Sentencia 2011-00054/46944 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 20001-23-31-000-201 1-00054-01(46944)

Actor: Alexandra Patricia Escobar Ospino y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) prelación del fallo; 3) oportunidad de la acción; 4) legitimación en la causa; 5) pruebas recaudadas en el proceso; 6) el caso concreto: la responsabilidad de la entidad demandada por la falla en el servicio que dio lugar a la privación de la libertad del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, al exceder el término para resolver su situación jurídica; 7) indemnización de perjuicios; 8) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos(13).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(14), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(15).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, con ocasión de la privación de la libertad de la que habría sido víctima dentro de una investigación penal.

En el presente asunto se tiene que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino fue dejado en libertad el 13 de noviembre de 2008, tal como consta en la boleta de excarcelación dirigida al director de la Cárcel de Valledupar(16), en cumplimiento de la resolución del 12 de noviembre de 2008, por la cual la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata(17).

En dicha providencia no se precluyó la investigación en favor del actor, sino que la Fiscalía consideró que no se reunían los indicios graves exigidos por la ley para afectarlo con medida de aseguramiento, por tanto, ordenó su libertad a cambio de suscribir un acta de compromiso y sí decretó medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los señores Carlos Rafael Redondo González, Kevis Enrique Díaz Comas, Hugo Alejandro Bolívar David, Rubiela Belarmina Sánchez Flórez y Luis Alejandro Cuadro Solórzano, por la supuesta comisión del delito de rebelión.

De ahí que deba entenderse que el actor siguió vinculado a la actuación penal pero en situación de libertad.

Posteriormente, dicha resolución fue confirmada mediante providencia del 23 de diciembre de 2008, proferida por la fiscalía primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar(18).

Igualmente, se allegó al expediente la resolución del 30 de abril de 2009(19), proferida por la fiscalía primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que confirmó la resolución del 10 de marzo de 2009, por la cual la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar acusó a los señores Carlos Rafael Redondo González, Kevis Enrique Díaz Comas, Hugo Alejandro Bolívar David, Rubiela Belarmina Sánchez Flórez y Luis Alejandro Cuadro Solórzano, como posibles autores del delito de rebelión.

Observa la Sala que la información que reposa en el expediente permite establecer que no hubo caducidad de la acción, dado que existen pruebas que indican cuándo se precluyó la investigación y, por ende, contra el término de caducidad.

Como antes se anotó, al plenario no se allegó la resolución por la cual la Fiscalía precluyó la investigación en favor del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, aun cuando su copia se ordenó mediante Auto decretado por esta Sala, sin respuesta luego de trascurrir un plazo razonable, ni manifestación alguna de la parte actora al respecto.

No obstante, la Sala puede inferir que en la Resolución de 10 de marzo de 2009, cuya copia tampoco consta en el expediente, pero que fue confirmada mediante la resolución del 30 de abril del mismo año, se decretó la preclusión en favor del actor, dado que la Fiscalía solo decidió acusar a las otras cinco personas sindicadas y en el oficio de la oficina de asignaciones de la seccional de fiscalías de Valledupar donde consta el reparto del recurso de apelación a la unidad delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, todavía se relacionaba entre los sindicados el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, pero no como apelante de la resolución de acusación(20).

Adicionalmente, en la sentencia del 23 de octubre de 2009(21), por la cual el juzgado tercero penal del circuito de Valledupar condenó al señor Carlos Rafael Redondo González por el delito de rebelión y absolvió a los otros procesados, ese despacho señaló que la Fiscalía calificó el sumario acusando del delito de rebelión a los señores Carlos Rafael Redondo González, Kevis Enrique Díaz Comas, Hugo Alejandro Bolívar David, Rubiela Belarmina Sánchez Flórez y Luis Alejandro Cuadro Solórzano.

Dicha providencia fue confirmada mediante sentencia del 1º de julio de 2010(22), proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la que también se aclaró que la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar solo culminó la actuación penal con la acusación de los antes mencionados, entre quienes no se encontraba el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino.

A ello debe añadirse que la Fiscalía General de la Nación en su escrito de contestación de la demanda señaló que: “en el momento de la calificación del mérito del sumario, la Fiscalía precluyó la investigación en favor de Gustavo Elías Rangel Sanguino”(23).

Todo lo anterior, indica que al señor Gustavo Elías Rangel Sanguino se le precluyó la investigación mediante resolución del 10 de marzo de 2009, cuando la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar acusó a los otros sindicados, dado que en ninguna de las decisiones posteriores fue mencionado ni afectado, pues solo se señalaron como sujetos procesales a las otras personas antes referidas.

De dicha providencia, se sabe en el expediente que fue confirmada mediante la resolución del 30 de abril de 2009, por la fiscalía primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, la cual quedó ejecutoriada el 20 de mayo de 2009, según constancia suscrita por el asistente de la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar(24).

Siendo así, el término para ejercer la acción de reparación directa vencía el 21 de mayo de 2011(25) y la demanda fue presentada el 2 de febrero de 2011, esto es, dentro del término indicado en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

4. Legitimación en la causa.

Los hijos del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino se encuentran legitimados para actuar, de conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(26).

Ahora bien, respecto de la legitimación en la causa por activa de la señora Alexandra Patricia Escobar Ospino, quien en el escrito introductorio de la demanda se presentó como la compañera permanente del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino con quien tuvo una hija: Andrea Rangel Escobar(27), la Sala procede a verificar si en este caso se acreditó esa calidad.

Dentro del material probatorio allegado, se encuentran las declaraciones de los señores Jorge Luis Campos Flórez y Leonel Pineda Payares(28), amigos y vecinos del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, quienes señalaron conocerlo diez y quince años atrás, así como a la señora Alexandra Patricia Escobar Ospino como su compañera permanente y madre de su hija.

También en la copia del acta de derechos del capturado Gustavo Elías Rangel Sanguino, del 25 de octubre de 2008, se anota como su estado civil: “unión libre” y su compañera a quien se comunica su aprehensión: “Alexandra Patricia Escobar Ospino”(29).

Como consecuencia de lo anterior, la Sala considera que, en este caso, la calidad de compañera permanente de la señora Alexandra Patricia Escobar Ospino se encuentra acreditada.

Igualmente, la Nación-Fiscalía General de la Nación, se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que contra esta entidad se dirigió la demanda y está debidamente representada por el Fiscal General de la Nación, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998.

5. Pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica del informe del 28 de agosto de 2008, de la policía judicial del Departamento de Policía del Cesar, por el cual puso en conocimiento de la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar sobre posibles responsables de la conducta de rebelión(30).

— Copia auténtica de la resolución del 17 de octubre de 2008, por la cual la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar declaró la apertura de la instrucción en contra del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino y otras personas por la supuesta comisión del delito de rebelión, ordenó su captura y lo vinculó mediante indagatoria(31).

— Copia auténtica del acta de derechos del capturado suscrita por el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, el 25 de octubre de 2008(32).

— Copia auténtica del oficio del 27 de octubre de 2008, por el cual un funcionario de la seccional de investigación criminal de la Policía del Cesar dejó a disposición de la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar al señor Gustavo Elías Rangel Sanguino(33).

— Copia auténtica de la diligencia de indagatoria presentada por el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, el 28 de octubre de 2008(34).

— Copia auténtica de la resolución del 12 de noviembre de 2008, por la cual la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar se abstuvo de proferir medida de aseguramiento por el delito de rebelión, en favor del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino y ordenó su libertad inmediata previa suscripción de un acta de compromiso(35).

— Copia auténtica de la boleta de excarcelación del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, del 13 de noviembre de 2008(36).

— Copia auténtica del acta de compromiso suscrita el 13 de noviembre de 2008, por el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino(37).

— Copia auténtica de la resolución del 23 de diciembre de 2008, por la cual la fiscalía primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la resolución del 12 de noviembre de 2008, proferida por la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar(38).

— Copia auténtica de la resolución del 30 de abril de 2009, por la cual la fiscalía primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la resolución de acusación del 10 de marzo de 2009, en contra de los señores Carlos Rafael Redondo González, Kevis Enrique Díaz Comas, Hugo Alejandro Bolívar David, Rubiela Belarmina Sánchez Flórez y Luis Alejandro Cuadro Solórzano, por el delito de rebelión(39).

— Copia auténtica de la sentencia del 23 de octubre de 2009, por la cual el juzgado tercero penal del circuito de Valledupar condenó al señor Carlos Rafael Redondo González por el delito de rebelión y absolvió a los demás procesados(40).

— Copia auténtica de la sentencia del 1º de julio de 2010, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Penal confirmó la providencia del 23 de octubre de 2009(41).

Diligencias de testimonios de los señores Jorge Luis Campos Flórez y Leonel Pineda Payares(42).

— Certificación del 27 de mayo de 2011, suscrita por el director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar, según el cual el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino estuvo recluido en ese centro entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre de 2008(43).

— Copia auténtica del proceso penal adelantado contra el señor Carlos Rafael Redondo González y otros, por el delito de rebelión(44).

— Recorte de prensa del diario “Q’ Hubo”, edición del 4 de febrero de 2009(45).

— Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de los demandantes(46).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino(47).

6. Caso concreto: la responsabilidad de la entidad demandada por la falla en el servicio, que dio lugar a la privación de la libertad del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, al exceder el término para resolver su situación jurídica.

Advierte la Sala que, en tanto el asunto formulado se examinará bajo el régimen subjetivo, no incide el hecho de no haberse allegado al expediente copia de la decisión que precluyó la investigación.

Se observa que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino sí se encontró privado de la libertad, como se desprende de la resolución del 17 de octubre de 2008, por la cual la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar ordenó su captura y lo vinculó mediante indagatoria.

Igualmente, ello se corrobora con la resolución del 12 de noviembre de 2008, por la cual esa misma Fiscalía se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata previa suscripción de un acta de compromiso. Así como con la certificación suscrita por el director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar, según el cual el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino estuvo recluido en ese centro entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre de 2008.

De los documentos relacionados se puede establecer que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino estuvo privado de su libertad, por la supuesta comisión del delito de rebelión.

Es así como mediante resolución del 17 de octubre de 2008, basada en un informe de la policía judicial del Departamento de Policía del Cesar, la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar declaró la apertura de la instrucción en contra del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino y de otras personas por la supuesta comisión del delito de rebelión, ordenó su captura y lo vinculó mediante indagatoria.

No obstante, el 12 de noviembre siguiente, ese despacho se abstuvo de decretar medida de aseguramiento y ordenó la libertad provisional del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, bajo las siguientes consideraciones (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“En cuanto al señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, quien presuntamente es conocido dentro de la organización como alias Caliche quien es señalado por los reinsertados del frente 59 de las FARC, por el señor Emanuel Rodríguez Guerra, alias Faner o Pelusa, contra quien afirman que era integrante de una red de milicias, la que integraban gente de Villanueva y Urumita, la Guajira, subía víveres, carros llenos de mercancía para arriba, halaban en la carretera y los subían, eran una red de 15 milicianos, entre los integrantes tiene un hermano que todavía es activo, un hermano muerto que le decían ‘pelo lindo’, el hermano se encuentra en la zona de Iván Márquez, en un lugar que se llama el descanso en Venezuela que colinda con la Guajira, si bien es cierto, en las declaraciones juramentadas recepcionadas, Edgar Fidel Maestre Mendoza, alias Faner, Carlos Arturo Daza alias Keiner y Luis Enrique Córdoba Mieles alias Tolima, reinsertados a la vida civil lo señalaron como miembro de la organización guerrillera, a quien denominaron alias Tavo, no dan una descripción completa del mismo, hacen referencia a que lo vieron en una oportunidad como colaborador en el suministro de víveres, lo que si bien es cierto llegó a la delegada en señalamiento en fotografía que realiza el señor Luis Enrique Córdoba Mieles, menos lo es que no dan suficiente convicción a la delegada que se trate de la persona capturada Gustavo Elías Rangel Sanguino ya que al momento de verificarse el reconocimiento en fila de personas ninguno lo reconoció, es decir, por los tres declarantes, situación que lleva a la delegada a no tener elementos de juicio suficientes a esta instancia para señalar que se trata de la misma persona, ya que como se indicó, si bien es cierto los reinsertados afirman haber conocido a Tavo y en particular Luis Enrique Córdoba Mieles, en su declaración juramentada nos hace referencia haberlo visto una sola vez y la última en una foto, menos lo es que al ponérselo de presente si tenía claras sus características, no pudo determinar cuál era la persona a quien él conocía con el alias Tavo. En su injurada Gustavo Elías Rangel Sanguino afirma no pertenecer a dicho grupo subversivo, debemos entonces partir de la presunción de inocencia máxime cuando los reinsertados no lo pudieron reconocer lo cual permite inferir que no existen los indicios graves exigidos en la normatividad para llegarlo a afectar con una medida de aseguramiento, por consiguiente, se ordena libertad inmediata previa suscripción del acta de compromiso con el contenido del artículo 368 de la Ley 600 de 2000”(48).

Posteriormente, según resolución del 30 de abril de 2009, proferida por la fiscalía primera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, se confirmó la resolución de acusación del 10 de marzo de 2009, en contra de los otros sindicados por el delito de rebelión y en la cual se precluyó la investigación a favor del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino.

Considera la Sala que la captura, como medida coercitiva para garantizar la efectividad de la diligencia de indagatoria, no trasgrede el derecho a la libertad de protección constitucional (art. 28) y convencional (Pacto Internacional de Derechos Civiles —artículo 12— y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos —artículo 22—), siempre que las autoridades civiles y judiciales acaten de manera estricta los términos y condiciones que la ley prevé para la procedencia y materialización de esa medida.

Desde la óptica de la responsabilidad del Estado, es factible inferir que cuando una orden de captura con fines de indagatoria se revoca dentro de un proceso penal que se precluye a favor de un investigado, la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida de manera objetiva, si se tiene en cuenta que, para que se abra paso a la declaratoria de responsabilidad estatal, se debe analizar la falla derivada del incumplimiento o de la omisión de las autoridades judiciales respecto de los presupuestos legales necesarios para imponerla, evento en el cual la privación de la libertad se tornaría en arbitraria; o la falta de acatamiento de los términos legales que deben correr una vez se materializa la captura, caso en el cual se configura una prolongación indebida de la libertad.

De manera que, si se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una orden de captura debidamente dispuesta y en acatamiento de los términos legales y el procedimiento previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propenden por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los presuntos autores de las mismas.

Por tanto, y a pesar de la existencia de un daño (limitación del derecho a la libertad), este no puede calificarse como antijurídico y, como consecuencia, no surge para el Estado del deber jurídico de repararlo(49).

En el caso que se examina, la apelante Fiscalía General de la Nación señaló que para que la lesión fuera resarcible el detrimento patrimonial a cargo del Estado debía ser antijurídico, es decir, que el sujeto no se encontrara en el deber de soportarlo y que, en este caso, no se podía afirmar que el sindicado no debía sobrellevar la acción de la justicia.

Se observa que la captura del actor con fines de indagatoria fue ordenada por la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar, mediante la resolución del 17 de octubre de 2008, en la cual se decretó la apertura de la instrucción por el posible delito de rebelión y se ordenó su aprehensión.

El artículo 340 ibídem preveía que producida la captura y conducido el capturado a la autoridad judicial competente, “la indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha”.

Por su parte, el artículo 354 de la misma ley prescribía que “cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite”.

El señor Gustavo Elías Rangel Sanguino fue capturado el 25 de octubre de 2008 en el municipio de Valledupar, como se anotó en el acta de derechos suscrita por el entonces aprehendido.

El 27 de octubre de 2008, el capturado fue dejado a disposición de la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar, por parte de la policía judicial del Cesar.

El 28 de octubre de 2008, el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino rindió indagatoria ante la fiscalía veintitrés seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Valledupar.

El 12 de noviembre de 2008, esa Fiscalía resolvió su situación jurídica y la de las otras cinco personas capturadas. En el caso del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento y ordenó su libertad provisional, para lo cual debió firmar un acta de compromiso, lo que se efectuó al día siguiente, 13 de noviembre de 2008, misma fecha de su boleta de excarcelación y hasta la cual, según el director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar, el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino permaneció recluido en esas instalaciones.

De todo lo anterior se observa que la captura del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino se efectuó el 25 de octubre de 2008, el 27 siguiente la policía judicial del Cesar lo dejó a disposición de la autoridad judicial competente y el 28 del mismo mes y año, fue escuchado en diligencia de indagatoria por el fiscal instructor, procedimiento que se realizó dentro del término indicado en el artículo 340 de la Ley 600 de 2000, esto es, dentro de los tres días siguientes a su captura.

Finalmente, el 12 de noviembre de 2008, es decir, diez días hábiles(50) después de la indagatoria, la Fiscalía resolvió la situación jurídica del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino y ordenó su libertad provisional, esto es, excediendo en cinco días el plazo previsto en el artículo 354 de la Ley 600 de 2000, dado que debió hacerlo máximo en cinco, esto es, hasta el 5 de noviembre de 2008, como lo indica la citada norma.

De ahí que la entidad demandada incurrió en una falla en el servicio, pues excedió el término máximo de cinco días previsto por la ley procesal penal para resolver la situación jurídica del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, la que provocó un daño antijurídico consistente en la privación injusta de su libertad que, por consiguiente, afectó a su grupo familiar demandante.

De ahí que no le asista razón a la apelante Fiscalía General de la Nación cuando señala que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino padeció una carga que se encontraba en el deber de soportar, pues como ya lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala, la detención con fines de indagatoria y siempre que no se venzan los términos para resolver situación jurídica no vulneran el derecho a la libertad personal pero, lo que sucedió en este caso, es que sí se excedió el plazo indicado en la ley.

Ahora, establecido como está que la demandada sí debe responder por la privación de la libertad del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, a título de falla en el servicio, la Sala procede a verificar los argumentos de apelación de la parte demandante.

7. Indemnización de perjuicios.

Ahora bien, la parte demandante apeló la decisión de primera instancia y señaló que la demandante Alexandra Patricia Escobar Ospino, tenía “mejor derecho” en la tasación de los perjuicios morales, en su calidad de compañera permanente del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino. Igualmente, reprochó que para los hijos de este, solo se reconoció la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Insistió, además, en que se accediera a las súplicas de la demanda en la cantidad solicitada y que frente a los perjuicios materiales y el daño a la vida de relación que fueron negados por el tribunal a qua se debían tener en cuenta las pruebas que obraban en el expediente, pues estos se encontraban acreditados.

7.1. Perjuicios materiales.

7.1.1. Lucro cesante.

Por concepto de perjuicios materiales, en la demanda se solicitaron las siguientes cantidades:

— Para la señora Alexandra Patricia Escobar, la suma equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Andrea Rangel Escobar la cantidad de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Jhon Henry Rangel Santiago, la cantidad de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como en el proceso no se acreditó la actividad económica a que se dedicaba el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino o si este tenía un empleo formal, por el contrario, uno de los testigos indicó que “él se dedicaba al comercio y muchas veces a la albañilería y a construcciones”(51) y el otro señaló que “él tenía un taxi con el cual se ayudaba, también era maestro de obra y desempeñaba otros oficios”(52).

Sin embargo, no puede establecerse con qué frecuencia ni qué ganancias obtenía, por tanto, se tomará como base el salario mínimo legal mensual vigente al año de esta providencia, dado que para el año 2008 cuando el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino fue aprehendido, dicha asignación era inferior a la actual de $ 737.717.

Así pues, en cuanto al período a reconocer a los demandantes por concepto de lucro cesante, este será de cinco días, lapso en el cual el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino estuvo privado de su libertad por fuera de los términos que indicaba la ley procesal penal de la época.

Advierte la Sala que no se aumentará el salario mínimo en un 25% por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales, en la medida en que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino, si bien para la época en que fue privado de la libertad se encontraba en edad productiva, no es menos cierto que no se acreditó su condición de trabajador dependiente(53).

Así mismo, tampoco se sumarán al período de la privación injusta los 8.75 meses que tarda una persona en conseguir un nuevo empleo, pues no se comprobó que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino fuera empleado dependiente, razón por la cual la base para la liquidación del lucro cesante debe ser el salario mínimo mensual legal vigente ya indicado.

En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización de acuerdo con la siguiente fórmula:

S = RA
 

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = $ 737.717.

N = Número de meses que comprende el período indemnizable (0,23).

I = Interés puro o técnico: 0.004867

Entonces:

1
 

Como en el proceso se acreditó que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino falleció el 13 de diciembre de 2010 según consta en su registro civil de defunción(54), la Nación-Fiscalía General de la Nación pagará por concepto de lucro cesante la suma de $ 169.357,88 a su sucesión.

7.1.2. Daño emergente.

No se solicitó ninguna cantidad en particular por este concepto ni se demostró su causación en el expediente.

7.2. Perjuicios morales.

Los demandantes apelaron al reconocimiento de un monto más alto por este concepto. Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino le causó un perjuicio moral a su núcleo familiar que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que sus familiares más cercanos experimentaran sentimientos de angustia por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Ahora bien, como se trató de una privación de la libertad de cinco días, esto es, inferior a un mes, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta sección(55), a los demandantes se les reconocerá la correspondiente indemnización, así(56):

— Para la señora Alexandra Patricia Escobar Ospino, en su condición de compañera permanente de la víctima directa, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Yon Genri Rangel Santiago, en su condición de hijo de la víctima directa, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

— Para Andrea Rangel Escobar, en su condición de hija de la víctima directa, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7.3. Daños a bienes constitucionales y convencionales.

La parte actora solicitó que se reconociera la indemnización por “daño a la vida de relación”, en cantidades de 1.000 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Alexandra Patricia Escobar Ospino, Yon Genri Rangel Santiago y Andrea Rangel Escobar, respectivamente.

En cuanto a esta tipología de daño, oportuno es precisar que a partir de los fallos de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sala Plena de esta sección, en los cuales se estableció una nueva clasificación de los perjuicios inmateriales, incluso, en providencia posterior, se reiteró, que “la noción de daño a la vida de relación ya ha sido ampliamente superada, como se explicó en párrafos precedentes de este proveído, por tratarse de una categoría abierta y que le abría paso a la indemnización indiscriminada de toda clase de perjuicios. Por lo tanto, se reitera que los daños inmateriales o extra patrimoniales se reducen a tres: i) aquellos que afectan directamente la esfera interna y espiritual del individuo, es decir, los morales; ii) los derivados de la afectación psicofísica de la salud, o sea, el daño a la salud; iii) y los relacionados con la afectación directa de bienes convencional y constitucionalmente protegidos”(57).

Los demandantes señalan que por la publicidad realizada por los medios de comunicación nacional e internacional (prensa, radio y televisión) soportaron los señalamientos de sus vecinos y debió modificarse su comportamiento social.

Con esta óptica, encuentra la Sala que lo que se pretende en la demanda, a través de esta tipología de perjuicio inmaterial, es la reparación a la honra y al buen nombre.

Ahora bien, con la demanda se allegó un recorte de prensa del diario “Q’ Hubo”, edición del 4 de febrero de 2009(58), en el que según los demandantes reconocen al señor Gustavo Elías Rangel Sanguino esposado, vestido con pantalón verde y camisa roja.

Sin embargo, observa la Sala que en dicho artículo no se menciona el nombre del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino y, además, se trata de una captura efectuada en febrero de 2009 por miembros de la Policía Nacional a tres sujetos por diferentes delitos, la cual dista de la realizada al señor Gustavo Elías Rangel Sanguino y en la cual se funda la demanda, pues esta ocurrió el 25 de octubre de 2008.

De hecho, los testigos Jorge Luis Campos Flórez y Leonel Pineda Payares declararon que el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino estuvo detenido en febrero de 2009(59) , lo que hace suponer que se trató de otra captura, posterior a la señalada en el libelo.

Además, los declarantes no se refirieron a la captura del 25 de octubre de 2008 ni al supuesto despliegue de los medios de comunicación al respecto como tampoco a los señalamientos por parte de los vecinos en contra de los demandantes, que permitan determinar la afectación alegada.

Por tales motivos, no se reconocerá monto alguno por este concepto.

Colíjase de todo lo anterior, que se modificará la sentencia recurrida.

8. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Cesar, el 25 de octubre de 2012, la cual quedará así:

“1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes con la privación de la libertad que sufrió el señor Gustavo Elías Rangel Sanguino.

“2. Como consecuencia del ordinal anterior, condenar a la Nación­ Fiscalía General de la Nación, a pagar a título de lucro cesante la suma de $ 169.357,88 en favor de la sucesión del señor Gustavo Elías Rangel Sanguino.

“3. Condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar a título de perjuicios morales las siguientes sumas para cada uno de los demandantes:

a) Para la señora Alexandra Patricia Escobar Ospino, en su condición de compañera permanente de la víctima directa, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Para Yon Genri Rangel Santiago, en su condición de hijo de la víctima directa, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

e) Para Andrea Rangel Escobar, en su condición de hija de la víctima directa, el equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

“5. Sin lugar a costas.

“6. Para el cumplimiento de la sentencia se observarán los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 10010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta Nº 9.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. María Elena Giralda Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21801. Al respecto puede consultarse igualmente el Auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Fls. 107 y 108 c. 5.

17 Fls. 92 a 105 c. 5.

18 Fls. 120 a 133 c. 7.

19 Fls. 3 a 21 c. 10.

20 FI. 1 c. 10.

21 Fls. 1 a 49 c. 8.

22 Fls. 19 a 31 c. 9.

23 FI. 18 c. 1.

24 FI. 75 c. 10.

25 En principio, el término vencería el 21 de mayo de 2011, pero ese día y el 22 de mayo fueron feriados, luego, el día hábil siguiente fue el 23 de mayo de 2011.

26 Fls. 5 y 12 c. 1.

27 FI. 5 c.1.

28 Fls. 149 a 152 c. 1.

29 Fl. 183 c. 4.

30 Fls. 135 a 144 c. 4.

31 Fls. 151 y 152 c. 4.

32 FI. 183 c. 4.

33 FI. 182 c. 4.

34 Fls. 212 a 217 c. 4.

35 Fls. 92 a 105 c. 5.

36 Fls. 107 y 108 c. 5.

37 FI. 119 c. 5.

38 Fls. 120 a 133 c. 7.

39 Fls. 3 a 21 c. 10.

40 Fls. 1 a 49 c. 8.

41 Fls. 19 a 31 c. 9.

42 Fls. 149 a 152 c. 1.

43 FI. 147 c. 1.

44 Fls. 163 y 164 c. 1 y cuadernos 2 al 12.

45 FI. 63 c. 1.

46 Fls. 5 y 12 c. 1.

47 FI. 6 c. 1.

48 Fls. 92 a 105 c. 5.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 41533, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

50 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 21 de octubre de 2009, Exp. 32892, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez: “...de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige en relación con la Ley 600 de 2000, los términos para resolver situación jurídica se pueden contabilizar hábiles (...)”.

51 Fls. 149 y 150 c. 1.

52 Fls. 151 y 152 c. 1.

53 En ese sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de agosto de 2017, Exp. 51017.

54 FI. 6 c. 1.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 680012331000200202548 01 (36.149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

56 De acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 citada, el monto de la indemnización para la víctima directa y parientes en primer grado de consanguinidad, cuando la privación es inferior a 1 mes será de 15 smlmv.

57 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp. 05001-23-31-000-2004-04210-01 (40.060), C.P. Enrique Gil Botero.

58 FI. 63 c 1.

59 Fls. 149 y 150 c. 1.