Sentencia 2011-00048

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 130011102000201100048 01

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Asunto: Apelación sentencia funcionario

Decisión: Niega nulidad y confirma

Bogotá, D.C.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

La Sala Quinta Dual de Decisión que forma parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por el artículo 256, numeral 3º de la Constitución Política, el artículo 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996 en concordancia con el literal r) del artículo 2º del Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011.

2. Precisiones generales sobre la potestad disciplinaria del Estado.

En desarrollo de la competencia antes mencionada, procede la Sala a desatar el recurso de alzada interpuesto por el funcionario sancionado, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo a la luz de las disposiciones legales atinentes al tema a debatir y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la sustentación de la apelación, como quiera que es en estos donde se exponen las razones de inconformidad con la decisión impugnada y limitan la competencia del operador jurisdiccional de segundo grado.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala dual parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores derivada de la especial sujeción de estos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional.

Así las cosas conforme a la anterior precisión conceptual de la misma se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se debe realizar dentro de una ética del servicio público, con acatamiento a los principios constitucionales de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones, razón por la cual en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber que acatar, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta sancionatoria del Estado.

De lo anterior se deduce que el espacio desde el cual se legitima el reproche del Estado al servidor judicial, no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que demuestren un cumplimiento parcial y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan en el desarrollo de la tarea de administrar justicia, es así como el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este Código”.

Así las cosas, resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional —el disciplinado— en su condición de Juez Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, incurrió en las conductas por las cuales se le corrió pliego de cargos y mereció el reproche disciplinario por parte del a quo en la providencia que es objeto de estudio por vía de apelación.

3. Identificación del marco normativo imputado.

En efecto las conductas disciplinarias por las cuales se encontró responsable al servidor judicial referido, tal como fueron imputadas en el pliego de cargos y reprochadas en la sentencia de primera instancia es haber incurrido en desconocimiento al deber consagrado en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996 el que se armonizó con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por el quebrantamiento del artículo 1º inciso 2º del numeral 2º del Decreto 1382 de 2002 en concordancia a lo dispuesto en el artículo segundo del Acuerdo 1589 de 2002; los artículos 10, 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y así incurrir en la falta disciplinaria establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 debidamente cerrada con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal , las cuales en su tenor literal rezan:

(i)—Ley 270 de 1996—.

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

(ii)—Ley 734 de 2002—.

“ART. 48.—Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

“ART. 196: Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

(iii).—Ley 599 de 2000—.

ART. 413.—Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.

(iv).—Decreto 1382 de 2000—.

Artículo 1º, numeral 2º: ... Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto.

(v).—Acuerdo 1589 de 2002—.

“ART. 2º—La Función del Reparto. Las oficinas judiciales, oficinas de apoyo, oficinas de coordinación administrativa y servicios judiciales, oficinas de servicios y centros de servicios administrativos realizarán diariamente el reparto de los procesos penales de conocimiento de los juzgados y salas de tribunales de su sede.

El reparto de los procesos penales y acciones constitucionales se efectuará con el software Sistema de Administración de Reparto Judicial, SARJ, el cual será suministrado e implementado por la unidad de informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, responsable de su mantenimiento técnico y actualizaciones, previa autorización de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El software Sistema de Reparto de Administración Judicial, SARJ, que se adopta por el presente acuerdo, está estructurado sobre la base de una distribución equitativa de las cargas de trabajo entre los servidores judiciales, para lo cual se toman como reglas la agrupación de los procesos por clases, según su naturaleza; su asignación por cada grupo a la suerte; con mecanismos de protección para evitar que sea manipulado y, especialmente, que se pueda seleccionar al juez de la causa.

Cuando se carezca de los medios electrónicos o hubiere daños en el sistema, el reparto se realizará en forma manual, siguiendo el número consecutivo de los juzgados por su especialidad y en orden alfabético de apellidos de los magistrados.

PAR.—El reparto de los procesos penales de competencia de los tribunales será asumido por las oficinas judiciales en la medida en que las circunstancias lo permitan; pero, en todo caso, será obligatorio a partir del primero de julio del año 2003.

En los lugares en donde no hubiere oficina judicial, oficina de apoyo, oficina de coordinación administrativa y servicios judiciales u oficina de servicios, el reparto se hará por el juzgado de turno hasta tanto se establezca la correspondiente dependencia”.

(vi).—Decreto 2591 de 1991—.

“ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

“ART. 16.—Notificaciones. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”.

“ART. 30.—Notificación del fallo. El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido”.

(vii).—Decreto 306 de 1992—.

“ART. 5º—De la notificación de las providencias a las partes. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes.

Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”.

En efecto, siendo las anteriores normas el marco jurídico de referencia a tener en cuenta en la resolución del caso sometido a decisión, la Sala considera necesario —como primer tópico— efectuar un relato sucinto de los presupuestos fácticos que soportan la investigación disciplinaria, pese a que los mismos han quedado suficientemente explicados a lo largo de las diferentes intervenciones practicadas en el plenario y existe consenso fáctico sobre los mismos.

4. Presupuestos fácticos de la imputación.

Informa el plenario que el inculpado conoció de la acción de tutela instaurada por Alfredo Bray Escobar —identificada con el Radicado 2010-00080— quien adujo actuar como agente oficioso de su padre Reginaldo Bray Bohórquez siendo accionada la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de la misma corporación a efecto de lograr “[...] la protección de sus derechos fundamentales a la libertad personal y el debido proceso” y tal proceder fue sancionado disciplinariamente, toda vez que —a juicio del fallador disciplinario— se advierten plurales irregularidades, tales como la incompetencia del funcionario para tramitar la misma, la indebida conformación de la litis y la ausencia de requisitos para que el proponente de amparo fuera calificado como agente oficioso, motivos que se sintetizaron para reprochar el cumplimiento de los deberes funcionales del inculpado.

Revisado el cuaderno de anexos que conforma el presente expediente, se observa que el trámite dado a la citada acción de tutela es el siguiente:

(i). En la ciudad de Cartagena —el 20 de diciembre de 2010— el señor Alfredo Bray Escobar, hijo de Reginaldo Bray Bohórquez aduciendo la calidad de agente oficioso de su padre interpuso acción de tutela en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad identificada bajo el Radicado 2010-00867, escrito retirado en la misma fecha antes de ser admitida.

(ii). En la misma fecha, siendo las 4:10 de la tarde, la señora Carmenza Escobar de Bray, promovió el recurso de amparo contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue repartida al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento bajo el número 2010-00258, procediendo a retirarla al día siguiente a las 8:45 de la mañana.

(iii). Posteriormente —el mismo 20 de diciembre— la ciudadana Juana Teresa Bray Bohórquez formuló acción de tutela contra la Secretaría y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, asunto repartido al Juzgado Catorce Penal Municipal de la ciudad bajo el Radicado número 2010-00071, la cual fue retirada.

(iv). Advirtiendo la Oficina de Reparto que se trataba de la misma acción, procedió a comunicarse con los tres juzgados mencionados los cuales le informaron del retiro.

(v). El día 22 de diciembre Alfredo Bray Escobar presentó —nuevamente— la misma acción pero dirigida en contra de la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte, oportunidad en la cual la Oficina Judicial le informó que “Se le hace ver el error que están colocando en la carátula, siendo que es la misma tutela que va contra la Sala de Casación Penal de la Corte, lo cual en nada cambia la competencia y se interpreta la intención de hacer incurrir en error a la Oficina de Reparto. Las anteriores razones impiden realizar nuevo reparto de la acción de tutela” (fl. 24, c.a.).

(vi). En fecha no precisada, pero si delimitada temporalmente a finales del mes de diciembre de 2010(7), Alfredo Bray Escobar —pasada la hora judicial— presentó directamente la acción de tutela en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la misma, ante el Juez Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cartagena a cargo del inculpado, solicitando fueran amparados los derechos a la libertad personal, el debido proceso e igualdad de su señor padre presuntamente vulnerados con la expedición de Acuerdo 075 del 14 de diciembre de 2010 en virtud del cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia habilitó los días 17 y 20 de diciembre siguiente a efecto de notificar al condenado Reginaldo Bray la providencia que decidió sobre la inadmisión de la demanda de casación y el no decreto de la nulidad en contra del fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

(vii). El inculpado aprehendió su conocimiento y la admitió el 3 de enero de 2011, aduciendo el rechazo por parte de la Oficina Judicial y ser competente conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, así como en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991 y las sentencias T-574 de 1994, T-969 de 2009, los Autos 004 de 2004 y 124 de 2009.

Los oficios citatorios fueron remitidos —el 6 de enero de 2011— a la Sala de Casación Penal, la Secretaría de la misma de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales fueron recibidos el día 12 siguiente, procediendo el magistrado Javier Zapata Ortiz y la directora administrativa de la división de procesos del Consejo Superior de la Judicatura a dar respuesta a la acción —vía fax—, solicitando el primero fueran remitidas las diligencias a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por falta de competencia del investigado y la segunda que fuera declarada la nulidad por la falta de competencia.

(viii). El día 13 de enero de 2011, el juez implicado concedió el amparo solicitado, resolviendo suspender el Acuerdo 075 mencionado y en consecuencia dejar sin efecto la notificación efectuada al condenado Reginaldo Bray, misma que se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2010 e igualmente abstenerse de cumplir la orden de captura dictada en contra de este, argumentando que “El acto reprochado adolece de anormalidades —pues era el legislador el competente para habilitar los días de vacancia judicial y no la Corte Suprema de Justicia, además no se cumplió el requisito de la publicidad, señaló— en verdad se le atrancó por medio ilegal (...) el derecho a la prescripción de la acción penal (...) si la orden de captura se produce (...) sería un perjuicio irremediable” (cfr. fls. 38-96, c.a.).

Los oficios fueron enviados el 14 de enero de 2011 (fl.123, c.a.), y recibidos por la parte accionada el 21 de enero ulterior (fl.120, c.a.), impugnando la decisión el 25 de enero siguiente(8). Los recursos fueron denegados por el investigado el 26 de enero de 2011, alegando extemporaneidad por cuanto el término vencía el día 19 anterior (fl.124, c.a.).

(ix). La Corte Constitucional, en sede de revisión, decretó la nulidad a partir del Auto admisorio de la tutela ordenando remitir la demanda y sus anexos a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, “Por ser el Juez constitucional competente para resolver el asunto”.

Advirtió dicha colegiatura la trasgresión a las normas de reparto y la nulidad en razón a la falta de competencia del investigado para conocer el asunto pues eran los jueces de Bogotá a quienes, por factor territorial, les correspondía conocer del asunto, así como la originada por la falta de integración del contradictorio al no vincular a la Fiscalía General de la Nación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y las víctimas del reato por el cual se condenó al proponente de amparo.

5. Delimitación conceptual de los argumentos expuestos con el recurso de apelación.

Atendiendo los plurales argumentos expuestos por el apoderado del disciplinado en su escrito de apelación y a efecto de garantizar coherencia discursiva de la presente providencia, la Sala aprecia que estos se pueden agrupar en tres tipologías de razonamientos todos enfilados a eximir de responsabilidad al disciplinado.

Así las cosas, se circunscribe —el primero— al aspecto relacionado con la competencia del juez de amparo para conocer del recurso de amparo pluricitado, lo anterior atendiendo que el mismo se dirige contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando para la fecha de su presentación dicha colegiatura se encontraba en vacancia judicial; como segundo tópico de escrutinio se encuentra la indebida declaración de extemporáneo de la impugnación presentada, para finalmente escrutar lo relacionado con la legitimidad del proponente de la acción constitucional, toda vez que aduce la calidad de agente oficioso de su padre sobre quien pesa una orden captura, no sin antes referirse a una presunta nulidad que el recurrente apenas insinúa conceptualmente apartado de todos los rigores propios de una dogmática jurídica.

Así las cosas, en virtud de la competencia antes referida y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales aplicables al tema a debatir, no sin antes precisar, esta superioridad únicamente se referirá a los temas de disenso expuestos por la recurrente en cumplimiento del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

6. Acerca de la “presunta” causal de nulidad.

La Sala procede a contestar —en primer lugar— la petición de nulidad de la cual se advierte que no tiene vocación de prosperidad ante la inconsistencia argumentativa de la misma y por alejarse de la realidad procesal, no obstante lo cual a la misma se le da trámite a efecto de garantizar los derechos fundamentales del disciplinado.

Alega el recurrente que a folio 19 de la sentencia sancionatoria, el magistrado ponente citó lo expresado al momento de formular cargos desconociendo que en dicha oportunidad se está adoptando una decisión final como es la providencia condenatoria y no propiamente se califica —provisionalmente— la responsabilidad del implicado, por ello no pueden utilizarse en dicha instancia procesal calificativos que denoten probabilidad, sino que expresen un grado de certeza e igualmente adujo que en el texto de la providencia se hace referencia a normas que no se encuentran incluidas en la imputación.

Así las cosas, se tiene que al revisar la formulación de cargos se advierte que no fueron mencionados los numerales 46 y 50 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, sino el numeral 1º de referido cuerpo normativo y a esta disposición se hizo alusión en la sentencia apelada a renglón seguido de la primera referencia a efecto de calificar la conducta como gravísima dolosa y fundar la destitución aplicada al funcionario judicial disciplinado.

De lo anterior se infiere que de existir tal registro mecanográfico, todo obedeció a un error de digitación involuntario que se ofrece irrelevante en tanto no alcanza a estructurar la virtualidad de lesionar los derechos fundamentales del encartado, toda vez que dicha referencia no objeto de debate a lo largo del plenario investigativo y por el contrario siempre se mantuvo como fundamento de la determinación de la modalidad de la conducta, el numeral 1º del artículo 48 ibídem y no los numerales 46 y 50 que no se relacionan con la conducta investigada como soporte jurídico para fundar la imputación y posterior reproche disciplinario, por tanto dicho óbiter díctum no puede calificarse como una razón suficiente que explique de manera integral el objeto de la decisión, por tanto carece de relevancia jurídica su enumeración accidental en el pliego de cargos.

De otra parte, se puede concluir que de cara a lo alegado por el recurrente, no se avizora una argumentación judicial deficiente o basada en conjeturas —como lo pretende hacer ver el apelante— para soportar la sanción, pues se tiene que tal determinación se respaldó en las normas mencionadas y la jurisprudencia aplicable al tema, quedando demostrada la incursión en la falta del investigado como se expondrá más adelante, así mismo el carácter procesal de las normas vulneradas no mengua la infracción teniendo en cuenta el trasfondo sustancial implícito en temas como la notificación, la competencia y el reparto mismo.

Por otro lado factores como la experiencia, la jerarquía y la trascendencia social del funcionario y de la conducta, sí se relacionan como soporte a la sanción, en tanto fueron estos —entre otros— los criterios consagrados por el legislador para determinar la gravedad o levedad de la falta.

De otra parte, si bien no quedó demostrado el tiempo durante el cual —el disciplinado— ha prestados sus servicios a la Rama Judicial, tal situación probatoria no invalida la legalidad de lo actuado, toda vez que está debidamente comprobado que el disciplinado fue nombrado en el cargo en el año 2009, por tanto las circunstancias alegadas por el apelante como elementos de nulidad, no tienen resonancia en esta oportunidad para invalidar lo actuado, más cuando lo que se aprecia es una estrategia defensiva orientada a invocar de manera suelta e incoherente la ocurrencia de tal situación procesal, sin ofrecer de manera sólida los razonamientos que soportan el referido reclamo jurídico confundiendo para el efecto argumentos que se enfilan a demostrar la —presunta— inocencia de su representado con la rigidez propia que caracteriza a las causales de nulidad procesal, por tanto no existe razón alguna que haga perder validez a lo actuado.

Superado el anterior escollo, entra la Sala a desarrollar el análisis del tríptico conceptual alegado por el recurrente como motivos de disenso frente a la sanción disciplinaria de primera grado, no sin antes presentar algunas consideraciones de orden general de cara a los límites conceptuales de la autonomía funcional, toda vez que dicho argumento defensivo se encuentra planteado —de manera trasversal— a lo largo del debate jurídico/probatorio planteado por el censor.

7. Análisis relacionado con los límites conceptuales a la autonomía funcional.

Sabido es que el Estado de derecho funda su legitimidad en el principio político de “racionalidad formal” o “legal racional” en la acertada caracterización weberiana(9), lo cual apareja la necesaria “despersonificación del poder” garantía que se alcanza a través de la consagración del principio constitucional de la división del poderes, conforme al cual las autoridades públicas solo pueden ejercer aquellas funciones que el derecho les autoriza realizar de manera expresa descartando de plano las denominadas “Competencias implícitas”, puesto que toda facultad estatal debe ser definida de forma expresa en el texto mismo de las normas jurídicas, garantía de orden formal/sustancial que la Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 121 donde estableció que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que atribuyen la Constitución y la ley”.

El análisis político del principio de la división de poderes, apareja la necesidad de definir la posición real de los jueces al interior del campo estatal, pues en últimas la movilidad funcional de los operadores judiciales, se determina a partir del horizonte de acción que se alcance en relación con las otras instituciones del Estado, lo anterior bajo el entendido que tal como lo advirtió el constitucionalismo norteamericano en El Federalista (LXXVIII) “Quien considere con atención los distintos departamentos del poder, percibirá que en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial debido a la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes (...) el judicial (...) no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro, no dirige la riqueza, ni la fuerza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución activa. Puede decirse con verdad que no posee fuerza ni voluntad, sino únicamente discernimiento y que ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos”(10).

En otras palabras, interpretando este centenario documento que caracteriza el pensamiento constitucional de occidente debe concluirse que la autonomía funcional de los jueces —frente a las otras ramas del poder e igualmente ante los superiores funcionales— se convierte en garantía política a través de la cual pueden decidir los casos sometidos a su decisión alegados de los criterios coyunturales de las instancias políticas que se radican tanto en el ejecutivo como en el legislativo, fue por ello que en el documento constitucional antes citado se estableció que “[...] la independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una Constitución limitada (...) las limitaciones de esta índole solo pueden mantenerse en la práctica a través de tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser el declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución”.

Por lo anotado y atendiendo las características propias de la Rama Judicial, su poder radica en la capacidad funcional de adoptar decisiones de forma autónoma, utilizando —como marco de validez de las mismas— el sistema jurídico, teniendo en cuenta que dentro del mismo, el peso más importante lo tiene la Constitución, la cual como “norma” (C.P. art. 4º) condiciona el contenido de las decisiones de inferior categoría al interior de la jerarquía descendente de las disposiciones jurídicas.

Pero sostener la anterior postura, no implica afirmar —en consecuencia— que a los jueces en el ejercicio de su autonomía funcional, les esté permitido rebasar el ámbito de movilidad discursiva que se construye desde la abstracción propia de los enunciados jurídicos y es por ello que no toda decisión judicial puede considerarse ajustada al imperio del derecho, por el simple hecho de provenir de un operador judicial y en tal sentido no puede aducir que ella se torna inatacable por estar revestida de tal garantía constitucional, toda vez que una situación son los juicios de razonabilidad interpretativa construidos a partir de tal prerrogativa y otra es la arbitrariedad de una providencia judicial por apartarse —en forma abierta— de los contenidos normativos que debe observar como deber todo operador judicial.

La Corte Constitucional sintetizó el anterior esquema conceptual en la Sentencia T-1263 de 2008 en los siguientes términos:

“Precisamente porque se reconoce la especialidad de la función judicial y la importancia que ella tiene para concretar los valores y principios que la Constitución proclama, los artículos 228 y 230 superiores consagraron la autonomía e independencia judicial como una garantía institucional que se debe preservar para efectos de articular correctamente el principio de separación de poderes. De este modo, es claro que a pesar de que el ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la ley y la Constitución, también es evidente que la norma superior reconoció que existen situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de discrecionalidad importante para apreciar el derecho aplicable al caso, para lo cual debe ser independiente y autónomo (s.f.t.).

Pero, incluso, también como una forma de garantizar la efectiva concreción del Estado social de derecho, el constituyente consideró importante preservar y promover el principio de separación de jurisdicciones en aras de garantizar la especialidad y la solvencia en los distintos temas que se someten al análisis judicial. Por esa razón, el título VIII de la Constitución organizó a la Rama Judicial en jurisdicciones y, en su cúpula, señaló a la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, al Consejo de Estado en la jurisdicción contencioso administrativa, a la Corte Constitucional en la jurisdicción constitucional, a las autoridades indígenas y a los jueces de paz en las jurisdicciones especiales.

Puede concluirse, entonces, que un juez competente para resolver una controversia sometida a su decisión es libre y autónomo para aplicar la Constitución y la ley, pero bajo ningún punto lo será para apartarse de ellas ni para aplicar reglas que no se deriven de las mismas. De hecho, no hay más riesgo de socavar un Estado social de derecho que un juez arbitrario, por lo que también deberá existir un instrumento judicial idóneo para combatir la arbitrariedad, imponer la aplicación de la Constitución y restablecer los derechos afectados (s.f.t.).

8. De este modo, para efectos de armonizar las garantías constitucionales a la autonomía e independencia judicial, eficacia de los derechos fundamentales y supremacía constitucional, que resultan tan importantes para la estructura del Estado social de derecho, sin que se sacrifiquen unas a costa de las otras, la jurisprudencia constitucional ha señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia de la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan interpretaciones judiciales, a saber: i) el juez constitucional no puede suplantar al juez ordinario; ii) el juez de conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria (CPC, art. 187) y en el análisis y determinación de los efectos de las normas jurídicas aplicables al caso concreto(11); iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la arbitrariedad judicial y, iv) las interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría viables el juez de tutela(12).

De otra parte en la Sentencia T-302 de 2006, la Corte Constitucional precisó que si bien es cierto existe un amplio margen de discrecionalidad para interpretar el derecho, tal facultad no se hace extensiva para amparar juicios hermenéuticos que se encuentran distantes de los criterios de razonabilidad y la ponderación debida al momento de concederle sentido a las formas jurídicas, tal fue su postura jurisprudencial:

“[...] la Corte ha precisado que la autonomía e independencia propias del ejercicio de la actividad judicial, como manifestación de la facultad que tiene el operador jurídico para interpretar las normas legales, no es absoluta. Por el contrario, encuentra límites en el orden jurídico y en la propia institucionalidad, de lo que se sigue que el ejercicio de la función de administrar justicia debe realizarse con sujeción a los principios consagrados en la Constitución Política, de tal suerte que se garantice a los asociados la convivencia, el trabajo, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, y se coadyuve en la consecución del propósito superior de asegurar un orden político, económico y social justo. En este sentido ha sostenido esta corporación:

[L]os mandatos contenidos en los artículos 228 y 230 del estatuto superior, en los que se dispone que la administración de justicia es autónoma y que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, deben ser armonizados y conciliados con el artículo 1º de la Carta que propugna por la promoción y protección de la dignidad humana, con el artículo 2º del mismo ordenamiento que le impone a todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, la obligación de garantizar los derechos, deberes y libertadas de todas las personas residentes en Colombia, y con el artículo 13 superior que consagra, entre los presupuestos de aplicación material del derecho a la igualdad, la igualdad frente a la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades públicas”(13).

Por tanto, si bien es cierto que al juez de conocimiento le compete fijar el alcance de la norma que aplica, no puede hacerlo en contravía de los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquel que en todo se ajuste a la Carta política. De esta manera, la autonomía y libertad que se les reconoce a los funcionarios judiciales no comprende, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Así lo ha precisado esta corporación:

Si bien los jueces cuentan con márgenes interpretativos, pudiendo escoger entre distintas opciones la que consideren más ajustada a derecho, los distintos ordenamientos jurídicos establecen límites que no pueden traspasar so pena de que sus actuaciones no sean tenidas como válidas. Por ello, puede afirmarse que si por un lado la razonabilidad en la interpretación de cuerpos normativos está ampliamente aceptada e incluso estimulada, por el otro, la arbitrariedad judicial es rotundamente negada. Tanto es así que han sido diseñados mecanismos de defensa a fin de corregir los yerros protuberantes y las actuaciones u omisiones arbitrarias de los jueces al momento de interpretar las leyes. Pero en ciertas ocasiones los mecanismos de defensa regulares pueden no ser eficaces para terminar con la vulneración o conjurar la amenaza de los derechos fundamentales en juego y, por ello, se han estimado pertinentes los recursos judiciales especiales. Es en ese sentido en el que se ha pronunciado la Corte Constitucional colombiana al establecer que la acción de amparo resulta procedente cuando no exista otro medio judicial de defensa o cuando existiendo este, su eficacia sea realmente restringida en el caso concreto”(14).

Así las cosas atendiendo el marco jurisprudencia arriba citado, se relacionan a continuación las reglas definidas por la misma Corte Constitucional, establecidas ha efecto de delimitar los contornos operativos de la misma, por tanto valga anotar que las mismas constituyen precedente consolidado en la jurisprudencia constitucional, razón por la cual se ofrecen como vinculantes para la decisión de los casos sometidos a estudio por parte de esta jurisdicción.

(i). La autonomía judicial no puede confundirse con la arbitrariedad judicial, de ahí que el juez debe adoptar sus decisiones dentro de los parámetros legales y constitucionales, porque esa facultad no significa autorización para violar la Constitución o el marco jurídico de inferior rango (T-766/2008).

(ii). Si bien la Constitución garantiza la autonomía judicial y la aplicación de la cosa juzgada como una pieza central de seguridad jurídica y resolución pacífica de controversias para el Estado social de derecho, es claro que esas garantías no son absolutas y no pueden convertirse en una autorización para la arbitrariedad y el abuso del poder judicial (T-1263/2008).

(iii). La jurisprudencia constitucional ha señalado algunas premisas con base en las cuales deben analizarse las interpretaciones judiciales, a saber: a) el juez disciplinario no puede suplantar al juez ordinario en cuanto hace relación a la valoración probatoria; b) el juez de conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria y en el análisis y determinación de los efectos de las normas jurídicas aplicables al caso concreto(15); c) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la arbitrariedad judicial y, d) las interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría viables el juez disciplinario(16) (T-1263/2008).

(iii). (sic) En materia de valoración probatoria, la Corte Constitucional ha determinado que incurre en vía de hecho el juez que resuelve el asunto que le fue confiado sin consultar los elementos de prueba conducentes y pertinentes disponibles en el proceso e ignorando —sin justificación— aquellos obtenidos con sujeción al debido proceso, como también si basa sus decisiones en valoraciones subjetivas de las pruebas, carentes de lógica y de un razonamiento suficiente(17) (T-057/2006).

(iv). (sic) Los jueces, en el ejercicio de sus funciones, gozan de amplia libertad interpretativa para determinar las normas jurídicas aplicables al caso que juzgan y los efectos que deben derivarse de ellas. En este sentido, la Corte Constitucional ha sido unánime al señalar que siempre que la interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto legal permanezca dentro del límite de lo razonable, la mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye una vía de hecho (T-302/2006).

(v). (sic) No es dable sostener que la interpretación que hacen los operadores judiciales de las normas, se torna violatoria de derechos fundamentales por el solo hecho de contrariar el criterio interpretativo de otros operadores jurídicos de superior rango e incluso de los distintos sujetos procesales. La Corte ha precisado que la autonomía e independencia propias del ejercicio de la actividad judicial, como manifestación de la facultad que tiene el operador jurídico para interpretar las normas legales, no es absoluta, por tanto, si bien es cierto que al juez de conocimiento le compete fijar el alcance de la norma que aplica, no puede hacerlo en contravía de los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquel que en todo se ajuste a la Carta política. En conclusión, la autonomía y libertad que se reconoce a los funcionarios judiciales no comprende —en ningún caso— aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas (T-302/2006).

(vi). (sic) Los jueces son autónomos e independientes para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, sin embargo, en esta labor no les es dable apartarse de los hechos, o dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y, menos aún, desconocer las disposiciones constitucionales o legales, vale recordar que la justicia se administra en relación con los hechos debidamente probados y, a su vez, con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, tales como, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y los principios de necesidad y valoración uniforme y en conjunto de la prueba (T-1165/2003).

(vii). (sic) Los ordenamientos jurídicos contienen cláusulas con base en las cuales es posible determinar lo jurídico y distinguirlo de lo antijurídico, y las más importantes dentro de ellas son los valores y los principios constitucionales, por una parte, y las normas de derechos fundamentales, por la otra (T-960/2003).

Así las cosas, bajo el anterior panorama conceptual debe la Sala analizar si la decisión preclusiva adoptada por el fiscal inculpado al interior de la acción de tutela identificada con el Radicado 2010-00080, se puede calificar como una expresión sustancial de la autonomía funcional que ampara a los operadores judiciales o por el contrario carece de los soportes normativos necesarios que la revistan de validez jurídica y en consecuencia se ofrece como trasgresora de los deberes funcionales impuestos por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, por tanto merecedora de reproche disciplinario.

8. Consideraciones referidas a la falta de competencia del juez inculpado para conocer de la acción de tutela adelantada contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

A efecto de analizar este tópico mismo que fuera objeto de reproche en la sentencia impugnada, la Sala se apoya en los razonamientos jurídicos vertidos por la Corte Constitucional en el Auto 196 de 2011 —M.P. Luis Ernesto Vargas Silva— oportunidad en la cual dicha superioridad, dispuso “Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto admisorio de la demanda proferido por el Juzgado Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cartagena, dentro de la acción de tutela promovida por Alfredo Bray Escobar, invocando la condición de agente oficioso de Reginaldo Bray Bohórquez, contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Secretaría de esa Sala” providencia en la cual analizó el tema de la competencia del juez inculpado para conocer de la acción de tutela antes referida, mismos que pueden ser utilizados en esta oportunidad a efecto de valorar los límites a la autonomía interpretativa del encartado en la definición de los contenidos propios de las normas jurídicas que utilizó con la finalidad de “aprehender” el conocimiento de la acción constitucional.

Los hechos que dieron origen al recurso de amparo presentado por el señor Alfredo Bray Escobar en calidad de agente oficioso de su padre en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaria de esa Sala, fueron identificados en la referida providencia de la siguiente manera:

“1. Alfredo Bray Escobar, actuando como agente oficioso de su padre Reginaldo Bray Bohórquez instauró acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Secretaría de esa Sala, para la protección de sus derechos fundamentales a la libertad personal y el debido proceso, con base en los siguientes hechos:

2. El 10 de diciembre de 2010, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, remitió por competencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la actuación identificada con el número 2007-07141 (tribunal) y 35.559 (Corte Suprema), en la que aparece como condenado el señor Reginaldo Bray Bohórquez.

3. El 14 de diciembre de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió dos decisiones relacionadas con esta actuación: (i) se abstuvo de decretar la nulidad en relación con el trámite de notificación de la sentencia de segunda instancia, e (ii) inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor público del sentenciado contra la sentencia de segunda instancia.

4. El mismo 14 de diciembre de 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió el siguiente Acuerdo:

Acuerdo 75

(14 de diciembre de 2010)

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

1. Que el pasado diez (10 ) de diciembre de 2010, siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45) fue recibido en la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el proceso adelantado en contra del señor Reginaldo Bray Bohórquez, Radicado bajo el número 35559, habiéndole correspondido por reparto al despacho del magistrado Augusto José Ibáñez Guzmán, quien se declaró impedido, pasando las diligencias al despacho del honorable magistrado Jorge Luis Quintero Milanés.

2. Que se hace necesario habilitar los términos, con el propósito de llevar a cabo las correspondientes comunicaciones y notificaciones, toda vez que el viernes diecisiete (17) de diciembre empieza la vacancia judicial anual colectiva para los funcionarios y empleados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

RESUELVE:

Habilitar los términos para que el próximo viernes diecisiete (17) de diciembre y lunes veinte (20) de diciembre de 2010, la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, preste sus servicios a partir de las ocho (8:00) de la mañana y hasta la cinco (5:00) de la tarde de cada uno de los días en mención.

Comuníquese y cúmplase,

(...).

5. Sostiene el demandante que el día 20 de diciembre de 2010, la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fijó el estado correspondiente para la notificación de la providencia de 14 de diciembre de 2010. Este acto se cumplió en consecuencia, en un día establecido como de vacancia judicial por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, con base en un acuerdo ilegal, expedido sin competencia.

Ante esta situación procesal el demandante en amparo, presentó —el 29 de diciembre de 2010— la demanda tutelar ante el Juzgado Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, instancia en la cual invocó la calidad de agente oficioso de su padre, no sin antes advertir que “Trató de promover infructuosamente la acción de tutela desde el día 20 de diciembre de 2010, pero la misma ha sido rechazada en más de una oportunidad por la Oficina Judicial, aduciendo “Falta de competencia” (fl.198), por ello y una vez asumida la competencia, se tiene que —el implicado— dictó la providencia fechada el 3 de enero de 2011 a través de la cual ordenó la “Radicación y aprehensión del conocimiento de la acción de tutela presentada directamente ante su despacho por Alfredo Bray Escobar, agenciando derechos de Reginaldo Bray Bohórquez” (fl.199 vto.).

Ahora bien en la referida providencia, los argumentos utilizados por el inculpado a efecto de asumir la aprehensión de la acción de tutela que presentó el agente oficioso, fueron individualizados por la Corte Constitucional de la siguiente manera:

“Aprehensión de la competencia por parte del Juez Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cartagena.

18. Mediante providencia de enero 3 de 2011 el referido despacho, ordenó la Radicación y aprehensión del conocimiento de la acción de tutela presentada directamente ante su despacho por Alfredo Bray Escobar, agenciando los derechos de Reginaldo Bray Bohórquez. Simultáneamente (ene. 3/2011) dispuso solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Secretaría de esa Sala un informe de todo lo relacionado con los hechos que sirvieron de fundamento al accionante para la presentación de la acción de tutela, concediéndole un término de tres días, y ordenando la entrega de copia de la demanda junto con sus anexos, Para que ejerza su defensa. Igualmente solicitó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura un informe sobre Si entre las facultades legales y constitucionales de la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, esta puede expedir acuerdos de Sala, que determinen la habilitación de términos judiciales en época de vacancia judicial, o días inhábiles o no laborales ordinariamente.

19. Sobre la presentación de varias acciones de tutela para afrontar la misma situación de eventual vulneración de derechos fundamentales de Reginaldo Bray, el juzgado plasmó en su providencia la siguiente constancia:

Advierte el accionante que la presente acción la ha presentado en anterior oportunidad en la Oficina Judicial de la ciudad de Cartagena, para el correspondiente reparto, el cual fue realizado como se advierte en la constancia suscrita por la jefe de la Oficina Judicial, Dra. Edita Garrido Trejos, de fecha 22 de diciembre de 2010 y de la cual se evidencia el reparto de 3 acciones de tutela formuladas por los familiares del señor Reginaldo Bray Bohórquez, entre ellas la formulada el 20 de diciembre pasado por el señor Alfredo Bray Escobar, la cual correspondió al juez 1º de ejecución de penas y medidas de seguridad, en donde posteriormente fue retirada.

(...).

En razón a que el accionante al tiempo de la presentación de la solicitud, ha puesto de presente su intención de presentar dos acciones de tutela para resolver un mismo problema jurídico, al accionante se le informó que ello no era posible muy a pesar de las circunstancias especiales que presenta el caso actual, razón por la cual se le instó a que formulara solo una demanda, conforme a la ley, advirtiéndole sobre las consecuencias penales del juramento, desistiendo el accionante de hacerlo hasta tanto existiera un pronunciamiento de este despacho.

20. En procura de fundamentar su competencia para avocar el conocimiento del asunto sometido de manera directa a su conocimiento, el juez expuso los siguientes argumentos:

(i) Alude al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, destacando la regla establecida en este último precepto en el sentido de que conocerán de la acción de tutela ... a prevención los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos. Al respecto invoca jurisprudencia del Consejo de Estado, corporación que al ejercer control de legalidad sobre el Decreto 1382 de 2000 puntualizó que ... el lugar donde se produzcan los efectos de la conducta lesiva del derecho es así mismo el lugar donde se produce su violación(18).

(ii) Aduce que existen innumerables pronunciamientos de esta corporación en los que se indica que las regla establecidas en el Decreto 1382 de 2000, No son reglas de competencia sino de simple reparto, razón por la cual los jueces constitucionales no pueden alegar la falta de competencia con base en dicho precepto legal, sino que deben sujetarse a lo establecido en la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991. Alude específicamente a la Sentencia T-969 de 2009(19).

(iii) En esta dirección sostiene que Se hace patente que cualquier juez unipersonal o colegiado puede legalmente tramitar y decidir la presente acción, atendiendo por igual la inexistencia actual por las vacaciones colectivas de fin de año, que no existe Juez colegiado que lo sería la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y la Secretaría, ver si estos están facultados por la ley para ejercer la defensa, muy a pesar de encontrarse en cese de actividades por encontrarse en vacaciones colectivas o en días de vacancia judicial. Circunstancias estas muy particulares que colocan por un lado la obligación constitucional y legal de imprimirle el trámite a la presente acción, sin dilación alguna, y por otro lado se evidencia la falta de funcionario de la Sala de Casación Penal para atenderla, razón por la cual se considera razonable, que a más de remitir las comunicaciones a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia y a la Secretaría de dicha Sala, se le notifique además a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que sí está laborando, para que determine si en la presente acción a los magistrados de la Sala de Casación Penal que participaron en la expedición del Acuerdo 075 y a la Secretaría de esa Sala de Casación les está facultado actuar en este evento especial, o si determine (sic) a un funcionario ad hoc para que asuma esta defensa.

Al momento de fallar el recurso de amparo del cual se viene haciendo referencia, el inculpado concedió la protección constitucional solicitada al estimar violados los derechos fundamentales por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y al efecto determinó lo siguiente:

“(i) Suspender de manera inmediata el Acuerdo 75 del 14 de diciembre de 2010 y dejar sin ningún efecto jurídico, respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita y, mientras dure el proceso administrativo, así como la actuación subsiguiente que dependa del mismo.

(ii) Advertir a Reginaldo Bray Bohórquez que contra el acto administrativo contenido en el Acuerdo 075 del 14 de diciembre de 2010, deberá formular las acciones administrativas correspondientes en un lapso de tres meses contados a partir del fallo, tiempo durante el cual permanecerá la protección constitucional concedida. Si no instaura la correspondiente acción cesarán los efectos del fallo.

(iii) Dejar sin ningún efecto legal la notificación por estado realizada por la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el día 20 de diciembre de 2010, respecto de la providencia de diciembre 14 de 2010, proferida por la Sala de Casación Penal, dentro del proceso Radicado bajo el número 35559. En consecuencia, la Secretaría de la Sala de Casación Penal deberá, en el término de 24 horas, volver a fijar la notificación por estado.

(iv) De manera inmediata, por tratarse del derecho fundamental a la libertad, se ordena a la Sala de Casación Penal y a las autoridades a nivel nacional, departamental, regional y local de Policía, CTI, F2, Sijín, DAS, abstenerse de cumplir y acatar la orden de captura proferida en contra del ciudadano Reginaldo Bray Bohórquez, la cual ha quedado sin valor legal, ni efecto alguno por las razones expresadas.

24. Para fundamentar tales determinaciones el juez constitucional expuso las siguientes consideraciones:

(i) En relación con la competencia reprodujo los argumentos expuestos en el Auto mediante el cual avocó conocimiento.

(ii) Sobre la estructuración de un eventual perjuicio irremediable, el juez de instancia expuso un análisis que lo llevó a considerar, de una parte, que como consecuencia de la notificación efectuada mediante la habilitación de términos, prescribió la acción penal(20), y de otra, que existe una inminente y grave amenaza a la libertad personal de Reginaldo Bray, por lo que el mecanismo ordinario ante el contencioso administrativo no resulta idóneo para la protección del actor. Por la particularidad de la argumentación del juez sobre estos aspectos, a continuaciones se vierten sus reflexiones:

Luego de hacer referencia a los artículos 187 y 188 de la Ley 600 de 2000, relativos a la ejecutoria de las providencias en materia penal y al cumplimiento inmediato de aquellas referidas a la libertad y detención, señaló:

De allí que si el accionante fue condenado por el delito de peculado por apropiación y le fue impuesta una pena privativa de la libertad, la misma debió ser ejecutada u ordenada ejecutar en forma inmediata, tal y como lo manda la ley.

Además, si la notificación por recepción que corresponde a la anotación por estado realizada por la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el día veinte (20) de diciembre de dos mil diez (2010), cierra en forma definitiva la prescripción de la acción penal del delito de peculado que venía corriendo, luego de la ejecutoria de la resolución de acusación, obviamente que tal acto judicial, que deviene obligado de la habilitación de términos judiciales, impuesta en el acuerdo que se censura de ilegal es conclusivo que tales efectos hieren derechamente los derechos fundamentales constitucionales del accionante, puesto que este estaba apegado a unas reglas precedentes conocidas en cuanto a la contabilización o cómputo de los términos judiciales, en la etapa del juicio y para los días feriados y de vacancia judicial, y lo sorprende un acto jurídico que modifica o varía la situación jurídica del acusado o condenado, y si en verdad, el acto reprochado adolece de las anormalidades que se informan, en verdad se le atrancó (sic) por un medio ilegal, si así lo fuere, el derecho a la prescripción de la acción penal.

Por otro lado, si la orden de captura se produce efectivamente el perjuicio se torna en irremediable, por cuanto la limitación de la libertad que sufriría no es remediable por cuanto esos momentos en que ha sido privado de la libertad no se pueden recuperar jamás, y el cual no podía evitar con el mecanismo legal adecuado por la ley para enfrentarlo por cuanto, a más de encontrase cerrados los juzgados administrativos y los tribunales administrativos del país, como la misma Corte Suprema de Justicia, el mismo día en que se consuma el perjuicio (dic. 20/2010) y que aún siendo el medio idóneo, este juez constitucional de tutela, no lo encuentra idóneo ni lo suficientemente apto para frenar la amenaza que se cierne hoy, aún sobre el accionante, razón suficiente para que la presente acción sea estudiada como mecanismo transitorio.

La inminencia y gravedad de los hechos resulta incuestionable dado que la orden de captura debió ser impartida y su gravedad se muestra por cuanto la privación de la libertad del accionante, está amenazada sólidamente, lo que amerita, de encontrar cierto lo expresado en la presente acción, realizar y ejecutar mecanismos rápidos y efectivos de protección(21).

(iii) En cuanto al fondo del asunto, luego de una extensa, y profusa trascripción de normas de toda índole, de jurisprudencia y de doctrina, concluye afirmando que el Acuerdo 075 emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 2010, es un acto administrativo de carácter particular, que debe ser sometido al requisito de publicidad para que produzca efectos, y fue producido por una autoridad pública no autorizada por la Constitución ni por la ley para el efecto. En consecuencia, “Debe ser inaplicado para el caso del proceso penal que se sigue contra Reginaldo Bray Bohórquez ante la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia de Cartagena(22) (sic),

Reconoce explícitamente que la competencia para pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal reposa en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Pero en el entretanto (...) se procederá a cancelar las órdenes de captura, pues es atendible con preferencia el derecho a la libertad personal que puede quedar afectado si las órdenes de captura se mantienen vigentes y sin embargo, se pueda estar en presencia de una acción penal prescrita(23) (se destaca).

(iv) Sobre las solicitudes de nulidad y remisión del proceso a la Corte Suprema de Justicia, presentadas tanto por el magistrado Javier Zapata Ortiz, como por la directora administrativa de la división de procesos del Consejo Superior de la Judicatura, el juez consideró que Desde la admisión de la presente acción se sentaron los derroteros jurisprudenciales por los cuales este juzgado asumió la competencia, dado que de ningún modo, se desconoce la vigencia del mentado Decreto 1382 de 2000, pero en cuanto a ello el despacho, se apega estrictamente, a lo ya declarado por la honorable Corte Constitucional, en fallos que ya vienen señalados en esta decisión, y en tal aspecto, adherimos al criterio jurisprudencial que concluye que, cualquier juez unipersonal o colegiado, tiene competencia para conocer de las acciones de tutela que se promuevan contra cualesquiera de las Salas de las altas cortes, sin inclusión de la honorable Corte Constitucional y a tal doctrina simpatizamos por estar en consonancia con lo normado por el artículo 86 de la Carta Política y a lo estatuido por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que reglamentó con la fuerza de decreto de ley la acción de tutela(24) (se destaca).

(v) Finalmente, considera el juez constitucional que se Evidencia con toda claridad que ninguna responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa, le cabría a los magistrados de la honorable Corte Suprema de Justicia (...) (pues) la Sala de Casación Penal cumplió con su cometido constitucional y legal al decidir a escasos dos días después de corresponderle la ponencia al magistrado respectivo, su actuación Solo se comprende bajo el entendido loable de tratar de prevenir la prescripción de la acción penal por el delito por el cual fue condenado el acusado aquí accionante(25).

No obstante, agrega, la Corte Suprema de Justicia hubiese podido lograr ese loable cometido sin necesidad de emitir un acto administrativo para el cual no tenía competencia, comisionando para la práctica de la diligencia de notificación a los jueces penales municipales con funciones de garantías o de conocimiento o al juez de ejecución de penas, de conformidad con el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, Tal acto hubiera tenido realización en oportunidad procesal, y de verdad que en tal forma, hubiera sido eficaz, que la notificación así realizada, le imprimiera a la decisión del catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010) todos los efectos jurídicos que se derivan de su publicidad(26).

La anterior decisión fue impugnada por las autoridades judiciales accionadas y al ser seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión, dicha instancia se ocupó del análisis de la competencia del fallador del recurso de amparo —aquí disciplinado—, oportunidad en la cual precisó dos momentos de estudio, uno referido a la posición jurisprudencial en dicho temario y otro en el cual escrutó la situación concreta del trámite dado a la petición constitucional por parte del disciplinado, oportunidad en la cual expuso los siguientes razonamientos:

“De la competencia en materia de tutela. Reiteración de jurisprudencia.

3. Ha destacado la jurisprudencia de esta corporación que dentro de las garantías procesales que deben ser protegidas en el trámite de la acción de tutela, se encuentra la relativa a la competencia del juez para asumir el conocimiento de la acción. La competencia, por medio de la cual el legislador distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades que la integran, brinda seguridad a los actores procesales respecto del funcionario judicial que puede conocer de un determinado litigio, es indispensable para el ejercicio efectivo del derecho de defensa y contradicción, asegura la posibilidad de pedir y controvertir las pruebas que puedan influir dentro del proceso y garantiza el orden del sistema jurídico. En fin, es el dispositivo que asegura que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con los principios de lealtad, transparencia, celeridad y efectividad(27).

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las únicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual se asigna a los jueces del Circuito(28).

En este orden de ideas, ha precisado que las reglas del Decreto reglamentario 1382 de 2000, no obstante la importancia operativa que entrañan, son simplemente de reparto y no de competencia(29), pues las únicas normas que determinan esta última en materia de tutela, son las disposiciones que acaban de mencionarse.

4. Ha sostenido así mismo la jurisprudencia de esta corporación, que en materia de competencia y de reparto, el juez constitucional debe observar los principios de efectividad de los derechos de todos los sujetos implicados en el conflicto, así como los de celeridad, economía y eficacia que informan el trámite preferente y sumario de la acción de tutela(30).

No obstante ha precisado que el carácter informal de la acción de tutela, no puede conducir a que esta sea promovida desconociendo o limitando las garantías procesales, debido a que las Condiciones sustanciales y procedimentales mínimas con las cuales se garantiza la protección de los derechos e intereses, así como la efectividad del derecho material(31), hacen parte del derecho fundamental al debido proceso, y deben observarse en todas las actuaciones administrativas y judiciales(32). Pero además ha subrayado que su protección debe ser más estricta en el marco de las actuaciones que surjan con motivo de una acción de tutela, toda vez que es el escenario diseñado para asegurar el respeto de los derechos fundamentales(33).

5. Igualmente, en reiteradas oportunidades ha afirmado esta corporación que la informalidad no excluye el cumplimiento de unos presupuestos mínimos entre los que cabe mencionar [l]a competencia del juez, la capacidad de las partes para intervenir, entendida dentro del proceso de tutela como la titularidad en el accionante de los derechos fundamentales infringidos, la capacidad para actuar en representación de otra persona que se encuentra en imposibilidad de defender sus propios derechos, o la capacidad para actuar como apoderado judicial(34).

6. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 estableció un criterio general de asignación de competencia, vinculado al factor territorial, en los siguientes términos: Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. De esta manera, el único criterio establecido por el legislador para la determinación de la competencia en materia de tutela, fue el factor territorial, vinculado al lugar de vulneración o amenaza del derecho fundamental.

En cuanto a las disposiciones contenidas en el Decreto 1382 de 2000, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación(35), acogiendo el criterio expuesto por el Consejo de Estado(36), estas se limitan a concretar las reglas de reparto de las tutelas y no a regular la competencia. Siendo ello así, el desconocimiento de las reglas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000 no puede ser invocado como vicio de competencia que genere nulidad. No obstante, la anterior distinción no puede conducir a desconocer la importancia que revisten las mencionadas reglas de reparto como un criterio vinculante para los operadores judiciales, que imprime objetividad, ordena y racionaliza la distribución del trabajo judicial, excluyendo la arbitrariedad y el capricho en la asignación de los procesos . Así lo precisó el pleno de esta corporación a propósito de la resolución de un conflicto de competencia:

Lo anterior no obsta para que esta corporación o el superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las altas cortes.

13. Con la anterior argumentación, la Corte no desconoce la validez del Decreto 1382 de 2000, simplemente le está otorgando el alcance que debe tener. Se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario(37) (destacó la Sala).

El desconocimiento de las reglas de reparto da lugar a los correctivos mencionados, en tanto que el quebrantamiento de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conlleva consecuencias más drásticas, toda vez que tiene la potencialidad de constituir un vicio generador de nulidad, tal como pasa a explicarse a continuación.

La falta de competencia como causal de nulidad del proceso de tutela(38).

7. En el trámite de la acción de tutela el juez se encuentra vinculado por el postulado constitucional del debido proceso de las partes y de los terceros con interés legítimo en el proceso. En esa medida, debe velar por que dicha garantía se cumpla a cabalidad. Como un mecanismo de salvaguarda de este postulado fundamental y de las garantías que involucra, se estableció la posibilidad de aplicar las reglas de la nulidad previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, conforme a las cuales el proceso es nulo en todo o en parte: 2. Cuando el juez carece de competencia.

En aplicación de este precepto, la jurisprudencia de esta corporación ha admitido que la falta de competencia es una causal de nulidad del proceso, la cual puede ser declarada a petición de las partes o de oficio(39). No obstante ha precisado que tratándose de una nulidad fundada en el factor territorial, esta es considerada como una nulidad saneable conforme al artículo 145 del Código de Procedimiento Civil(40).

8. Para enfrentar las diversas situaciones que configuran vulneración al debido proceso por falta de competencia territorial, la jurisprudencia de la Corte ha precisado algunas reglas, así:

(i) Cuando el mencionado vicio es advertido en la primera instancia del trámite de tutela, se debe remitir la demanda y sus anexos al juez competente, en cualquier lugar del país y respetando las reglas de reparto, de forma tal que se garantice la protección oportuna de los derechos fundamentales.

(ii) Cuando es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del que asumió el conocimiento en un primer momento, la Corte ha indicado que debe seguirse el procedimiento previsto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil que establece que si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará.

(iii) Cuando la falta de competencia es advertida en sede de revisión, la Corte ha procedido a declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto admisorio de la demanda(41). A esta solución ha llegado la corporación en eventos en que se ha advertido una censurable tergiversación del factor territorial de competencia previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, con el velado o manifiesto propósito de menguar las posibilidades de defensa de los demandados o terceros interesados, o de seleccionar arbitraria o caprichosamente al juez de conocimiento.

Tales actitudes resultan inaceptables por cuanto como lo ha destacado la Corte, la competencia del juez de tutela es un aspecto procedimental que corresponde a una garantía sustancial [que] debe verificarse antes de abordar de fondo las pretensiones del accionante, de forma tal que su ausencia debe decretarse En cualquier estado del proceso, antes de dictar sentencia(42), so pena de vulnerar el derecho al debido proceso de los actores procesales e ir en desmedro de la seguridad jurídica(43).

En cuanto al procedimiento a seguir una vez es declarada la nulidad en el trámite de la revisión, el Pleno de la Corte ha indicado que cuando se constata Una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto, tal y como sucedería cuando se presente una distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las altas cortes , el asunto debe ser remitido al juez a quien corresponda su conocimiento de conformidad con Las normas de reparto del Decreto 1382 de 2000(44).

9. Finalmente, cabe precisar que el presente caso no corresponde a ninguna de las hipótesis en que se fundamentó la expedición de los Autos 04 de 2004(45) y 100 de 2008(46), que contemplan la prerrogativa de acudir a un juez unipersonal o colegiado a fin de efectivizar el derecho de acceso a la administración de justicia y a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, en aquellos eventos en que la autoridad judicial competente se ha negado a impartir el trámite a la demanda. Pero aún frente a esos excepcionales casos, la Corte ha enfatizado que Deberá ejercerse en el marco en la cláusula general de competencia prevista en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar en que ocurriere la vulneración o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (...) La posibilidad que la regla jurisprudencial contempla, de acudir a un juez unipersonal o colegiado a fin de efectivizar el derecho de acceso a la administración de justicia y a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, no puede interpretarse al margen de la cláusula general de competencia establecida por el legislador (D. 2591/91, art. 37)(47).

Las anteriores precisiones jurisprudenciales sirvieron de marco conceptual, para que la Corte Constitucional entrara a efectuar el análisis del proceder del aquí investigado con la finalidad de determinar si su actuar procesal respeta los parámetros fijados por la doctrina jurídica fijada en dicho tema, siendo estos sus razonamientos:

“El vicio derivado de la falta de competencia del Juez Quinto Penal Municipal con Función de Garantías de Cartagena

15. Recuerda la Sala que la acción de tutela de la referencia fue presentada por Alfredo Bray Escobar en representación oficiosa de Reginaldo Bray Bohórquez, quien se encontraba con orden de captura vigente emitida por la Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá como consecuencia de de la condena que le fuera impuesta mediante sentencia del 14 de septiembre de 2010(48).

La misma tutela fue presentada en tres oportunidades ante la oficina judicial de la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bolívar, por diferentes parientes del sentenciado, quienes aducían la condición de agentes oficiosos(49). Específicamente, Alfredo Bray Escobar presentó una de ellas, la cual fue repartida al Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 20 de diciembre de 2010. No obstante fue retirada y luego presentada directamente ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Este funcionario aprehendió el asunto invocando jurisprudencia de esta corporación, en particular el Auto 124 de 2009 en el cual, tal como lo trascribe el juez en su providencia, se dijo que Las reglas del decreto reglamentario 1382 de 2000 son simplemente de reparto y no de competencia, pues las únicas normas que determinan esta última en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución que señala que esta puede interponerse ante cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación.

16. Luego de citar esta directriz jurisprudencial, el juez constitucional declara que Se hace patente que cualquier juez unipersonal o colegiado puede legalmente tramitar y decidir la presente acción, atendiendo por igual la inexistencia actual por las vacaciones colectivas de fin de año, que no existe juez colegiado que lo sería la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (...) Circunstancias estas muy particulares que colocan por un lado la obligación constitucional y legal de imprimirle el trámite a la presente acción, sin dilación alguna, y por otro lado se evidencia la falta de funcionario de la Sala de Casación Penal para atenderla....

17. Contrario a lo señalado por el juez, la aplicación de los criterios establecidos por la jurisprudencia, e invocados por el juez, es decir la combinación de las previsiones del artículos 86 de la Constitución con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conducen a señalar que el juez competente para conocer de la acción de tutela instaurada contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y su Secretaría, sería, a prevención, cualquier juez o tribunal (Art. 86) con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (D. 2591/91, art. 37).

El acto acusado a través de la acción de tutela por estimarse vulneratorio de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal, fue el Acuerdo 075 de diciembre 14, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema con la finalidad de habilitar los términos en época de vacancia judicial, en relación con un específico proceso. De manera que la competencia por el factor territorial, en los términos establecidos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, correspondía a los jueces con jurisdicción en la ciudad de Bogotá, lugar donde ocurrió la actuación que entraña la presunta vulneración a los derechos fundamentales del demandante, en particular del debido proceso.

18. Establecido así el factor territorial determinante de la competencia, de manera complementaria correspondía acudir a las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000 y al reglamento general de la Corte Suprema de Justicia, conforme a los cuales, el caso debería ser conocido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (D. 1382, art. 2°, núm. 2° y art. 44 del Acuerdo General de esa corporación).

Los pronunciamientos emitidos tanto por el Consejo de Estado(50), como por la Corte Constitucional(51) acerca del alcance y la naturaleza jurídica de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000 y las consecuencias procesales (diversas a la nulidad) que acarrea su incumplimiento, no autoriza su desconocimiento por parte de los funcionarios judiciales. De hecho la Corte destacó su validez y obligatoriedad, así como la importancia de su aplicación para la organización y distribución del trabajo judicial y evitar que el reparto de los procesos se guíe por el capricho o la arbitrariedad. Sobre el particular señaló:

La Corte no desconoce la validez del decreto 1382 de 2000, simplemente le está otorgando el alcance que debe tener. Se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.

En este orden de ideas, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, debe velar por el cumplimiento efectivo de las normas de reparto del Decreto 1382 de 2000 por parte de las oficinas de apoyo judicial. En efecto, la Sala Administrativa está en la obligación de tomar las medidas administrativas que le correspondan en relación con los empleados de las oficinas judiciales que desconozcan tales reglas, incluyendo la de dar noticia de ello al ente encargado del control disciplinario de tales personas. Para todo ello, será pertinente la jurisprudencia que, hasta el momento, ha producido esta Corte respecto de la aplicación e interpretación del Decreto 1382 de 2000.

19. El juez constitucional estaba atado al acatamiento del factor territorial establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que para el efecto eran los jueces con jurisdicción en la ciudad de Bogotá. El hecho de que, como lo aduce el funcionario, la Corte Suprema de Justicia se encontrara en receso por vacancia judicial, no lo habilitaba para desconocer el factor territorial y asumir motu propio el conocimiento del caso, ceñido para ello única y exclusivamente a la voluntad del demandante. Para enfrentar situaciones de esta naturaleza, el Consejo Superior de la Judicatura mediante comunicado de diciembre 15 de 2010, informó que los juzgados penales del Circuito especializados, juzgados de menores, juzgados promiscuos de familia, penales municipales, de ejecución de penas y medidas de seguridad y de responsabilidad penal para adolescentes, con función de control, de garantías, continuarán prestando el servicio al público, sin interrupción alguna(52).

20. Para cumplir con las directrices de competencia establecidas en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, cuyo incumplimiento vicia el procedimiento, el demandante debió someter el asunto a reparto en la ciudad de Bogotá, para que fuese conocido por cualquiera de los jueces habilitados para prestar servicio al público durante la época de vacancia judicial. El demandante se sustrajo al cumplimiento de este presupuesto, y el Juez Quinto Penal Municipal Con Función de Garantías de Cartagena, no subsanó el vicio remitiéndolo al los jueces con competencia por el factor territorial.

21. El argumento que adujo el actor para instaurar la acción de tutela en la ciudad de Cartagena, en el sentido que dicha ciudad es el domicilio de Reginaldo Bray Bohórquez, no constituye un factor de competencia legalmente establecido en materia de tutela, y como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corte, la competencia debe provenir de la ley. Tampoco resulta atendible el argumento expuesto por el demandante y de alguna manera aceptado por el juez de Cartagena que asumió el proceso, en el sentido que, si bien la actuación que se acusa como vulneratoria de los derechos fundamentales del condenado se produjo en la ciudad de Bogotá, sus efectos se proyectarían a la ciudad de Cartagena, en donde según su dicho, debería hacerse efectiva la orden de captura en contra de Reginaldo Bray, circunstancia que a su juicio habilitaría al juez de Cartagena para actuar conforme a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000(53).

Frente a este argumento es preciso hacer dos consideraciones. En primer lugar, debe enfatizarse que la acción de tutela fue instaurada en contra del Acuerdo 075 del 14 de diciembre de 2010 expedido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, actuación que no tenía por objeto un pronunciamiento referido a la libertad personal del accionante, comoquiera que su cometido, que no será objeto de una valoración en esta decisión, se dirigió a habilitar los términos para la notificación del Auto inadmisorio de la demanda de casación y de la providencia que negaba una nulidad contra el proceso de notificación de la sentencia de segunda instancia. El derecho a la libertad de Reginaldo Bray Bohórquez fue afectado por decisión judicial emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, órgano que, luego del trámite de un proceso penal en sus dos instancias, profirió sentencia condenatoria en contra del demandante el 14 de septiembre de 2010. Esta actuación no fue objeto de la demanda de tutela. En segundo lugar, la competencia territorial que es un factor orientado a proveer transparencia y objetividad a la selección del juez, como garantía para todos los actores e interesados en el proceso, no puede depender de la manifestación de quien invoca la agencia oficiosa, acerca del paradero de una persona que se ha puesto voluntariamente en situación de evasión de una orden judicial. Este sería un criterio no verificable y por ende carente de idoneidad para determinar un factor objetivo de competencia.

22. De otra parte, el hecho de que el Juez Quinto Penal Municipal con Función de Garantías de Cartagena, hubiese ampliado su estudio a un análisis sobre la prescripción de la acción penal, y declarado la cancelación de las ordenes de captura emitidas, no como consecuencia de la actuación censurada, sino de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, no tiene la virtualidad de modificar los criterios de competencia, que como se indicó, deben tener su fuente en la ley, y no en la voluntad del juez que decide aprehender el conocimiento de un asunto.

23. La relevancia sustancial de la competencia como presupuesto procesal radica en que proporciona seguridad a los actores procesales acerca de la sede del funcionario judicial que debe conocer un determinado litigio; es fuente de imparcialidad en cuanto el lugar del juez competente es señalado por el legislador y no elegido libremente por el ciudadano(54); garantiza el ejercicio efectivo del derecho de defensa y contradicción de las partes y de los terceros con interés legítimo en el proceso; posibilita la facultad de solicitar y controvertir las pruebas que puedan influir en la decisión; a la vez que suministra un factor de orden al sistema jurídico. En suma, asegura la efectividad de las garantías que integran el debido proceso, así como de los principios de imparcialidad, transparencia, celeridad y economía procesal.

24. Como consecuencia del trámite del proceso por parte de un juez con jurisdicción en la ciudad de Cartagena, sin que existiera el nexo territorial que la ley establece entre la vulneración o amenaza de los derechos y la sede del proceso, se desconocieron los fines implícitos en los factores objetivos de competencia como la seguridad de los actores procesales sobre la sede del funcionario judicial que debe conocer de un proceso, la imparcialidad del juez garantizada por el hecho de que será el señalado por el legislador y no el que elige a su arbitrio el demandante, así como el ejercicio efectivo del derecho de defensa por parte de la parte demandada y los terceros con interés en el proceso.

25. Aunque tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación(55) la nulidad originada en el desconocimiento del factor territorial es saneable, en el presente asunto no operó tal fenómeno comoquiera que desde las mismas diligencias previas de reparto (Oficina Judicial de Cartagena), y aún en el curso de la primera instancia, tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como la dirección administrativa de la división de procesos de la dirección ejecutiva de la Administración Judicial, pusieron de presente la irregularidad y solicitaron la respectiva nulidad.

Si bien los representantes de estas entidades enfocaron la censura en el desconocimiento de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, reparo que llevaba implícito el factor territorial, el vicio constatado en esta providencia proviene específicamente del desconocimiento del presupuesto de competencia derivado del factor territorial, establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual Es competente para conocer de la acción de tutela, a prevención, el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud, es decir los jueces o tribunales con jurisdicción en la ciudad de Bogotá.

En conclusión, encuentra la Sala que la actuación del Juez Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cartagena, desconoció el factor territorial que de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 determina la competencia en materia de tutela, vicio que afecta la validez de todo el trámite y así lo declarará la Corte en la parte resolutiva de este Auto”.

Así las cosas, teniendo como marco de referencia lo argumentado por la Corte Constitucional al declarar la nulidad de orden de amparo por la cual se reprocha la conducta disciplinaria del inculpado y cotejar dichos razonamientos con lo alegado en el recurso de apelación, se advierte que el censor plantea la existencia de una indebida adecuación típica del cargo imputado, toda vez que —a su juicio— la invalidez declarada por el referido tribunal, se fundó en no haber observado las reglas de reparto en cuanto hace relación al factor territorial y no propiamente por haber avocado el conocimiento del recurso de amparo, pues para este último proceder gozaba de la competencia respectiva, tal como se determinó por el suprema guardián de la Constitución Política.

Frente a tan particular postura defensiva, vale anotar que a efecto de exonerar de responsabilidad disciplinaria al encartado, no puede —el defensor— fraccionar la imputación levantada en contra de su prohijado a través de razonamientos sesgados carentes de la debida ponderación argumentativa, toda vez que el reproche se levantó y fundamentó discursivamente —a lo largo de la investigación— de cara a los criterios utilizados para asumir el conocimiento del recurso de amparo y no propiamente aduciendo una situación concreta y particular que es aquella que desea maximizar el recurrente, pues basta reparar en los argumentos ofrecidos en la sentencia impugnada, para concluir que en la misma se ponderaron de manera integral las diversas situaciones modales desplegadas por el encartado a efecto de asumir el conocimiento del asunto tutelar, oportunidad en la cual se afirmó:

“El comportamiento del doctor Jorge Alberto Álvarez Morón, Juez Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantía de Cartagena, se repite, conllevó al desconocimiento de derechos de raigambre constitucional, como el debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y demás normas relacionadas, por cuanto asumió el conocimiento directamente de una acción de tutela desconociendo las reglas básicas de reparto lo que cualquier ciudadano común aceptaría por cuanto son simple[s] normas de organización, escudando su actuar bajo el pretexto de salvaguardar el debido proceso del actor olvidándose de que el juez constitucional debe velar por los derechos de los sujetos que intervengan dentro de una acción de tutela el desconocer tal principio de equilibrio entre las partes es desconocer los principios y derechos fundamentales que trae la propia Carta Política, los argumentos expuestos en el Auto admisorio por el disciplinado jamás podrían ser justificantes de su actuar caprichoso desprovisto de un razonamiento propio de un operador judicial por cuanto desde ese momento se resquebrajó la imparcialidad que debe existir en toda controversial judicial, el asumir el conocimiento de una acción de tutela sin que debiera hacerlo, es desconocer los derechos no solo de la parte pasiva en esa acción tal como derecho fundamental al debido proceso por cuanto no les permitió defenderse oportuna y adecuadamente y contradecir con pruebas lo que contra ella se reclama, también pone en tela de juicio la credibilidad de los funcionarios judiciales ante la sociedad” (s.f.t.) (fl.240).

En este orden de ideas, se infiere que el proceso debe ser entendido como una unidad conceptual, sin que este permitido realizar fraccionamientos orientados a estructurar una pretendida indebida imputación aduciendo que un presupuesto fáctico no fue referido —expresamente— en el pliego de cargos, pues lo que debe quedar claro es la existencia de una conexión material de lo debatido a lo largo de la investigación y es a partir de tal vinculación categorial que deben ser analizados los reproches, tal como sucedió en la presente oportunidad donde el temario de los criterios utilizados por el encartado para “aprehender” el conocimiento del asunto tutelar fue una constante discursiva al interior del mismo y en tal virtud fue objeto de debate y discusión por parte del extremo disciplinado tal como se aprecia del relato procesal identificado en precedencia.

Por lo dicho, llama la atención que el censor proponga como razón de disenso, el hecho que el tópico referido al criterio de la competencia derivada del factor territorial, no fue censurado en la presente causa, razonar que se muestra lejano de la realidad procesal, pues lo que se advierte —en el sub lite— es el uso de un género narrativo particular utilizado en la forma de presentar los hechos ya que en el texto de la sentencia fueron reprochados de manera total los argumentos aducidos a efecto de “aprehender” el conocimiento del recurso tutelar, los cuales se extienden a los razonamientos vertidos en el Auto que admitió a trámite el recurso de amparo (fl.29, c.a.) donde —el implicado— expuso los motivos para conocer del recurso de amparo derivados del factor territorial.

Atendiendo los mismos, impera concluir que no pueda tener cabida la postura “interpretativa” adoptada por el disciplinado, según la cual considera que una acción de tutela incoada contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pueda ser conocida por un juzgado ubicado en la ciudad de Cartagena, argumentando que la colegiatura accionada se encontraba en vacaciones e igualmente que en dicho sitio se encontraba domiciliada la persona contra la cual pesaba orden de captura, pues tal sentido dado a la norma escapa a las más básicas reglas hermenéuticas a partir de las cuales entender el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y no se puede inferir de su tenor literal tal como lo efectuó el inculpado que “Cualquier juez unipersonal o colegiado puede legalmente tramitar y decidir la presente acción, atendiendo por igual la inexistencia actual por las vacaciones colectivas de fin de año (...) circunstancias muy particulares que colocan por un lado la obligación constitucional y legal de imprimirle trámite a la presente acción sin dilación alguna” (fl.31, c.a.).

En suma, no resultan lógicos los fraccionamientos de imputación propuestos por el recurrente, toda vez que la censura se edificó sobre el total de los argumentos expuestos para darle curso a la acción de tutela y “aprehender” su conocimiento, mismos que incluyen los razonamientos vertidos para asumir la competencia del asunto derivado del factor territorial y tampoco pueden tener cabida las particulares interpretaciones del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, tal como lo expuso la Corte Constitucional en la providencia citada en precedencia y que descalificó en el Auto 196 de 2011 por considerarlos lesivos del debido proceso de la entidad judicial accionada.

La censura propuesta por el recurrente consistente en la supuesta irregularidad en la imputación de cargos —tomando como referencia lo aducido con anterioridad— debe ser analizada de cara a las particularidades jurídicas de las adecuaciones típicas que caracterizan al derecho disciplinario, las cuales conforme a la jurisprudencia constitucional, no tienen las mismas exigencias dogmáticas que las requeridas en el ámbito del derecho penal, pues están se tornan más flexibles, tal como lo sostuvo en la Sentencia C-404 de 2001 donde el referido tribunal expuso:

Dentro de los principios que rigen el derecho disciplinario, está sin duda el de la tipicidad, que exige que la conducta del servidor público que la ley erige como falta sea previamente definida por el legislador, así como la sanción correspondiente. En efecto, la Corte en reiterada jurisprudencia ha establecido que los principios del derecho penal general se aplican mutatis mutandis al derecho administrativo disciplinario, toda vez que los mismos son garantía de los derechos fundamentales de la persona investigada(56).

No obstante, dicho principio de tipicidad no tiene en el derecho disciplinario la misma connotación que presenta en el derecho penal, en donde resulta ser más riguroso. La razón de ser de esta diferencia, se encuentra en la naturaleza misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras, la conducta reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición (s.f.t.). Esta diferencia ha sido comentada por la doctrina especializada en los siguientes términos:

Las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los tipos sancionadores disciplinarios, por el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o prohibición cuyo incumplimiento supone cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor habría de consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo con la advertencia añadida de la sanción que lleva aparejada su incumplimiento, es decir una reproducción de textos en doble tipografía(57).

Por lo tanto la tipicidad en las infracciones disciplinarias se establece por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y de aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria(58). Esta forma de definir la tipicidad a través de normas complementarias, es un método legislativo que ha sido denominado el de las normas en blanco. Estas consisten en descripciones incompletas de las conductas sancionadas, o en disposiciones que no prevén la sanción correspondiente, pero que en todo caso pueden ser complementadas por otras normas a las cuales remiten las primeras(59).

La citada postura fue reiterada en la Sentencia C-1076 de 2002, providencia en la cual la Corte Constitucional precisó:

En materia de principio de tipicidad disciplinaria, la Corte ha establecido algunos puntos de contacto, y algunas diferencias importantes, con el mismo principio en el ámbito penal. En cuanto a las segundas ha dicho esta corporación lo siguiente:

El principio de tipicidad no tiene en el derecho disciplinario la misma connotación que presenta en el derecho penal, en donde resulta ser más riguroso. La razón de ser de esta diferencia, se encuentra en la naturaleza misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras, la conducta reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición(60).

A pesar de estas significativas diferencias, lo cierto es que el principio de tipicidad disciplinaria comparte algunos elementos con aquel que orienta la normatividad penal:

Así pues, mientras por el principio de legalidad se demanda imperativamente la determinación normativa de las conductas que se consideran reprochables o ilícitas el principio de tipicidad concreta dicha regulación, en el sentido de que exista una definición clara, precisa y suficiente acerca de la conducta o del comportamiento ilícito, así como de los efectos que se derivan de estos, o sean las sanciones. De esta manera la tipicidad cumple con la función de garantizar, por un lado, la libertad y seguridad individuales al establecer en forma anticipada, clara e inequívoca qué comportamientos son sancionados, y de otro, proteger la seguridad jurídica(61).

En conclusión, la forma como fueron imputados los cargos al disciplinado, se ofrece respetuosa de sus garantías superiores, toda vez que —argumentativamente— existió una “Definición clara, precisa y suficiente acerca de la conducta o del comportamiento” del encartado, siéndole reprochado el hecho de avocar el conocimiento del asunto tutelar cuando carecía de competencia para ello, por tal razón no existe razón para eximirlo de tal censura disciplinaria y frente a dicho tópico debe ser confirmada la responsabilidad levantada en su contra.

9. Consideraciones acerca a la indebida notificación de la sentencia que concedió el amparo reclamado por el actor.

En el Auto 196 de 2011, la Corte Constitucional consideró que al interior del trámite dado —por el disciplinado— al recurso de amparo, se incurrió en una Indebida integración del contradictorio por parte del juez de tutela” toda vez que existía la obligación de “Notificar a los terceros con interés legítimo en el proceso”, proceder que no acató conforme a lo cánones jurídicos que regulan dicho instituto constitucional al omitir convocar al trámite tutelar a terceros que tenían interés directo en la decisión que amparó los derechos fundamentales del solicitante de amparo constitucional.

Frente a tal razonar de la Corte Constitucional, vale anotar que la citada omisión no fue el objeto de censura imputado al encartado, toda vez que el reproche en este tópico se edificó sobre dos circunstancias a saber: (a) en el hecho que no obstante librarse las notificaciones respectivas a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una vez avocado el conocimiento del asunto, las mismas se realizaron en el periodo de vacaciones colectivas de la colegiatura accionada, proceder que torna nugatorio el derecho a la defensa que le asiste atendiendo la celeridad con el cual debe fallarse un recurso de amparo y (b) haber declarado desierta —la impugnación— presentada por la Sala demandada, cuando no había razón para ello, toda vez que el término para la sustentación debe contabilizarse desde el momento que la entidad demandada tiene conocimiento efectivo de la decisión de amparo y no a partir del instante que se expide la comunicación respectiva elaborando mecánicamente el telegrama respectivo.

Así las cosas en relación con el primer aspecto, se tiene que el juez inculpado —mediante Auto del 3 de enero de 2011— (fl.28, c.a.) dispuso la “aprehensión” del recurso de amparo (fl.31, c.a.) y en la misma providencia ordenó “Solicitar a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia y a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia un informe de todo lo relacionado con los hechos que sirvieron de fundamento al accionante para la presentación de esta acción de tutela—. Así mismo que aporte las pruebas que desee hacer valer y que se encuentren en su poder” para lo cual concedió un término de “tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación”.

En cumplimiento de las anteriores determinaciones, el secretario del juzgado libró el Oficio 002 de fecha 5 de enero de 2011 (fl.33, c.a.) donde solicitó a la corporación judicial demandada la remisión del informe requerido, pues en caso de no hacerlo “Se tendrán por ciertos los hechos (...) y se entrará a fallar de plano” y dicha comunicación fue colocada por correo al día siguiente (fl.33, c.a.).

En efecto, alega el recurrente que no existe la falta imputada, toda vez que —a la entidad judicial accionada— se le concedió la posibilidad de concurrir al trámite tutelar por haberse librado la comunicación respectiva, razonar que no deja de mostrar cierta inocencia en su esbozo al carecer de densidad lógica y funcional, pues es sabido para el estándar de la cultura jurídica nacional que la corporación accionada para la fecha en la cual se le envió la citación, se encontraba en vacaciones colectivas, motivo por el cual no están dados los presupuestos funcionales para comparecer efectivamente al proceso y oponerse a las aspiraciones tutelares del proponente de amparo al no contar con los soportes documentales que le permitan ejercer a cabalidad tal garantía superior, sin que su intervención pueda ser subsanada por haber sido convocada al trámite la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura por cuanto dicha dependencia no tiene injerencia directa en las decisiones judiciales atacadas.

Ahora bien, la anterior censura no implica hacer nugatoria la posibilidad de presentar acciones de tutela contra las altas cortes u otros despachos judiciales que gocen de vacaciones colectivas, cuando dichas dependencias se encuentren en disfrute de tal prerrogativa laboral, pues aceptar dicha postura implicaría suspender la eficacia de la acción de tutela y dar una interpretación distinta de aquella concedida por las normas constitucionales y la propia jurisprudencia constitucional, pero es a partir de esta precisión que cobra fuerza la razón aducida por la Corte Constitucional en el sentido de afirmar que la nulidad se produce, no por el hecho de haber convocado al trámite tutelar a una entidad judicial que se encontraba en vacaciones, sino en omitir vincular al recurso de amparo a otras autoridades judiciales que tenían interés jurídico en el asunto y que podían garantizar una comunidad de prueba desde la cual contar con los elementos de juicio requeridos con la finalidad de evacuar las pretensiones del actor y desde ahí analizar los argumentos alegados como soporte al amparo constitucional, por tanto se está ante una lesión al derecho de defensa que provocó la nulidad del procedimiento aplicado a la tutela, conforme lo estableció el precitado Auto:

“27. Tal como quedó establecido en los fundamentos 10 a 14 de esta providencia, la falta de notificación a una parte o a un tercero con interés legítimo en el proceso de las decisiones proferidas en un trámite de tutela constituye una irregularidad que vulnera el debido proceso. El juez constitucional está en el deber de identificar los terceros con interés legítimo en las decisiones que puedan adoptarse durante el trámite de la acción de tutela, y llamarlos oportunamente, en el marco de los principios de oficiosidad e informalidad, con el fin de permitirles ejercer su derecho de contradicción.

28. Observa la Sala que en el presente asunto el Auto admisorio de la demanda instaurada por Alfredo Bray Escobar fue comunicado mediante oficio, a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(62), al Consejo Superior de la Judicatura(63), y a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(64). Igualmente, el fallo de tutela de enero 13 de 2011, según se registra en la planilla de control diario de correspondencia general de la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia Seccional Bolívar, se comunicó mediante correspondencia enviada el 14 de enero de 2011, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

29. Encuentra así la Corte que el juez cumplió con su deber de notificar a los entes que figuraban como demandados en la acción de tutela, es decir, la Secretaría y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Identificó como tercero con interés legítimo en el proceso al Consejo Superior de la Judicatura, y en tal condición le comunicó las decisiones relevantes. Sin embargo, no identificó a otros actores y sujetos procesales dentro del proceso penal, cuyo trámite dio lugar a la acción de tutela, que podrían tener un interés, o resultar afectados por el fallo de tutela. Tratándose de una decisión en la que el juez constitucional amplió su análisis y órdenes a la extinción (transitoria) de la acción penal por vía de la prescripción, y profirió medidas referidas a las órdenes de captura, ha debido convocar al órgano emisor de la sentencia penal que fue modificada en sede de tutela, es decir, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Así mismo, debió notificar a la Fiscalía General de la Nación, sujeto procesal con claro interés en el resultado del proceso, comoquiera que es el titular de la acción penal que por virtud de la tutela se declaró extinguida, como medida transitoria, y como consecuencia de ello se dejaron sin efecto las órdenes de captura proferidas en contra de Reginaldo Bray Bohórquez. Podría aducirse que para la fecha de admisión de la tutela (ene. 3/11) el Tribunal Superior de Bogotá se encontraba en vacancia judicial; sin embrago, el fallo se produjo en una fecha (ene. 13/11) en que ese órgano judicial ya se encontraba operando, por lo que era imperativo garantizar su posibilidad de impugnación.

30. Las decisiones adoptadas por el juez de tutela indiscutiblemente afectaban los intereses de otros sujetos procesales o intervinientes dentro del proceso penal Radicado con el número 35559 adelantado en contra de Reginaldo Bray Bohórquez. Tal era el caso de las víctimas o perjudicados con el delito. Ninguna actividad desplegó el juez constitucional en procura de establecer este aspecto con incidencia en la conformación del contradictorio. La circunstancia de que la acción de tutela se hubiese instaurado en época de vacancia judicial, lo que generaba la imposibilidad de obtener esta información directamente de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Superior de Bogotá, no excusaba al juez de tutela de requerir esa información del propio demandante; bastaba con haber solicitado copia de la sentencia penal, mencionada en la demanda de tutela, para identificar a las personas naturales o jurídicas que debían ser convocadas como terceros afectados con una decisión del impacto y envergadura de una declaratoria de prescripción de la acción penal.

En el caso de la Fiscalía General de la Nación su convocatoria al proceso constitucional resultaba mucho más fácil de materializar, dado que su identificación como sujeto procesal deviene de la propia ley, y además se encontraba operando para la época de la tutela comoquiera que tal organismo no es cobijado por la vacancia general en los términos en que opera para los despachos de la Rama Judicial. Su notificación y citación al proceso presentaban particular relevancia toda vez que las decisiones que el juez constitucional adoptó le concernían de manera directa, en su carácter de titular de la acción penal.

La omisión del juez constitucional de identificar y convocar a los terceros con interés legítimo en el proceso de tutela, privó a los perjudicados con el delito, así como a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y a la Fiscalía General de la Nación de enterarse de la acción, allegar pruebas y asumir una postura procesal frente a las pretensiones del señor Bray Bohórquez. Tampoco fueron enterados de la decisión que tutelaba los derechos del mencionado sentenciado, declaraba la prescripción de la acción penal y dejaba sin efectos las órdenes de captura emitidas en el proceso penal. De modo que fueron sorprendidos con unas decisiones de tal envergadura, que modificaban sustancialmente las condiciones del proceso penal en el que eran parte o actores nucleares, sin que se les garantizara la oportunidad de controvertirlas e impugnarlas.

31. De esta forma, al vicio establecido por el desconocimiento del factor territorial que debía guiar la competencia del juez (D. 2591/91, art. 37), se suma la falta de integración del contradictorio necesario, en la medida que era imperativa la vinculación de los terceros, identificables y ubicables, que podían tener un interés legítimo en el resultado del proceso, como es el caso de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y los perjudicados con el hecho punible”.

Por lo anotado impera concluir que sí existió lesión a las garantías superiores de las autoridades judiciales accionadas y en tal virtud la orden de amparo declarada se dictó en contravía de las reglas procesales que encausan el debido proceso de un trámite de tutela, proceder que no puede ser avalado bajo el argumento que se actuó al cobijo de la garantía fundamental de la autonomía funcional, pues tal como se expuso en precedencia, se está frente a unas decisiones que se apartan —abiertamente— del marco jurídico y jurisprudencial que regula el instituto de la acción de tutela, por tanto desarrolla objetivamente la norma penal imputada consagrada en el artículo 413 del Código Penal, misma que sirvió de soporte para la imputación del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y en tal sentido merecedora del reproche disciplinario impuesto por la primera instancia, siendo obligatorio confirmar la responsabilidad disciplinaria en cuanto a este tópico se refiere.

El segundo aspecto censurado, tiene que ver con la decisión de haber declarado desierta la impugnación presentada por la Sala demandada, cuando no había razón para ello, toda vez que el término para la sustentación del recurso debe contabilizarse a partir del momento que la entidad demandada tuvo un conocimiento efectivo de la decisión de amparo y no desde el instante que se expide la comunicación respectiva.

Censura levantada por el a quo que merece todo el respaldo por parte de esta Sala, pues debe notarse que la sentencia que dispuso la protección de los derechos fundamentales del actor, se encuentra fechada el 13 de enero de 2011 (fl.38, c.a.) y al día siguiente fue notificada a quien adujo actuar como agente oficioso (fl.96, c.a.) y en la misma fecha se remitió por correo la comunicación a la colegiatura accionada (fl.97, c.a.) y el 24 del mismo mes y año, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (fl.109, c.a.) impugnaron la decisión que concedió el amparo constitucional advirtiendo que “A través del presente y dentro del término legal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia interpone y sustenta el recurso de apelación contra la sentencia de tutela referenciada, proferida por su despacho el pasado 13 de enero y la cual fue notificada a esta corporación el 21 de enero siguiente, según su Oficio 899 el cual fue recibido por correo en la Secretaría de la Sala en la última fecha mencionada” (s.f.t.).

A efecto de darle trámite a la referida petición, el juez implicado —mediante Auto del 26 de enero de 2011— (fl.120, c.a.) resolvió “Denegar por extemporáneas las impugnaciones presentadas por las accionadas dentro del presente asunto” (fl.124, c.a.) y para arribar a la citada determinación consideró:

“Es incuestionable que el fallo de tutela proferido el día trece (13) de enero de dos mil once (2011) fue notificado por vía de telegrama, según consta en la planilla del centro de servicios de fecha 14.01.2011, mediante oficios 899 y 900 todos de la misma fecha.

Para tal notificación, el juzgado tuvo en cuenta lo normado en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991, que dice El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido.

Si ello fue así, como efectivamente aconteció, se evidencia que el término para impugnar se iba, desde el mismo momento en que se profirió la decisión que puso término a la primera instancia, hasta el vencimiento de los tres días siguientes al envío del telegrama, hasta las horas de las seis de la tarde (6:00 p.m.) de dicho día. Esto conforme lo establece el artículo 31 del Decreto-Ley arriba mencionado que indica que Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

No se requiere esfuerza adicional para comprender que si el fallo de tutela se notificó por telegrama en la calenda expresada, en el día veinticinco (25) del corriente mes y año, en que los accionados interponen el medio de impugnación referido, se encontraba más que vencido y en consecuencia lo procedente, amén de cualquier otra consideración, es se declararlo improcedente como efectivamente hará en la parte resolutiva de este proveído.

Pero hay mas, no encuentra respaldo para este juez constitucional de tutela, la circunstancia que indican los accionados de haber recibido solo el telegrama el día veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011), por cuanto la norma precitada dispone que el fallo, recibe notificación especial mediante telegrama, tal como sucedió en Autos y la impugnación solo es procedente tres días después de esa notificación exclusiva, sin que sea menester atender que el recibo de la misma lo fuera en días distintos, pues esas circunstancias escapan al control del juez de tutela que ha considerado que el medio empleado, a más de haber sido el que ordena la ley, en primer orden, es por igual, eficaz para colocar en conocimiento la decisión, sin parar en mientes que los accionados debían conocer que atendiendo la fecha de la presentación de la solicitud de amparo constitucional, correspondía por Constitución y por virtud de la ley, fallarla dentro de los diez (10) días siguientes, que vencían el 13 de enero de 2011, fecha en que efectivamente se produjo el fallo” (fl.121 c.a.).

Así las cosas, el punto de debate tiene como razón de disenso el identificar la postura de cuál es el extremo temporal a utilizarse referencialmente para contabilizar el término de impugnación del fallo de tutela, pues el inculpado aduce que este corre a partir del día siguiente de librado el telegrama respectivo y el juez disciplinario de instancia considera que el mismo debe contarse desde cuando la entidad accionada tiene conocimiento efectivo de la resuelto en la providencia.

En efecto en el presente caso se observa que el inculpado libró —al día siguiente de dictarse el fallo de tutela— el telegrama de notificación dirigido a la colegiatura accionada, proceder que se atempera a los cánones ordinarios exigidos por la normatividad aplicable al caso, pero lo que no puede avalarse es la particular interpretación dada al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, norma que hace unidad normativa con lo dispuesto en el artículo 30 ibídem, toda vez que las dos disposiciones regulan integralmente la notificación del fallo de primera instancia.

Conforme a lo anotado, se tiene que el artículo 31 referido estipula que resulta procedente la impugnación de la sentencia de primera instancia, si esta se presenta “Dentro de los tres días siguientes a su notificación” y para darle sentido a tal disposición jurídica, la Sala acude a lo reglado por la Corte Constitucional en el Auto 013 de 1994 donde precisó:

“[...] para los efectos de surtirse la notificación; debe insistir la Sala en que esta solo se entiende surtida en debida forma una vez que proferida la providencia judicial, el interesado la conoce mediante la recepción del telegrama que le remite el respectivo despacho judicial, pues solo con este fin se envía el aviso.

En otros términos, solo cuando la persona efectivamente recibe el telegrama por medio del cual conoce de la existencia del fallo, surte los efectos la notificación...”(65).

Por ello, la “interpretación” propuesta por el apoderado del disciplinado, no deja de ser una exótica forma de entender el extremo temporal a partir del cual debe contabilizarse el plazo para la interposición del recurso de impugnación, pues desconoce las más elementales reglas de cómo operan los sistemas de comunicación y las distancias existentes en el sistema vial colombiano, mostrándose como un razonar ajeno a las dinámicas propias de la realidad social, pues —puede suceder— que un telegrama dirigido a un sitio recóndito de la geografía nacional dure más de tres días en el desplazamiento que la empresa de correos utiliza para arribarlo a su destinatario y no por eso puede considerarse vencido el plazo para impugnar el fallo tutelar, pues como lo ha sostenido la Corte Constitucional en el Auto 130 de 2004.

“[...] las decisiones que profiera el juez de tutela deben comunicarse al accionante, al demandado y a los terceros que pudieren verse afectados, con el fin de que estos tengan conocimiento sobre las mismas y puedan impugnar las decisiones que allí se adopten. La jurisprudencia de esta corporación ha expresado de manera reiterada que la notificación no es un acto meramente formal, sino que debe surtirse en debida forma y de manera eficaz, es decir, con independencia de la forma adoptada, materialmente debe garantizarse que el acto se haga público, sea puesto en conocimiento del interesado, con el fin de que no se viole el debido proceso”.

Se resalta que cualquier funcionario de la Rama Judicial sabe que transcurre un tiempo, prudencial entre el envío del telegrama y su recibo por parte de la autoridad accionada, máxime entre ciudades distantes como son Cartagena y Bogotá, de ahí el término de la distancia no se aplicable a los sujetos procesales para que ejerciten sus derechos, regla de operación del sistema jurídico que es aplicada desde los principios básicos de interpretación del derecho procesal, tanto que en el Auto referido precisó la Corte Constitucional lo siguiente:

“El juez de tutela debe cuidar siempre que esa diligencia, lejos de ser un acto meramente formal, cumpla en realidad con su cometido. El simple envío del telegrama a una de las partes por sí solo no satisface la exigencia de enterarla sobre el contenido de la sentencia, si no se demuestra que efectivamente ha llegado a conocimiento de aquella. El juez debe ser diligente y buscar el mecanismo idóneo para que la notificación sea efectiva y en la medida en que la notificación se surta de manera efectiva, se garantiza el principio de la doble instancia, por cuanto el interesado (demandante, demandado, Defensor del Pueblo) podrá impugnar el fallo dentro de los tres días siguientes al acto de notificación”.

De ahí que —para esta corporación— no sean de recibo los argumentos expuestos por el apelante, pues si bien no puede endilgarse al inculpado la mora en el recibo de los oficios enviados por correo por parte de la colegiatura accionada, lo cierto es que sí está dentro de sus deberes como juez constitucional, actuar de manera diligente para verificar la eficacia de la comunicación en aras de salvaguardar los derechos de los intervinientes en el trámite de la tutela entre ellos la doble instancia(66), tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional cuando ha precisado que “Cuando el medio escogido para el efecto es el del telegrama, solo se surte cuando las partes conocen efectivamente el contenido de este (...) para lo cual corresponde a los despachos judiciales la carga de indagar con correos de Colombia, Adpostal , o en su defecto con quien corresponda la entrega de este, la fecha de recibo de las respectivas comunicaciones, a fin de establecer el término real de ejecutoria de las decisiones de amparo...(67).

En conclusión ninguna razón le asiste al recurrente para sostener como argumento eximente de responsabilidad de su patrocinado el plantear que la fecha para contabilizar el término de presentación del recurso de impugnación corre a partir del simple hecho de haberse colocado el telegrama en el correo, pues conforme a la jurisprudencia constitucional arriba trascrita, el mismo corre una vez la autoridad pública accionada tenga un conocimiento efectivo de lo decidido en la sentencia tutelar, logrando por dicha vía la publicidad del fallo y garantizando así un acceso debido a la administración de justicia, por ello la conducta asumida por el encartado merece reproche disciplinario al haber afectado los derechos fundamentales del extremo pasivo de la acción de tutela al adoptar una interpretación del derecho vigente que no se atempera a los cauces razonables del sentido que se le debe conceder y en tal virtud ajena a estar cubierta por la garantía superior de la autonomía funcional, por estar apartada de los principios y valores constitucionales que gobiernan al Estado social de derecho.

10. Consideraciones acerca a los presupuestos jurisprudenciales para dar aplicación a la figura de la agencia oficiosa.

Uno de los aspectos censurados por el fallador de instancia y que fue objeto de reproche por parte del recurrente en el recurso de apelación es aquel que versa sobre los criterios aplicados para reconocer la calidad de agente oficioso al señor Alfredo Bray Escobar quien adujo actuar en nombre de su padre Reginaldo Bray Bohórquez, toda vez —que a criterio del juez disciplinario— no se encuentran reunidos los presupuestos para el reconocimiento de su legitimidad, por ello a efecto de llevar a cabo dicho el análisis de tal situación, la Sala presenta a continuación los requisitos jurisprudenciales para su aplicación, mismos que —se anticipa— no fueron valorados por el juez inculpado.

Así las cosas, la reflexión propuesta parte de aceptar que para determinar la legitimidad de los sujetos que pueden incoar una acción de tutela debe darse aplicación a lo reglado en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, norma que en su texto expresa:

“ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

La anterior disposición ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional con la finalidad de determinar su alcance, por tanto se acude a la Sentencia T-552 de 2006 donde se definió el sentido desde el cual se interpreta la norma en cita:

“Esta corporación ha señalado que no obstante la informalidad que se predica de la acción de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de ellos se corporacionó titularidad para promoverla(68).

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general, solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante. En esta disposición también se contempló la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal forma que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá un tercero presentar acción de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades(69), a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela (s.f.t.).

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo. Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso (s.f.t.).

En este orden de ideas —conforme a la jurisprudencia en cita— resulta claro que la persona titular de los derechos fundamentales es la llamada a incoar el recurso de amparo para solicitar su protección, no obstante lo cual la misma se puede presentar por un tercero que aduce la condición de agente oficioso, pero tal figura exige unos presupuestos para que se estructure la misma, tal como lo establece la Corte Constitucional en la Sentencia T-459 de 2007 en los siguientes términos:

“2. Legitimación en la causa por activa y agencia oficiosa en la acción de tutela.

(...).

De tal forma, es viable incoar una acción mediante el uso de la figura de la agencia oficiosa siempre y cuando el titular de los derechos agenciados se encuentre imposibilitado para defenderlos, por razones físicas, mentales, entre otras. Al respecto, en la Sentencia SU-707 de 1996(70), la Sala Plena de esta corporación sostuvo:

Para la procedencia de la agencia oficiosa es indispensable no solo que el agente oficioso afirme actuar como tal, sino que además demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir a la justicia.

En tales circunstancias, el juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y los motivos que conducen al actor a impetrar la acción a nombre de otro. Entonces si el agenciado sufre una enfermedad que limita el ejercicio de sus capacidades físicas y mentales, es evidente que se encuentra impedido para solicitar directamente el amparo de sus derechos.

(...).

En consecuencia, para que puedan agenciarse derechos ajenos, deben reunirse dos criterios esencialmente: el primero de ellos referente a la imposibilidad del afectado de defender sus propios derechos y, el segundo, relacionado con que en la acción de tutela se manifieste clara y expresamente las razones por las que se solicita el amparo”.

La citada figura ha encontrado un desarrollo más concreto en la Sentencia SU-1023 de 2001 donde la Corte Constitucional estableció límites puntuales a la misma a efecto de circunscribir el uso ligero que puede provocar y patrocinar un desgaste innecesario del aparado de justicia, estimaciones que consignó en los siguientes términos:

“21. En relación con la figura de la agencia oficiosa, ha sido abundante y reiterada la jurisprudencia de esta corporación. En ella se han señalado los elementos básicos de esta figura jurídica, los cuales se resumen en lo siguiente: ‘La agencia oficiosa requiere de la determinación de las personas en nombre de quienes se actúa y la manifestación de las razones por las cuales no les es posible actuar directamente. Lo anterior en desarrollo de los artículos 1, 10 y 15 del Decreto 2591 de 1991’(71). ‘El agente oficioso o el Defensor del Pueblo y sus delegados, solo pueden actuar dentro de los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones; por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo o indefensión, o que solicite la intervención de dicho defensor’(72); además, ‘Para actuar como agente oficioso se requiere que el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa. Condición que, como es lógico, no basta afirmar sino que es menester demostrar’”(73).

Acerca de la necesidad de ratificación de la acción de tutela cuando se actúa por agente oficioso, en la Sentencia T-044 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se afirmó:

La agencia oficiosa, desde luego, no puede encontrar fundamento sino en la imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se actúa. El propósito de la misma consiste en evitar que, por la sola falta de legitimación para actuar, en cuanto no se pueda acreditar un interés directo, se sigan perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la omisión que los afecta, o se perfeccione la situación amenazante que pesa sobre ellos.

En tal sentido, la agencia oficiosa —que tiene expresión también en los procesos ordinarios pero que adquiere mayor valor e importancia en la medida en que contribuye a la concreción de los derechos fundamentales— se concibe como un instituto de derecho procesal que busca el acceso a la administración de justicia para quien se halla imposibilitado de hacerlo personalmente por cualquier motivo.

Es, por ello, una forma de lograr que opere el aparato judicial del Estado, aun sin la actividad de quien tiene un interés directo.

Se trata de lograr la atención judicial del caso de quien actualmente no puede hacerse oír. Es en su interés que se consagra la posibilidad de que el Estado obre a partir de la solicitud del agente oficioso.

Por ello, la agencia oficiosa no puede llevar a que se comprometa el nombre de otro para obtener la actuación del juez sin manifestación alguna de quien figura como sujeto pasivo de la vulneración o amenaza de los derechos. De allí que la norma legal exija la ratificación de lo actuado por el agente oficioso como requisito de legitimación dentro del proceso.

Tampoco sería admisible el ejercicio de la acción de tutela a nombre de otra persona cuando en realidad se persigue el propio beneficio o interés.

A juicio de la Corte, quien alega que la persona a cuyo nombre intenta la acción de tutela no puede hacer valer derechos de manera directa, carece de facultad para seguir representándola legítimamente cuando luego se establece, evaluados los hechos por el juez, que aquella sí podía, por sí misma, acceder a la administración de justicia, de donde resulta que en tales casos, a menos que el verdaderamente interesado ratifique de manera expresa su voluntad de continuar con el proceso iniciado y reafirme ante el juez la relación de los hechos que dan lugar a la petición de amparo, la actuación debe culminar con la negación de las pretensiones de la demanda(74) (negrillas fuera de texto).

En relación con la exigencia de demostrar la incapacidad del afectado para asumir su defensa, ha dicho la Corte:

De acuerdo con lo dispuesto en esta norma (D. 2591/91, art. 10) y con la jurisprudencia de esta corporación, en el agenciamiento de derechos ajenos, debe estar debidamente demostrado que realmente el interesado no está en condiciones de asumir la defensa de sus propios derechos. Esta exigencia no es resultado de un capricho del legislador, ni corresponde a una mera formalidad, encaminada a obstaculizar el acceso a la administración de justicia, especialmente cuando se trata de la defensa de un derecho fundamental. No. Esta exigencia es desarrollo estricto de la Constitución sobre el respeto a la autonomía personal (art. 16). Una de las manifestaciones de esta autonomía se refleja en que las personas, por sí mismas, decidan si hacen uso o no, y en qué momento, de las herramientas que la Constitución y la ley ponen a su alcance, para la protección de sus derechos en general, trátese de los fundamentales o de los simplemente legales.

Esta concepción está ligada, también, al reconocimiento integral de la dignidad humana. Es decir, que a pesar de la informalidad que reviste la presentación de la acción de tutela, tal informalidad no puede llegar hasta el desconocimiento de lo que realmente desea la persona interesada. Pues, a pesar de las buenas intenciones del tercero, sus propósitos pueden no ser los mismos que los del interesado. El interesado puede no querer, por ejemplo, que personas distintas a su médico personal la ausculte, o que un juez conozca detalles de su enfermedad, que quiere que permanezcan dentro de su ámbito privado.

Y en la Sentencia T-1012 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, dijo:

La jurisprudencia ha señalado que la agencia oficiosa es procedente en el evento en que el agente oficioso afirme actuar como tal y, que además de este requisito, se tenga plenamente probado que el titular del derecho fundamental que se encuentra amenazado, está en imposibilidad de promover por sí mismo la acción constitucional y, en consecuencia, la protección de su derecho de defensa (s.f.t.).

Bajo el anterior orden de ideas, son varias las reglas que deben cumplirse para que se estructure la figura de la agencia oficiosa a saber:

(i). No basta que el agente oficioso afirme actuar como tal, sino que además le corresponde demostrar que el titular del derecho amenazado o vulnerado, se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por circunstancias físicas —como la enfermedad— o por razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir —directamente— a la justicia.

(ii). Producto del anterior requisito, el juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y los motivos que conducen al actor a impetrar la acción a nombre de otro, para lo cual le corresponde analizar la consistencia de la estructura argumentativa expuesta por el proponente del amparo constitucional.

(iii). El agente oficioso no puede —de ninguna manera— arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, pues esta figura procesal encuentra fundamento en la imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se actúa.

(iv). Por lo anotado, la agencia oficiosa no puede llevar a que se comprometa el nombre de otro para obtener la actuación del juez sin manifestación alguna de quien figura como sujeto pasivo de la vulneración o amenaza de los derechos, por ello la jurisprudencia constitucional exige la ratificación de lo actuado por el agente oficioso como requisito de legitimación dentro del proceso, todo en aras de evitar lesiones a la autodeterminación del titular de los derechos fundamentales en disputa.

(v). Las buenas intenciones del tercero, no pueden entenderse como razón que avale la interposición de acción de tutela en nombre de otra persona y tampoco el vínculo de consanguinidad o el parentesco familiar, se convierte en argumento suficiente para justificar la agencia de derechos ajenos.

(vi). La falta de legitimidad del agente oficioso genera la consecuencia procesal de la improcedencia del recurso de amparo.

Bajo este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si los anteriores requisitos fueron ponderados por el inculpado al momento de otorgarle legitimidad a quien adujo actuar en calidad de agente oficioso, para lo cual se reduce el análisis a los argumentos expuestos en la providencia que concedió el amparo constitucional donde dedicó un acápite al referido tema y en dicha oportunidad estimó:

“La agencia oficiosa busca ampliar el acceso a la acción de tutela. Por esta razón, los jueces no pueden apegarse a fórmulas sacramentales para declararla improcedente sino constatar que el directamente afectado está incapacitado para valerse jurídicamente dentro del proceso.

(C. Const. Sent. T-379 abr. 12/2005, M.P. Jaime Cordoba Triviño)”.

Revisando el Decreto 2591 de 1991 mediante el cual se reglamenta por primera vez el artículo 86 de la Constitución Nacional en su artículo décimo consagra:

... también se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuanto tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud.

Circunstancia que el derecho acoge atendiendo el principio constitucional de la buena fe, consagrado en el artículo 83” (fl.44, c.a.).

Siendo estos los únicos razonamientos vertidos por el inculpado a efecto de reconocerle legitimidad jurídica a quien adujo actuar en calidad de agente oficioso, se observa que en texto de la providencia aseveró que el condenado Reginaldo Bray Bohórquez no tiene la posibilidad jurídica de acudir —directamente— a interponer la acción de tutela, toda vez que “La inminencia y gravedad de los hechos resulta incuestionable dado que la orden de captura debió ser impartida y su gravedad se muestran por cuanto la privación de la libertad personal del accionante, está amenazada sólidamente, lo que amerita, de encontrar ciertos lo expresado en la presente acción, realizar y ejecutar mecanismos rápidos y efectivos de protección” (fl.52) y a partir de tales reflexiones justificó la procedencia de la acción de tutela.

En este orden de ideas y tal como se expuso en precedencia, no basta que el agente oficioso afirme actuar como tal, sino que —además— le corresponde demostrar que el titular del derecho amenazado o vulnerado, se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por circunstancias físicas —como la enfermedad— o por razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir —directamente— a la justicia, pero no puede tener cabida lo aseverado en el sub lite al pretender justificar la agencia oficiosa desde sostener que la efectividad de una orden de captura le impide interponer el recurso de amparo, pues de aceptar tal extraña postura, este juez disciplinario estaría cohonestando el desobedecimiento de decisiones judiciales que se presumen válidas y en tanto susceptibles de ser cumplidas por las autoridades estatales o debatidas al interior del mismo proceso penal.

Por ello y producto del anterior requisito, pesa sobre el juez de tutela el deber de identificar e individualizar las razones y los motivos que conducen al actor a impetrar la acción tutelar a nombre de otro, para lo cual le asiste el imperativo categórico de analizar la consistencia y solidez de la estructura argumentativa expuesta por el proponente del amparo constitucional y revisar si tal condición cuenta con los debidos soportes probatorios descartando las conjeturas y presunciones en la interposición del recurso de amparo o las buenas intenciones del proponente de amparo superior.

Conforme a lo anotado, fácil es concluir que en el presente caso no se encuentran reunidos los requisitos para dar aplicación a la figura de la agencia oficiosa, pues los argumentos planteados por el actor no pueden ser avalados por ningún juez de tutela que de manera prudencial y razonable evalúe la presente situación, pues hacerlo conllevaría prohijar conductas donde los coasociados burlen las órdenes dictadas por los jueces y las motivaciones aducidas por el proponente de amparo, no le merecieron —al inculpado— el más mínimo control jurídico fáctico/probatorio y en tal virtud se ofrecen alejadas del sistema jurídico que merece reproche disciplinario, tal como fue censurado por la primera instancia.

11. Conclusiones en torno a la legalidad y dosificación de la sanción.

Finalmente, en cuanto atañe a la sanción impuesta al encartado, la misma es objeto de censura con el recurso de apelación, pues considera —el proponente— que los criterios utilizados para tasarla, no se atemperan con la gravedad de la destitución e inhabilidad con las cuales terminó siendo sentenciado.

Frente a dicho reclamo, son dos los elementos de análisis, el primero tiene que ver con la legalidad de la sanción de destitución impuesta, pues la falta disciplinaria contenida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, precisa que en la misma incurre quien realice “objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo”, presupuesto que se cumple en el presente caso pues tales características jurídicas reúne el delito de prevaricato por acción, sin que para efectuar el cierre normativo del reproche importe la gravedad o levedad del delito doloso, sino que sea definido como tal por el estatuto penal.

Ahora bien al ser el numeral 1º del artículo 48 citado, una falta gravísima dolosa, la misma se encuentra sancionada por el numeral 1º del artículo 44 ibídem con “Destitución e inhabilidad general”, por tanto atendiendo la falta disciplinaria imputada y el reproche impuesto, la misma resulta congruente con la regulación jurídica por cuanto se está dando aplicación a la legalidad de la sanción quedando excluido el juicio de ponderación reclamado por el recurrente, por tanto la destitución de cara a las imputaciones levantadas no amerita discusión alguna al observarse respetuosa de la normatividad vigente.

De otra parte a efecto de dosificar la inhabilidad aplicada, el apelante solo se limitó a afirmar que es desproporcionada, sin ofrecer elemento jurídico alguno que lo lleve a sustentar tal apreciación, por tanto la Sala —atendiendo los elevados conocimientos jurídicos del recurrente— no tiene materia de debate en dicho punto, razón por la cual no realiza consideración alguna, más cuando observa que la misma se atempera a la situación concreta en la que se encuentra el disciplinado, avizorando total proporcionalidad en el cuantum definido para la inhabilidad, pues su dosificación obedeció al hecho de sancionar un concurso de faltas levantadas desde el pliego de cargos.

Sean suficientes las anteriores consideraciones para concluir que esta colegiatura al encontrar ajustada a derecho la providencia de primer grado debe confirmar la sentencia apelada, en cuanto encontró disciplinariamente responsable al doctor Jorge Alberto Álvarez Morón y resolvió sancionarlo con destitución e inhabilidad general por diez (10) años en su condición de Juez Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Garantías de Cartagena por desconocer el deber consagrado en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996 el que se armoniza con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por el quebrantamiento del artículo 1º inciso segundo del numeral segundo del Decreto 1382 de 2002, el Acuerdo 1589 de 2002, artículo 2º; los artículos 10, 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, por adecuarse típicamente a lo reglado en el numeral 1º del artículo 48 debidamente cerrado por el artículo 413 del Código Penal.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No decretar la nulidad deprecada por el apelante, de acuerdo los argumentos expuestos.

2. Confirmar la providencia del día 28 de febrero de 2012, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general por diez (10) años al doctor Jorge Alberto Álvarez Morón en su condición de Juez Quinto Penal para Adolescentes con Funciones de Garantías de Cartagena por desconocer el deber consagrado en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996 el que se armoniza con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por el quebrantamiento del artículo 1º inciso segundo del numeral segundo del Decreto 1382 de 2002, el Acuerdo 1589 de 2002, artículo 2º; los artículos 10, 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, por adecuarse típicamente a lo reglado en el numeral 1º del artículo 48 debidamente cerrado por el artículo 413 del Código Penal, acorde con las motivaciones plasmadas en esta providencia.

3. Líbrense las comunicaciones a que hace referencia el artículo 220 de la Ley 734 de 2002 y ejecútese la sanción en la forma prevista en el artículo 221 ibídem.

4. Vuelva el expediente a la seccional de origen, para que esta disponga lo atinente a la notificación.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase».

(7) En su primera declaración manifestó el investigado que recibió la acción el 22 de diciembre de 2010 y el secretario del juzgado aseguró que el día 30 siguiente, revisada la acción no tiene sello de recibo.

(8) La dirección ejecutiva de la Administración de Justicia reiteró la nulidad por falta de competencia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000, y resaltó las “maniobras groseras” advertidas al momento de la presentación de la acción. Folios 102 al 108, cuaderno anexo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia argumento que se violó el debido proceso al no aplicar las reglas de competencia, no se integró el contradictorio pues no se vinculó a la Fiscalía, Contraloría, Ministerio de Transporte (sujetos procesales del trámite penal), hubo extralimitación al pronunciarse sobre la orden de captura, y que la habilitación de términos fue legal conforme al artículo 157 de la Ley 906 de 2004. Folios 109 al 118 del cuaderno anexo.

(9) Según Weber el principio de “racionalidad legal” implica la existencia de atribuciones oficiales, ordenadas por lo general mediante reglas, leyes o disposiciones del reglamento es decir “1) Existe una firme distribución de las actividades metódicas —consideradas como deberes oficiales— necesarias para cumplir los fines de la organización burocrática. 2) Poderes de mando necesarios para el cumplimiento de estos deberes se hallan igualmente determinados de un modo fijo, estando bien delimitados mediante normas los medios coactivos que la son asignados.3) Para el cumplimiento regular y continuo de los deberes así distribuidos y para el ejercicio de los derechos correspondientes se toman las medidas necesarias con vistas al nombramiento de personas con aptitudes bien determinadas”. Cfr. Weber, Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 1997, pág., 717.

(10) Hamilton, A. J. Madison y J. Jay. El Federalista. LXXVIII. Fondo de Cultura Económica. México, 2001, pág., 331.

(11) La Sentencia T-588 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, explicó al respecto: “No es posible cuestionar, por vía de tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el juez constitucional consideran que la valoración probatoria o la interpretación de las disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es necesario que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez ordinario sean equivocadas en forma evidente y burda para que pueda proceder el amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no solo desconocer la autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas (C.P., art. 230) sino que además desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria”.

(12) En este sentido, pueden verse las sentencias T-066 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-345 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-070 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-588 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-028 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(13) Corte Constitucional, Sentencia SU-1185 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(14) Corte Constitucional, Sentencia T-359 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(15) La Sentencia T-588 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, explicó al respecto: “No es posible cuestionar, por vía de tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el juez constitucional consideran que la valoración probatoria o la interpretación de las disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es necesario que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez ordinario sean equivocadas en forma evidente y burda para que pueda proceder el amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no solo desconocer la autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas (C.P., art. 230) sino que además desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria”.

(16) En este sentido, pueden verse las sentencias T-066 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-345 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-070 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-588 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-028 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(17) Al respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994, T-329 de 1996, SU-477de 1997, T-267 de 2000, entre otras.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 6414 de julio 18 de 2002.

(19) En esta sentencia, la Sala Segunda de Revisión consideró que no había lugar a declarar la nulidad de un fallo de tutela proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío en relación con una sentencia disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que había confirmado una sentencia sancionatoria del Consejo Seccional del Quindío. En la decisión de Revisión, la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que las reglas de competencia en materia de tutela están establecidas en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, y que “El Decreto 1382 de 2000 estableció reglas de reparto, y no de competencia, para conocer las acciones de tutela, de suerte que si en este caso se desconocieron dichas reglas, el resultado no fue el desconocimiento de reglas de competencia sino de criterios administrativos de reparto”. Además exhortó al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que en concordancia con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000, adoptara las medidas internas necesarias, a fin de que las tutelas presentadas contra sus decisiones, sean resueltas por la misma corporación, en garantía del principio de imparcialidad y el derecho a la doble instancia. Cabe precisar que esta sentencia de revisión se enmarca dentro de la situación planteada en los autos 04 de 2004 y 100 de 2008 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el cual se establecen mecanismos especiales de acceso a la justicia en relación con acciones de tutela que se dirigen contra providencias de las altas cortes.

(20) Esta conclusión resulta particularmente llamativa, si se tiene en cuenta que el juez constitucional no contó para el efecto con el correspondiente expediente penal, que le permitiera realizar el riguroso y pormenorizado análisis que demanda una determinación sobre la configuración del fenómeno de la extinción de la acción penal.

(21) Juzgado Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías. Fallo de enero 13 de 2011. Folio 13.

(22) Folio 53 de la providencia de primera instancia.

(23) Ibídem.

(24) Folio 54 del fallo.

(25) Fallo de tutela Folios 56 y 57.

(26) Ibídem, Folio 57.

(27) Corte Constitucional, Auto 280A de 2009.

(28) Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 124 de 2009.

(29) Ibídem

(30) Confrontar Corte Constitucional, Auto 079 de 2005.

(31) Corte Constitucional, T-621 de 2005. Ver también el Auto 063 de 2007, Auto 280 de 2009, Auto 344 de 2009.

(32) Artículo 29 de la Constitución Nacional.

(33) Confrontar Corte Constitucional, Auto 280A de 2009, reiterado en Auto 344 de 2009.

(34) Corte Constitucional, A-253 de 2001, A-046 de 2005, y A-280A de 2009.

(35) Corte Constitucional, Autos 009A de 2004 y 124 de 2009.

(36) Consejo de Estado, sentencia de julio 18 de 2002, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

(37) Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 124 de 2009.

(38) Confrontar Corte Constitucional, Auto 344 de 2009.

(39) Así lo declaró la Corte Constitucional en el Auto 280A de 2009 de la Sala Tercera de Revisión.

(40) Ver, al respecto, Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1998, y Auto 280 de 2009.

(41) Confrontar Corte Constitucional, Autos 344 de 2009, 280A de 2009, 063 de 2007 y 072 de 2006, entre otros.

(42) Artículo 145 del Código de Procedimiento Civil.

(43) Corte Constitucional, Auto 280 A de 2009.

(44) Sala Plena de la Corte Constitucional, Auto 124 de 20009

(45) Mediante Auto 04 de 2004 la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el propósito de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) y de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de algunos ciudadanos cuyas demandas no fueron admitidas a trámite por diversas Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, estableció una regla conforme a la cual los accionantes tendrían derecho a acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) para solicitar la protección del derecho fundamental que estimaban vulnerado.

(46) En esta providencia, la Sala Plena de esta corporación, reiteró la regla establecida en el Auto 04 de 2004, y dispuso una medida adicional orientada a garantizar que en relación con las demandas de tutela inadmitidas a trámite por parte de las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia se surtiera la fase de revisión eventual asignada por la Constitución (C.P., art. 241.9) a esta corporación.

(47) Corte Constitucional, Auto 344 de 2009.

(48) Demanda de tutela, folio 8.

(49) En certificación expedida por Edita Garrido Trejos, jefe de la Oficina Judicial de Cartagena, se hace constar que “La persona que realiza el reparto en la vacancia judicial, en forma errada realizó el 20 de diciembre tres repartos de la misma tutela instaurada por diferentes personas contra decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia – Sala de casación Penal”, las cuales correspondieron a diferentes juzgados, “De donde fueron retiradas por el accionante” (fl. 24, Exp. de tutela):

(50) Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia de julio 18 de 2002.

(51) Corte Constitucional, Autos A124 de 2009; A031de 2008; A037 de 2008; A033 de 2008 ; A058 de 2008; A260 de 2007; A260 de 2007; A257 de 2007; A223 de 2007; A123 de 2007; A280 de 2007; A280 de 2007; A280 de 2007; A211 de 2007; A084 de 2007; A073 de 2007; A064 de 2007; A059 de 2007; A039 de 2007; A039 de 2007; A039 de 2007; A039 de 2007; A029 de 2007; A029 de 2007; A029 de 2007; A008 de 2007; 004 de 2007; 268 de 2006; A157 de 2006; A146 de 2006; A145 de 2006; A312 de 2006; A260 de 2006; . A237 de 2006; A230 de 2006; A009A de 2004.

(52) Folio 20 del expediente.

(53) Según el artículo 1º de esta disposición “Para los efectos previstos en e. artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde produjere sus efectos...” (se destaca).

(54) Aunque el criterio de competencia a prevención, previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, deja un cierto margen de discrecionalidad para el actor, este debe ser ejercicio dentro del marco que le señala la mencionada disposición, atendiendo el factor geográfico: el juez del lugar en donde ocurra la violación o amenaza del derecho fundamental.

(55) Sentencia T- 080 de 1995 y Auto 280 A de 2009.

(56) Confrontar Corte Constitucional sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, C-708 de 1999, C - 280 de 1996 entre otras, y Corte Suprema de Justicia. Sentencia 17 del 7º de marzo de 1985, M.P. Manuel Gaona Cruz.

(57) Nieto García , Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. Madrid, 1994, pág. 298. Citado por Jaime Ossa Arbeláez en Derecho Administrativo Sancionador, Ed. Legis Bogotá 2000.

(58) Confrontar Ossa Arbeláez, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador Ed. Legis, Bogotá, 2000, pág. 273.

(59) Confrontar sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(60) Corte Constitucional, sentencia del 19 de abril de 2001. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 7º, 14 y 16 de la Ley 358 de 1997, y el artículo 2º del Decreto 696 de 1998. C-404 de 2001. Actor: Ramiro de Jesús Gallego García, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(61) Corte Constitucional, sentencia del 22 de septiembre de 1999. C-708 de 1999. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”. Actor: Jorge Luis Pabón Apicella, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(62) Oficio 005 de enero 5 de 2011.

(63) Oficio 003 de enero 5 de 2011.

(64) Oficio 002 de enero 5 de 2011.

(65) Corte Constitucional, Auto 381 de 2008.

(66) Corte Constitucional Autos 115 de 2008, 018 de 2005, 027 de 1999, 269 de 2001 y 051 de 2002, y Sentencia T-247 de 1997.

(67) Corte Constitucional, Sala Plena, Autos 159 de 2000 y 232 de 2001.

(68) Ver Sentencia T-724 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(69) Ver Sentencia T-531 de 2002, M.P., Eduardo Montealegre Lynett.

(70) Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara.

(71) Sentencia T-232 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(72) Sentencia T-493 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(73) Sentencia T-023 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.

(74) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.