Sentencia 2011-00038 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 08001233100020110003801

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Número interno: 19613

Demandante: Universidad Autónoma del Caribe

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Asunto: Excepciones - mandamiento de pago

Bogotá, D. C., diez de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, debe la Sala determinar si la Resolución 5 del 26 de enero de 2000, por medio de la cual el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla le concedió a la Universidad Autónoma del Caribe una facilidad para el pago de las obligaciones fiscales de los periodos 1997, 1998 y 1999 mencionados, interrumpió el término de prescripción de la acción de cobro.

Como asunto previo, la Sala observa que en el recurso de apelación el distrito demandado formuló la excepción de inepta demanda, porque la actora no interpuso el recurso de reconsideración contra el acto demandado, sobre lo que es preciso señalar que conforme con lo dispuesto en el artículo 164 del CCA, la oportunidad procesal para ello es durante la contestación de la demanda.

No obstante, si bien está demostrado que la entidad territorial no contestó la demanda, es necesario indicar que no es cierta la alegada falta de interposición del recurso aludido contra la resolución que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago, ya que en el folio 32 del cuaderno principal obra copia de ese recurso interpuesto contra dicho acto, el cual fue recibido por la administración el 6 de octubre de 2010, con el radicado Nº 14960.

Para el caso de la prescripción de la acción de cobro en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, los artículos 353 del Acuerdo 30 de 2008 y 388 del Acuerdo 180 de 2010(1), se remitieron a las previsiones traídas en los artículos 817, 818 y 819 del Estatuto Tributario.

El artículo 817 del Estatuto Tributario determinó que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en un término de cinco (5) años. Sin embargo, el artículo 818 ibídem estableció que el término de prescripción indicado se interrumpe:

“(…) por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud de concordato y por la declaratoria de oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa” (subraya la Sala).

Nótese que la norma dispone, específicamente, que el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales se interrumpe por el otorgamiento de facilidades para el pago; sin embargo, la ocurrencia del tal situación no puede justificar la inactividad de la administración en el cobro de las obligaciones derivadas de los impuestos respectivos, durante el término de cinco años previsto por la ley.

En lo que respecta a las facilidades de pago, los artículos 346 del Acuerdo 30 de 2008 y 383 del Acuerdo 180 de 2010(2) incorporaron el contenido del artículo 814 del Estatuto Tributario y, para el caso del incumplimiento de las mismas, se remitieron al artículo 814-3 del Estatuto Tributario, según el cual:

“Incumplimiento de las facilidades. Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el administrador de impuestos o el subdirector de cobranzas, según el caso, mediante resolución podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta la concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere el caso” (resalta la Sala).

Sobre este punto, conviene precisar que si bien la expedición de un acto tendiente a dejar sin vigencia el plazo concedido, es potestativa de la administración, lo cierto es que la facultad de esta para hacer efectivo el pago del saldo insoluto de las obligaciones tributarias está limitada en el tiempo y no puede ir en contra del objeto mismo de la prescripción, que no es otro que castigar la inactividad de la administración por el transcurso del tiempo previsto para la ocurrencia del fenómeno jurídico anotado.

Caso particular

En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

• Mediante la Resolución 5 del 26 de enero de 2000, la administración le concedió a la actora una facilidad de pago con respecto a las obligaciones correspondientes al impuesto de industria y comercio de los periodos gravables 1997 (1-6), 1998 (1-6) y, 1999 (1-5)(3);

• La demandante incumplió el pago de las obligaciones derivadas del mencionado acuerdo(4), sin que la entidad demandada declarara sin vigencia la facilidad de pago;

• La actora solicitó la prescripción de las obligaciones anotadas el 22 de octubre de 2009(5), sin que la administración se pronunciara al respecto;

• La entidad demandada expidió el Mandamiento de Pago GGI-COR-2010008051 del 20 de enero de 2010(6), notificado el 22 de mayo siguiente, por los periodos gravables indicados;

• Contra el acto señalado el 15 de junio de 2010, la demandante presentó las excepciones de prescripción y de falta de título(7), resueltas por la Resolución GGI-COR-004119 del 14 de septiembre de 2010 que ordenó seguir adelante con la ejecución(8);

• El 6 de octubre de 2010 la actora interpuso oportunamente el recurso de reposición contra la señalada resolución(9), el cual no fue resuelto por la demandada.

A partir de los hechos señalados, la Sala advierte que si bien, con la expedición del acuerdo de pago concedido mediante la Resolución 5 del 26 de enero de 2000 se interrumpió el término de prescripción de la acción de cobro, la actora dejó de pagar las obligaciones a su cargo desde el 14 de agosto de 2000, sin que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla declarara sin vigencia la facilidad de pago, como lo dispone el artículo 814-3 del Estatuto Tributario e iniciara un proceso administrativo de cobro por el saldo insoluto, como lo estableció el parágrafo 2° de la señalada resolución, que indicó:

“El incumplimiento en el pago de alguna cuota y/o de cualquier obligación surgida con posterioridad a la presente resolución, dará lugar a que se declare sin vigencia el plazo concedido, y a iniciar proceso administrativo de cobro coactivo por el saldo insoluto” (subraya la Sala).

Lo anterior, porque la interrupción del término de la prescripción no opera de manera indefinida en el tiempo, ya que el incumplimiento en el pago de una de las obligaciones pactadas es un evento constitutivo del inicio de un nuevo proceso de cobro coactivo por el saldo insoluto, que no es indiferente a las reglas de prescripción previstas en el artículo 817 del Estatuto Tributario.

En ese orden de ideas, el incumplimiento se entiende consolidado a partir del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación, esto es, el 15 de julio de 2000, por ser esta la fecha en la que venció el plazo para pagar las siete cuotas acordadas en la Resolución 5 de 2000, y es a partir de esa fecha que se debe empezar a contar el término de prescripción de cinco años.

Por lo tanto, para el momento en el que fue notificado el mandamiento de pago, esto es, el 22 de mayo de 2010, la administración no podía exigir el pago de la obligación generada por concepto del impuesto de industria y comercio de los periodos 1997 (1-6), 1998 (1-6) y 1999 (1-5), por la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 14 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. CONFÍRMASE la sentencia del 14 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Universidad Autónoma del Caribe contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barraquilla.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase».

(1) El contenido de los artículos referidos es similar y señaló: “La prescripción de la acción de cobro de las obligaciones relativas a los impuestos a cargo de la Administración Tributaria Distrital se regula por lo señalado en los artículos 817, 818 y 819 del Estatuto Tributario Nacional”.

(2) “Facilidades para el pago. El jefe del área de cobranzas de la Administración Tributaria Distrital o quien haga sus veces, podrá mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos administrados por el Distrito, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar. Para el efecto serán aplicables los artículos 814, 814-2 y 814-3 del Estatuto Tributario”.

(3) Visible en los folios 63 a 65 del cuaderno principal.

(4) En el acta de vigilancia del Ministerio Público consta que la actora realizó el último pago el 14 de agosto de 2000, sin que lograra pagar la obligación a su cargo.

(5) Visible en los folios 68 a 70 del cuaderno principal.

(6) Visible en los folios 66 y 67 del cuaderno principal.

(7) Visible en los folios 59 a 62 del cuaderno principal.

(8) Visible en los folios 46 a 50 del cuaderno principal.

(9) Visible en los folios 32 a 45 del cuaderno principal.