Sentencia 2011-00060 de octubre 29 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según Acta 89 de la fecha

Radicación: 470011102000201100060 01

Referencia: Funcionario en apelación.

Denunciado: Pedro Miguel Vicioso Cogollo.

Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena.

Denunciante: Néstor José Carvajal Navas.

Magistrado Ponente:

Dra. Angelino Lizcano Rivera

Primera instancia: Sanción seis (6) meses de suspensión e inhabilidad especial por el mismo término.

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.”, en concordancia con los artículos 193 y 194 de la Ley 734 de 2002 —Código Disciplinario Único—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

En igual sentido se pronunció en el Auto 372 del 26 de agosto de 2015.

Del asunto a pronunciarse la Sala. Se tiene que mediante providencia del 22 de octubre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena(32), sancionó al doctor Pedro Miguel Vicioso Cogollo, en su calidad de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena, con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, por la transgresión del numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por el desconocimiento de los artículos 2º, 488 y 497 del Código de Procedimiento Civil.

Consideró la Sala que la prueba documental no deja duda de que el funcionario judicial investigado profirió un mandamiento de pago ejecutivo de un proceso en el que no le fue solicitada tal decisión, pues el apoderado de la parte demandante dentro del proceso de deslinde de la referencia, solicitó que el juzgado hiciera entrega material de la posesión ordenada en la sentencia, petición que sería resuelta por el encartado mediante proveído del 1º de diciembre de 2010, ordenando ejecutar la línea divisoria y requiere a los demandados para que permitan a la demandante trazar esa misma línea, lo cual realizaría con fundamento en una sentencia que no cumple con los requisitos de un titulo ejecutivo.

Límites de la apelación: Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por la recurrente.(33)

Asunto a resolver: El debate se centra en establecer si el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena, efectivamente omitió sus deberes funcionales al proferir un mandamiento de pago ejecutivo de un proceso, en el que no le fue solicitada tal actuación por la parte interesada, pues el apoderado de la parte demandante dentro del proceso de deslinde de la referencia, solicitó que el juzgado hiciera entrega material de la posesión ordenada en la sentencia, petición que sería resuelta por el encartado mediante proveído del 1º de diciembre de 2010, donde ordenó ejecutar la línea divisoria y requiere a los demandados para que permitan a la demandante trazar esa misma línea, lo cual realizaría con fundamento en una sentencia que no cumple con los requisitos de un titulo ejecutivo.

Del caso en estudio. En el caso sub examine, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, resolvió mediante proveído 22 de octubre de 2014, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, dispuso sancionar al doctor Pedro Miguel Vicioso Cogollo, en su condición de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, por la transgresión del numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por el desconocimiento de los artículos 2º, 488 y 497 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que presuntamente omitió sus deberes funcionales al proferir un mandamiento de pago ejecutivo de un proceso, en el que no le fue solicitada tal actuación por la parte interesada, pues el apoderado de la parte demandante dentro del proceso de deslinde de la referencia, solicitó que el juzgado hiciera entrega material de la posesión ordenada en la sentencia, petición que sería resuelta por el encartado mediante proveído del 1 de diciembre de 2010, donde ordenó ejecutar la línea divisoria y requirió a los demandados para que permitieran a la demandante trazar esa misma línea, lo cual realizaría con fundamento en una sentencia que no cumple con los requisitos de un titulo ejecutivo; normas que son del siguiente tenor:

“L. 270/96 - ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

“Código de Procedimiento Civil

ART. 2º—Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.

Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya.

ART. 488.Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294.

ART. 497.Mandamiento ejecutivo. El nuevo texto es el siguiente:> Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.

<Inciso adicionado por el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad” (subrayado y Negrilla fuera de texto).

Conforme al acervo probatorio se tiene establecido que el disciplinable efectivamente tramitó proceso declarativo de deslinde y amojonamiento Radicado bajo el 2007-00320, adelantado por Nohemí Martínez de Daza contra Iglesia Evangelica de Boston y/o Iglesia Evangelista de Boston, el cual fue repartido al despacho del Juzgado Primero Civil Municipal de Ciénaga - Magdalena, el 29 de enero de 2007(34), a lo cual la doctora Rocío Fernández Díaz Granados, en su calidad de juez de dicho despacho judicial, dictó auto admisorio de la demanda el 2 de agosto de 2007(35), ordenando correr traslado de la misma y la respectiva inscripción de la demanda ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga.

Seguidamente, a través de auto adiado el 16 de abril de 2008(36), el doctor Carlos Aníbal Vides Reales, en su calidad de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena, ordenó incluirse como demandado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “Incoder”. De tal forma, mediante auto del 18 de febrero de 2009, el encartado, ya en conocimiento de las diligencias de marras, fijó el día 27 de febrero de 2009(37), para llevar a cabo diligencia de deslinde y amojonamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, designándose como perito al señor Pedro Pablo Angarita Rada, quien se encontraba inscrito en la lista de auxiliares de la justicia del despacho; sin embargo, llegada dicha calenda(38), no se pudo tramitar la diligencia, en virtud de la existencia de fallos de tutela pendientes y vigilancia judicial en incidente de desacato. Por lo tanto, se fijarían posteriormente los días 25 de marzo de 2009(39) y 23 de abril de 2009(40), para llevar a cabo la diligencia de deslinde y amojonamiento, la cual no se llevó a cabo, tras la incomparecencia de las partes y del perito y tras ser relevado el perito y nombrándose al señor Franklin Guevara Leoture.

Así las cosas, el 13 de mayo de 2009(41), se llevó a cabo la diligencia de deslinde y amojonamiento; por lo tanto, a través de auto del 4 de junio de 2009(42), el disciplinado ordenó la suma de $1´490.000 como agencias en derecho de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003, emanado por la Sala administrativa de esta colegiatura. Dicho auto de fijación de costas, seria objetado por el representante del Incoder, a lo cual el despacho del encartado, optó mediante auto del 16 de diciembre de 2009(43), por no acceder a dicha objeción. De tal forma, a través de proveído adiado el 1º de septiembre de 2009(44), el despacho del investigado impartió aprobación a las liquidaciones de las partes, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

De otra parte, se tiene que a través de memoriales adiados los días 23 de septiembre(45) y 26 de noviembre de 2009(46), el abogado Rafael Granados Segrera, en su condición de apoderado de la demandante, solicitó al despacho judicial del encartado, para que librara mandamiento de pago y ejecutara la sentencia de deslinde y amojonamiento proferida el 13 de mayo de 2009, en aplicación del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil; dicha solicitud seria atendida por el funcionario judicial sancionado, mediante proveído del 15 de diciembre de 2009(47), a través del cual ordenó “librar mandamiento de pago ejecutivo a favor de Nohemí Martínez de Daza y contra Iglesia Evangélica Boston, por la suma de $2´381.966, más los intereses legales y moratorios desde que se hizo exigible la obligación, hasta que se verificara el pago de la misma y las costas del proceso, de conformidad con lo establecido en la sentencia dictada el 13 de mayo de 2009”.

Así mismo, obra proveído adiado el 8 de agosto de 2010(48), mediante el cual ordenó el encartado seguir con la ejecución solicitada por la parte demandante dentro del proceso declarativo surtido con el Radicado 2007-00320, al igual que practicarse la respectiva liquidación del crédito de acuerdo al artículo 521 del C.P.C. Por lo tanto, a través de auto del 23 de julio de 2010(49), el disciplinable liquidó el crédito, quedando a disposición de las partes por un capital total de $2´381.966, intereses moratorios en $542.554, para un total de $2´924.520; de otra parte, se señaló como agencias en derecho la suma de $204.716. La anterior liquidación ante no presentarse objeción alguna, se aprobó mediante auto del 12 de agosto de 2010(50).

Proseguidamente, el litigante Rafael Granados Segrera, en su calidad de apoderado de la parte demandante, presentó memorial el 17 de agosto de 2010(51), solicitando, con fundamento en el artículo 337 del Código de Procedimiento Civil, “hacer entrega a su cliente, la señora Nohemí Martínez de Daza, la posesión ordenada en la sentencia 13 de mayo de 2009”. (Sic). Así entonces, el funcionario judicial encartado a través de proveído adiado el 1º de diciembre de 2010(52), resolvió que “teniendo en cuenta que la decisión proferida el 13 de mayo de 2009, se encontraba debidamente ejecutoriada y toda vez que la solicitud del extremo activo tenía fundamento plausible, entendiendo ello que no solo contraía a la entrega de la posesión a la demandante del predio El Cincuenta, con arreglo a la línea divisoria trazada, sino tan bien a la ejecucion material de la multicitada sentencia, conforme lo preceptuado en el artículo 334 del C.P.C.”. De tal forma, optó el disciplinado a acceder a la susodicha ejecución material, en el sentido de ejecutar materialmente la línea divisoria entre los predios El Cincuenta y El Paraíso, teniendo en cuenta los límites establecidos en la sentencia del 13 de mayo de 2009.

Pues bien, tal como lo señaló la Sala a quo sobre dicha decisión, el disciplinable profirió una ejecución material de una sentencia de deslinde y amojonamiento, cuando ello no le fue solicitado por la parte interesada, pues está claro para esta superioridad que el apoderado de la parte demandante, a través de memorial presentado el 17 de agosto de 2010, solicitó únicamente al despacho del investigado que se hiciera entrega material de la posesión ordenada en la sentencia de deslinde y amojonamiento proferida dentro del asunto de la referencia el 13 de mayo de 2009; dicha petición sería resuelta por el encartado mediante proveído del 1º de diciembre de 2010, ordenando ejecutar materialmente la línea divisoria y requiriendo a los demandados para que permitan a la demandante trazar esa misma línea, lo cual realizaría, bajo su interpretación de que “la solicitud del extremo activo tenía fundamento plausible, entendiendo ello que no solo contraía a la entrega de la posesión a la demandante del predio El Cincuenta, con arreglo a la línea divisoria trazada, sino tan bien a la ejecucion material de la multicitada sentencia, conforme lo preceptuado en el artículo 334 del C.P.C.”. (sic)

Por lo tanto, es por dichas conductas que deviene el reproche disciplinario al encartado toda vez que el encartado con fundamento en una sentencia que no cumple con los requisitos de un título ejecutivo, optó por ordenar su ejecución material, además de que lo hizo, cuando no fue solicitado por la parte directamente interesada, sino, por disposición oficiosa del despacho, tal como lo arguyó la Sala A quo; actuar con el cual vulnero el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 2º, 488 y 497 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a los puntos de disenso presentados por el disciplinado en su recurso de alzada, en primer lugar arguyó, que se le desconocieron los descargos y alegatos presentados, pues la Sala a quo consideró sin mayores disertaciones que el auto del 1º de diciembre de 2010, obedeció a la petición realizada por el demandante el 17 de agosto de 2010, mediante el cual solicitó la entrega de la posesión con fundamento en el artículo 337 del Código de Procedimiento Civil; de tal forma, se dejó de valorar la solicitud de ejecución realizada por la misma parte demandante el 26 de noviembre de 2009, a la cual verdaderamente se le dio respuesta con el auto proferido por el encartado. Por lo tanto, se sancionó al inculpado por un error de digitación, mas no por incurrir en una verdadera infracción a normas dispositivas de deberes funcionales, actuar con el cual se desatendería los principios de apreciación integral y necesidad y carga de la prueba.

Respecto a ello, aclara esta colegiatura, que si bien el apoderado de la parte demandante, dentro del proceso declarativo de marras, presentó memoriales los días 23 de septiembre(53) y 26 de noviembre de 2009(54), donde solicitó al despacho judicial del encartado, librar mandamiento de pago y ejecutar la sentencia de deslinde y amojonamiento proferida el 13 de mayo de 2009, en aplicación del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil; del recuento procesal realizado con anterioridad, queda claro para esta Superioridad que dicha solicitud sería atendida por el funcionario judicial sancionado, mediante proveído del 15 de diciembre de 2009(55), a través del cual ordenó “librar mandamiento de pago ejecutivo a favor de Noemí Martínez de Daza y contra Iglesia Evangélica Boston, por la suma de $2´381.966, más los intereses legales y moratorios desde que se hizo exigible la obligación, hasta que se verificara el pago de la misma y las costas del proceso, de conformidad con lo establecido en la sentencia dictada el 13 de mayo de 2009”.

Así mismo, a través de proveído adiado el 8 de agosto de 2010(56), ordenó el encartado seguir con la ejecución solicitada por la parte demandante dentro del proceso declarativo surtido con el radicado 2007-00320, al igual que practicarse la respectiva liquidación del crédito de acuerdo al artículo 521 del C.P.C. Por lo tanto, a través de auto del 23 de julio de 2010(57), el disciplinable liquido el crédito, quedando a disposición de las partes por un capital total de $2´381.966, intereses moratorios en $542.554, para un total de $2´924.520; de otra parte, se señaló como agencias en derecho la suma de $204.716. La anterior liquidación ante no presentarse objeción alguna, se aprobó mediante auto del 12 de agosto de 2010(58).

Sumado a lo anterior, es de tenerse en cuenta que el disciplinable de manera subjetiva, dio por entendido en el proveído proferido el 1º de diciembre de 2010(59), que “teniendo en cuenta que la decisión proferida el 13 de mayo de 2009, se encontraba debidamente ejecutoriada y toda vez que la solicitud del extremo activo tenía fundamento plausible, entendiendo ello que no solo contraía a la entrega de la posesión a la demandante del predio El Cincuenta, con arreglo a la línea divisoria trazada, sino tan bien a la ejecucion material de la multicitada sentencia, conforme lo preceptuado en el artículo 334 del C.P.C.”; por lo tanto, optó por ordenar la ejecución material de la diligencia de deslinde y amojonamiento, en el sentido de ejecutar materialmente la línea divisoria entre los predios El Cincuenta y El Paraíso, teniendo en cuenta los límites establecidos en la sentencia del 13 de mayo de 2009, lo cual no fue solicitado por el directamente interesado, contraviniendo con ello el artículo 2º del Código de Procedimiento Civil.

De otra parte, indicó la defensa que se transgredió el principio de legalidad y autonomía e independencia judicial al disciplinado, al ser investigado y sancionado por librar un mandamiento ejecutivo para cumplir con una sentencia de deslinde y amojonamiento, con el pretexto de que la ejecución de esa clase de sentencias está prohibida, con lo cual la jurisdicción disciplinaria habría invadido dicha orbita de autonomía, pues por vía interpretativa sesgada y arbitraria del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, le impuso al juez disciplinado la prohibición de adelantar la ejecución de una sentencia de deslinde y amojonamiento, lo cual habia sido peticionado por la parte demandante, bajo el pretexto de que la sentencia de deslinde y amojonamiento no constituye un título ejecutivo, dejando de citarse la norma Constitucional o legal que prohíba la mencionada ejecución; lo anterior toda vez que si no pudiese ser ejecutado el acta o sentencia de deslinde y amojonamiento, seria aceptar que tiene efectos meramente formales, sin trascendencia en el mundo real, ni en los derechos sustanciales de los ciudadanos que acuden a dicho proceso. Así las cosas, arguyó haberse desatendido el extracto jurisprudencial incorporado en los descargos que rindió dentro del asunto de marras.

Para esta Sala es de menester importancia recordar que si bien no existen pronunciamiento alguno que indique si el acto o sentencia de deslinde y amojonamiento, tenga o no merito ejecutivo; es de traer a colación el pronunciamiento de la Corte Constitucional en su Sentencia T-747 del 2013, mediante la cual se establecen las condiciones formales y sustanciales de un titulo ejecutivo; veamos:

“Los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación “(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.” Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada”.

De lo anterior, se puede concluir que el acto o sentencia de deslinde de amojonamiento no presta merito ejecutivo, pues si bien existe una obligación clara la cual es delinear los predios de acuerdo a los linderos establecidos en el acta o sentencia del 13 de mayo de 2009, al igual que es expresa, pues se obtiene de manera clara que la obligación es de hacer; la misma no es exigible, pues la sentencia no está sujeta a un plazo o a una condición; por lo tanto, no se trata de una obligación pura y simple, ya declarada tal como lo indica el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, es claro para esta Superioridad que la decisión proferida por el doctor Pedro Miguel Vicioso Cogollo, en su condición de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena, contravino la normatividad vigente en la materia, teniendo en cuenta que el funcionario judicial, optó por ordenar la ejecución material de una diligencia de deslinde y amojonamiento, en el sentido de ejecutar materialmente una línea divisoria, lo cual, en primer lugar, no fue solicitado por el directamente interesado; además, dicha providencia no configuraba un titulo ejecutivo que reuniera sus requisitos esenciales, contraviniendo con ello los artículos 2º, 488 y 497 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora, siendo la administración de justicia el ejercicio de un servicio a la sociedad, esencial e imprescindible, el incumplimiento de los deberes y obligaciones que lo constituyen afecta negativa y directamente su prestación, lesionando indiscutiblemente la imagen de la justicia, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito para la misma, pues la afrenta no sólo es contra uno de los pilares del Estado social de derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y efectividad en el mismo, incluidas las Entidades que forman parte de la estructura del Estado; así las cosas, estos comportamientos son los que se le reprochan al funcionario judicial en el presente asunto dado que por su rango de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena, al cual se le exige el más estricto cumplimento de los deberes de lealtad, probidad y honestidad, que implica el acatamiento a los deberes determinados por la Constitución Política y las leyes.

De la sanción. Persiste también la calificación de la naturaleza de la falta como grave y dolosa, atendidos los criterios señalados en el auto de cargos, esto es: 1) el de jerarquía y mando del funcionario inculpado; 2) la trascendencia social de la falta, pues con la conducta objeto de reproche al disciplinable fue a título de culpa dada la negligencia del investigado, puesto que el disciplinado no tuvo el cuidado necesario al momento de emitir la aludida providencia, pese a que la norma procesal civil referida indica cómo se debe proceder a surtir el trámite de los procesos civiles, y en qué casos se está ante un acta o sentencia que se puede ejecutar judicialmente; 3) la naturaleza esencial del servicio público de la administración de justicia.

Fundada la Sala en tales premisas y dado que para las faltas graves dolosas el artículo 44 numeral 2º de la Ley 734 de 2002(60) prevé exclusivamente la sanción de suspensión e inhabilidad especial, cuyos límites conforme al artículo 46 ibídem, oscila entre 1 y 12 meses y la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses, además atendida la ausencia de antecedentes, para la época de los hechos, resulta imperativo para esta Colegiatura confirmar la sentencia objeto de apelación proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, a través de la cual sancionó con suspensión de 6 mes e inhabilidad especial por el mismo término, en el ejercicio del cargo al doctor Pedro Miguel Vicioso Cogollo, en su condición de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al inobservar los artículos 2º, 488 y 497 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, se ordenará comunicar la presente decisión al Tribunal Superior del Magdalena, y a la dirección de carrera judicial, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 22 de octubre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, por medio de la cual sancionó con suspensión de 6 mes e inhabilidad especial por el mismo término, en el ejercicio del cargo al doctor Pedro Miguel Vicioso Cogollo, en su condición de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga - Magdalena, por haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al inobservar los artículos 2, 488 y 497 del Código de Procedimiento Civil, acordé con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

Segundo. COMUNICAR lo aquí resuelto al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Magdalena y a la Dirección de Carrera Judicial, para lo de su cargo.

Tercero. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Cuarto. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

32 M.P. Ruth Patricia Bonilla Vargas en Sala Dual con el H.M. Everardo Armenta Alonso

33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

34 Folio 1 c. a. 3

35 Folio 68 c. a. 3

36 Folio 96 – 7 c.a. 3

37 Folio 114 c. a. 3

38 Folio 118 c. a. 3

39 Folio 119 c. a. 3

40 Folio 128 c. a. 3

41 Folios 130 -139 c. a. 3

42 Folio 140 c. a. 3

43 Folio 145 c. a. 3

44 Folio 149 c. a. 3

45 Folios 150 – 151 c. a. 3

46 Folio 152 c. a. 3

47 Folio 153 c. a. 3

48 Folios 159 – 160 c. a. 3

49 Folios 162 – 163 c. a. 3

50 Folio 164 c. a. 3

51 Folios 165 – 166 c. a. 3

52 Folios 167 – 168 c. a. 3

53 Folios 150 – 151 c. a. 3

54 Folio 152 c. a. 3

55 Folio 153 c. a. 3

56 Folios 159 – 160 c. a. 3

57 Folios 162 – 163 c. a. 3

58 Folio 164 c. a. 3

59 Folios 167 – 168 c. a. 3

60 ART. 44- 2.—El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas”.