Sentencia 2011-00066 de abril 29 de 2015

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 1700111020002011 00066 01

Aprobado según Acta 32 de la misma fecha

Ref.: Apelación Sentencia.

Abogada: María Ximena Marulanda Montes

Bogotá, D.C., veintinueve abril de dos mil quince

Extractos: «Consideraciones de la Sala.

Conforme se dispone el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, se procede a revisar por vía de apelación la sentencia emitida el día nueve (9) de noviembre de 2012, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.

La controversia jurídica objeto de definición en el sub lite se circunscribe a determinar si la profesional del derecho sancionada, incurrió en la falta disciplinaria descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, esto es en concreto, si la abogada María Ximena Marulanda Montes faltó a la honradez, por “No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo”.

Esta Colegiatura, encuentra suficientes medios de convicción en el plenario, que arrojan certeza respecto a que la abogada Marulanda Montes trasegó por la conducta típica endilgada en los cargos, y por tanto, desde ahora 6anuncia(sic) que la sentencia objeto de apelación será confirmada; en consieración a que los presupuestos consagrados en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se encuentran satisfechos, tal y como pasa a explicarse.

En primer lugar, obra a folio 1 del “anexo 1. Cuaderno con prueba documental contiene del proceso 2010-402 del Juzgado Cuarto de Familia”, poder conferido por María Ruby y Rosa Angélica Quntero(sic) Giraldo, como hijas legítimas y Luis Gonzalo Quintero Henao, en calidad de cónyuge sobreviviente, a la abogada María Ximena Marulanda Montes, para que a su nombre “ (…) inicie y lleve hasta su culminación Proceso Sucesión Intestada de Nuestra Difunta Madre y Esposa María Angélica Giraldo de Quintero, fallecida en esta ciudad el 17 de agosto de 2008 (…)”, mandato que cumplió hasta la el acto de presentación del trabajo de partición y adjudicación(14), cuya aprobación quedó sujeta al paz y salvo correspondiente de la Dian, de acuerdo al auto de fecha 22 de octubre de 2010(15).

En relación con el trámite ante la Dian, del paz y salvo antes referido, Mercedes del Socorro Rojas Gallon, en su condición de G.I.T de Gestión de Cobranzas de la Dirección de Impuestos de Manizalez(sic), mediante comunicación 110242448-234, de fecha 26 de enero de 2011(16) dirigido al Juzgado Cuarto (4) de Familia de Manizalez(sic), con referencia, proceso de sucesión y liquidación de sociedad conyugal, “Nombre: Giraldo de Quintero María Angélica”, requiere a dicha agencia judicial “con el fin de dar trámite a la Sucesión de la referencia, comedidamente solicito enviar a esta División en el término de (10) días los siguientes documentos:

“Copia de la declaración de renta y pago año gravable 2009 Giraldo de Quintero Angélica.

Igulamente(sic) por ser liquidación de sociedad conyugal se solicita las declaraciones de renta y pago de los últimos cinco años del cónyuge sobreviviente Quintero Henao Luis Gonzalo.

Solicito se abstenga de continuar el trámite del proceso de la referencia hasta tanto no se profiera por este despacho comunicación en tal sentido”

Lo anterior prueba, que el trámite sucesoral encomendado a la disciplinable al momento de la aceptación de la revocatoria del poder a ella otorgado por parte del Juzgdo(sic) Cuarto de Familia(17), aún no había culminado, por cuanto falaba(sic) el cumplimiento de exigencias tributarias de la Dian y aún no se había proferido la sentencia de fondo correspondiente; luego la apreciación defensiva, dada por la inculpada en la versión libre en el sentido de asegurar, que el cometido encomendado estaba completamente realizado, no corresponde a la verdad, sin que ello signifique que su gestión profesional se pueda calificar de indiligente, razón por la cual el Tribunal de primera instancia se abstuvo de formular cargos por dicho comportamiento.

Así las cosas, el asunto a dilucidar en concreto, es si la profesional del derecho fuera de los honorarios pactados y recibidos por el trámite de la sucesión, recibió otros recursos adicionales relacionados o conexos con el tema, si le dio el destino para el cual los reclamó y en caso contrario, si hizo o no devolución a su mandante o cliente de dichos recursos.

No existe discusión de que los honorarios pactados, corresponde a la suma de $4.000.000.oo y que dicha suma fue cancelada en su totalidad por la señora María Ruby Quintero Giraldo, pues así lo afirmó la quejosa y lo aceptó la disciplinable en su versión libre.

En efecto, se oberva(sic) en el expediente cuatro (4) recibos expedidos por la inculpada por concepto de abono a sus honorarios por el trámite de la sucesión, con las siguientes valores y fechas:

•$1.500.000.oo fechado del 6 de Julio de 2010(18).

•$1.500.000.oo fechado del 18 de agosto de 2010(19).

•$1.000.000.oo fechado del 13 de septiembre de 2010(20).

•$250.000.oo fechado martes 13 sin indicar mes, de 2010(21).

Los medios de convicción antes referidos, no sólo prueban que la disciplinable María Ximena Marulanda Montes, recibió la suma total pactada de la quejosa María Ruby Quintero de Giraldo, por concepto de honorarios por garantizar hasta su culminación el tramite sucesoral, esto es, la suma de $4.000.000.oo; sino que adicionalmente, recibió la suma de $250.000.oo. por el mismo concepto.

Para la Sala, el recibo por parte de la disciplinable de los $250.000.oo adicionales a los $4.000.000.oo “abono sucesión” por concepto de honorarios, no encuentran justificación alguna, en razón a que como ya se dijo, el trámite sucesoral a ella encargado no lo concluyó, mas sí, recibió la totalidad de los honorarios pactados, aumentados en la suma de $250.000.oo.

Recuérdese que el mandato - poder(22), recibido por la abogada María Ximena Marulanda Montes al señalar su alcance, precisa que el mismo se otorga “(…) para que a nuestro para que a su nombre y representación inicie y lleve hasta su culminación Proceso Sucesión Intestada de Nuestra Difunta Madre y Esposa María Angélica Giraldo de Quintero, fallecida en esta ciudad el 17 de agosto de 2008 (…)” (resaltado fuera de texto)

Lo anterior es demostrativo, del pago total de los honorarios a la disciplinanble(sic) por parte de la quejosa María Ruby Quintero de Giraldo y de una suma adicional de $250.000., frente a un cumplimiento parcial del mandato pactado, por parte de la disciplinable, María Ximena Marulanda Montes, por cuanto la simple presentación de una partición al Juzgado no agota su objeto, toda vez que la misma puede ser objetada en la oportuniad(sic) procesal correspondiente y además militan exigencias de la Dian frente al proceso sucesorial que nunca se cumplieron mientras permaneció vigente el poder a ella otorgado.

El recibo adicional de $250.000 por parte de la disciplinable, tampoco en encuentran justificación en la posible asunción de gastos para la consecución de documentos e información para el trámite del proceso sucesorio, en consideración a que en la diligencia de ratificación de la queja la señora María Ruby Quintero Giraldo bajo la gravedad del juramento precisó que la inculpada fue tan sólo una vez con dicho propósito la localidad de Salamina acompañada de ella, circunstancia que se ratifica en la declaración rendida por el señor Antonio María Giraldo (cónyuge de la quejosa).

La entrega adicional de los $250.000.oo tampoco se justifica como gasto, para que en el proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción, se descartara a la quejosa María Ruby Quintero Giraldo como Curadora, por cuanto el señor Luis Gonzalo Quintero Henao sujeto potencial de la declaración de interdicción, falleció en el mes de diciembre de 2010(23), aspecto que pone de presente en la ampliación de queja la señora María Ruby y no existe prueba, de haberse dictado sentencia previamente en dicho proceso.

Adicionalmente, la abogada María Ximena Marilanda(sic) Montes, recibió dineros de parte de la quejosa por conducto de su cónyuge Antonio María Giraldo, sin que hubiese expedido recibo, para la práctica de un peritazgo, para la entrega de una suma de dinero a funcionarios de Agustín Codazzi, para gastos dentro del proceso de sucesión y para la búsqueda de un ancianato para el señor Luis Gonzalo Quintero Henao, dineros que no utilizó para el destino convenido y no los reintegró o devolvió a su mandante.

En efecto, la ratificación bajo la gravedad del juramento de la quejosa María Ruby Quintero de Giraldo, de manera armónica con la declaración del señor Antonia María Giraldo, dan fe que la abogada disciplinable, recibió la suma de $517.000.oo para costear los gastos del perito avaluador del inmueble “Las Merced” y se constató con el “agregado” de dicha finca, que el perito jamás cumplió dicha labor, según lo precisa la atestación de la quejosa. De la entrega de este dinero a la disciplinable, por parte de don Antonio María Giraldo por encargo de su cónyge(sic) a la abogada investigada, declaran de manera armónica y concordante como testigos presenciales, el señor Jose Henao Martinez y el señor Rogelio Osorio Giraldo, declaraciones todas dignas de credibilidad.

Así mismo, las declaraciones bajo la gravedad del juramento de María Ruby Quintero de Giraldo y Antonio María Giraldo, dan cuenta que la abogada María Ximena Marulanda Montes, recibió además, la suma de $500.000.oo para la consecución de un ancianato para el señor Luis Gonzalo Quintero Henao, sin que tal gestión se haya materializado y la suma de $150.000.oo para una “palada” con destino a funcionarios del Agustín Codazzi.

El acervo probatorio resaltado, junto con los demás medios de convicción arrimados a la presente investigación, vistas en su conjunto a la luz de la sana crítica, permiten a esta Superioridad concluir con certeza, acerca de la comisión de la falta imputada o irrogada a la disciplinable, por el Tribunal Seccional de primera instancia en el pliego de cargos y prueban así mismo su responsabilidad.

Se encuentra debidamente acreditado que la disciplinable María Ximena Marulanda Montes retuvo y retine dineros recibidos de parte de la quejosa por conducto de su esposo, para la práctica de una prueba de peritazgo para el avalúo de un inmueble, para la búsqueda de un ancianato del señor Luis Gonzalo Quintero Henao, para la entrega de dineros a unos funcionarios del Agustín Codazzi y para los gastos del proceso de sucesión, sin haberlos inverditos(sic) en la materialización de dichos propósitos y no obstante, haberse revocado el poder dentro del trámite sucesoral encomendado, dicho dinero recibido no lo devolvió a su mandante o cliente, sin que exista justificación jurídicamente atendible para tal proceder, es decir, procedió con antijuridicidad.

El acervo probatorio así mismo, permite concluir que la comisión de la falta por parte de la disciplinable, se dio a título de dolo tal y como se imputó, en consideración a que la profesional del derecho conocía del ilícito disciplinario y además quiso su realización, por cuanto decidió retener dineros de su cliente, para objetivos no materializados y concluido su mandato, no los reintegró o devolvió a su mandante, lo cual, constituye una conducta en contra a la honradez del abogado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 numeral 4, de la Ley 1123 de 2007.

En relación con la tasación de la sanción realizada por el tribunal de prmera(sic) instancia, esta Colegiada la considera razonable, necesaria y proporcional, en consideración al contexto en que se desarrolló y a la naturaleza misma de la falta.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de noviembre de dos mil doce (2012), por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable a la abogada, María Ximena Marulanda Montes, identificada con cédula de ciudadanía 30.335.096 y portadora de la tarjeta profesional 115994 por la falta a la honradez profesional descrita en el numeral cuarto (4) del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia decidió sancionarla con SUSPENSION de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y Cúmplase.»

14. Folios 142 a 152 del anexo 1 del expediente.

15. Folio 153 anexo 1 del expediente.

16. Folio 165 anexo 1 del expediente.

17. 18 de enero de 2011, según auto visible a folio 158 del anexo 1 del expediente.

18. Folio 18 C.O.

19. Folio 20 C.O.

20. Folio 19 C.O.

21. Folio 21 C.O.

22. Folio 1 del anexo 1 del expediente.

23. Según consta en registro de defunción visible a folio 183 del anexo 1.