Sentencia 2011-00050 de marzo 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 68001-23-31-000-2011-00050-02

Nº Interno: 21035

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Asunto: Acción de nulidad

Demandante: Electrificadora de Santander S.A. ESP

Demandado: Municipio de Girón

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación presentado por la demandante, la Sala debe decidir sobre la legalidad del Acuerdo No. 094 de 11 de octubre de 2010, proferido por el Concejo Municipal de San Juan de Girón, a través del cual se determinó que el recaudo del impuesto de alumbrado público en ese municipio, estaría a cargo de las empresas prestadoras del servicio de energía domiciliaria.

Según se desprende del recurso de apelación, son dos los aspectos que controvierte la demandante:

- Violación al principio de legalidad por exceder los límites de la facultad impositiva otorgada por los artículos 313 y 338 de la Constitución Política, el Decreto 2424 de 2006 y la Resolución No. 043 de 1995, expedida por la CREG.

- Violación al principio de legalidad por establecer en cabeza de las empresas prestadoras del servicio público de energía domiciliaria, la obligación de recaudar el impuesto de alumbrado público sin que en el acuerdo demandado se señalara expresamente la necesidad de que debe mediar convenio o contrato, tal como lo establecen las leyes 142 de 1994 y 1150 de 2007.

Según la demandante, el Acuerdo 94 de 2010 es ilegal, por cuanto desconoció las normas de rango constitucional y legal que señalan a los municipios como responsables del recaudo del impuesto de alumbrado público; no obstante, en dicho acto se trasladó de manera indebida la obligación de recaudar este gravamen a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica sin mediar convenio o contrato, tal como lo disponen los artículos 8 y 9 del Decreto 2424 de 2006, y el artículo 9º de la Resolución CREG 043 DE 1995.

Además, en su criterio, los costos administrativo inherentes al recaudo del impuesto de alumbrado público, deben ser asumidos por el ente territorial regulador de dicho tributo, puesto que tales erogaciones son consustanciales al impuesto que beneficia exclusivamente el patrimonio de la entidad pública, pero, contrario a ello, en el acto administrativo demandado se impuso a la ESP la obligación de recaudar el gravamen sin contraprestación alguna por la ejecución de dicha labor.

Ahora bien, con el fin de abordar los cargos propuestos por la demandante en contra del Acuerdo 094 de 2010, expedido por el Concejo Municipal de San Juan de Girón, la Sala considera primero advertir lo siguiente:

Primer cargo.

- Violación al principio de legalidad por exceder los límites de la facultad impositiva otorgada por los artículos 313 y 338 de la Constitución Política, el Decreto 2424 de 2006 y la Resolución No. 043 de 1995, expedida por la CREG.

Autonomía de las entidades territoriales.

Comienza la Sala por precisar que, de conformidad con los artículos 287(8), 300-4(9) y 313-4(10) superiores, las entidades territoriales tienen autonomía para administrar sus intereses, dentro de los límites de la Constitución Política y la ley. En virtud de esa autonomía, tanto las asambleas departamentales como los concejos municipales y distritales, pueden determinar los tributos y los gastos locales.

El artículo 1º de la Ley 97 de 1913 autorizó la creación del impuesto de alumbrado público en la ciudad de Bogotá, en los siguientes términos:

“Artículo 1. El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental:

(…)

d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público. (…)”

Por su parte, la Ley 84 de 1915 extendió la mencionada facultad de creación a todos los municipios.

El literal antes reproducido fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-504 del 2002 en la que precisó que los concejos municipales son los llamados a determinar los elementos de los tributos, cuya creación autoriza la Ley.

Al respecto señaló:

“(…) el Legislador autorizó al Concejo Municipal de Bogotá para crear los tributos impugnados, para estructurar el trámite de su cobro y, para fijar con apoyo en su aforo las apropiaciones presupuestales atinentes a la atención de los servicios municipales.

(…)

En lo que hace a la autorización para crear los tributos acusados se observa una cabal correspondencia entre el artículo 1 de la ley 97 de 1913 y los preceptos constitucionales invocados, esto es, los artículos 313-4 y 338 superiores. En efecto, tal como lo ha venido entendiendo esta Corporación, el artículo 338 superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la concreción de la autonomía de las entidades territoriales. Ese precepto entraña una escala de competencias que en forma directamente proporcional a los niveles nacional y territorial le permiten al Congreso de la República, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales imponer tributos fijando directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas. En consonancia con ello el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuando esta no vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los departamentos, municipios y distritos.

(…) Mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional; en lo atinente a tributos del orden territorial debe como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus elementos, tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo, al propio tiempo que le respeta a las asambleas y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir, en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no puede establecerlo todo.

Bajo este esquema conceptual y jurídico (…) los literales combatidos exhiben las notas distintivas de la legalidad constitucional, toda vez que en conexidad con el inciso que los precede, le señalan al Concejo de Bogotá un marco de acción impositiva sin hacerle concesiones a la indeterminación ni a la violación de la autonomía territorial que asiste al hoy Distrito Capital. Al respecto nótese cómo la norma establece válidamente el sujeto activo y algunos sujetos pasivos –empresas de luz eléctrica y de gas-, y los hechos gravables, dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas.

(…)”

La misma Corporación, en la Sentencia C-1055 del 2004, ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia antes transcrita, al decidir la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el literal d) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, por violación del artículo 338 de la Constitución Política, alegándose que este autorizó la creación de un impuesto sobre un servicio público, en lugar de una tasa.

Esta Sala, en sentencia del 9 de julio del 2009(11), precisó que en vigencia de la Constitución Política de 1886 la facultad impositiva de los municipios era derivada en cuanto se supeditaba a las leyes expedidas por el Congreso, pero que con la norma superior promulgada en el año 1991, la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden determinar los elementos del tributo, de conformidad con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales concedidos a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales para establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria.

Así mismo, señaló que el artículo 338 de la Constitución Política indica la competencia que tienen los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes, de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los departamentos y municipios en tales aspectos.

Agregó que la competencia en materia impositiva de los municipios, para el caso, no es ilimitada, pues no puede excederse al punto de establecer tributos ex novo, porque la facultad creadora está atribuida al Congreso, pero a partir del establecimiento legal del impuesto, los mencionados entes territoriales, de conformidad con las pautas dadas por la ley, pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando aquella no los haya fijado directamente.

Así pues y en virtud de los principios de autonomía y descentralización territorial, el criterio actual de la Sala en materia de facultad impositiva territorial reconoce la autonomía fiscal de los municipios y distritos para regular directamente los elementos de los tributos que la ley les haya autorizado.

Como la Ley 97 de 1913, autorizó la creación del impuesto sobre el servicio de alumbrado público pero no reguló lo concerniente a los elementos del tributo, esa facultad quedó en cabeza de los concejos municipales y distritales, es decir, que esas corporaciones tienen autonomía para establecer los diferentes elementos que conforman cada tributo, sin que ello signifique que esa autonomía impositiva sea amplia, porque, como en este caso, está restringida a la creación legal del gravamen, y con arreglo a la Constitución Política.

Por esas razones y ante la indeterminación de los elementos del impuesto de alumbrado público, es claro que le correspondía fijarlos al Concejo Municipal de Girón - Santander; perspectiva desde la cual, el ente territorial en cumplimiento de su deber constitucional y legal implementó el tributo, en virtud de la competencia otorgada por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.

Ahora bien, aclarada la autonomía que ostentan los entes territoriales para establecer los elementos esenciales del impuesto de alumbrado público, debe la Sala determinar si las disposiciones contenidas en el acuerdo demandado, se acogen a los postulados jurídicos que rigen la materia o, por el contrario, desconocieron los límites de tales facultades.

En aras de resolver dicho cargo, se considera necesario transcribir de nuevo los apartes del Acuerdo 094 de 2010, y las normas que el actor invocó como violada.

Acuerdo no. 094 de 11 de octubre de 2010.
“Por medio del cual se modifica la estructura de recaudo del impuesto al servicio de alumbrado público”

Constitución Política
El Honorable Concejo Municipal de San Juan de Girón (Sder)
En uso de sus facultades Constitucionales y legales,, en especial de las que les confiere el artículo 338 de la Constitución Política y la ley 136 de 1994. […]
Artículo primero: Modifíquese el artículo 304 del acuerdo 034 de 2005, el cual será del siguiente tenor:
Hecho generador y causación: Lo constituye el servicio de alumbrado público para quienes reciben dicho servicio, el cual será recaudado conjuntamente con el servicio de energía eléctrica domiciliaria por parte de las empresas prestadoras de este servicio.
Artículo segundo: Modifíquese el artículo 306 del acuerdo 034 de 2005, el cual será del siguiente tenor:
Responsables del recaudo del impuesto del servicio de alumbrado público. Las empresas prestadoras del servicio de energía domiciliaria en el municipio San Juan Girón, serán responsables del recaudo del impuesto al servicio de alumbrado público, de los usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, de forma mensual. El valor del impuesto se recaudará conjuntamente con el servicio de energía.
La Secretaría de Hacienda del municipio San Juan Girón conforme a las facultades de fiscalización previstas en el presente acuerdo podrá revisar las liquidaciones y recaudo efectuada por las empresas prestadoras del servicio de energía, quienes responderán por los dineros dejados de liquidar y recaudar y por la obligación de presentar las declaraciones respectivas en los lugares y plazos que señale la Secretaría de Hacienda Municipal.
[…]

Artículo 313. Corresponde a los concejos:
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. […]
Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
 Decreto 2424 de 2006.
Artículo 9º. Cobro del costo del servicio. Los municipios o distritos que hayan establecido el impuesto de alumbrado público podrán cobrarlo en las facturas de los servicios públicos, únicamente cuanto este equivalga al valor del costo en que incurre por la prestación del mismo. La remuneración de los prestadores del servicio de alumbrado público deberá estar basada en costos eficientes y podrá pagarse con cargo al impuesto sobre el servicio de alumbrado público que fijen los municipios o distritos.
 Resolución CREG 043 DE 1995.
Artículo 9. Mecanismo de recaudo. <Resolución derogada por el artículo 30 de la Resolución 123 de 2011> El municipio es responsable del pago del suministro, mantenimiento y expansión del servicio. Este podrá celebrar convenios con las empresas de servicios públicos, con el fin de que los cobros se efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la infraestructura de las empresas distribuidoras.
Parágrafo 1º. Los convenios estipularan la forma de manejo y administración de dichos recursos por parte de las empresas de servicios públicos. Estas no asumirán obligaciones por manejo de cartera, y en todo caso, el Municipio les cancelará la totalidad de la deuda por el servicio de alumbrado público, dentro de los periodos señalados para tal fin.
Parágrafo 2º. El municipio no podrá recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento.
 “Ley 142 de 1994.
Artículo 74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible.
a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado. […]”
 Ley 1150 de 2007.
Artículo 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de alumbrado público. Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada, […]. Así mismo, tendrán una interventoría idónea. Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá por las Leyes 142 y 143 de 1994. La CREG regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía. Los contratos vigentes a la fecha de la presente ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto. […]”

En su orden, los artículos 313 y 338 de la Constitución Política, le otorgaron a las entidades territoriales las facultades para que de manera autónoma administren sus intereses, dentro de los límites de la Constitución Política y la ley, autonomía que le permite tanto a las asambleas departamentales como los concejos municipales y distritales, determinar sus tributos y los gastos locales.

Así mismo, dicha normativa determinó la competencia que tienen estos entes para que, a través de sus órganos de representación popular, fijen los presupuestos objetivos de los gravámenes, de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los departamentos y municipios en tales aspectos.

La Sala estima que las competencias que ostenta el Concejo Municipal de San Gil en relación con la determinación de los elementos del impuesto de alumbrado público, se encuentran revestidas de legalidad, amparadas en las normas constitucionales referidas, que le permiten establecer los marcos normativos a partir de los cuales podrán regular todo lo referente a la administración de los tributos a su cargo.

Por su parte, el artículo 9º del Decreto 2424 de 2006, facultó a los municipios para que cobraran el impuesto de alumbrado público en las facturas de servicios públicos, cuando este equivalga al valor del costo en que incurre por la prestación del mismo, y que la remuneración de los prestadores del servicio de dicho servicio deberá basarse en costos eficientes y podrá pasarse con cargo al impuesto sobre el servicio que fijen los municipios o distritos.

Ahora bien, la Resolución CREG No. 043 de 1995, en su artículo 9º, reguló el mecanismo de recaudo, y determinó que los municipios serán los responsables del mantenimiento de todos los elementos necesarios destinados para la prestación del servicio de alumbrado público en los términos que señale el convenio o contrato respectivo.

En ese orden, luego de verificar lo dispuesto por el acuerdo municipal demandado y las normas que reglamentaron las facultades con las que cuentan los entes territoriales, específicamente en el impuesto de alumbrado público, observa la Sala que los concejos municipales cuentan con la posibilidad, a partir de su responsabilidad de administrar dicho tributo, de que este sea facturado y recaudado a través de las empresas de servicios públicos domiciliarios, y que tal potestad sea determinada a través de los acuerdos municipales, sin que ello vaya en contra de sus competencias, pues los convenios o contratos que deban surgir como necesarios para ejecutar las disposiciones allí previstas, no deben estar relacionados expresamente por la norma que determine la forma en la que se hará el recaudo aludido.

Así las cosas, para la Sala es claro que cuando el Concejo Municipal de San Juan de Girón determinó por medio del Acuerdo 094 de 2010, que el impuesto de alumbrado público sería recaudado de manera conjunta con el servicio de energía eléctrica domiciliaria por las empresas prestadoras del servicio de energía domiciliaria en ese municipio, y que esta sería la responsable del recaudo de forma mensual, constituye para esta Corporación la determinación de un marco legal, de acuerdo con las facultades otorgadas para la administración del tributo mencionado, ya que esta imposición recaería sobre cualquiera que fuese la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica y el convenio o contrato exigido por la demandante debe ser suscrito, tal como lo señala la ley, pero no es exigible para que sea plasmado como requisito previo en la expedición de un acuerdo de orden general, impersonal y abstracto.

Lo anterior significa que en relación con lo señalado por el Decreto 2424 de 2006 y la Resolución CREG 043 de 1995, el municipio de Girón – Santander, contaba con la facultad de imponer la referida obligación de recaudo, a cualesquiera que fuera la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, a través del acto administrativo acusado, motivo por el cual, el cargo estudiado debe ser negado.

En efecto, para la Sala, el Acuerdo 094 de 2010, tampoco trasgrede de manera manifiesta el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010, invocado por la actora, por cuanto esta norma prohíbe entregar a terceros la administración de tributos; sin embargo, no prohíbe la liquidación del impuesto en la factura, tal como lo prevé el artículo 9º del Decreto 2424 de 2006, que autoriza la liquidación, para el respectivo cobro, del impuesto de alumbrado público en las facturas de los servicios públicos domiciliarios.

El segundo cargo propuesto por la apelante, se concreta así:

- Violación al principio de legalidad por establecer en cabeza de las empresas prestadoras del servicio público de energía domiciliaria, la obligación de recaudar el impuesto de alumbrado público sin que en el acuerdo demandado se señalara expresamente la necesidad de que debe mediar convenio o contrato, tal como lo establecen las Leyes 142 de 1994 y 1150 de 2007.

En tal sentido, la parte demandante señaló que el Acuerdo 094 de 2010, fue expedido en contra de los postulados señalados por los artículos 29 de la Ley 1150 de 2007 y 74.1 de la ley 142 de 1994, pues impuso de manera unilateral a las empresas de energía eléctrica que facturan este servicio en el municipio de Girón, la obligación de recaudar el impuesto de alumbrado público y con ello tener que incurrir en gastos administrativos inherentes al recaudo, los cuales son consustanciales a un tributo que beneficia exclusivamente el patrimonio de la entidad pública, y que debía hacerse por medio de un convenio cuya regulación corresponde a la CREG.

Sobre el particular, observa la Sala que, el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, (por medio de la cual se introdujeron medidas para la eficiencia y la trasparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictaron otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos), determinó que la CREG reglamentaría el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución creada por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía.

Ello quiere decir que, a partir de dicha norma de orden nacional, si el Municipio de San Juan de Girón pretendía imponer la carga de liquidar y recaudar el impuesto de alumbrado público a la ESP que presta sus servicios en esa jurisdicción, y que la erogación de los gastos de administración también fuera asumida por dicha empresa, debía celebrar un convenio o contrato previo

No obstante lo anterior, desde la óptica del análisis de legalidad que compete a esta Sala, no se advierte que el Acuerdo motivo de inconformidad haya infringido las normas en que debía fundarse, o que el órgano que lo expidió no tuviera la competencia para determinar que la empresa que preste el servicio público de energía domiciliaria sería la responsable del recaudo del impuesto de alumbrado público, pues en este no se atribuyó carga específica a la sociedad demandante, ni tampoco se determinó que dicha obligación sería impuesta sin que mediara un convenio previo a iniciar el proceso de recaudo, según las especificaciones que luego de la expedición del acuerdo base tuvieran que celebrar el ente municipal con la empresa que en su momento preste el referido servicio.

Así las cosas, en este caso, la Sala advierte que se negará la nulidad del Acuerdo 094 de 2010 pero de manera condicionada, en el sentido de que se entiende que siempre se necesitaría de la suscripción del respectivo contrato. Esto, por cuanto se demostró que este no transgrede el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, pues esa norma señaló que la CREG debía regular el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución creada por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, lo cual se concretó luego de la expedición del acto administrativo demandado con la Resolución CREG No. 122 de 2011, lo que hace más claro aún el hecho de que el Concejo Municipal de Girón no desbordó sus competencias al no señalar taxativamente en la normativa acusada de ilegal, la necesidad del convenio para determinar que a la empresa que prestara el servicio de energía eléctrica en ese territorio, se le asignaría la responsabilidad de recaudar y liquidar el tributo aludido.

Dicha legalidad condicionada, se basa en que a pesar de que en el estricto examen de legalidad no se halla vicio alguno en relación con el acto administrativo demandado, si es necesario advertir que, de acuerdo con una de las reglas fijadas en la Resolución CREG 043 de 1995, es completamente necesario que los municipios celebren un convenio con la empresa que se vaya a encargar del recaudo y liquidación del impuesto de alumbrado público, en el cual se debe estipular la forma de manejo y administración de esos recursos, sin que se puedan asignar obligaciones por manejo de cartera.

Se debe resaltar que, sin perjuicio de que la obligación de suscribir convenios o contratos no se mencionó en el Decreto 2424 de 2006, al acoger los parámetros establecidos por la CREG sobre esa materia, no deja de ser necesario el cumplimiento de tal requisito, por lo que, subsistirá en el ordenamiento jurídico el acuerdo municipal demandado, siempre que el municipio de Girón garantice la celebración del referido convenio, previo a asignar las cargas administrativas ya mencionadas a la empresa que preste el servicio domiciliario de energía eléctrica.

Lo anterior por cuanto, la obligación que le sea asignada a la electrificadora designada no tendría su fundamento en la ley, sino en virtud del contrato o convenio que se celebre, es decir, respetando la voluntad del obligado de aceptar tales deberes en relación con el impuesto que se cobre a los usuarios del servicio.

Se debe precisar también que no se puede afectar el recaudo del tributo mientras subsista la referida discrepancia sobre el convenio que se debe realizar, por lo que, mientras el municipio celebra el contrato a que haya lugar, como sujeto dueño del impuesto, debe recaudarlo.

Así las cosas, la Sala advierte sobre la legalidad del acuerdo demandado de manera condicionada, por cuanto no desconoció que la regulación de los términos de la facturación conjunta y recaudo del impuesto de alumbrado público y el servicio público domiciliario de energía eléctrica corresponde exclusivamente a la CREG, por disposición expresa de la Ley 1150 de 2007. Pero, en acatamiento de las determinaciones de dicha autoridad reguladora del servicio de energía, el municipio debe suscribir convenio o contrato con la Electrificadora de Santander S.A. ESP, si su voluntad es entregar la responsabilidad del recaudo y liquidación del impuesto de alumbrado público.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 12 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la legalidad condicionada del Acuerdo Municipal No. 094 de 11 de octubre de 2010, expedido por el Concejo de San Juan de Girón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, tal como se hará en la parte resolutiva de la misma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE, la sentencia 12 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión y, en su lugar:

2. DECLÁRESE ajustado a la Constitución y la ley el Acuerdo Municipal No. 094 de 11 de octubre de 2010, expedido por el Concejo Municipal de San Juan de Girón, bajo el entendido de que ese municipio, previo a encargar a las empresas de servicio público domiciliario de energía eléctrica la obligación de recaudar el impuesto de alumbrado público, deberá suscribir el respectivo convenio que así lo determine.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

8 Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.

9 Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
(…)
4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.

10 Artículo 313. Corresponde a los concejos: (…) 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

11 Expediente 16544, Consejera Ponente: Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.