Sentencia 2011-00044 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Expediente 11001-03-25-000-2011-00044-00 (0169-2011)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Oscar Manuel Pinzón Tamayo C/Nación - Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Acotación preliminar

Encuentra la Sala que en esta oportunidad son objeto de impugnación, el fallo de única instancia de 15 de abril de 2005 proferido por el señor Procurador General de la Nación, la providencia de 17 de mayo de 2006 que desató el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, emitida por la misma autoridad al igual que el Decreto 3831 de 2 de noviembre de 2006, expedido por el Ministro de Defensa que dio cumplimiento a la decisión administrativa.

En este punto, para la Sala es indispensable advertir, que a fin de ejercer la acción subjetiva de anulación consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, es menester, entre otros requisitos de orden procedimental y sustancial, que la parte actora dentro del libelo introductorio individualice con toda precisión el acto o los actos a demandar, bajo las reglas o directrices establecidas por el legislador en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo(1) que dispone en síntesis, la demandabilidad de la totalidad de actos que hayan conformado el agotamiento de la vía gubernativa salvo aquellos casos en los que el acto definitivo es revocado, evento en el que tan solo procede demandar la última decisión.

A partir de lo anterior, es claro que en todo caso debe demandarse el acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la administración frente a una situación jurídica particular, junto con aquellos actos que en el agotamiento de la vía gubernativa constituyan una unidad jurídica con el mismo, pues ello compone necesariamente la órbita de decisión del juez frente a una pretensión anulatoria, precisamente por la identidad y unidad de su contenido y de sus efectos jurídicos, sin que pueda segmentarse bajo tales condiciones el análisis de su legalidad.

Asimismo, debe precisarse que a voces de los artículos 49 y 50 del mismo código, son susceptibles de control judicial los actos administrativos definitivos que ponen fin a una actuación administrativa y deciden directa o indirectamente el fondo de un asunto, y en este orden de ideas, salvo situaciones excepcionales de expresa consagración legal o que impliquen la redefinición de su naturaleza, se excluyen de enjuiciamiento los meros actos de trámite, preparatorios, o de ejecución, dado su contenido netamente informativo o procedimental.

De otro lado, sobre la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, estima la Sala conveniente resaltar que, el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece, que caducará en el término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Con lo que se infiere entonces, que para efectos del conteo de la caducidad de la referida acción, la misma bien puede contabilizarse desde el día siguiente al de la ejecución del acto.

De esta suerte, aunque en el ámbito de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, son objeto de demanda tanto el acto contentivo de la voluntad de la administración como los que conforman el agotamiento de la vía gubernativa, en razón a que son los que finiquitan la actuación administrativa decidiendo de fondo el asunto, sin que dicho sea de paso, se deba demandar el acto de ejecución, en tanto que se constituye únicamente en un instrumento de eficacia de un acto principal(2); lo cierto es, que por el efecto útil del conteo de la caducidad, es viable tener en cuenta este último acto, como definitorio de la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En este orden, no se comparte la posición del Ministerio Público en el sentido de que debe emitirse un pronunciamiento inhibitorio frente a la litis planteada, en atención a la operancia de la caducidad de la acción; porque aunque es cierto, que el acto de ejecución no debe demandarse, no lo es menos, que para efecto de contabilizar el término de caducidad, bien debe tenerse en cuenta por expresa disposición legal.

Surge de lo anterior que, si en el presente asunto el acto de ejecución se notificó al actor el 13 de diciembre de 2006 (fl. 7, cdno. 2) y la demanda se presentó el 13 de abril de 2007 (fl. 663, cdno. 2), lo fue dentro del término de caducidad de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo; con todo lo cual, corresponde a la Sala la emisión de pronunciamiento de fondo que desate esta contención, pero solo en lo que respecta al acto administrativo que impuso la sanción y al que lo confirmó vía recurso de reposición, no así respecto del acto de ejecución —Decreto 3831 de 2 de noviembre de 2006—, en su condición de estar destinado a cumplir con la decisión adoptada dentro de la actuación administrativa definitiva.

Tampoco se está de acuerdo con el señalamiento del demandante en el sentido de que la actuación que acusa, incluido el acto de ejecución, constituye un acto complejo; porque este último acto, es el que resulta del concurso de voluntades de varios órganos de una misma entidad o de entidades distintas que se unen en una sola, de tal suerte, que para que se conforme, es necesario que haya unidad en el contenido y unidad de fin de esas voluntades internas que confluyen para formar ese acto único, por manera que la serie de actos que lo integran no tengan existencia jurídica separada e independiente(3). Y en este caso, el acto que profirió el Ministerio de Defensa solo lo fue en acatamiento de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, por manera que se trató de dos voluntades diferentes que por supuesto no eran internas.

De acuerdo con lo expuesto, en esta oportunidad el análisis de la litis solo se contraerá al fallo de única instancia y a la providencia confirmatoria del mismo; decisiones que la Procuraduría General de la Nación, emitió en contra del actor en el ejercicio de la potestad disciplinaria que le asistía.

Del fondo del asunto

La inconformidad del accionante radica en que la demandada incurrió en violación de la ley, error de derecho, falsa interpretación de las normas, falsa motivación en los considerandos de los cargos y desviación de poder, en razón a que emitió decisión respecto de dineros que no podía auditar, porque no se trataba de sumas integrantes del presupuesto nacional, sino de donaciones que el gobierno americano entregó al gobierno colombiano, ello aunado a que entre las funciones que él desempeñaba, no tenía conferida la facultad para disponer de esos recursos, sino solo de atender órdenes de su superior funcional.

Igualmente estima que se vulneraron los principios del debido proceso, de legalidad y de tipicidad, porque para asegurar la doble instancia, el expediente debió remitirse ante el procurador delegado para la Policía Nacional y se debió romper la unidad procesal, de igual manera, el trámite que correspondía al proceso era de normativa especial, porque las leyes 200 de 1995 y 734 de 2002, aplican solo en materia de derechos humanos.

A fin de decidir el objeto de la controversia, la Sala estima pertinente hacer alusión a la potestad disciplinaria que en razón de la función pública debe ser ejercida sobre los servidores públicos y a la competencia del juez administrativo en materia disciplinaria, para luego determinar si de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en el expediente, la actuación administrativa acusada adolece de nulidad.

Potestad disciplinaria

En la organización estatal constituye elemento fundamental para la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho, la potestad para desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, en atención a su especial sujeción al Estado en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de la función pública; de manera, que el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades por parte del servidor público, se debe efectuar dentro de la ética del servicio público, con apego a los principios de moralidad, eficacia, eficiencia, que caracterizan la actuación administrativa y propenden por el desarrollo íntegro de la función pública con pleno acatamiento de la Constitución, la ley y el reglamento.

De suerte, que el derecho disciplinario valora la inobservancia del ordenamiento superior y legal vigente, así como la omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones; con lo que la ley disciplinaria se orienta entonces a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas, cuando sus faltas interfieran con las funciones estipuladas.

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad del castigo de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten.

Así pues, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro.

Competencia del juez administrativo en materia disciplinaria

En lo que atañe a la competencia del juez administrativo en asuntos disciplinarios, la corporación ha sostenido que en esta materia, la revisión de la legalidad de las decisiones, dadas las prerrogativas procesales propias de ese procedimiento, no deben repetir el debate agotado ante la autoridad administrativa competente. Es decir, que el juicio que inicia con la acción de nulidad y restablecimiento interpuesta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no puede constituirse en una simple extensión del trámite disciplinario, que involucre un nuevo examen de la prueba como si se tratara de una tercera instancia, pues, es funcionalmente distinto en la medida en que implica una especialidad y depuración del debate(4). Empero, tampoco significa la intangibilidad de los actos de juzgamiento disciplinario, pues ellos están sometidos a la jurisdicción, aunque no de cualquier manera, sino con marcadas restricciones.

Corresponde entonces a la jurisdicción contencioso administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales básicas, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba, a condición de que la misma sea manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, es decir, aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa(5).

También es pertinente el análisis de legalidad, cuando en dicho proceso se ven comprometidos derechos de rango constitucional, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el buen nombre, el honor y la dignidad, entre otros.

En síntesis, a la jurisdicción le corresponde proteger al ciudadano de la arbitrariedad, de la desmesura, de la iniquidad, de la ilegalidad, en fin, de las conductas de la administración que atenten contra la Constitución Política y la ley, pero dentro del marco que se señaló precedentemente.

Material probatorio

Tal como se relata en el fallo de única instancia de 15 de abril de 2005, el auto de cargos de 26 de septiembre de 2002 formulado en contra de los investigados, se concretó al manejo y ejecución indebidos, por parte del fondo rotatorio del área de servicios y apoyo de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional (Arsea - Diran), de los recursos provenientes del gobierno americano según el convenio NAS suscrito con el gobierno colombiano a través de la oficina NAS (narcotics affairs section) de la embajada americana en Colombia, para apoyo operacional (legajos) en la lucha antidrogas. (Fls. 1138-11977, cdno. 2).

Fue entonces como por medio de autos de 9 y 10 de mayo de 2002, la Procuraduría de manera oficiosa dispuso adelantar la investigación preliminar. El 11 de junio siguiente, al encontrarse dentro de los disciplinados a un general de la República en servicio activo, el Procurador General, por competencia, dio apertura a la respectiva investigación disciplinaria. El 5 de julio y el 26 de agosto de 2002, se adicionó la anterior decisión y se rompió la conexidad procesal frente a las diferentes unidades antinarcóticos que en todo el país manejaban fondos procedentes del convenio NAS y en este proceso se continuó con la investigación respecto de los dineros que manejó y controló el área de servicios y apoyo, Arsea, de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional, Diran.

En esta investigación en cuanto a los fondos o dineros se determinó, que fueron entregados por la oficina NAS de la embajada americana a la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional a través de consignación hecha al Banco Popular en la cuenta denominada fondos convenio NAS - tesorería; por manera, que el presupuesto de gastos operacionales ejecutado a través de los fondos rotatorios creados para tal fin, aproximadamente en el año 2000 ascendió a $ 9.700.000.000 y en el año 2001 a $ 10.300.00000. Además se estableció, que de conformidad con la carta acuerdo y el apéndice 1, en el año 1998 se elaboró entre los funcionarios de la oficina NAS y la dirección antinarcóticos, el instrumento de operaciones denominado manual de nuevos procedimientos financieros y logísticos, que al año siguiente fue implementado por la Policía Nacional, en el que se establecieron responsabilidades para el director y subdirector de la dirección antinarcóticos, el área de servicios y apoyo, los jefes de área, los comandantes de zonas y de bases y los jefes de grupo de la Diran, en cuanto a la coordinación y supervisión de los recursos al igual que el control y seguimiento sobre la ejecución presupuestal.

El 26 de septiembre de 2002 se formuló pliego de cargos en contra de los investigados. El 20 de mayo de 2003 se decretaron las pruebas solicitadas, se negaron otras y se resolvieron las peticiones de nulidad. El 15 de noviembre de 2004 se dispuso la práctica de las pruebas peticionadas. El 19 de noviembre de 2004 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión para algunos disciplinados. El 9 de diciembre de 2004 se amplió el término de traslado para otros investigados y luego concluyó la etapa de investigación con la notificación por estados del 28 de enero de 2005. (Fls. 11138-11148 vto.).

En el pliego de cargos se concluyó, que las conductas constitutivas de faltas disciplinarias se originaron en irregularidades en relación con las solicitudes, justificaciones, autorizaciones, cotizaciones, compras de bienes y servicios, verificaciones y legalizaciones, que no se cumplieron por parte de los integrantes de la Policía Nacional, adscritos o no a la dirección antinarcóticos, uniformados o no, así como por los particulares vinculados por contratos de prestación de servicios en sus diferentes niveles. Situaciones producto de la ausencia de coordinación, supervisión, vigilancia y control en el manejo y ejecución presupuestal de los dineros para gastos operacionales, que se derivaron del incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de acatar lo acordado en los convenios de cooperación internacional y en especial, respecto de la lucha contra el tráfico de drogas. (Fls. 11154 vto., cdno. 2).

Además se señaló, que si bien los dineros para gastos operacionales del convenio NAS no ingresaban al presupuesto nacional, eran dineros públicos porque fueron puestos bajo la administración y custodia de una entidad estatal, como lo es la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional, para ser utilizados en un fin inherente a las funciones del Estado, como es la seguridad ciudadana en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; sujetos no solo a los principios de contabilidad aceptados por Colombia, al plan único de cuentas, al plan general de contabilidad pública, al plan de cuentas de la Contaduría General de la Nación, a las políticas de ejecución y austeridad en el gasto público, normas internas de la Diran, entre otras, sino además a preceptos constitucionales tales como los artículos 4º, 95 y 209.

Normativa que no se observó por los disciplinados, quienes orientaron la ejecución de los recursos a cubrir requerimientos de la parte administrativa, restringiendo la destinación de los mismos a la parte operativa, que era el objeto principal del convenio, incurriendo además, en prohibiciones tales como el fraccionamiento de compras de un mismo elemento, los desembolsos con destino a órganos diferentes a su propia organización, la realización de compras y su posterior legalización con la consecuente acumulación de gastos antiguos, las autorizaciones con fechas posteriores a las cotizaciones y facturas del proveedor, entre otras muchas anómalas conductas, que encontraron suficiente soporte probatorio en toda la documental y testimonial recaudada. (Fls. 11160-11164, cdno. 2).

En concreto en cuanto al accionante, la decisión impugnada da cuenta que fungió como jefe de la oficina de adquisiciones desde el 30 de diciembre de 1998 hasta el 24 de junio de 1999 y como jefe de almacén de intendencia del 25 de junio de 1999 al 6 de mayo de 2002, adscrito al grupo logístico del grupo financiero del Arsea de la Diran, y que en dichos periodos se presentaron al interior de tales dependencias, anomalías documentalmente comprobadas —con auditorías, visita administrativa al grupo financiero de la Diran y visitas a proveedores—, evidenciadas en la devolución y rechazo por parte de la oficina NAS, de numerosas facturas o consecutivos, de comisiones o misiones especiales, ante la falta de entrada de elementos al almacén, ausencia de soportes contables y de órdenes de operación y legalizaciones, todo en franca contravención al manual de procedimientos del convenio, no obstante asistirle la obligación de regentar la jefatura que dirigía y de colaborar para la obtención del logro de los objetivos del proyecto.

Todo lo anterior en detrimento del presupuesto nacional, habida cuenta que la institución debió acudir a procesos conciliatorios por la suma de $ 1.205.789.474,76 por concepto de facturas por compras y servicios prestados a la Diran en los años 2000, 2001 y 2002, que la oficina NAS de la embajada americana no quiso reconocer, porque como se anticipó, no se ajustaron a los requisitos contemplados en el manual de procedimientos.

Ante el evidente incumplimiento de los deberes constitucionales de que dan cuenta los artículos 4º, 94 y 209 superiores y de los principios de la administración pública, se hizo entonces merecedor a la sanción de destitución de la institución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 5 años, luego de la calificación de la falta como gravísima en la modalidad de dolosa. (Fls. 11631-11654, cdno. 2).

El 17 de mayo de 2006 el señor Procurador General de la Nación desató el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, en el sentido de confirmarla, con fundamento en los mismos argumentos expresados en el fallo impugnado, aunado al consistente en el deber funcional que le asiste a todo servidor público independiente de su grado o cargo. (Fls. 13859-13865, cdno. 4).

Análisis de los cargos endilgados

Sostiene inicialmente el accionante, que las decisiones de única instancia y su confirmatoria, emitidas por la Procuraduría, vulneraron la ley e incurrieron, en error de derecho, falsa interpretación de las normas, falsa motivación en los considerandos de los cargos y desviación de poder, en razón a que emitió decisión respecto de dineros que no podía auditar, porque no se trataba de sumas integrantes del presupuesto nacional, sino de donaciones que el gobierno americano entregó al gobierno colombiano a la luz del convenio NAS para la lucha contra el narcotráfico. Además, entre las funciones que desempeñaba, no le fue conferida la de disponer de dineros, sino solo de atender órdenes de su superior funcional.

A fin de desatar este reparo estima la Sala, que tal como se señaló en párrafo antecedente, estas objeciones evidentemente se fundamentan en argumentos que pretenden rebatir las consideraciones vertidas en la actuación administrativa acusada, que se fundamentaron en el análisis, por demás suficiente, que la Procuraduría efectuó de los hechos, aunado al caudal probatorio no solo documental sino también testimonial.

De esta suerte es indudable, que lo que pretende el demandante es revivir el debate agotado por el órgano disciplinario competente, y en este punto se debe recordar, que la contención disciplinaria que se ventila ante el juez de lo contencioso administrativo, de ninguna manera puede constituirse en una prolongación del trámite disciplinario ya concluido, que involucre además, un nuevo examen del material probatorio, porque no se trata de una tercera instancia en la que pueda renacer el debate superado por el juez natural.

Y no puede ser de otra manera, cuando al interior de la decisión de la demandada ampliamente se analizó el aspecto relacionado con la naturaleza de los dineros provenientes del gobierno americano y que fueron donados al gobierno colombiano para la lucha antinarcóticos, que una vez fueron consignados y puestos a disposición de la Policía Nacional - dirección antinarcóticos —entidad estatal bajo cuya custodia se encontraban—, debían ser reservados solamente para el cumplimiento del objeto del convenio NAS, que no era otro, que su destinación a la parte operativa en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, como fin inherente a la seguridad de todos los ciudadanos colombianos, y que en esta misma dirección, debía sujetarse a la normativa interna, no solo legal sino también a la constitucional, que rige la ejecución de los recursos destinados al cumplimiento de los cometidos estatales. Obligación, que con el debido soporte probatorio y un minucioso análisis efectuado por el disciplinante, se dilucidó, que no se cumplió por parte del investigado.

En relación con la situación particular del actor, cuando señala que solo obedecía órdenes de su superior funcional, cabe la misma consideración que antecede, pues en la medida en que se analicen de alguna manera las probanzas —que por demás fueron debidamente recaudadas—, a fin de determinar las funciones asignadas en el ejercicio de su cargo, se estaría incursionando en los terrenos vedados del estudio probatorio, que ampliamente fue superado por el juez disciplinario a riesgo de invadir su esfera de competencia.

Referente a la violación al debido proceso, que el accionante hace consistir en que ha debido asegurársele la doble instancia, con la consecuente remisión del sumario al procurador delegado para la Policía Nacional; se advierte, que según lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley 734 de 2002, que regula la competencia por razón de la conexidad, es claro, que cuando varios de los servidores públicos de una misma entidad participan en la comisión de una falta o de varias conexas, se debe investigar y decidir en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar el de mayor jerarquía.

Y en el disciplinario en análisis, quien ostentaba la mayor jerarquía dentro de los disciplinados, era precisamente un brigadier general de la República, de cuyas faltas conoce el Procurador General de la Nación y en única instancia, tal como le señala no solo el Decreto 262 de 2000 en el numeral 23 de su artículo 7º(6), sino también el Decreto 1798 de 2000 en su artículo 110(7).

Significa lo anterior, que el juzgamiento del disciplinado por parte del señor Procurador General de la Nación y en única instancia, se produjo por la autoridad competente y en razón de la conexidad que autoriza la ley.

En cuanto a la ruptura de la unidad procesal que depreca el demandante, con el fin de también asegurar la ocurrencia de la doble instancia en su enjuiciamiento, se señala, que el artículo 151 de la Ley 734 de 2002 ordena, que hay lugar a dicha ruptura, cuando se adelante indagación preliminar por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios servidores públicos y solamente se identificare uno o algunos de ellos, sin perjuicio de que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma cuerda; por manera, que en esta caso, encontrándose el actor desde el inicio del averiguatorio, debidamente reconocido como policial involucrado en el manejo de los recursos del convenio NAS, en razón de la regencia de las dependencias en las que laboró, no puede predicarse la aplicación de esta figura procesal disciplinaria en este caso concreto.

Relacionado con la vulneración a los principios de legalidad y tipicidad, porque el proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, en su calidad de miembro de la fuerza pública, debió regirse por normativa especial y no según lo preceptuado por las leyes 200 de 1995 y 734 de 2002 que aplican solo en materia de derechos humanos; solo resta por señalar, que la ley disciplinaria está establecida para garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de todos los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro; de tal suerte que, el actor en la calidad de servidor público que le asistía, evidentemente es destinario de la normativa disciplinaria, que no es otra que la contenida en la Ley 200 de 1995 que regía para la época en la que laboró como jefe de la oficina de adquisiciones —30 de diciembre de 1998 hasta el 24 de junio de 1999— y la Ley 734 de 2002 vigente para el final del periodo en que fungió en calidad de jefe de almacén de intendencia(8) —25 de junio de 1999 al 6 de mayo de 2002—; con fundamento en la cual fue emitida la decisión objeto de la presente controversia.

Más que lo anterior y sin que sean necesarios mayores razonamientos es evidente para la Sala, que el actor en su condición de servidor público al no regir los destinos de las dependencias a su cargo con el debido esmero y cuidado que le exigen los dispositivos constitucionales, incurrió en flagrante violación de la Carta Fundamental; porque no puede olvidarse, que la responsabilidad de todo servidor público en materia disciplinaria encuentra fundamento, en el postulado contenido en el artículo 6º superior(9), que se constituye en el cimiento de sus obligaciones y deberes. En efecto, este precepto dispone, que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De suerte que, cuando la Carta Magna y las leyes ordenan al servidor público cumplir con ellas, se entiende que así deben hacerlo, acatando en particular, las normas que regulan específicamente su actividad, sin omitir procedimiento alguno ni extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones, so pena de ser merecedor de las sanciones correspondientes.

En la misma línea, según lo preceptúa el artículo 122 del estatuto superior(10), el servidor al momento de asumir sus funciones se compromete de manera solemne a cumplir con la Constitución; lo cual significa, que el funcionario entiende el compromiso que adquiere y se obliga no solo a observar las normas sino a tener pleno conocimiento de las mismas y la manera como debe aplicarlas. Situación que conlleva al cumplimiento de los fines del Estado, que no son otros que servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, tal como lo informa su artículo 2º(11).

Es válido entonces afirmar, que el servidor público soporta una carga mayor y superior en materia de responsabilidad, que implica el total conocimiento de los deberes contenidos en los dispositivos de orden constitucional y legal y el entendimiento del alcance de sus actos y de sus omisiones.

En este orden de ideas y sin más consideraciones adicionales concluye la Sala, que en atención a los anteriores razonamientos carecen de vocación de prosperidad las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda promovida por el señor Oscar Manuel Pinzón Tamayo contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Reconócese personería al doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo para representar los intereses de la demandada conforme al poder conferido (fl. 781, cdno. 2.).

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Artículo 138. “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. (...). Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión...”.

(2) Gómez Aranguren, Gustavo. Derecho administrativo. Bogotá D.C.: A B C Editores Librería Ltda., 2004, pág. 323

(3) Diez, Manuel María. El acto administrativo. Buenos Aires: Tipográfica Argentina S.A., 1993, pág. 123.

(4) Sección Segunda. Radicados: 2274-08 y 0032-2010. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicados: 0083-2010, 2429-08. C.P. Víctor Hernando Alvarado.

(5) Sección Segunda. Radicado 1384-06. C.P. Víctor Hernando Alvarado.

(6) Decreto 262 de 2000 “Por el cual se modifican la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación...” “ART. 7º—Funciones. El Procurador General de la Nación cumple las siguientes funciones. 23. Conocer en única instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra (...) los generales de la República y oficiales de rango equivalente”.

(7) Decreto 1798 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional” “ART. 110.—Competencia por razón de la conexidad. Cuando un funcionario de la institución cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo proceso. Cuando varios servidores de la Policía Nacional participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán en el mismo proceso por quien tenga la competencia para disciplinar al de mayor jerarquía”.

(8) Ley 734 de 2002. Artículo 224. “Vigencia. La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública”. Esta ley fue sancionada el 5 de febrero de 2002.

(9) Carta Política. Artículo 6º. “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

(10) Carta Política. Artículo 122. “... Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”.

(11) Carta Política. Artículo 2º. “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...”.