Sentencia 2011-00057/47256 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Rad.: 66001-23-31-000-2011-00057-01(47256)

Actor: L. E. M. A. y otro

Demandado: Nación - DIAN y Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C. veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / Omisión de la DIAN de reportar pagos del agente retenedor / Sentencia condenatoria dictada como consecuencia de la omisión de la DIAN de reportar pagos del agente retenedor / Perjuicios morales derivados del hecho de conocer sentencia condenatoria.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1. competencia de la Sala; 2. ejercicio oportuno de la acción; 3. la legitimación en la causa por activa; 4. responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento; 5. lo probado en el proceso; 6. conclusiones probatorias y análisis del caso concreto, la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la DIAN y 7) procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia del 30 de agosto de 2012 dictada por el Tribunal Administrativa de Risaralda, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda - instancia sin consideración a la cuantía del proceso(30).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

A efecto de contabilizar la caducidad, la Sala considera que en el presente caso el actor se enteró el 28 de agosto de 2008 de la existencia de la condena penal al ser notificado del mandamiento de pago dictado por la oficina de cobranzas de la DIAN, tal como lo precisó el juez de tutela (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“(…) que el 22 de agosto de 2008, el señor M. A. fue notificado por la DIAN del mandamiento de pago proferido por la oficina de cobranzas de dicha entidad, el cual tuvo como base el referido fallo, y precisamente fue en ese momento cuando se enteró que había sido condenado por el delito antes referido, pues con antelación a esa fecha nunca le fue comunicado, ni por la fiscalía ni por el juzgado, que en su contra se adelantaba un proceso, y se extraña de que la DIAN lo haya localizado para hacerle la notificación con base en la sentencia del juzgado, ya que ni la fiscalía lo ubicaron para enterarlo de la actuación procesal que se adelantaba en su contra, a efecto de poder probar su inocencia”(31).

No obstante lo anterior, el término de caducidad no se contabilizará a partir de esta fecha, por cuanto el error se hizo evidente a partir del momento en el que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dictó la sentencia que amparó los derechos fundamentales del ahora demandante, lo cual ocurrió el 13 de febrero de 2009(32).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el término de caducidad vencería el 14 de febrero de 2011 y que la demanda se interpuso el 8 de febrero de 2011(33), cabe sostener que se presentó dentro del término concedido para el efecto.

3. De la legitimación en la causa de la parte actora.

En el caso bajo estudio está probado, mediante el registro civil de matrimonio, que la señora M. O. H. H. es la esposa del señor L. E. M. A.(34), quien comparece como afectado directo en la presente acción.

De igual forma, está comprobado con el registro civil de nacimiento que L. M. M. H. es la hija de los referidos esposos(35).

4. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La jurisprudencia de esta corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

Así las cosas, de conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador estableció tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1. el error jurisdiccional; 2. la privación injusta de la libertad; y 3. el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Ahora bien, en relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha sostenido que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos(36).

Igualmente, la misma jurisprudencia ha destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1. se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2. puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3. debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4) el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y 5) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(37).

Así mismo, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites, tanto administrativos como judiciales y en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

La misma garantía se encuentra establecida en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales.

Finalmente, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que “en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia”(38).

5. Lo probado en el proceso.(39) 

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados los siguientes hechos:

5.1. Aspectos relacionados con el proceso penal.

— El 22 de junio de 2004, la DIAN presentó denuncia penal en contra del señor L. E. M. A. por la posible comisión del delito de omisión del agente retenedor o recaudador contenido en el artículo 402 de la Ley 599 de 2000.

En la denuncia se afirmó que en contra del aquí actor, en su condición de representante legal de la sociedad “M. y M. Cia Ltda”, se encontró un saldo pendiente de pago por valor de $2’105.000.

En aquella oportunidad, la DIAN informó que al denunciado se lo podía notificar en la “Calle XX Nº 1X-XX LX P. D. Risaralda”(40).

Resulta procedente anotar que la misma dirección es la que se encuentra registrada en el Registro Único Tributario, RUT, del señor M. A.(41).

— Posteriormente, el 1º de octubre de 2004 la DIAN amplió la denuncia penal e informó a la Fiscalía que el aquí demandante presentó declaración como agente retenedor de IVA por un valor de $1’896.00 “sin pago”(42).

— El 28 de julio de 2004, la Fiscalía 8ª Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de XX a la DIAN un informe sobre el estado de cuenta del denunciado M. A..

Igualmente, solicitó informar si el aquí demandante presentó solicitud de transacción, compensación o acuerdo de pago y, en la eventualidad de existir bienes embargados, dar a conocer si estos cubrían el monto de lo adeudado.

A lo anterior, la DIAN contestó el 6 de diciembre de 2004 y certificó que el señor M. A. todavía poseía deudas derivadas de la condición de agente retenedor del IVA.

— El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, en providencia del 31 de mayo de 2007, inadmitió la solicitud de la DIAN de constituirse en parte civil dentro del proceso penal.

Lo anterior, por cuanto “en asuntos como este en los que existe un proceso coactivo de por medio, no se puede admitir la constitución de parte civil dentro del proceso penal”(43), pues de permitirse tal actuación se estaría cobrando dos veces lo debido.

En contra de la referida decisión, la DIAN presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación(44) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, en providencia del 27 de noviembre de 2007 admitió la constitución de parte civil que presentó la DIAN.

— El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, en sentencia del 3 de marzo de 2008(45), decidió (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“1. Condenar a L. E. M. A., de condiciones civiles y personales conocidas, a la pena principal de treinta y seis (36) meses de prisión y multa de siete millones novecientos noventa y seis mil pesos ($7’996.000), por hallarlo penalmente responsable, en calidad de autor, de un injusto penal de omisión del agente retenedor o recaudador, tipificado en el Libro II, título XV, capítulo primero, artículo 402 del Código Penal, en perjuicio de la Administración Público.

“2. Condenar al mismo a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal.

“3. Conceder al señor M. A. el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para el efecto suscribirá diligencia compromisoria por un periodo de prueba de tres años.

“4. Se condena a pagar a favor de la DIAN como indemnización de perjuicios la suma de tres millones novecientos noventa y ocho mil pesos ($3’998.000) más los intereses causados hasta que se verifique el pago por concepto de daños materiales. Para el pago de los perjuicios se concederá al señor M. A. plazo de un mes a partir de la ejecutoria de la sentencia”(46).

En la referida sentencia, los presupuestos fácticos que originaron la investigación penal fueron presentados de la siguiente manera (se transcriben de manera literal incluidos posibles errores):

“En contra del señor L. E. M. A., fue formulada denuncia penal por parte de la jefatura del grupo de la Unidad Penal de la Administración Local de Impuestos y Aduanas de Pereira. En la misma se puso de presente, que el mencionado ciudadano declaró haber efectuado retenciones en la fuente y el IVA por concepto de venta durante los periodos 2002-6, 2001-01, 2003-03-05 y 06, por valor correspondiente a la suma de $3’998.000, que no ha sido cancelada”(47).

Ahora bien, en relación con la identificación del condenado se hizo saber que además de su número de cédula y de dirección “no se cuenta con más datos toda vez que fue declarado persona ausente por el Delegado de la Fiscalía”(48).

Dentro de las consideraciones expuestas a fin de demostrar la culpabilidad del señor M. A., se adujo (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“En este plenario se tiene el informe de la DIAN con el cual se instauró la denuncia de carácter penal, el que es muy claro cuando señala que el señor M. A. le adeuda a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la suma de $3’998.000 y para sustentar tal requerimiento, la entidad anexa informe para denuncia penal, la constancia de la jefe de división de cobranzas, donde consta que no se han realizado abonos a los conceptos objeto de denuncia por parte del denunciado y la copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de X. donde se indica que el señor L. E. M. A. es el gerente de M. y M. Cía Ltda.

“(…).

“Sin lugar a dudas el enjuiciado no consignó el impuesto al valor agregado, IVA, considerándose así que se reúnen los requisitos para condenar al procesado y esa será la decisión que se tomará”(49).

En contra de la sentencia no se interpuso recurso alguno por parte de abogado de oficio, según constancia secretarial, la providencia cobró ejecutoria el 25 de marzo de 2008(50).

— El 25 de agosto de 2008(51), la DIAN notificó personalmente al señor M. A. “el contenido del acto mandamiento de pago 90058 del 25 de JUL (sic) de 2008 proferido por la División de Cobranzas de la Administración de Pereira”(52). En el referido acto administrativo se hizo constar (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Que el señor L. E. M. A. (…) debe a la Nación UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo a la sentencia condenatoria Nº 5 proferida el 3 de marzo de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, ejecutoriada en marzo 25 de 2008, en la cual se ordena al señor L. E. M. A. (…) cancelar la suma de que se indica a continuación [$3’998.000] más los intereses que se causen hasta la fecha de su pago, conforme lo dispuesto en los artículo 232 y 402 del Código Penal”(53).

— Ante diversas solicitudes de información efectuadas por funcionarios de la DIAN, orientadas a establecer el estado de la deuda del señor M. A., el Jefe de la División de Cobranzas y el jefe grupo coactivo, conjuntamente, certificaron el 18 de septiembre de 2008 que la sociedad M. y M. Cía Ltda “canceló la totalidad de las obligaciones objeto de la denuncia penal”(54).

— La DIAN, en respuesta a un escrito contentivo de un derecho de petición presentado por el señor M. A., le informó el 3 de diciembre de 2008 sobre el estado de sus deudas (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“En respuesta a su solicitud relacionada con la fecha de ingreso al sistema de algunos pagos de impuestos realizados en el banco Davivienda y un pago realizado en el Banco de Bogotá, nos permitimos aclararle que dichos pagos se verificaron en la cuenta corriente y todos ingresaron a nuestro sistema. A continuación relacionaremos cada uno de los pagos solicitados por usted con la fecha de ingreso al sistema de cuenta corriente, en el orden relacionado en su solicitud:

“1. Radicado 51911105003230 de fecha dic. 24 de 2004 por valor de $2’463.000. Concepto: Ventas 2002(6). Banco Davivienda. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: Ene 12 de 2005.

“2. Radicado 5191105003231 de fecha dic. 24 de 2004 por valor de $898.000. Concepto: Ventas 2003(3). Banco Davivienda. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: Ene 12 de 2005.

“3. Radicado 01468010553813 de fecha abril 1 de 2004 por valor de $2’001.000. Concepto: Ventas 2002(6). Banco Bogotá. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: Mayo 6 de 2004.

“4. Radicado 51911105005402 de fecha nov. 1 de 2004 por valor de $636.000. Concepto: Ventas 2003(6). Banco Davivienda. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: Nov. 20 de 2006.

“5. Radicado 51911105005400 de fecha nov. 1 de 2006 por valor de $1’493.000. Concepto: Renta 2002. Banco Davivienda. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: Nov. 20 de 2006.

“6. Radicado 51911105005398 de fecha nov. 1 de 2006 por valor de $179.000. Concepto: Ventas 2003(4). Banco Davivienda. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: Nov. 20 de 2006.

“7. Radicado 51911105005399 de fecha nov. 1 de 2006 por valor de $189.000. Concepto: Ventas 2004(1). Banco Davivienda. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: Nov. 20 de 2006.

“7. Radicado 51911105005401 de fecha nov. 1 de 2006 por valor de $168.000. Concepto: Ventas 2003(5). Banco Davivienda. Fecha de ingreso a la cuenta corriente: nov. 20 de 2006”(55).

— El señor L. E. M. A., al conocer de la sentencia penal dictada en su contra, interpuso acción de tutela que falló la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 13 de febrero de 2009. En aquella oportunidad el juez constitucional decidió (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“1. Tutelar el derecho de defensa —componente del debido proceso— del cual es titular el ciudadano L. E. M. A., y en consecuencia declarar la nulidad de la actuación surtida en el proceso que tramitaron en etapa instructiva las Fiscales Octava y Treinta y Cinco Seccionales, y en la causa el Juzgado Penal del Circuito de XX, por la conducta punible de omisión del agente retenedor o recaudados, cuya invalidación se declara a partir inclusive de la resolución proferida el 20 de agosto de 2005, mediante la cual se le declara persona ausente y se le designa defensor de oficio”(56).

En la referida providencia, los presupuestos fácticos de la acción se presentaron de la siguiente manera (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Relató el libelista que el jefe de la División Jurídica de la Administración Local de la DIAN, formuló denuncia en su contra el 22 de junio de 2004, argumentando que en su calidad de representante legal de la sociedad antes referida, incurrió en el delito de omisión del agente retenedor o recaudados, a pesar de que M. A. canceló la suma de $2’001.000 en el año 2004 y en el 2005 el valor de $2’463.000, correspondientes a las obligaciones que tenía con la DIAN, y sin verificar que ya se habían hecho tales pagos relacionados con esos conceptos(57).

“(…).

“Se consigna igualmente en la demanda tutelar, que el 22 de agosto de 2008, el señor M. A. fue notificado por la DIAN del mandamiento de pago proferido por la oficina de cobranzas de dicha entidad, el cual tuvo como base el referido fallo, y precisamente fue en ese momento cuando se enteró que había sido condenado por el delito antes referido, pues con antelación a esa fecha nunca le fue comunicado, ni por la fiscalía ni por el juzgado, que en su contra se adelantaba un proceso, y se extraña de que la DIAN lo haya localizado para hacerle la notificación con base en la sentencia del juzgado, ya que ni la fiscalía lo ubicaron para enterarlo de la actuación procesal que se adelantaba en su contra, a efecto de poder probar su inocencia”(58).

En la sentencia de tutela, el juez, previa referencia a la procedencia del amparo en contra de sentencias judiciales y de analizar los requisitos para la declaratoria de persona ausente, consideró que el proceso penal adelantado en contra del aquí demandante “se encuentra afectado de una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso y derecho a la defensa del tutelante, lo cual impone el deber de invalidar la actuación ante la inexistencia de una solución jurídica menos grave”(59).

A fin de justificar la protección constitucional, el juez razonó de la siguiente manera (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“El defecto comienza en la denuncia, en la que la funcionaria de la DIAN consignó como dirección para notificar al demandante, la calle 2X Nº XX - XX barrio XXX, a donde se libró citación al señor M. A. en múltiples ocasiones, para que compareciera a la fiscalía y al juzgado a atender las diligencias, entre otras, la de rendir indagatoria, y para hacerle conocer providencias como la del cierre de investigación, la resolución de acusación, las audiencias preparatoria y pública y la sentencia condenatoria proferida en su contra, a efecto de que pudiera ejercer personal y adecuadamente sus derechos.

“Empero, la orden de citación para indagatoria expedida el 28 de julio de 2004 no logró llegar a su destinatario, toda vez que como lo informa el asistente judicial de la fiscalía ‘en dicha dirección ya no funciona la empresa M. y M. y Cía. Ltda y consultando en el sector por el citado me manifestaron desconocer su dirección actual’. Y sin que la fiscalía hubiese efectuado ninguna otra actividad tendiente a procurar la comparecencia, así fuese mediante orden de captura para vincularlo a través de la diligencia de inquirir, como era su deber acorde con lo preceptuado por los artículos 336 y 344 de la Ley 600 de 2000, dispuso declararlo persona ausente y designarle un defensor de oficio, cuya actitud fue pasiva hasta más no poder, como que se limitó a suscribir la notificación de su nombramiento, luego de lo cual no volvió a repuntar en el proceso.

“(…).

“La instructora clausuró el ciclo investigativo en un proveído del cual no fue notificado el aquí tutelante porque la comunicación para el efecto se la envió a la dirección equivocada y naturalmente no la recibió; y el defensor tampoco compareció a notificarse, por manera que se perdió la posibilidad de presentar alegaciones de conclusión.

“Ante la desaparición de este mundo procesal del ilustre defensor oficioso (…) quién no se enteró de ninguna de las actuaciones adelantadas en relación con su representado, la fiscalía designó un nuevo defensor de oficio (…) cuya actitud profesional fue, si no igual a la de su antecesor, diríase que más desentendida, pues su actuar se circunscribió a firmar la notificación de la resolución de acusación —la cual no fue impugnada— y a asistir a la audiencia pública, ya que omitió hacer presencia así fuese meramente formal a la audiencia preparatoria.

“En el debate de juzgamiento la actuación del defensor se circunscribió a solicitar la aplicación del principio de oportunidad, sin explicar las razones en las cuales se fundamentaba para formular un pedimento de esa naturaleza, ignorando que dicha institución jurídica es extraña en el procedimiento de la Ley 600 de 2000 y que en la Ley 906 de 2004, si bien aparece consagrada y es una novedad legislativa, su aplicación es del resorte exclusivo de la fiscalía, no del juez de conocimiento.

“Y para rematar, ni siquiera compareció a notificarse personalmente del fallo adverso a los intereses del ciudadano M. A., y mucho menos pasó por su mente ejercer el derecho de impugnación contra la referida determinación.

“Ante la ostensible violación del derecho a la defensa del tutelante, se impone la necesidad de acceder al amparo constitucional, dado que, de otra parte, no sería sensato pensar que como no agotó los recursos ante la justicia ordinaria, se tornaría improcedente la acción de tutela en virtud de la característica de mecanismo residual, toda vez que, como ya se decía, su ausencia en el proceso obedeció, no a otra causa, que a la falta de notificación por parte de la Fiscalía, la cual no le envió los comunicados a las dirección correcta de la empresa y ello imposibilitó el poder estar presente en forma personal, como también designar un profesional del derecho de su confianza para contar con una adecuada defensa técnica.

“También es importante consignar, que L. E. M. A. solo vino a enterarse de la existencia del proceso penal en su contra, en virtud del mandamiento de pago librado por la DIAN, de lo cual se le comunicó, ahí sí a la dirección que registraba últimamente, que es diferente a la que tenía en la época en que se tramitó la acción penal”(60).

— En cumplimiento de la orden de amparo antes referida, la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, en providencia del 24 de marzo de 2009, decidió “precluir la investigación que se ha venido adelantando en contra del señor L. E. M. A., como posible autor de la conducta punible de omisión de agente retenedor o recaudador(61).

En la anotada providencia se da cuenta que la “DIAN allegó el 19 de septiembre de 2008 una certificación mediante la cual enuncia que el señor L. E. M. A. canceló la totalidad de las obligaciones objeto de la denuncia penal”(62). Fue precisamente ante tal situación fáctica que consideró (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“El artículo 42 de la Ley 633 de 2000 que unificó los parágrafos 1º y 2º del artículo 655 del Estatuto Tributario y derogó tácitamente el parágrafo del art. 403 del C. Penal, preceptúa que ‘cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante PAGO o COMPENSACIÓN de las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad. Tampoco habrá lugar a responsabilidad penal cuando el agente retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas demuestro que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y este se está cumplimiento en debida forma’.

“Con el pago de la obligación, más sus intereses por la parte sindicada, se está configurando una causal de extinción de la acción penal, y la actitud asumida por el señor L. E. M. A., reprodujo el supuesto de hecho de que trata el parágrafo del artículo 42 de la Ley 633 de 2000”(63).

La resolución de preclusión se notificó personalmente al ahora demandante el 24 de marzo de 2009(64).

5.2. Aspectos relacionados con la prueba de los perjuicios.

— Se allegó al proceso constancia de una profesional en sicología(65), en la cual afirmó que de enero a septiembre de 2010 realizó “intervención psicológica” (sic) a la familia del aquí demandante a fin de tratar la problemática derivada “del impacto psicoemocional negativo en todos los miembros familiares a causa del proceso penal en contra del Sr. L. E., relacionado con el pago del impuesto del IVA; lo cual ha afectado la dinámica familiar, las relaciones sociales, los vínculos laborales y el estado de salud, principalmente del Sr. L. E.” y agregó (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Los aspectos mencionados y otros más relacionados, han sido tratados durante la intervención con el objetivo de propiciar un bienestar psicosocial y físico en el Sr. L. E., que le permitiera fortalecer su capacidad de afrontar de la manera más asertiva las circunstancias que le rodean; lo cual se logró, evidenciando un cambio positivo en la dinámica familiar y en su estado emocional y físico(66) (se destaca).

— Se adjuntó con la demanda el plan de tratamiento por fisioterapia realizado el 26 de febrero de 2009, aplicado para lograr la movilidad y eliminar los dolores padecidos por el señor M. A. en la región cervical, lográndose un 50% de mejoría(67).

Posteriormente, el 22 de octubre de 2009, el señor M. A. acudió al Centro de Rehabilitación Integral y Medicina del Deporte para la realización de fisioterapia para el manejo de “cervicalgia”. Se reportó “evolución lenta, el paciente refiere continuar con mucho dolor. Se remite a control de neurocirujano”(68).

Igualmente se aportó la epicrisis padecida por el señor L. E. M. A. atendida en la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda. Se reportó como fecha de ingreso el 21 de octubre de 2010 y que egresó, el 24 del mismo mes y año. En esa oportunidad, se registró lo siguiente (se transcribe de manera literal incluidos posibles errores):

“Paciente de 57 años con cuadro de discopatia cervical el cual es programado para el día de hoy se realiza discectomia C3-4, 4-5 y 5-6 con reemplazo con cage y placa autoestable desde C3 HASTA C6. Vía anterior, procedimiento bien tolerado con sangrado moderado, HTA PREQX que se controló espontáneamente en el acto quirúrgico”(69).

— El 19 de julio de 2010, el gastroenterólogo valoró al demandante M. A. y determinó que se trata de un “paciente con RGA asociado a hernia hiatal se indica TTO con omeprazol 40 mg antes del desayuno y comida por tres meses”(70). Esta evaluación confirmó los diagnósticos efectuados el 18 de enero de 2010 y 3 de febrero de 2010 en los que se evidenció que padecía de “gastritis antral y corporal eritematosa. Hernia hiatal por deslizamiento”(71) (sic).

6. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material probatorio antes relacionado, la Sala encuentra que el señor L. E. M. A. fue objeto de una investigación penal, sindicado del delito de omisión del agente retenedor o recaudador, vinculado como persona ausente, motivo por el cual se le designó defensor de oficio.

Con base en la investigación, en sentencia del 3 de marzo de 2008, el Juzgado Penal del Circuito de XX lo condenó como autor del delito de omisión del agente retenedor o recaudador al encontrar que no había cumplido con las obligaciones tributarias a su cargo.

El señor M. A., al conocer de la existencia de la sentencia condenatoria, interpuso una acción de tutela y la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante fallo del 13 de febrero de 2009, declaró la nulidad de la sentencia penal, al encontrar una violación al debido proceso del allí condenado.

El juez constitucional soportó su decisión en el hecho de que la Fiscalía no realizó los esfuerzos procesales necesarios para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso para que ejerciera, a cabalidad, su derecho de defensa.

Ante la declaratoria de nulidad, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira en providencia del 24 de marzo de 2009, precluyó la investigación seguida en contra del señor M. A. al estar probado que no existía ninguna obligación tributaria pendiente con la DIAN.

En la citada providencia se argumentó que el 19 de septiembre de 2008, la DIAN certificó que el señor L. E. M. A. canceló la totalidad de las obligaciones objeto de la denuncia penal(72).

Igualmente, la Fiscalía adujo que atendiendo lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga totalmente la obligación tributaria, no habrá lugar a responsabilidad penal y que en el presente caso, el señor M. A. ajustó su actuar a lo dispuesto en la citada norma, razón para precluir la investigación seguida en su contra(73).

Ahora bien, de la providencia que precluyó la investigación se infiere, de un lado, que al encontrarse el señor M. A. a paz y salvo con la DIAN, no existía mérito para que la Fiscalía lo acusara como autor delito de omisión del agente retenedor o recaudador.

De otra parte, que el ente acusador incumplió con sus deberes al no actualizar la información entregada por la DIAN como soporte de la denuncia, lo anterior a fin de determinar el estado de la deuda tributaria que tenía el aquí demandante y en la eventualidad de encontrarse a paz y salvo declarar o solicitar la preclusión de la investigación.

Igualmente, la Sala encuentra que la DIAN no cumplió con sus deberes, pues omitió informar a la Fiscalía, de manera veraz y oportuna, cuál era el estado de cuenta del señor M. A.

En efecto, en el sub examine es claro que la DIAN, pese a que el aquí demandante había cancelado el monto total de la obligación, seguía reportando al proceso penal que aún ostentaba la calidad de deudor y fue, precisamente, tales datos que indujeron en error al juez y que soportaron la condena a él impuesta.

6.1. Análisis de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Nacional de Impuestos, DIAN.

En el presente caso, la Sala encuentra que en el fallo de tutela referido se pone en evidencia que en la investigación penal seguida en contra del señor M. A. se desconocieron sus derechos fundamentales.

En efecto, por un lado, se tiene que el de juez tutela comprobó que la Fiscalía no realizó los esfuerzos suficientes para ubicar al sindicado y así permitirle su comparecencia a la investigación, a fin de que pudiera ejercer a plenitud su derecho de defensa y acreditar el pago de sus obligaciones tributarias.

De otra parte, la Sala observa que, no obstante que el señor M. A. se encontraba a paz y salvo con la DIAN, la Fiscalía dictó resolución de acusación en su contra argumentado que el referido sindicado era deudor de dineros como agente retenedor del IVA.

6.1.1. Así las cosas, si bien es cierto que la investigación penal se soportó en la información suministrada por la DIAN, la Sala no puede justificar que el ente acusador omitiera decretar las pruebas destinadas a determinar el estado de la obligación tributaria de la cual era titular el aquí demandante y que justificó la denuncia interpuesta en su contra, más cuando el mismo tipo penal por el cual se investigó al aquí demandante posibilita dictar una resolución preclusiva de encontrarse demostrado el pago total de la obligación.

Ahora bien, pese a que al expediente no se allegó la resolución de acusación dictada en contra del señor M. A., basta observar que la Fiscalía, aún en la etapa del juicio, seguía sosteniendo que el sindicado poseía deudas con la DIAN.

Tal postura permite determinar para dicha etapa procesal que la Fiscalía no contaba con una información actualizada relacionada con el estado de la deuda tributaria reclamada al implicado.

Para demostrar lo anterior, basta tener en cuenta que el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas refirió en la sentencia condenatoria que la Fiscalía, al presentar sus alegatos en la audiencia pública realizada el 23 de agosto de 2007, expresó:

“Manifestó [la Fiscalía] que dentro de la causa en la que se juzga a L. E. M. A. se demostró su responsabilidad en el ilícito porque dejó de consignar las sumas retenidas o autoretenidas por concepto de impuestos sobre las ventas y retención en la fuente por valor total de $3998.00; igualmente se acreditó también con los requerimientos legales realizados al encartado por la DIAN para pago de las sumas discriminadas como declaraciones de impuesto a la renta correspondiente firmada por el procesado y la representación legal que la sociedad M. y M. en cabeza del señor M. A., pruebas que acrediten la responsabilidad penal únicamente en cabeza de L. E. M. A.. Solicitó se profiera sentencia condenatoria”(74) (se destaca).

En este orden de ideas, para la Sala es válido afirmar que para la Fiscalía, hasta el momento de realizarse la audiencia pública, esto es, tres años después de la denuncia, el señor M. A. continuaba siendo deudor tributario de la DIAN, postura con la que desconoció que ya había cancelado el monto total de las obligaciones a su cargo, pues esto ocurrió con anterioridad al 2007, toda vez que conforme a la certificación expedida por la DIAN, los pagos se realizaron entre los años 2005 y 2006, siendo así la situación fáctica no existía mérito para que el ente acusador le solicitara al juez se dictara sentencia condenatoria.

De otra parte, en la citada normativa se prescribía que le correspondía a la Fiscalía General de la Nación “dirigir, realizar y coordinar la investigación en materia penal”(75); de igual forma, dentro de las atribuciones que consagraba el estatuto procesal, se destaca la de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”(76), para lo cual se encuentra revestida de facultad de decretar pruebas.

Igualmente, se establecía que “en cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal General de la Nación o su delegado declarará precluida la investigación penal mediante providencia interlocutoria”(77), lo cual presupone llevar a cabo una dinámica actividad probatoria durante toda la etapa de la investigación y no reducirse a lo expuesto en la denuncia, pues de ser así nunca se alcanzaría la verdad de los hechos.

Asimismo, se resalta que una de las finalidades de la investigación previa que tenía a cargo la Fiscalía, la cual, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal, era la de “determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades”.

De las normas referidas en precedencia, se infiere que era deber de la Fiscalía adelantar una investigación integral a fin para determinar si la conducta por la que se denunció al señor L. E. M. A. ocurrió, por tanto, debió indagar y recaudar el material probatorio suficiente para constatar si se había dado cumplimiento a las obligaciones que reportó la DIAN como deudas a cancelar y en la eventualidad de haberse realizado su pago decretar la preclusión de la investigación.

En efecto, la Sala encuentra que los compromisos procesales referidos no fueron acatados por la Fiscalía y, es precisamente esta omisión, la que condujo al ente instructor a dictar resolución de acusación en contra del aquí demandante desconociendo que para dicho momento la obligación ya había sido cancelado, pues ninguna prueba solicitó a fin de comprobarlo y solo le bastó la información suministrada por la DIAN con la presentación de la denuncia.

No siendo suficiente lo anterior, mantuvo dicha postura hasta la realización de la audiencia pública de juzgamiento, oportunidad en la cual solicitó que, en contra del señor M. A., se dictara sentencia condenatoria.

En este orden de ideas, en el caso sub examine la Fiscalía General de la Nación, al no hacer uso de las competencias investigativas y no solicitar las pruebas requeridas a fin de acreditar el estado de la deuda del señor M. A., carecía de los soportes para dictarle resolución de acusación, circunstancia que conllevó a que posteriormente se condenara al señor L. E. M. A. por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, no obstante, el sujeto pasivo de la obligación tributaria se encontraba a paz y salvo.

Frente a la responsabilidad de la Fiscalía, la Sala estima necesario apoyarse en una decisión previa de la Subsección en la cual sostuvo:

“De las normas referidas en precedencia se infiere que era deber de la Fiscalía adelantar la investigación previa para determinar si la conducta por la que se denunció al señor J. A. C. G. ocurrió, por tanto, esta entidad debió indagar y recaudar el material probatorio suficiente para constatar el incumplimiento en los pagos de las obligaciones tributarias que puso en conocimiento la DIAN, lo cual no se evidencia de las pruebas que obran en el expediente, situación que condujo a que el ente instructor profiriera una providencia acusando al ahora demandante, sin fundamento probatorio y faltando a la verdad”(78).

6.1.2. Frente a la responsabilidad de la DIAN, la Sala considera que atendiendo lo alegado con al recurso de apelación, son dos los aspectos que deben ser estudiados: i). El primero tiene que ver con la obligación de reportar al proceso penal la información actualizada de las deudas del señor M. A. y ii). Si los perjuicios declarados, en primera instancia, tienen vinculación directa con el hecho dañoso.

Como acaba de verse, la DIAN fue la entidad que denunció al señor L. E. M. A. por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias como responsable del impuesto a las ventas, sin que posteriormente pusiera en conocimiento de la Fiscalía el pago respecto de la totalidad de las obligaciones.

De otra parte, la Sala considera importante señalar que la DIAN se constituyó en parte civil dentro del proceso penal y en dicha calidad contaba con la posibilidad de intervenir en las diferentes etapas procesales, no obstante ello, omitió informar a la Fiscalía que el señor M. A. no estaba en mora de cumplir con sus obligaciones tributarias como responsable del impuesto sobre las ventas.

Tal como se puso en evidencia, la DIAN no suministró al proceso penal una información que reflejara la realidad de los pagos efectuados por el denunciado y solo el 19 de septiembre de 2008 certificó a la Fiscalía que el señor M. A. se encontraba a paz y salvo, lo cual ocurrió con posterioridad a que se dictara la sentencia condenatoria, lo que había sucedido el 3 de marzo de la misma anualidad.

En efecto, no puede perderse de vista que si bien es cierto lo adeudado se pagó en varias cuotas, también lo es que la última de ellas se pagó el 1º de noviembre de 2006, tal como se infiere de la respuesta que la DIAN dio el 3 de diciembre de 2008 a la petición que presentó el señor M. A. y que obra a folio 55 del cuaderno 2 de copias.

Lo anterior permite deducir que, al momento de dictarse la sentencia, esto es el 3 de marzo de 2008, no existía compromiso tributario pendiente por parte del señor M. A. y no obstante ello, la DIAN, al omitir registrar los pagos efectuados, contribuyó a que se dictara una sentencia condenatoria en contra del aquí demandante.

Ahora bien, respecto de las funciones que están en cabeza de la DIAN, se debe resaltar que, según el Decreto 1071 de 1999, esta entidad tiene a su cargo la “administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias… en condiciones de equidad, transparencia y legalidad”(79), lo que implica que, para el desarrollo de dicho objetivo, debe mantener actualizado el estado de las obligaciones de los contribuyentes y, de conformidad con ello, ejercer las acciones pertinentes para que los responsables del pago del tributo cumplan con sus obligaciones.

A su vez, el artículo 5 del aludido Decreto —vigente para la época de los hechos— señalaba que esa función de administración de impuestos comprendía “su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Descendiendo al caso concreto y tras analizar las normas citadas en relación con las pruebas que obran en el expediente, se concluye que la DIAN incumplió las funciones generales que estaban dentro de su competencia en lo que a la administración de impuestos se refiere, dado que es evidente la falta de coordinación al interior de dicha entidad, toda vez que en las actuaciones desplegadas dentro del proceso penal se suministró información que no correspondía al verdadero estado de cuenta del señor L. E. M. A..

Adicionalmente, la Sala estima necesario reiterar que en el presente caso la DIAN se constituyó en parte civil dentro de la causa penal, tal como lo establecía el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos —Ley 600 de 2000—.

Al respecto, ese estatuto procesal consagraba unas facultades en cabeza de la parte civil, como la de “solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados”(80).

No obstante lo anterior, resulta cuestionable la actuación que desplegó la entidad aquí demandada, en su entonces condición de parte civil dentro del proceso penal, porque no informó el pago de las obligaciones tributarias en forma oportuna a la Fiscalía, cuando lo cierto es que el sindicado se encontraba a paz y salvo por este concepto.

Así las cosas, se concluye que existió una falla en el servicio por parte de la DIAN, no solo por su conducta omisiva en cuanto al cumplimiento de sus funciones al no comunicar en forma oportuna y veraz la información tributaria del contribuyente, más cuando ella fue la que activó el aparato judicial para perseguir la conducta punible, sino también con las acciones desplegadas que faltaron a la verdad e indujeron en error al juez al omitir dar a conocer que las obligaciones, ya pagadas, aún se encontraban en mora.

Al respecto, la Sala retoma lo decidido por esta Subsección en un caso similar al aquí analizado en el cual se determinó:

“No obstante lo anterior, resulta cuestionable la actuación que desplegó la entidad aquí demandada, en su entonces condición de parte civil dentro del proceso penal, porque no informó el pago de las obligaciones tributarias en forma oportuna al juez, cuando este se lo solicitó y, más aún, al exponer en la audiencia pública, previa a proferir sentencia, que a la fecha el señor C. G. se encontraba en mora respecto de los cuatro primeros bimestres de 2004, cuando lo cierto era que solo debía uno de esos períodos, lo que resulta a todas luces contrario al rol que debió ejercer y que se le imponía por disposición de la ley.

“Así las cosas, se concluye que existió una falla en el servicio por parte de la DIAN, no solo por su conducta omisiva, en cuanto al cumplimiento de sus funciones al no comunicar en forma oportuna y veraz la información tributaria del contribuyente, más cuando ella fue la que activó el aparato judicial para perseguir la conducta punible, sino también con las acciones desplegadas que faltaron a la verdad e indujeron en error al juez, al manifestar que las obligaciones, ya pagadas, aún se encontraban en mora(81)”.

Así las cosas, la Sala considera que no obstante las irregularidades en las cuales incurrieron las entidades demandadas, lo cierto es que el daño causado al aquí demandante no es consecuencia de dichas omisiones.

En efecto, para la Sala es claro que las entidades demandadas incurrieron en un defectuoso funcionamiento en el cumplimiento de sus funciones al no actualizar las bases de datos que daban cuenta de los pagos efectuados por el señor M. A. y que al encontrarse a paz y salvo con las obligaciones tributarias, se configuró una circunstancia legal para que la Fiscalía solicitara la preclusión de la investigación.

No obstante lo anterior y pese a la citada omisión, la Sala no encontró probado el daño reclamado con la demanda, pues si bien es cierto que en contra del aquí demandante se dictó una sentencia condenatoria como consecuencia de la errada información que suministró la DIAN, a lo cual se sumó la pasividad probatoria de la Fiscalía, tal decisión judicial no generó realmente una afectación al derecho a la libertad del señor M. A., toda vez que nunca se lo privó del ejercicio de esa garantía constitucional y tampoco acreditó, la parte actora, que se hubieran producido afectaciones a otro tipo de derechos, pues se limitó a referir que la salud, tanto física como emocional del demandante, se agravó, punto que se analizará a continuación.

Con el recurso de apelación, la DIAN censuró que la parte actora no acreditó la conexidad que existe entre los perjuicios solicitados en reparación y el comportamiento administrativo de dicha entidad. Concretamente, alegó que no se demostró el vínculo que une las alteraciones emocionales y las enfermedades aducidas por el aquí demandante, con su actuación.

Al respecto, vale anotar que frente a este punto el a quo argumentó que si bien al expediente se allegó prueba documental que da cuenta de la alteración de condiciones de salud del señor M. A., lo cierto era que “no es posible conectar en una relación de causa a efecto directo, entre estos quebrantos de salud y las connotaciones que lleva la sentencia condenatoria”(82).

Empero, agregó el Tribunal de primera instancia que atendiendo la lógica y las reglas de la experiencia “nos lleva a apreciar que en el daño a la salud en la persona de L. E. M. A. si bien no como causa directa, si tuvo incidencia la falla en el servicio que llevó a una sentencia penal condenatoria(83) (se destaca) y con fundamento en dicho razonar reconoció perjuicios inmateriales sustentados en el “daño a la salud” padecida por el aquí actor.

Es precisamente esta postura la censurada por la DIAN en su apelación, para lo cual adujo que el actor no demostró “el nexo causal que debe existir entre la falla del servicio de la entidad y el daño que menciona se le causó, esto es, los problemas cervicales”(84).

Agregó que para soportar el reconocimiento de las pretensiones resulta indispensable “acreditar que las alteraciones o cambios de tipo fisiológico que sufrió el señor L. E. M. A. fueron causa o existe nexo causal con la falla en el servicio atacada”(85), pues a su juicio sostener que la enfermedad discal se originó en la sentencia condenatoria, no es más que una especulación.

En el presente caso, la Sala advierte que el a quo, pese a reconocer que no se probó la existencia de un vínculo directo entre las enfermedades y la falla de la administración, consideró procedente reconocerle perjuicios al demandante aduciendo que la actuación del Estado “incidió” en el daño a la salud que padeció el señor L. E. M. A..

La Subsección se aparta del anterior argumento y acoge el planteamiento de la DIAN, pues resulta cierto que en el presente caso no se demostró que los padecimientos de la salud del aquí demandante fuesen consecuencia directa de las actuaciones de la Administración y, en tal sentido, no se probó el daño, pues no se puede aceptar que la “incidencia” en la producción de las dolencias sea equivalente a una relación de causalidad directa.

Al respecto, cabe anotar que el aquí demandante conoció de la existencia de la sentencia condenatoria dictada en su contra el 25 de agosto de 2008 y conforme lo probó la parte actora, el acompañamiento sicológico se llevó a cabo durante los meses de enero a septiembre de 2010, lo cual permite evidenciar que no existió una continuidad temporal entre las supuestas alteraciones sicológicas y su conexidad con la falla de la administración, pues no entiende la Sala cómo si las dolencias eran de la dimensión que pretende hacer valer la parte actora tardó tanto en acudir a un profesional para que se las atendiera, de ahí que pueda considerarse la existencia de una vinculación directa entre ellas.

Iguales consideraciones merecen lo referido al tratamiento de fisioterapia por la enfermedad lumbar, pues este se llevó a cabo en febrero de 2009 y la operación lumbar ocurrió en el 2010, por su parte, las valoraciones de gastroenterología se efectuaron en el 2010, por tanto, frente a tal panorama, la Sala no encuentra que se haya demostrado una vinculación entre las enfermedades padecidas por el actor y la falla en el servicio.

En este orden de ideas, para la Sala resulta forzoso concluir que en el presente caso no se demostró que el referido cuadro de salud ocurrió como un resultado directo del hecho de que el señor M. A. conociera de la existencia de la sentencia dictada en su contra y, en tal sentido, al no demostrarse que el daño reclamado en reparación se originó en la falla en el servicio se revocará lo decidido por el juez de primera instancia y se negarán las pretensiones.

7. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, para en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando dentro del proceso.

4. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de Sala Plena del 9 de septiembre de 2008. exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

31 Folio 5 del cdno. 2 de pruebas.

32 Folio 56 del cdno. 2 de pruebas.

33 Folio 13 del cdno. de primera instancia.

34 Folio 62 del cdno. de primera instancia.

35 Folio 63 del cdno. de primera instancia.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-2000-01353-01(27452), CP: Olga Mélida Valle de De La Hoz.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 25000-23-26-000-2002-00696-01(26577), C.P. Hernán Andrade Rincón.

39 El Jefe de la Secretaría Seccional de Fiscalías de Risaralda hizo constar que las fotocopias son fiel reproducción el proceso penal adelantado en contra del aquí demandante (fl. 35 del cdno. 2 de copias). Igual constancia se expidió por parte del secretario del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (fl. 43 del cdno. 2 de copias).

40 Folio 3 del cdno. 1 de pruebas.

41 Folio 4 del cdno. 1 de pruebas.

42 Folio 14 del cdno. 1 de pruebas.

43 Folio 41 del cdno. 1 de pruebas.

44 Folio 43 del cdno. 1 de pruebas.

45 Folio 58 del cdno. 1 de pruebas.

46 Folio 63 del cdno. 1 de pruebas.

47 Folio 63 del cdno. 1 de pruebas.

48 Folio 58 del cdno. 1 de pruebas.

49 Folio 60 del cdno. 1 de pruebas.

50 Folio 64 del cdno. 1 de pruebas.

51 Folio 47 del cdno. 2 de pruebas.

52 Folio 44 del cdno. 2 de pruebas.

53 Folio 45 del cdno. 2 de pruebas.

54 Folio 102 del cdno. 1 de pruebas.

55 Folio 55 del cdno. 2 de copias.

56 Folio 21 del cdno. 2 de pruebas.

57 Folio 3 del cdno. 2 de pruebas.

58 Folio 5 del cdno. 2 de pruebas.

59 Folio 15 del cdno. 2 de pruebas.

60 Folio 20 del cdno. 2 de pruebas.

61 Folio 33 del cdno. 2 de pruebas.

62 Folio 30 del cdno. 2 de pruebas.

63 Folio 32 del cdno. 2 de pruebas.

64 Folio 34 del cdno. 2 de pruebas.

65 Frente a la información suministrada por la sicóloga se allegó al expediente consentimiento informado suscrito por el paciente L. E. M. A., por medio del cual autoriza a la profesional tratante a dar a conocer los datos consignados en la historia (fl. 25 del cdno. 2 de pbas).

66 Folio 22 del cdno. 2 de pruebas.

67 Folio 38 del cdno. de primera instancia.

68 Folio 39 del cdno. de primera instancia.

69 Folio 26 del cdno. de primera instancia.

70 Folio 33 del cdno. de primera instancia.

71 Folio 35 del cdno. de primera instancia.

72 Folio 30 del cdno. 2 de pruebas.

73 Folio 32 del cdno. 2 de pruebas.

74 Folio 59 del cdno. 2 de pruebas.

75 Artículo 74 de la Ley 600 de 2000.

76 Artículo 114 de la Ley 600 de 2000.

77 Artículo 39 de la Ley 600 de 2000.

78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2017, radicado 63001-23-31-000-2008-00171-01(39533).

79 Artículo 4º del Decreto 1071 de 1999.

80 Artículo 50 de la Ley 600 de 2000.

81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2017, radicado 63001-23-31-000-2008-00171-01(39533).

82 Folio 206 del cdno. de primera instancia.

83 Folio 207 del cdno. de primera instancia.

84 Folio 230 del cdno. de segunda instancia.

85 Folio 230 del cdno. de segunda instancia.