Sentencia 2011-00045 de mayo 31 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 17001-23-31-000-2011-00045-01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Aguas de Manizales S.A. ESP

Demandado: Corpocaldas

Nulidad y restablecimiento del derecho

Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., mayo treinta y uno de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Es competente la Sala para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2013, por el Tribunal Administrativo de Caldas, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y en consideración al Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017 del Consejo de Estado, que busca descongestionar la Sección Primera de esta corporación.

2. Caso concreto.

Corresponde a la Sala estudiar el contenido de la impugnación y el fallo de primera instancia para cotejarlos con el acervo probatorio y las normas aplicables al caso concreto. Si de tal estudio resulta que el fallo se ajusta a derecho se confirmará y si por el contrario carece de fundamento se revocará.

En tales condiciones, el problema jurídico a resolver en esta oportunidad, radica e determinar si, las resoluciones 503 del 9 de septiembre de 2300 y 553 del 30 de septiembre de 2010, expedidas por el director general de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, mediante las cuales se resolvió desfavorablemente la reclamación de Aguas de Manizales S.A. ESP contra la factura 166 expedida por dicha corporación a la empresa demandante, por concepto de la tasa retributiva comprendida para el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, y resolvió el recurso de reposición contra esa decisión, deben anularse por los cargos formulados por la recurrente o si, por el contrario, la demandada actuó conforme a la normativa aplicable a la materia.

Es de advertir que, en esta instancia no se realizará ningún estudio respecto de la factura 166 demandada, en tanto que, el a quo se declaró inhibido para emitir un pronunciamiento de fondo, al no constituir un acto administrativo susceptible de ser enjuiciado ante esta jurisdicción, sin que la parte recurrente ofreciera razones o argumentos contra esta decisión, motivo por el cual el numeral primero de la parte resolutiva de la providencia apelada se confirmará.

Según se tiene, en el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas denegó las pretensiones respecto de los actos administrativos acusados que resolvieron desfavorablemente la reclamación de la demandante contra la factura 166 expedida por CORPOCALDAS, mediante la cual se liquidó la tasa retributiva para el año 2009, al considerar que los cargos formulados por la parte actora tendientes a demostrar que la demandada no surtió el procedimiento establecido legalmente para el aumento de los factores contaminantes que componen la tarifa, no están llamados a prosperar, toda vez que, el cobro generado obedeció a parámetros técnicos, a la aplicación normativa de la tasa y a las facultades que tiene la corporación autónoma para el efecto.

Agregó que, contrario a lo afirmado por la demandante, la Corporación Autónoma Regional de Caldas no está obligada a la notificación mediante acto administrativo del aumento del valor de la tasa contributiva, por cuanto el cobro procede de acuerdo a la cantidad de carga contaminante vertida y en tanto que, las metas de reducción de carga contaminante global e individuales se definieron en el año 2008 con el Acuerdo 19 de esa anualidad.

El apoderado de la parte demandante, inconforme con dicha decisión la apeló bajo el argumento de que, la decisión de CORPOCALDAS de cambiar el factor contaminante de la tarifa de la tasa retributiva, se adoptó de manera unilateral, y conminó a Aguas de Manizales a cambiar una obligación que se tenía desde el año 2000, razón por la cual, con sujeción al debido proceso, le correspondía a la corporación emitir un acto administrativo con la referida decisión, y darlo a conocer a la empresa de antemano para que esta pudiera trasladar el cambio de tarifa a los usuarios del servicio de alcantarillado de la ciudad de Manizales.

La empresa en síntesis, no comparte la decisión apelada por lo siguiente: a) la empresa antes de demandar solicitó a CORPOCALDAS copia del acto del director de la corporación o copia del acta del consejo directivo, en donde se haya adoptado la nueva carga contaminante para liquidar la tasa retributiva y se modificó la que se encontraba en 0.045Kg/h*día, sin que existiera respuesta de ningún acto o resolución; b) se aportó a la respuesta dada por CORPOCALDAS el Acuerdo 19 de 2008, documento que no aporta claridad y no define la modificación en el aporte per cápita; c) este acuerdo nunca se le envió a Aguas de Manizales, no fue notificado debidamente en el año 2009, tanto es así que la empresa para presentar la demanda tuvo que pedir a CORPOCALDAS este acuerdo y solo hasta esa fecha lo conoció y d) el acuerdo no señala que se aumenta el factor contaminante de 0.45 a 0.60.

Pues bien, sobre las tasas retributivas y compensatorias, debe precisarse que la Ley 99 de 1993, mediante la cual se dictan, entre otras, disposiciones para la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se encarga de regularlas, puntualmente en lo que atañe al recurso natural del agua, en los siguientes términos:

“ART. 43.—Reglamentado por el Decreto Nacional 155 de 2004. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el presente artículo.

PAR.—Reglamentado por el Decreto Nacional 1900 de 2006, modificado por el artículo 216, Ley 1450 de 2011. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del proyecto”.

Este artículo fue regulado por el Decreto 3100 de 2003 (actualmente derogado por el D. 2667/2012) en el cual se reglamentaron las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales, modificado por el Decreto 3440 del 21 de octubre de 2004, los cuales eran la normativa vigente para la época en que tuvo lugar la liquidación de la tasa retributiva cuestionada por la demandante, esto es, la del periodo del año 2009.

Tales decretos consignan la manera en que debe establecerse la tarifa mínima y su ajuste regional, los sujetos pasivos de la tasa, los mecanismos de recaudo, fiscalización y control y el procedimiento de reclamación.

Sobre la tarifa de la tasa retributiva, el Decreto 3100 de 2003 la define como el valor que se cobra por cada kilogramo de sustancia contaminante vertida al recurso.

Por su parte, en Decreto 3440 de 2004, en el artículo 1º que modifica el artículo 3º del decreto 3100 de 2003, estableció que las autoridades ambientales competentes, realizarían el cobro de la tasa retributiva así:

“Las autoridades ambientales competentes cobrarán la tasa retributiva por los vertimientos puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área de su jurisdicción, de acuerdo a los planes de ordenamiento del recurso establecidos en el Decreto 1594 de 1984 o en aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.

Para el primer quinquenio de cobro, en ausencia de los planes de ordenamiento del recurso, las autoridades ambientales competentes podrán utilizar las evaluaciones de calidad cualitativas o cuantitativas del recurso disponibles”.

Ahora, tal como lo advierte la parte recurrente, los sujetos pasivos de la tasa retributiva, esto es, sobre quien recae la obligación de pago de la contribución, son los usuarios que realicen vertimientos puntuales (D. 3100/2003, art. 18, modificado por el D. 3440/2004, art. 4º), de manera que, la empresa de servicios públicos actúa como recaudador de dicha tasa, para finalmente trasladar ese pago a la Corporación Autónoma Regional, según el caso.

Sobre la forma de cobro de la tasa, se prevé que esta se causará mensualmente por la carga contaminante total vertida y la cobrará la “autoridad ambiental competente mediante factura, cuenta de cobro, o cualquier otro documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que esta determine”(1).

Es decir, la causación de la tasa retributiva es mensual, pero su cobro puede realizarlo la autoridad ambiental competente con la periodicidad que esta determine.

En el caso que nos ocupa, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, mediante factura 166 liquidó la tasa retributiva para el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, es decir, realizó el cobro del año completo, con fecha de vencimiento de pago del 10 de septiembre de 2010 y fecha de impresión del 21 de julio de 2010.

Con todo, el primer reparo de la empresa actora, tanto en la actuación administrativa como ahora en sede judicial, radica en el hecho de que la demandada le envió la factura 7 meses después de la causación de la tasa retributiva (la cual se causaba mes a mes) lo que le impedía recobrar el excedente a los usuarios, en tanto que el artículo 150 de la Ley 142 de 1994 impide hacer cobros que no se facturaron por error u omisión, al cabo de 5 meses.

Al respecto, debe precisarse que, si bien la causación de la tasa retributiva es mensual, la norma permitía realizar el cobro con la periodicidad que determinara la autoridad ambiental, en este caso, la Corporación Autónoma Regional de Caldas.

En todo caso, la norma que invoca la demandante, esto es, el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, no resulta aplicable en este asunto, si se tiene en cuenta que, el cobro que debe hacer a los usuarios por concepto de la tasa retributiva, no puede asimilarse al cobro inoportuno del servicio público que presta, pues como bien lo afirmó la actora en la demanda, ésta actúa como agente recaudadora del tributo, quien además también es sujeto pasivo de la tasa, luego no puede oponerse al pago del mismo con fundamento en una disposición que regula el término para cobrar “bienes o servicios” que dejaron de facturar por “consumos anteriores”.

Es decir, una cosa es el cobro del consumo de agua y alcantarillado, para lo cual, al cabo de 5 meses de entregadas las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no cobraron por error u omisión de consumos anteriores y otra muy diferente, el recaudo y pago de un tributo al que está obligada la empresa que presta el servicio de alcantarillado y sus usuarios, la cual tiene su regulación expresa, como se advirtió en párrafos precedentes.

Ahora, sobre la periodicidad con la que se cobra esta tasa, la Sala resolvió un cargo similar en los siguientes términos:

“Sin embargo, las normas citadas en parte alguna prohíben que en las facturas emitidas por la autoridad ambiental se incluyan, junto al valor de la tasa correspondiente al mes liquidado, los saldos acumulados por mensualidades anteriores y los intereses moratorios correspondientes. Y no podrían prohibirlo porque las corporaciones autónomas regionales tienen la facultad de cobrar cualquier suma adeudada por las empresas de servicios públicos por concepto de la tasa retributiva. Y si bien, en otras oportunidades la CAS cobró mensualmente la tasa a la actora, lo cierto es que la demora en la expedición de la factura en este caso obedeció a que la demandante no aportó, como se ha dicho insistentemente, el análisis de vertimientos puntuales que permitiera a la demandada efectuar mes a mes ese cobro.

Esa facultad está comprendida en las normas legales y reglamentarias que le otorgan a las corporaciones autónomas regionales la condición de sujeto activo de la tasa en estudio, particularmente del artículo 46, numeral 4º de la Ley 99 de 1993, de conformidad con el cual “constituyen el patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regionales (…) los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones, que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974 en concordancia con lo dispuesto en la presente ley”, y del artículo 15 del Decreto 901 de 1997, a cuyo tenor “las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones para el desarrollo sostenible y las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos son competentes para recaudar la tasa retributiva reglamentada en este decreto”(2).

Igualmente, en la Resolución 503 del 9 de septiembre de 2010, mediante la cual se decidió la reclamación presentada por Aguas de Manizales contra la factura 166 que liquidó la tasa retributiva del año 2009, se tiene que, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, precisó, conforme al concepto emitido por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo siguiente:

“Es así como la norma mencionada establece que para determinar dicho monto, el sujeto pasivo de la tasa debe presentar anualmente a la autoridad ambiental competente, una autodeclaración sustentada con una caracterización representativa de sus vertimientos, con el fin de que se pueda calcular la carga contaminante de cada sustancia objeto del cobro de la tasa, del periodo correspondiente. Adicionalmente, se determina que en caso en que el sujeto pasivo no presente su auto declaración la autoridad ambiental competente, realizará el cobro con base en la información disponible, bien sea aquella obtenida de muestreos anteriores, o en cálculos presuntivos basados en factores de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.

De lo anterior se desprende que, para efectos de determinar el monto, la norma permite que el sujeto pasivo realice una autodeclaración sustentada, que conforme al concepto trascrito, se presenta anualmente ante la autoridad ambiental y, a falta de esta, se podrá realizar el cobro con base en la información disponible “obtenida de muestreos anteriores, o en cálculos presuntivos basados en factores de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.

De cara a lo anterior, es claro que el periodo de facturación que realizaba la Corporación Autónoma Regional de Caldas, era anual, aun cuando la causación del tributo fuera mensual, lo cual no era una novedad para la empresa Aguas de Manizales, a quien ya se le había facturado la tasa retributiva de años anteriores y quien además lo admite así en la demanda, al señalar que los periodos 2007 y 2008 también fueron objeto de reclamación.

Ahora, si bien la autodeclaración sustentada es potestativa del usuario o empresa de servicios públicos como agente recaudadora de dicha tasa, lo cierto es que, a falta de esta, la autoridad ambiental se encontraba facultada para realizar el cobro de acuerdo con la información disponible obtenida de caracterizaciones anteriores o en cálculos presuntivos basados en factores de contaminación relacionados con niveles de producción.

Este procedimiento, debía ser de total conocimiento por parte de la empresa Aguas de Manizales como prestadora del servicio de alcantarillado en dicha ciudad, de manera que, de no presentar la autodeclaración sustentada, debía conocer la consecuencia de la norma.

Ahora, frente al cambio intempestivo que alega la recurrente sobre la determinación de algunos factores que integran la tarifa, se encuentra que, la fórmula para la determinación de la misma se encontraba debidamente delimitada en el Decreto 3100 de 2003, artículo 16:

“ART. 16.—Cálculo del monto mensual a cobrar por concepto de tasa retributiva. La autoridad ambiental competente iniciará cobrando la tarifa mínima de la tasa retributiva y evaluará anualmente, a partir del segundo año, el cumplimiento de la meta global de reducción de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo, así como el cumplimiento de las metas individuales y sectoriales. El monto a cobrar de cada usuario sujeto al pago de la tasa dependerá de su carga contaminante vertida y de su correspondiente meta sectorial o individual. Si se cumple con la meta respectiva, el factor regional aplicado al usuario será igual a 1; si se incumple, el valor del factor regional será el calculado conforme el artículo 15 del presente decreto. El monto a cobrar por concepto de tasa retributiva será de conformidad con la siguiente fórmula:

MP = S Ci * Tmi * Fri

donde:

MP = Total monto a pagar

Ci = Carga contaminante de la sustancia i vertida durante el período de cobro

Tmi = Tarifa mínima del parámetro i

Fri = Factor regional del parámetro i aplicado al usuario. Si cumple con su meta individual o sectorial es igual a 1; si incumple es calculado de acuerdo al artículo 15.

N = Total de parámetros sujetos a cobro”.

Como se lee, la Corporación Autónoma Regional de Caldas podía evaluar anualmente el cumplimiento de la meta global de carga contaminante del cuerpo de agua o tramo, así como el cumplimiento de las metas individuales y sectoriales.

Así, el monto a cobrar de cada usuario sujeto al pago de la tasa dependía de su carga contaminante vertida y de su correspondiente meta sectorial o individual.

En efecto, mediante Acuerdo 19 del 10 de diciembre de 2008, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, definió las metas de reducción de carga contaminante para las sustancias objeto de cobro de la tasa retributiva por vertimientos puntuales a cuerpos de agua y fijó la meta global de reducción de carga contaminante así como las metas individuales para el quinquenio 2009-2013.

Fue con fundamento en dicho acuerdo, el cual fue publicado en el Boletín Oficial y en la página web de la entidad, que la Corporación Autónoma Regional de Caldas, liquidó la tasa retributiva para el año 2009 de la empresa Aguas de Manizales.

No obstante, la parte actora alega que la corporación no siguió el procedimiento para el establecimiento de la meta global e individual de reducción de carga contaminante previsto en el artículo 9º del Decreto 3100 de 2003, en tanto que no cumplió con el deber de difusión y socialización que tenía. Dicha disposición preveía lo siguiente:

“ART. 9º—Procedimiento para el establecimiento de la meta global de reducción. La autoridad ambiental competente aplicará el siguiente procedimiento para la determinación de la meta global de que trata el artículo 7º:

a) El proceso de consulta y establecimiento de la meta de reducción, se iniciará formalmente mediante un acto administrativo, el cual deberá contener la duración y el procedimiento de consulta;

b) Durante la consulta los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la autoridad ambiental competente propuestas de reducción de carga contaminante;

c) La autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado de deterioro del recurso, su objetivo de calidad y las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad, elaborará una propuesta de meta global de reducción de carga contaminante y las metas individuales o sectoriales asociadas;

d) El director de la autoridad ambiental competente presentará al consejo directivo un informe con la propuesta definitiva de meta global de reducción de carga y las metas individuales o sectoriales asociadas. El informe deberá contener las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la evaluación de las mismas y las razones que fundamentan la propuesta definitiva;

e) El consejo tendrá 90 días calendario, a partir del momento de la presentación de la información, para definir las metas de reducción de carga contaminante para cada sustancia objeto del cobro de la tasa. Si el consejo directivo no define la meta en el plazo estipulado, el director de la corporación procederá a establecerla, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.

PAR.—Para dar cumplimiento con los incisos d) y e) del presente artículo, las autoridades ambientales competentes de los grandes centros urbanos y a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, presentarán la propuesta definitiva de meta global ante el consejo directivo o el organismo que haga sus veces.

De lo anterior se advierte que la autoridad ambiental para efectos de determinar la meta global de reducción de carga contaminante debía: i) iniciar formalmente mediante acto administrativo que debe contener la duración y contenido de la consulta ii) Durante la consulta los usuarios sujetos al pago de la tasa podían intervenir y presentar propuestas, iii) la autoridad ambiental con fundamento en las intervenciones debía presentar una propuesta de meta global de reducción de carga contaminante, iv) el director de la corporación presentará al consejo directivo un informe con la propuesta definitiva y v) el consejo tendrá 90 días para definir las metas de reducción de carga contaminante y si no lo hace en el plazo estipulado, lo hará el director de la corporación.

Pues bien, en el expediente se encuentra acreditado que, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, mediante Resolución 179 del 21 de agosto de 2008, inició el procedimiento de consulta y establecimiento de la meta global de reducción de carga contaminante para la implementación de la tasa retributiva en la jurisdicción de ésta (fls. 101 y 102, cdno. ppal.).

En el artículo 3º de dicho acto administrativo, se dispuso que, el proceso de consulta se desarrollaría de acuerdo con la información relacionada con los objetivos de calidad, la cual se podría consultar en la página web de la entidad: www.corpocaldas.gov.co. De igual forma, se publicarían por ese medio, las propuestas allegadas, el informe sobre la evaluación de las mismas elaborado por la mesa de trabajo, la propuesta definitiva presentada por el director general al consejo directivo y el acto por el cual se definiría la meta global de reducción de carga contaminante.

Asimismo, en el artículo 4º del referido acto, se indicó que el proceso de consulta se realizaría entre el 22 de agosto y el 25 de septiembre de 2008 de conformidad con el cronograma que se relacionó en un cuadro.

También se observa a folios 103 a 105 del cuaderno principal del expediente, que el día 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo una reunión preliminar para el inicio del procedimiento de metas de reducción de carga contaminante en el auditorio de Manizales, reunión a la que asistió el ingeniero ambiental Juan Camilo Quintero, quien firmó en representación de Aguas de Manizales.

Igualmente, mediante oficio del 15 de agosto de 2008, la subdirectora de recursos naturales de CORPOCALDAS, le informó al gerente de Aguas de Manizales, el proceso de consulta para la implementación de la tasa retributiva en la jurisdicción de la corporación (fl. 106, cdno. ppal.), y se le extendió la invitación para que participara en la mesa de trabajo que se llevaría a cabo el 28 de agosto de 2008 a las 10:00 a.m. en el auditorio ICA de Manizales.

En igual sentido se le remitió un oficio a la empresa para invitarla a participar en la reunión que se llevaría a cabo con el mismo objeto, el 8 de septiembre de 2008 a las 2:00 p.m. en las propias instalaciones de Aguas de Manizales (fl. 107).

Incluso a folio 108, cuaderno principal se observa la planilla de asistencia de la reunión en las instalaciones de Aguas de Manizales el 8 de septiembre de 2008, en la cual se advierte que ningún funcionario de la empresa demandante se hizo presente, pese a que la reunión se llevó a cabo en sus mismas instalaciones.

Consta igualmente el acta de la referida reunión (fl. 109 a 111) en la que se presentó el marco normativo para la implementación de las tasas retributivas y se describió la metodología de implementación del cobro de la tasa retributiva bajo la nueva metodología propuesta por el Decreto 3100 de 2003 y el Decreto 3440 de 2004 y se realizó una presentación basada en componentes técnicos desarrollados por la corporación.

Surtida esa etapa de consulta, se observa a folios 118 a 124 del cuaderno principal del expediente, el informe de propuesta definitiva de meta global de reducción de carga contaminante presentado por el director de la Corporación Autónoma Regional de Caldas al consejo directivo, con fecha de 9 de diciembre de 2008.

Después de adelantado este procedimiento, la Corporación Autónoma Regional de Caldas adoptó el Acuerdo 19 de 2008 “Por el cual se definen las metas de reducción de carga contaminante para las sustancias objeto de cobro de la tasa retributiva por vertimientos puntuales a cuerpos de agua”.

De manera que, el trámite previsto por las normas aplicables se surtió por la entidad demandada, garantizando en todo momento la posibilidad de intervención de las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado, con inclusión de Aguas de Manizales S.A. ESP.

Con todo, la empresa demandante alega que nunca fue notificada del Acuerdo 19 de 2008 y que lo conoció solo hasta que solicitó copia del mismo para interponer la demanda.

Sobre el particular, resulta del caso aclarar que, el Acuerdo 19 de 2008, al ser un acto administrativo de carácter general, el procedimiento de notificación que debía seguir para su divulgación, era el de la publicación, lo cual en efecto se hizo a través del boletín oficial y la página web de la entidad.

No puede pretender la demandante que la Corporación Autónoma Regional de Caldas le notificara personalmente a cada una de las empresas y usuarios del departamento dicho acto, más aun cuando por medio de ese acto se culminó el procedimiento de consulta del cual la empresa Aguas de Manizales tenía conocimiento, tanto es así, que asistió a algunas de las reuniones que se llevaron a cabo para definir las metas globales e individuales de reducción de carga contaminante e, incluso, se hizo una reunión en sus propias instalaciones.

La incuria en la que la demandante pudo incurrir frente al procedimiento que la Corporación Autónoma Regional adelantó, para efectos de determinar “las metas de reducción de carga contaminante para las sustancias objeto de cobro de la tasa retributiva por vertimientos puntuales a cuerpos de agua” no se puede traducir en una violación al debido proceso ni al desconocimiento de la tarifa que debía aplicar la demandada.

Se insiste en que, CORPOCALDAS, ante la falta de autodeclaración de Aguas de Manizales, tomó la información disponible de caracterizaciones hechas por la misma empresa para el cobro de la tasa retributiva y en aplicación a la fórmula definida por el Decreto 3100 de 2003 así como el Acuerdo 19 de 2008.

Así, el aumento en la tarifa, se debió a las metas globales e individuales de carga contaminante, teniendo en cuenta que, conforme a los artículos 13 y 14 del referido decreto, para el cobro de la tasa retributiva la autoridad ambiental debe establecer la tarifa regional, con base en la tarifa mínima determinada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, multiplicada por el factor regional. A su vez, el factor regional está compuesto por un coeficiente de incremento de la tarifa mínima aplicable a los usuarios que no cumplan con su meta de reducción de carga contaminante a partir de la finalización del segundo año del quinquenio (de conformidad con el D. 3100/2003, art. 7º, que señala que la autoridad ambiental establecerá cada 5 años una meta global de reducción de carga contaminante).

De manera que, con fundamento en el Acuerdo 19 de 2008 en el cual se fijó la meta individual de reducción de carga contaminante para el caso de Aguas de Manizales, se liquidó la tasa retributiva del año 2009.

Sin embargo, en la reclamación presentada por la demandante contra dicha factura, se indicó que la principal diferencia en el monto facturado por la corporación, radica en el valor del aporte per cápita de carga contaminante, pues históricamente se había tomado el valor fijado por el Ministerio de Ambiente y con este valor se proyectó el cobro de la tasa retributiva que Aguas de Manizales traslada a los usuarios.

Es decir, la demandante admite haber tomado el valor inicialmente fijado por el Ministerio de Ambiente, por carga contaminante, sin atender que éste se vio modificado de cara al Acuerdo 19 de 2008, que estableció nuevas metas de reducción de dicha carga.

Además, se insiste en que dentro del proceso de definición de la meta de reducción de carga contaminante para el quinquenio 2009-2013, proceso que como se anotó en líneas anteriores se llevó a cabo en el 2008, se celebraron diferentes reuniones con la invitación previa a las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado en las cuales se ilustró el nuevo valor base que utilizaría la Corporación Autónoma Regional de Caldas para el cálculo de la tasa retributiva a las empresas.

Igual, el Acuerdo 19 de 2008 en el artículo 2º advirtió que la evaluación del cumplimiento de la meta individual de reducción de carga contaminante para los usuarios prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado se haría respecto de las obligaciones que hacen parte de los respectivos planes de saneamiento y manejo de vertimientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003.

En efecto, la referida disposición señalaba:

ART. 12.—Reglamentado por la Resolución del Ministerio de Ambiente 1433 de 2004. Meta de reducción para los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado. Para efectos de establecer la meta individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contendrá la meta de reducción que se fijará con base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la meta se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

De modo que, no puede afirmar la demandante que el incremento de la tasa retributiva fue intempestivo, cuando el procedimiento para liquidar el factor de la meta de reducción de la carga contaminante fue socializado con todas las empresas que prestan el servicio, como Aguas de Manizales, en cuyas instalaciones se llevaron a cabo reuniones para fijar las metas globales e individuales correspondientes para la reducción de la carga contaminante, lo cual incide directamente en la tarifa de la tasa retributiva.

Si la recurrente tiene algún reparo frente a dichas metas de reducción de cargas contaminantes, es un asunto que no le corresponde definir al juez de la presente acción, comoquiera que el Acuerdo 19 de 2008 no fue demandado mediante la acción correspondiente.

Finalmente, debe precisarse que si bien esta Sala de decisión, mediante sentencia del 23 de abril de 2018, con ponencia de la Dra. Rocío Araújo Oñate con radicación 17001-23-31-000- 2010-00139-01, en un caso similar al que ahora se estudia, declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas facturó la tasa retributiva del año 2007 a la empresa Aguas de Manizales, lo cierto es que, ello obedeció a que en ese preciso caso sí se acreditó la vulneración del derecho al debido proceso por cuanto:

1. El Acuerdo 19 de 2008 mediante el cual se fijó la meta individual de reducción de carga contaminante para el caso de Aguas de Manizales, era posterior al periodo de liquidación de la tasa retributiva reclamada en ese caso, en tanto que se discutía el tributo del año 2007.

2. En consideración a lo anterior, se pudo concluir que se aplicó de manera retroactiva el alcance de la actuación surtida en el 2008 por parte de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para efectos de liquidar la tasa retributiva del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007.

En esa oportunidad, la Sala precisó:

“Con fundamento en las mismas pruebas valoradas en la actuación, en consideración a que la Sala arribó a la conclusión de que la modificación del porcentaje de la carga per cápita contaminante debía cumplir el principio de publicidad, circunstancia que se omitió por parte de CORPOCALDAS, en consideración a que únicamente socializó en el año 2008, esto es, con posterioridad a la causación del tributo, se concluye que únicamente podía ser aplicada a los cobros que se realizaran con posterioridad, pues de lo contario no podía producir efectos jurídicos ni oponerse a la empresa prestadora del servicio ni tampoco a los usuarios que finalmente son quienes están obligados al pago en la factura mensuales de alcantarillado.

Lo anterior, por cuanto el proceso de concertación llevado a cabo para fijar las metas de reducción de la carga contaminante y, por ende, el porcentaje a cobrar por este concepto en la tarifa, inició en el año 2008 y la decisión de incremento se aplicó a partir del mes de enero de 2007.

4.3.2. En consecuencia, como la decisión de la administración de incrementar el porcentaje del factor a que se refiere la presente decisión, tan sólo se adoptó en el mes de noviembre del año 2008 y del mismo tuvo conocimiento Aguas de Manizales S.A. ESP, el 14 de noviembre de la referida anualidad, con ocasión de la factura de venta que le fue expedida, no podía impactar los meses de enero a diciembre de 2007, sino que debía aplicarse a partir del año 2009”(3).

Como se lee, esta Sección advirtió que el factor relativo a la meta de reducción de carga contaminante que impacta la tarifa y que se discute en el presente caso, no podía afectar los meses de enero a diciembre de 2007 sino que debía aplicarse a partir del año 2009, periodo que se discute en el asunto de la referencia.

Así las cosas, no le asiste razón a la sociedad recurrente, motivo por el cual, la sentencia del 28 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, se confirmará en su integridad.

Por último, advierte la Sala que en esta instancia no hay lugar a condenar en costas a ninguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 28 de febrero de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin costas en esta instancia.

3. Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

1 Artículo 26 del Decreto 3100 de 2003 modificado por el artículo 6º del Decreto 3440 de 2004.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2018, radicación 68001-23-31-000-2005-03146-01, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 23 de abril de 2018, radicación 17001-23-31-000-2010-00139-01, C.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.