otras

(3) Sobre el particular ver, entre otras, la Sentencia T-452 de 1998:

“en relación con la valoración que hacen los jueces de la pruebas dentro de un proceso, la posible configuración de una vía de hecho en la misma requiere de un comportamiento del funcionario que la adelanta, claramente irregular, en donde se impone su voluntad, en contravía de lo que puede arrojar objetivamente el cuaderno de pruebas allegado o solicitado para su práctica...”.

(4) El artículo 29 de la Carta dispone que “[E]s nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. En la Sentencia T-008 de 1998 la Corte señaló al respecto:

“Esta Sala no puede menos que indicar que solo en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”.

(5) M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En similar sentido T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(6) Cfr. Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(7) “La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado”.

(8) Sobre el particular, entre otras decisiones, se cita el auto del 11 de octubre de 2006, Expediente A.P 2960, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.