Sentencia 2011-00077 de mayo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 1100010325000201100077 00 (0245-11)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Mariano Mena Lagarejo

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—

Bogotá, D. C., doce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Para resolver, se

Considera

El asunto a dilucidar gira entorno a determinar la legalidad de las resoluciones 1 de 29 de enero, 2419 de 14 de marzo y 4160 de 2 de mayo de 2007, expedidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, por medio de las cuales declaró responsable disciplinariamente al actor y lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 10 años para ejercer cargos públicos.

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala decidirá las excepciones propuestas por la parte demandada, así:

Caducidad de la acción. Afirma el Inpec que el acto administrativo contenido en la Resolución 4160 de 2 de mayo de 2006 no corresponde o no hace parte del proceso disciplinario, pues no contiene la manifestación de voluntad de la Dirección General del Inpec, razón por la cual el término de caducidad debe ser contado desde la Resolución 2419 de 14 de marzo de 2007 que confirmó la decisión inicial, notificada el 12 de abril del mismo año, ello significa que para el 31 de agosto de 2007, cuando se presentó la demanda ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, si se tiene en cuenta que según el artículo 136, numeral 2º del Código Contencioso Administrativo, tiene un término de 4 meses para interponerla.

Al respecto la Sala debe precisar que, si bien existe una imprecisión en la demanda al indicar el año 2006 como aquel en que se expidió la Resolución 4160 y no el 2007, lo cierto es que reposa dentro del expediente copia de dicho acto administrativo que ejecutó la sanción disciplinaria, de la cual se deduce que se trata de un error de digitación. En ese orden, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia, para efectos de contabilizar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha de expedición del acto de ejecución, es decir, la del 2 de mayo de 2007, por lo que al momento de presentación de la demanda, 31 de agosto del mismo año, (Fls. 2-36 cdno 2), no había vencido el término legal.

En consecuencia, no prospera la excepción.

La segunda excepción propuesta por el demandado inexistencia de la causal, será estudiada junto con el fondo del asunto por tener relación directa con este.

La actuación administrativa surtida dentro del proceso disciplinario, se desarrolló así:

El 1º de agosto de 2006 los Dragoneantes Juan David Preciado Valencia, Henry Clavijo Ramirez, Eduardo Toro Bernal y Javier Villa Metaute, en ejercicio de sus funciones de Policía Judicial, pusieron en conocimiento de la Directora del Establecimiento carcelario que habían recibido información de que en el alojamiento denominado “El Poblado”, cuarto 115, el Dragoneante Mariano Mena Lagarejo, tenía entre sus pertenencias 2 celulares, con su respectivo cargador, actuación contraria a los reglamentos del establecimiento carcelario.

En virtud del anterior informe las Directivas del Inpec ordenaron la inspección de los alojamientos del establecimiento carcelario con el fin de verificar las posibles irregularidades. Durante el procedimiento hallaron 3 (sic) celulares y sus respectivos cargadores, elementos que aparentemente, eran de propiedad del actor.

En consecuencia y para efectos de esclarecer los hechos, la entidad demandada dispuso mediante auto de 24 de agosto de 2006 dar apertura a la indagación preliminar. Posteriormente, con Auto 1 de 12 de enero de 2007, adoptó el proceso verbal para tramitar la investigación disciplinaria y citó a audiencia para que el inculpado rindiera su versión libre y aportara las pruebas que pretendía hacer valer dentro del proceso.

La audiencia se celebró el 22 de enero de 2007, y en ella se surtió la etapa probatoria.

Finalmente, el 29 de enero de 2007 se profirió fallo declarando responsable disciplinariamente al actor, decisión confirmada mediante Resolución 2419 de 14 de marzo del mismo año.

La sanción disciplinaria fue ejecutada a través de la Resolución 4160 de 2 de mayo de 2007.

Los cargos propuestos por el actor contra los actos demandados, son los que a continuación se estudian:

Falta de defensa técnica

Afirma el demandante que al no haber estado asistido dentro de la investigación disciplinaria por un abogado que representara sus intereses, estuvo en desventaja por carecer de defensa técnica, lo que desatiende el mandato del artículo 29 Superior.

Tal disposición literalmente establece:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho

(…)”.

Por su parte el artículo 229 ibídem, dispone:

“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

A su vez, la Ley 734 de 2002, en el artículo 17, es clara expresar:

“Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente”. En concordancia con el artículo 93 ibídem (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con las normas transcritas, al investigado se le debe garantizar el ejercicio de la defensa material, pero la designación de un abogado no es indispensable, pues el requisito de que la defensa técnica sea ejercida por un profesional del derecho ha sido reservado a los procesos penales que por la transcendencia del cargo imputado, lo ameriten(1).

Sobre este particular, esta Corporación(2) ha sostenido:

“Debe resaltar la Sala que a diferencia del derecho penal en materia disciplinaria la asistencia del apoderado no es obligatoria, porque en el primero la defensa técnica es fundamental para protección del derecho a la libertad personal o favor libertatis; mientras que en el disciplinario el artículo 165 C.DU., dispuso por ejemplo, que la notificación del pliego de cargos se hiciera personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere” (negrilla fuera de texto).

Ahora bien, para el ejercicio del derecho de defensa el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, establece dentro de los derechos del investigado, el de designar defensor, el cual al tenor del inciso 1º del artículo 155 ibídem, debe ser informado en el auto de iniciación de la investigación.

Sobre este particular, en el expediente obra el auto de 22 de enero de 2007 mediante el cual se citó a audiencia verbal, diligencia en la que el demandante manifestó no querer designar apoderado para ejercer su defensa técnica. Afirmó textualmente: “quiero decir lo siguiente, que toda persona investigada, sus derechos no deben ser vulnerados, que se le garantice que debe ser asistido por abogado de confianza o de oficio, mas no quiero apoderado de oficio ni en esta etapa del proceso ni nombrar apoderado contractual” (negrilla fuera de texto) (fl. 977 del cdno principal).

Lo anterior quiere decir que el investigado conoció previamente sus derechos y garantías y que el Inpec al momento de notificarle el auto que citó a audiencia verbal le informó del contenido y alcance del artículo 29 Superior, en especial del derecho a designar abogado. Pese a ello, manifestó su voluntad de no querer ser representado por un profesional del derecho.

En esas condiciones, el cargo formulado no está llamado a prosperar.

Expedición irregular

A juicio del actor, los actos acusados están viciados de nulidad en tanto no se declaró la nulidad del acto que dio inicio al proceso disciplinario por el procedimiento verbal, comoquiera que no estaban dados los requisitos señalados en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, para dicho trámite, con lo que se dio un prejuzgamiento y vulneración al principio de presunción de inocencia.

Sobre los casos en que se aplica el procedimiento verbal, el artículo 175 del Código Único Disciplinario, señala:

“El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

(…)”.

La entidad demandada, al valorar la decisión de apertura de investigación, determinó que estaban dados los presupuestos sustanciales para adelantar el proceso disciplinario por el procedimiento verbal, por reunir los requisitos del inciso 3º del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, y emitió pliego de cargos de conformidad con los artículos 161 y 162 ibídem.

Lo anterior, por cuanto determinó que objetivamente existía la falta disciplinaria descrita en el artículo 48, parágrafo 4, literal c) de la Ley 734 de 2002, y con las pruebas testimoniales se compromete la responsabilidad del disciplinado, situación que llevó a la adopción del trámite verbal para adelantar el proceso disciplinario, y que a su vez fue el fundamento para la formulación de los respectivos cargos que constituyen en últimas la columna vertebral dentro de la cual se debe desarrollar el proceso disciplinario, para que el investigado pueda ejercer su derecho de defensa.

No le asiste razón al demandante cuando afirma que existió prejuzgamiento y violación al derecho de presunción de inocencia, pues el hecho de que se adelantara la acción disciplinaria por el procedimiento verbal, no significa que de manera anticipada se declarara la responsabilidad del actor. Quedó demostrado dentro de la actuación administrativa que se surtieron todas las etapas propias del mismo, además, se le brindó la oportunidad al implicado de hacer uso de su derecho de defensa, solicitó pruebas, controvirtió las que no le eran favorables, presentó recursos y descargos, y tuvo conocimiento oportuno de las decisiones proferidas por la entidad demandada, sin que lograra desvirtuar los cargos endilgados.

Falsa motivación

Afirma la parte actora que las pruebas y los hechos que sirvieron de fundamento para proferir los actos demandados fueron apreciados erróneamente, desatendiendo los criterios y principios de la valoración probatoria. Agrega que el acervo probatorio fue recaudado contrariando los preceptos procedimentales y legales, al ser compilados por personas sin funciones de policía judicial, en consecuencia, no podía dictarse decisión con base en prueba ilegalmente aportada al proceso y que no ofrezca certeza.

Para efecto de resolver el anterior cargo, la Sala precisa que en materia disciplinaria las funciones de policía judicial, en principio, son exclusivas del Procurador General de la Nación, de conformidad con el artículo 277 inciso final de la Constitución Política, que dispone:

“El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados, tendrá las siguientes funciones:

(…)

Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias”.

A su turno, el artículo 148 de la Ley 734 de 2002 prevé:

“Atribuciones de policía judicial. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Constitución Política, para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación tiene atribuciones de policía judicial. En desarrollo de esta facultad, el Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones Especiales podrán proferir las decisiones correspondientes.

El Procurador General de la Nación podrá delegar en cualquier funcionario de la Procuraduría, en casos especiales, el ejercicio de atribuciones de policía judicial hubiere sido delegado podrá proferir las decisiones que requieran para el aseguramiento y práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, para efecto del ejercicio de las funciones de policía judicial establecidas en el inciso final del artículo 277, el Procurador General de la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el trámite procesal”.

No obstante, el Código de Procedimiento Penal (Ley 904 de 2004), artículo 202, establece que los directores nacionales y regionales del Inpec, así como los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario, tienen funciones de policía judicial permanente, en el ámbito de su competencia.

La Ley 65 de 1993, “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, modificado por las Leyes 415 de 1997 y 504 de 1999, dispuso frente a los centros carcelarios y las funciones de Policía Judicial asignadas, lo siguiente:

“ART. 41.—<Artículo modificado por el artículo 6º del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:>Funciones de Policía Judicial. Los Directores General, Regional y de establecimientos de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tendrán funciones de Policía Judicial para la investigación de delitos que se cometan al interior de los establecimientos de reclusión, en los términos del Código de Procedimiento Penal hasta que la Fiscalía General de la Nación asuma el conocimiento”.

Del recuento normativo transcrito se puede inferir que el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario —Inpec— cuenta con funciones de policía judicial expresamente para los eventos en que se investiguen delitos, sin embargo, esto no implica que no las pueda ejercer en los eventos en que deba averiguar faltas disciplinarias que se ejecuten al interior del centro carcelario tanto por parte de funcionarios adscritos al centro como de las personas que se encuentran allí recluidas, por cuanto por tratarse de conductas reprochables, no aceptadas por el ordenamiento jurídico, en su condición de máxima autoridad dentro del establecimiento penitenciario y carcelario no puede ser ajeno a estas situaciones y permitir que sus subalternos incurran en cualquier tipo de irregularidad que afecte el correcto funcionamiento de la entidad a su cargo, pues como servidor público y Director, le corresponde vigilar y tomar las medidas necesarias para que se cumpla la Constitución, la Ley y los reglamentos y para ello deberá hacer uso de las facultades y funciones que le son asignadas.

Lo anterior, en atención a lo previsto en el artículo 70 de la Ley 734 de 2002, que dispone:

“Obligatoriedad de la acción disciplinaria. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

(…)”.

La disposición descrita impone una función obligatoria para todo servidor público de denunciar los hechos irregulares que sean de su conocimiento así como la entrega de las pruebas que tenga en su poder y que demuestren la supuesta falta disciplinaria en que pueda estar incurso algún funcionario del Estado. De lo anterior se deduce que antes de iniciar una acción disciplinaria, puede adelantar averiguaciones sobre hechos irregulares, en ejercicio de la función de policía judicial que le fue otorgada a los Directores Generales, Regionales y de establecimientos de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de los resultados que arroje la investigación deberá darse traslado a la autoridad competente para que haga lo correspondiente.

Otra circunstancia de especial atención tiene que ver con la delegación que de dicha función pueda hacer el Director del centro de reclusión. Sobre este particular, es importante señalar que la normatividad en este aspecto no es precisa, pues se limita a establecer que los directores ejercerán dicha función en los términos del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que en su artículo 205, señala:

“Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia.

(…)” (resaltado fuera de texto).

Debido al sinnúmero de actos o diligencias que se pueden requerir para averiguar o investigar conductas disciplinarias, es imposible pensar que puedan ser desarrolladas por una sola persona, en este caso el Director del centro carcelario, motivo por el cual debe contar con la colaboración de funcionarios idóneos que por supuesto estén bajo su mando y orden, circunstancia que no necesariamente conlleva a concluir que las indagaciones fueron adelantadas de manera ilegal y que las pruebas que se recopilen corran la misma suerte.

En consecuencia, la inspección que se llevó a cabo en el centro carcelario y donde se hallaron 2 elementos de comunicación, fue ordenada por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de “Bellavista” de Medellín-Antioquia, funcionario competente y con funciones de policía judicial quien a su vez ejercía funciones de Comandante de Vigilancia del mismo, Capitán Libardo Acosta Bejarano apoyada por el Intendente Carlos Alberto Puentes Pineda, los Inspectores Feliciano Gutiérrez Herrera y Mena Loaiza y los Dragoneantes Henry Clavijo Ramírez, Eduardo Toro Bernal, Juan Preciado Valencia y Javier Villa Metaute, miembros de la Unidad de Policía Judicial del centro carcelario en mención, la cual tuvo origen en una información que fue suministrada vía telefónica por persona no identificada quien manifestó que en el alojamiento “El Poblado”, habitación (115), el Dragoneante Mariano Mena Lagarejo tenía en su poder 2 celulares que probablemente pretendía comercializar con los internos. Lo que antecede quedó plenamente demostrado con la declaración rendida por el Capitán antes mencionado y el informe policial de 1º de agosto de 2006 que describe claramente la actividad desempeñada por cada funcionario que participó en la inspección (fls. 95-97 y 77-79, respectivamente).

Después de dicho hallazgo, a través del Informe de Novedad 502-UPJ-405, los hechos irregulares fueron puestos en conocimiento de la autoridad competente para adelantar la correspondiente acción disciplinaria, es decir, la Coordinadora Grupo Local de Control Único Disciplinario del Instituto Penitenciario y Carcelario —Inpec— “Bellavista” de Medellín. El 24 de agosto de 2006 el instructor disciplinario procedió a proferir auto de indagación preliminar contra el actor, acto en el que le puso de presente que al tener en su poder los aparatos incautados, constituía una conducta irregular, y se le informó sobre la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Todo lo anterior, en procura de respetarle las garantías constitucionales que le asistían y de atender los requisitos señalados para la práctica y recepción de las pruebas.

Ahora bien, respecto de los señalamientos hechos por el actor, según los cuales las pruebas fueron erróneamente apreciadas y con desconocimiento de las reglas de valoración probatoria, es de anotar que estas fueron legalmente valoradas, de conformidad con el principio de la sana crítica y con fundamento en el debido proceso, derecho de defensa y contradicción, que llevaron a la plena certeza de la responsabilidad disciplinaria de Mariano Mena Lagarejo.

Los medios probatorios allegados al proceso disciplinario corroboran sin duda alguna el grado de responsabilidad y culpabilidad con que actuó el demandante, quien, se resalta, gozó de la libertad probatoria consagrada en el artículo 131 del Código Único Disciplinario que establece: “la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. A pesar de ello, las pruebas allegadas por el actor no lograron desvirtuar los cargos endilgados.

De esta manera, no es aceptable decir que los actos acusados únicamente se fundamentaron en los informes rendidos por los funcionarios de Policía Judicial, comoquiera que reposan dentro del proceso disciplinario suficientes pruebas que sirvieron de sustento para que el Inpec adoptara la decisión sancionatoria, como se observa en el acto de primera instancia(3), así:

“(…)

Ha quedado claramente establecido que el hecho que se investiga si ocurrió y que la conducta fue desplegada por el señor Mena Lagarejo Mariano, con lo cual podríamos decir que estamos frente a la verdad real de los hechos acaecidos y con prueba suficiente que conduzca a la certeza sobre la existencia de la conducta, tal y como lo exige el Código Disciplinario, Ley 734 de 2002.

Siendo así las cosas, estaría demostrada la conducta endilgada al encartado, su tipificación como falta disciplinaria, así como su responsabilidad. Sin embargo, en aras de profundizar y ampliar el horizonte jurídico y hacer una valoración integral de las pruebas, de acuerdo con los criterios de la sana crítica, el despacho procederá a analizar cada una de las circunstancias que rodearon el hecho y lo expuesto por el disciplinado en su defensa.

Existe en el plenario suficiente caudal probatorio, que conduce a determinar que el señor Mena Lagarejo Mariano incurrió en la violación de las normas que le obligan como miembro del cuerpo de custodia del establecimiento, cuando ingresó hasta el alojamiento que tenía asignado elementos de comunicación (celulares y accesorios) los cuales tenían como destino el personal de internos.

(…)

Para fundamentar lo anterior el despacho se ha basado en el siguiente análisis.

El informe rendido por los funcionarios de Policía Judicial, es claro en la narración que se hace de los motivos por los que se hizo el operativo y los resultados del mismo.

Las declaraciones de los Cuadros de Mando, que intervinieron en el operativo, igualmente son coherentes entre sí y confirman el porque (sic) del operativo y sus resultados.

El comportamiento del señor Mena Lagarejo, en el desarrollo del operativo, indica que en su afán por esconder o deshacerse de los celulares no acató las ordenes (sic) impartidas por sus superiores, ingresó al alojamiento sin autorización, e impidiendo el ingreso de estos por un lapso de tiempo que le permitir (sic) ‘lanzar’ por la ventana las bolsas con los celulares, y posteriormente ‘esconder’ de bajo (sic) de un colchón el otro celular, debidamente empacado esta última afirmación sustentada en lo expuesto por el Dragoneante Guzmán Zambrano (folio 55)

(…)

El video que registra la inspección al lugar de los hechos, (prueba solicitado por el investigado), no genera ninguna duda frente a la verdad de los hechos, en el mismo puede verse como la distribución del alojamiento y la ubicación de las ventanas, concluyendo que es perfectamente determinar desde cuál de ellas ha sido lanzado un objeto.

(…)” (resaltado fuera de texto).

A su turno, en el acto administrativo(4) mediante el cual se resolvió el recurso de apelación contra la anterior decisión, se dijo:

“(…) además, se observa que las pruebas en las que se soporta la decisión son únicamente testimoniales, prueba que por las circunstancias que rodean la situación fáctica, así como por las características de la falta reprochada, la hacen indicar para establecer la realidad de los hechos, luego el debate que se propone necesariamente debe circunscribirse al estudio y análisis de las declaraciones obrantes en el plenario, observando lineamientos de apreciación y valorización que la jurisprudencia y la doctrina han trazado.

(…)

En el presente caso debemos tener en cuenta los siguientes testimonios:

Declaración juramentada rendida por el Capitán Libardo Acosta Bejarano, el 11 de agosto de 2006, manifestó que una vez recibió la información por parte de la policía judicial del establecimiento, formó al personal que vive en el sector denominado “el poblado”, a los cuadros de mando les dio instrucciones de cómo era la requisa, posteriormente se desplazó a dicho lugar, al llegar al lugar el teniente Puentes les reiteró la instrucción de no ingresar al alojamiento hasta que no se definiera quien iba a realizar la requisa, en cada alojamiento para hacerlo de manera ordenada, pero el Dragoneante Mena desconoció estas instrucciones se adelantó corrió a su habitación, ingresó abruptamente a ella cerrándola y poniéndole seguro, esto despertó sospechas en los cuadros de mando, se le requirió para que abriera la habitación negándose hacerlo, por parte exterior del bloque de alojamiento se había ubicado el inspector Gutiérrez y el Dragoneante Toro Bernal, los cuales le informaron que habían visto que fueron lanzados unos objetos del alojamiento donde se encontraba el Dragoneante Mena Lagarejo hacia la parte exterior, posteriormente ingresaron a la habitación de Mena, los Dragoneantes Clavijo, Preciado y el Teniente Puentes, quienes hicieron el registro de la habitación, donde también fueron hallados otros elementos a que hace referencia en el informe, la Policía Judicial hizo el trabajo, de fijación descripción y de los objetos encontrados y luego fueron abiertos, agrega que cuando el Teniente Puentes Pineda hizo las observaciones de la requisa el Dragoneante Mena Lagarejo estuvo presente, que la información que recibió de las unidades de policía judicial para efectuar el operativo que en el cuarto habitado por el Dragoneante Mena Lagarejo, daban cuenta de la existencia de unos teléfonos celulares con apariencia de que pretendían ser comercializados con los internos.

(…)”.

La Sala observa que fueron 7 las declaraciones tenidas en cuenta por el ente disciplinario para fundamentar la decisión sancionatoria. En cada una de estas se reitera y concuerda en que el Capitán Acosta impartió una orden de permanecer afuera de los alojamientos para que los funcionarios del establecimiento carcelario realizaran el registro de los mismos, instrucción que el señor Mena Lagarejo no acató. Por el contrario, ingresó a la habitación y asegurando la puerta, a pesar del llamado hecho para que abriera. Paralelamente otros funcionarios se dirigían por la parte exterior de los alojamientos percatándose que por una de las ventanas que coincide con la ubicación de la habitación donde se encontraba el actor, se lanzó una bolsa en la que al revisar su contenido hallaron 2 teléfonos móviles con sus respectivos cargadores. Cuando el actor permitió el ingreso de los funcionarios a la habitación, estos se dieron cuenta de que era el único que permanecía allí, y en ella descubrieron otro celular, conducta que a la luz del régimen penitenciario y carcelario es constitutiva de falta disciplinaria.

El 24 de agosto de 2006 la entidad demandada profirió auto de indagación preliminar con el fin de establecer y verificar la existencia de los hechos. Lo anterior no significa que los elementos probatorios allegados antes y durante la indagación no puedan ser tenidos en cuenta, no obstante, se debe garantizar la contradicción de dichos medios por parte del implicado para efecto de hacer la valoración de las pruebas que se formaliza a partir de la investigación disciplinaria, todo ello en aras de garantizar el debido proceso, a aquel quien se le endilga responsabilidad disciplinaria.

En el asunto bajo estudio, a partir del auto que decide la aplicación del procedimiento verbal son recopiladas las pruebas testimoniales que comprometieron la responsabilidad del investigado, que sirvieron, junto con el Informe Policial, de fundamento a los actos acusados. De tal suerte que no fue solo con sustento en la diligencia de cateo que se estableció la responsabilidad del petente, sino también con la valoración integral que se realizó del material probatorio aportado al proceso disciplinario.

Así pues, los actos administrativos se fundamentaron en elementos de prueba ciertos que se aportaron al proceso disciplinario, los cuales fueron analizados sistemáticamente y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal y como lo demuestra el estudio que hizo el ente investigador de las pruebas, al haber realizado una valoración integral y razonable de las mismas.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda promovida por Mariano Mena Lagarejo contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec.

RECONÓCESE personería jurídica al doctor Julio César Castro Amórtegui como apoderado de la parte demandada, para los efectos pertinentes y en los términos del poder conferido a folio 1170 del expediente.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 Sentencia C-037 de 1996.

2 Sentencia de 16 de febrero de 2012, N.I. 1454-09; M.P. Gustavo Gómez; Actor: Gerardo María Bravo.

3 Resolución 1 de 29 de enero de 2007.

4 Resolución 2419 de 14 de marzo de 2007.