Sentencia 2011-00056/1102-2013 de octubre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000-23-25-000-2011-00056-01 (1102-2013)

Actor: Ángela María Buitrago Ruiz

Demandado: Fiscalía General de la Nación y Guillermo Mendoza Diago

Asunto: Aceptación renuncia

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá D.C., diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico.

Se contrae a determinar si la Resolución 0-2003 del 1º de septiembre de 2010, expedida por la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se aceptó la renuncia presentada por Ángela María Buitrago Ruíz al cargo de fiscal delegada ante la unidad de fiscalías delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se ajusta a la legalidad o si, por el contrario, la autoridad nominadora ejerció indebida presión sobre ella para que dimitiera del cargo que desempeñaba y si fue irregularmente aceptada.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.1. De la naturaleza del cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 125 de la Carta Política, dispone que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

En desarrollo de este precepto el Presidente de la República expidió el Decreto 2699 de 1991 Estatuto orgánico de la Fiscalía, que, entre otros aspectos, estableció el sistema de carrera en esa entidad.

Así, en el artículo 66 clasificó los cargos de libre nombramiento y remoción y de carrera, de la siguiente manera:

Son de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la presidencia y vicepresidencia de estas corporaciones; los de los secretarios de esas corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de vicefiscal general de la Nación, secretario general, directores nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del despacho de Fiscal General, del vicefiscal y de la secretaría general, y los de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.

Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura; de los fiscales no previstos en los incisos anteriores; de juez de la República, y los demás cargos de empleados de la rama judicial.

(...). (Negritas de la Sala).

Esta disposición fue sustituida por el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia— que estableció en el inciso 3 lo siguiente:

Son de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la presidencia y vicepresidencia de estas corporaciones; los de los secretarios de esas corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de vicefiscal general de la Nación, secretario general, directores nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del despacho del Fiscal General, del vicefiscal y de la secretaría general, y los de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación. (Resalta la Sala).

Conforme a las citadas disposiciones, queda claro que el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que ocupaba la demandante, es de libre nombramiento y remoción.

Ahora bien, respecto del retiro del servicio, el artículo 149 de la Ley 270 de 1996, dispuso lo siguiente:

Retiro del servicio. La cesación definitiva de las funciones se produce en los siguientes casos:

1. Renuncia aceptada.

2. Supresión del despacho judicial o del cargo.

3. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.

4. ‘Numeral CONDICIONALMENTE exequible’ Retiro forzoso motivado por edad.

5. Vencimiento del período para el cual fue elegido.

6. Retiro con derecho a pensión de jubilación.

7. Abandono del cargo.

8. Revocatoria del nombramiento.

9. Declaración de insubsistencia.

10. Destitución.

11. Muerte del funcionario o empleado.

2.2.2. De la renuncia como causal de retiro del servicio.

Desde el punto de vista legal y jurisprudencial el acto de renuncia ha sido concebido como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando(3).

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante esta modalidad, la dimisión ha de tener su origen o fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad (artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 110 a 116 del Decreto 1950 de 1973).

En consecuencia, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente y ajena a todo vicio de la voluntad.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-374 de 5 de abril de 2001, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynnet, expuso lo siguiente:

(...) La libertad se despliega de maneras diversas a través del ordenamiento. El derecho a ocupar cargos públicos supone el derecho a renunciar al cargo, pues constituye desarrollo de la libertad de la persona decidir si permanece o no en un cargo. En este orden de ideas, por principio la decisión sobre la permanencia en un cargo, o en un puesto de trabajo, no puede restringirse o impedirse.

Ahora, bien, al ser la renuncia a un cargo público manifestación de la voluntad personal, es decir, una expresión del ejercicio de su libertad, el deber de respeto de la libertad exigible al Estado comporta la obligación de aceptar, dentro de un término razonable, la renuncia. En estas condiciones, la actuación de las autoridades demandadas, antes que configurarse en una violación de sus derechos políticos fundamentales, supone el cumplimiento del deber jurídico de respeto por el ejercicio de su libertad. (...).

Por su parte, el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

La renuncia es entonces una forma legítima de desvinculación de la administración pública, y por ello las referidas normas precisan las condiciones para su validez.

El fundamento del acto de renuncia se halla en la libertad que tienen las personas de escoger profesión u oficio, tal como hoy por hoy lo garantiza el artículo 26 de nuestro ordenamiento superior.

De la normatividad expuesta se deduce que cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la renuncia, la dimisión ha de tener su origen en el libre y espontáneo impulso psíquico que descifre la plena voluntad del empleado, y que una vez ha sido aceptada por la administración se torna en una situación jurídica de carácter irrevocable.

Así mismo, la renuncia por contener una manifestación de la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo produce efectos jurídicos, y sólo puede estar afectada por vicios en el consentimiento tales como error, fuerza (coacción física o moral) y dolo(4).

A su turno, la doctrina(5) ha sostenido que el acto de renuncia cuenta con características concurrentes, a saber:

(...)

— Debe ser espontánea, expresión del libre albedrío pleno, por oposición al acto presionado, sugerido, provocado, inducido o compelido; es decir, libre de toda coacción o vicio que pueda desvirtuar la voluntad.

— Individual, o propia de la persona, por oposición a la colectiva o de arrastre presionado.

— Expresa, en cuanto a forma solemne para su validez, e inequívoca, como expresión de voluntad. Debe consignarse en forma exacta y precisa, por oposición a las fórmulas simples protocolarias y vagas.

— Escrita, como única forma jurídica de expresión, por exclusión de la verbal. (...).

2.2.2.1. De la renuncia protocolaria.

La renuncia protocolaria se produce por la voluntad inequívoca del funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia respectiva, designando a las personas que a su juicio sean las más idóneas para el ejercicio del cargo. Asimismo, respecto de la solicitud de la renuncia, ha dicho esta corporación, que esta conducta por parte de la administración se acostumbra a realizar como un acto de cortesía, para no hacer uso de la facultad discrecional de la que se encuentra investido el nominador, máxime cuando se halla frente a un empleado que no goza de fuero de estabilidad.

Así, en sentencia del 25 de marzo de 2010, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, consideró:

Esta situación se ha denominado jurisprudencialmente como RENUNCIA PROTOCOLARIA, con la cual se busca dejar en libertad al nominador para que tome las medidas que considere pertinentes frente al personal directivo o de confianza, sin necesidad de recurrir al retiro del servicio mediante la declaración de insubsistencia(6).

También se ha sostenido de tiempo atrás, que tratándose de cargos de alto nivel, de libre nombramiento y remoción, la insinuación de la presentación de la renuncia no es ilegal, pues ello obedece, en razón de la naturaleza del cargo, a la posibilidad de la máxima autoridad de la entidad de conformar su equipo de trabajo y de permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier connotación negativa. De igual manera, tal práctica (la solicitud de renuncia) por parte del nominador, no constituye una conducta desviada, atendiendo el rango y las atribuciones de responsabilidad y confianza que deben manejar quienes ocupan dichos cargos.

Así se dejó consignado en providencia del 29 de octubre de 1998(7):

En efecto, ha sostenido esta corporación en reiteradas oportunidades que la presentación de esta clase de renuncias, suscritas por personas que tienen elevadas calidades y status jerárquico, como es el caso del actor, en atención a la discrecionalidad de que goza el nominador para separarlos del servicio, no irradia un propósito que pueda calificarse como torcido, sino que tal postura atiende a consideraciones de índole peculiar dada la importancia del cargo, que le permiten al respectivo funcionario desvincularse de una manera más decorosa de la entidad.

Además, las renuncias protocolarias obedecen a la llegada de un nuevo jefe y tienen por objeto dejarlo en libertad para reorganizar la respectiva entidad, de manera que por consideraciones administrativas pueda aceptar las que estime convenientes e inadmitir la de los funcionarios que juzgue le puedan colaborar adecuadamente en su gestión:

Esta tesis fue reiterada en la sentencia del 29 de mayo de 2008, en los siguientes términos:

(...) En efecto, esta corporación ha sostenido en varias oportunidades que la presentación de esta clase de renuncias, suscritas por personas que tienen calidades profesionales y un alto status jerárquico, como es el caso del actor, en atención a la discrecionalidad de que goza el nominador para separarlos del servicio, no irradia un propósito que pueda calificarse como desviado sino que tal postura atiende a consideraciones de distinta índole dada la importancia del cargo, que le permiten al respectivo funcionario desvincularse de una manera más decorosa de la entidad, evitando la declaratoria de insubsistencia(8).

En providencia posterior(9) se precisó lo siguiente:

El nominador de una entidad pública o territorial, puede solicitar la renuncia al funcionario de libre nombramiento y remoción como un acto de cortesía, ya que no tiene una connotación negativa como la que origina la declaratoria de insubsistencia.

Las denominadas renuncias protocolarias se producen con la finalidad de que el nominador tenga la libertad de reorganizar la entidad, sin que sea necesaria una declaratoria de insubsistencia, o reestructuración de la misma, nombrando a las personas que considere idóneas para ejercer los cargos de libre nombramiento y remoción.

En conclusión, la insinuación de renuncia a empleados de libre nombramiento y remoción constituye un mecanismo protocolario encaminado a evitar la expedición de un acto de insubsistencia del nombramiento.

2.3. Del desvío de poder y la falsa motivación.

La recurrente alega que el acto acusado se encuentra viciado por estas causales, por cuanto la renuncia no fue un acto voluntario, producto de su intención de separarse del cargo, sino que obedeció a las presiones ejercidas por su superior y, posteriormente, su aceptación fue excusada en la supuesta mora en el trámite de los procesos a su cargo, lo que evidencia la intención de sancionarla.

2.3.1. Del desvío de poder.

Según lo dispone el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se podrá pedir la nulidad de un acto administrativo cuando se dicta con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió. Es decir, cuando el acto si bien fue expedido por órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico(10).

El Consejo de Estado(11) ha señalado que este vicio está referido a “...la intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario”.

La desviación de poder se puede presentar aun en los actos administrativos de naturaleza discrecional, pues tal prerrogativa no puede ejercerse de manera arbitraria o exceder los lineamientos previstos en el ordenamiento jurídico; por consiguiente, además de los requisitos objetivos que legalmente se exigen, es preciso que el retiro esté inspirado en razones del buen servicio(12).

Por ello, demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión.

Por consiguiente, el hecho de insinuar la renuncia no evidencia, per se, un ánimo mal intencionado o desviado de la administración por retirar al empleado, pues se reitera, el mecanismo de la insinuación de la renuncia puede obedecer, como lo ha sostenido la jurisprudencia, a evitar la declaratoria de insubsistencia del nombramiento y a una salida más decorosa de la entidad. Lo que en realidad demostraría un uso desviado, es que se hubiese nombrado a personas con inferiores calidades a las exigidas, o, que la motivación del acto fue diferente al buen servicio.

2.3.2. De la falsa motivación.

La falsa motivación es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo. Se presenta cuando los motivos del acto administrativo son ilegales, es decir cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para su emisión, traducidas en la parte motiva del acto, no tienen correspondencia con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su expedición.

Respecto del elemento causal, también llamado motivo, esta corporación precisó lo siguiente:

Sabido es que la causa es un elemento esencial de los actos administrativos que está constituida por la representación y valoración que el sujeto titular del poder administrativo hace de unos hechos, que lo impulsan a declarar su voluntad y a generar con ella determinados efectos jurídicos. La causa, entonces, gravita en la apreciación que el agente público hace de los hechos. La comprobación de la causa o la estimación de dicho presupuesto fáctico, no solo atañe a la administración, sino también a la jurisdicción.

Cuando la representación y valoración de los hechos concuerda con la realidad y cuando la preceptiva jurídica determina las condiciones, que son aplicadas adecuadamente, para la apreciación de ciertos hechos, la causa del acto administrativo será regular y legal. Contrario sensu, si la declaración de voluntad, se fundamenta en hechos que no existieron, que fueron diferentes a como los presenta el sujeto titular del poder administrativo, el elemento causal del acto se encontrará viciado(13).

Establecido lo anterior la Sala procede a examinar las condiciones y el entorno en que se produjo el retiro del servicio de la actora.

2.4. Caso concreto.

De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, se encuentra probado que mediante Resolución 0-3566(14) del 26 de septiembre de 2005, se nombró en el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la unidad de fiscalía delegada ante dicha corporación, a la doctora Ángela María Buitrago; de este cargo la demandante tomó posesión el 3 de octubre de 2005.

Obra a folio 4 del plenario el escrito del 27 de agosto de 2010, por medio del cual la demandante, Ángela María Buitrago Ruiz, presentó renuncia a su cargo en la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

Doctor

Guillermo Mendoza Diago

Fiscal General de la Nación (E)

Ciudad

Reciba cordial saludo Dr. Mendoza Diago:

Por medio de la presente, renuncio al cargo de FISCAL 4ª DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Atentamente,

Ángela María Buitrago Ruiz

C.C. 51.710.152 de Bogotá D.C.

Por su parte, mediante la Resolución 0-2003 del 1º de septiembre de 2010, el Fiscal General de la Nación (E) procedió a aceptar la renuncia, a partir de la fecha de comunicación de este acto.

Del texto transcrito resulta evidente que formalmente sí se estructuraron los requisitos indispensables para que la renuncia de la señora Ángela María Buitrago Ruiz surtiera todos sus efectos, como lo fue principalmente su aceptación por parte del nominador. Del escrito de renuncia presentada por la demandante al cargo de fiscal delegada que venía desempeñando en la Fiscalía General de la Nación, no se observa la coacción que la hubiera precisado a tomar dicha decisión.

Sin embargo, la actora alega que su dimisión fue provocada, es decir, que no fue libre y espontánea; y que la aceptación por parte del nominador tuvo como finalidad sancionarla por la supuesta mora en el trámite de los procesos a su cargo.

Para corroborar sus afirmaciones, en el proceso se recaudaron los siguientes testimonios(15):

El señor Yesid Viveros Castellanos(16), exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, declaró lo siguiente:

En honor a la verdad debo decir que periódicamente se nos solicitaba la renuncia protocolaria de nuestros cargos a instancia o por orden del señor fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago, dentro de las facultades que tenía el fiscal ante la renuncia protocolaria de todos los fiscales se removía del cargo periódicamente a algunos de estos funcionarios.

(...)

Por otra parte, la salida de ella se hizo con base en la renuncia protocolaria que periódicamente se nos pedía; no puedo llegar a sostener y nunca escuché de viva voz al Dr. Mendoza Diago en las reuniones que hacíamos periódicamente referirse a ese particular.

Por su parte, Moraima Caballero de Nieves(17), jefe coordinadora de la unidad de fiscalías delegadas ante la CSJ para la época de los hechos, manifestó respecto del retiro de la demandante, lo siguiente:

(...) quiero manifestarle que yo tomé posesión del cargo el 3 de mayo de 2010 y que la primer (sic) vez estando yo en la Fiscalía laborando que tuve conocimiento de renuncias el mismo día fue en esa oportunidad, no sé si eso eventualmente ocurría.

(...)

Le (sic) comenté esta situación a todos los fiscales delegados, que el Fiscal no estaba contento con el trabajo que estábamos realizando, que había manifestado que debía reestructurar la Unidad...

El señor Byron Medina Montañez(18), indicó lo siguiente:

Sí tengo conocimiento del hecho de la petición de la renuncia de la doctora Ángela María Buitrago por parte del entonces Fiscal General Dr. Mendoza, dado que para ese instante yo estaba laborando en el despacho cuarto como asistente de la demandante.

Al preguntársele quién concretamente le solicitó la renuncia, contestó: “a mí no me consta”.

Omar Bernal Cuervo(19) quien se desempeñaba como asistente en la secretaría del despacho de la demandante, declaró lo siguiente:

Para la fecha de los hechos, a todos los despachos nos pidieron una relación de todos los procesos que se encontraban sin actuación, a esa fecha, la cual fue solicitada por la coordinadora de la unidad delegada ante la Corte, para la fecha, quien era la doctora Moraima Caballero y según ella era para el Fiscal General de la Nación pues la había solicitado, que era el Dr. Guillermo Mendoza Diego. Ese día en que rindió el informe había dos despachos de la unidad delegada ante la Corte que eran los más congestionados, el despacho de la Dra. Ángela María Buitrago y el despacho donde yo laboro que es el del Dr. Misael Fernando Rodríguez Castellanos.

José Darío Cediel Serrano(20) expuso lo siguiente:

... sé que la renuncia de la Dra. Ángela María Buitrago Ruiz fue provocada, primero no fue voluntaria porque sé que la Dra. Ángela Maria Buitrago Ruiz nunca exteriorizó por iniciativa propia su intención de separarse del ejercicio del cargo por renuncia.

Las declaraciones recibidas permiten establecer que a la actora, como a otros fiscales delegados, le fue solicitada la renuncia al cargo que desempeñaba, por el propósito del Fiscal General (E) de reformar la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta la congestión que presentaban algunos despachos. Esta intención del nominador no puede entenderse como una coacción sobre la demandante; sin duda se trató de una insinuación de renuncia protocolaria, dada la restructuración que pretendía realizar. En ese orden, se puede afirmar que el acto demandado estuvo ajustado a derecho, en razón de la necesidad de mejoramiento del servicio.

De igual manera, es cierto que el ex Fiscal General (E) Guillermo Mendoza Diago dio declaraciones a los medios de comunicación(21) en el sentido de justificar la aceptación de la renuncia a la actora en la supuesta demora que presentaban algunos asuntos a su cargo; sin embargo, dichas manifestaciones no encierran un fin torcido, por el contrario, según lo expuso en la contestación de la demanda el propio exfiscal Mendoza Diago, su confianza en la delegada se había resquebrajado y, en tal medida, le asistía el derecho para aceptarle la renuncia protocolaria. Si este fue el motivo para tomar la decisión, esta circunstancia, per se, no vicia el acto de aceptación.

En el sub lite no se evidencia el componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno de la señora Ángela María Buitrago fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se vio truncada, al punto que indefectiblemente se vio compelida a renunciar.

De otra parte, el proceso disciplinario adelantado contra la demandante por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por las irregularidades en que pudo incurrir, derivadas de la mora en el trámite de algunos asuntos a su cargo, culminó con providencia del 19 de agosto de 2010(22), por la cual se dispuso la terminación del procedimiento y se ordenó el archivo de las diligencias. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria encontró justificada la conducta de la demandante y concluyó que no se encontraba inmersa en falta disciplinaria. Esta circunstancia, por sí sola, no pone en evidencia que el fallo absolutorio de la demandante haya sido el motivo para aceptar la renuncia con la intención de sancionarla, por lo menos no existen elementos de juicio que lleven a la Sala a tal conclusión.

La demandante presentó la renuncia y el nominador procedió a aceptarla, sin que pueda inferirse de tal situación falsa motivación o desviación de poder, pues la actora conocía lo que implicaba presentar su dimisión del cargo.

En efecto, la preparación y experiencia con que contaba la demandante le permitían discernir sobre la conveniencia de renunciar o abstenerse de hacerlo si estimaba que estas condiciones le conferían derecho a permanecer en la entidad, pero no lo hizo así, y optó, en su lugar, por dejar en libertad al nominador para disponer sobre su continuidad en el cargo. Éste, profirió el acto de aceptación respectivo, sin que pueda afirmarse que tal decisión desbordó los criterios de razonabilidad y. proporcionalidad que deben inspirar el ejercicio de la facultad discrecional, ni que hubiera tenido fines distintos al buen servicio público.

Por el contrario, teniendo claro la Sala la categoría del cargo que ocupaba la señora Ángela María Buitrago, la insinuación de la renuncia por parte de la autoridad investida de lafacultad de libre nombramiento y remoción, no desconoce el ordenamiento legal ni mucho menos constituye una conducta desviada.

Como lo ha sostenido de manera reiterada la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación(23), la simple insinuación o solicitud de renuncia, por sí misma, no constituye una coacción invencible que elimine el acto voluntario porque, frente a dichas propuestas, el empleado puede desechar la oferta, insinuación o solicitud sin que ello le acarree consecuencias desfavorables.

Dicha insinuación, se repite, constituye un mecanismo protocolario encaminado a evitar la expedición de un acto de insubsistencia, pues sin estar amparada la actora por los derechos que confiere la carrera administrativa ni por algún otro sistema ofuero de estabilidad, se encontraba bajo el imperio de una potestad discrecional de libre nombramiento y remoción y, en consecuencia, en una situación de confianza distinta de la que se advierte en los demás niveles de la administración(24).

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, debe concluirse que la renuncia presentada por la señora Ángela María Buitrago al cargo de fiscal delegada de la unidad de. fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, reúne la totalidad de los requisitos previstos en los artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 110 y 113 del Decreto 1950 de 1973, en tanto que fue un acto propio y espontáneo, toda vez que no obra prueba de que nominador o algún otro funcionario de la entidad hubiera ejercido una fuerza o coacción en su contra para lograr tal propósito.

3. Conclusión

En conclusión, la presunción de legalidad que ampara al acto acusado no fue desvirtuada en el curso del proceso, motivo por el cual la Sala confirmará la decisión de primera instancia, denegatoria de las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la demanda promovida por la señora Ángela María Buitrago Ruíz contra la Nación, Fiscalía General de la Nación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

3 Consejo de Estado, sentencia de 23 de enero de 2003, Exp. 25000-23-25-000-2000-1405-01, C.P. Ana Margarita Olaya Forero.

4 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de julio de 2010, Exp. 0600-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.

5 VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo, Derecho Administrativo Laboral, Tomo l, octava edición, Legis 2008, pág. 431.

6 Radicado interno 7716-2005, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

7 Sección Segunda, Subsección B, Exp. 12873, C.P. Silvio Escudero Castro.

8 Sección Segunda, Subsección B, Exp. 7119-2005, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

9 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de febrero de 2014, Exp. 2662-2012, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

10 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del acto administrativo, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá, Colombia, 2014, pág. 547.

11 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2013, Exp. 0105-12, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

12 Al respecto, dispone el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, lo siguiente: en la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.

13 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de noviembre de 1998, Exp. 11370, C.P. Silvio Escudero Castro.

14 Folio 377 del expediente.

15 Se trascribe la parte pertinente.

16 Testimonio visible a folios 278 a 281 del expediente.

17 Testimonio visible a folios 282 a 285 del expediente.

18 Testimonio visible a folio 286 del expediente.

19 Testimonio visible a folio 289 del expediente.

20 Testimonio visible a folios 292 a 296 del expediente.

21 Folios 70 a 78.

22 Folios 34 a 46.

23 Entre otras, sentencia del 6 de mayo de 2004, Exp. 2273-03, C.P. Ana Margarita Olaya Forero.

24 Sentencia del 30 de marzo de 2017, Exp. 150012331000200900058 01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.