Sentencia 2011-00083 de julio 6 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente (E):

Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 250002327000201100083 01 y 250002327000201100144 01

Acumulados (20824)

Demandante: Laura Alejandra y Cía. Ltda.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Excepciones cobro coactivo

FALLO

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir si son nulas las resoluciones 00057 del 3 de septiembre de 2010 y 00075 del 25 de octubre de 2010 que, en su orden, resolvieron las excepciones propuestas contra los mandamientos de pago 900069 y 900071 del 25 de junio de 2010, y de sus confirmatorias, las resoluciones 00032 del 4 de noviembre de 2010 y 00081 del 20 de diciembre de 2010.

Para ello, debe establecer si son procedentes las excepciones de prescripción y de pago formuladas por la actora, contra los mandamientos de pago 900069 del 25 de junio de 2010 y 900071 del 25 de junio de ese año.

Asunto previo

Para efectos de delimitar el problema jurídico planteado, que como se dijo consiste en determinar la procedencia de las excepciones de prescripción y pago contra los mandamientos de pago referidos, la Sala hace las siguientes precisiones:

Mandamientos de pago

En las pretensiones de las demandas, la actora pidió declarar la nulidad de los mandamientos de pago señalados.

El mandamiento de pago es el acto administrativo de trámite que da origen al procedimiento administrativo de cobro, cuyo contenido se concreta en la orden de ejecución de una obligación clara, expresa y exigible, que no crea, modifica o extingue una situación jurídica particular y, que por disposición del artículo 835 del Estatuto Tributario(20), no es pasible de control por parte de la jurisdicción. Lo anterior, por cuanto en el procedimiento administrativo de cobro se discuten las excepciones que, por disposición del artículo 831 del Estatuto Tributario(21), tienden a enervar el título ejecutivo, lo que excluye los aspectos de fondo que debieron ser tratados en su oportunidad.

Por ello, como lo dijo el tribunal en su oportunidad, la Sala se inhibirá de conocer las pretensiones de nulidad de los mandamientos de pago referidos.

Excepción de pago. Solicitud de compensación

En el recurso de apelación la actora alegó que la Administración no respondió la solicitud de compensación de los intereses pagados en cumplimiento de la facilidad de pago presentada el 9 octubre del año 2009, que se entiende favorable a los intereses de la sociedad respecto de los valores que son objeto de cobro.

Al revisar los antecedentes administrativos del proceso, entre los que se encuentran las excepciones presentadas contra los mandamientos de pago y los recursos de reposición presentados contra los actos administrativos demandados que las resolvieron desfavorablemente, la Sala advierte que el argumento señalado no fue invocado en el procedimiento adelantado ante la administración ni en la demanda.

Por ello, la Sala considera que la compensación planteada es un argumento que sólo fue planteado en el recurso de apelación, y que por tanto no se puede decidir en esta etapa procesal.

Prescripción de la acción de cobro

El artículo 828 del Estatuto Tributario(22) señala que entre los documentos que prestan mérito ejecutivo están las liquidaciones privadas incorporadas a las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas y los actos administrativos ejecutoriados que fijen sumas líquidas de dinero a favor de la Administración y las sentencias.

Por disposición del artículo 817 del Estatuto Tributario(23), el término de prescripción de la acción de cobro de los títulos ejecutivos señalados, es de cinco años contados desde el momento en que las obligaciones se hicieron exigibles, esto es, desde: la fecha de vencimiento del término para declarar, la fecha de presentación de la declaración para el caso de las declaraciones extemporáneas, la fecha de presentación de la declaración de corrección respecto de los mayores valores y la fecha de ejecutoria del acto administrativo de determinación del tributo.

No obstante, el artículo 818 ibídem prevé que el término señalado se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, el otorgamiento de facilidades de pago, la admisión de la solicitud de concordato y la declaratoria oficial de liquidación forzosa. Y empieza a correr de nuevo “...desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa”.

En el caso de las facilidades de pago, el artículo 814 ejusdem(24) establece que la Administración puede concederlas hasta por un término de cinco años para el pago de obligaciones fiscales por concepto de impuestos, retenciones en la fuente, intereses y sanciones, siempre que el deudor o un tercero a su nombre constituya las garantías que respalden las obligaciones insolutas exigidas por la norma.

Por su parte, el artículo 814-3 del mismo estatuto facultó a la Administración para que deje “...sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta la concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de bienes o la terminación de los contratos si fuere el caso”, cuando el obligado incumpla el pago de las cuotas acordadas, para lo que deberá expedir una resolución, susceptible del recurso de reposición.

En lo que respecta al momento en que se reanuda el conteo de los cinco años previsto para el ejercicio de la acción de cobro de los títulos ejecutivos sometidos al otorgamiento de facilidades de pago, por cuenta del incumplimiento del deudor, la sección precisó que(25), “...cuando se ha declarado incumplida una facilidad de pago, el plazo de prescripción de la acción de cobro se cuenta a partir de la ejecutoria del acto administrativo que declara incumplida la facilidad de pago(26)“.

Caso bajo estudio

En el proceso están demostrados los siguientes hechos:

• Por cuenta de la solicitud del contribuyente del 4 de marzo de 2002(27), la Administración concedió la facilidad de pago, mediante la Resolución 058 del 2 de abril de 2002, respecto de las siguientes obligaciones:

Renta1995, 1997, 1998, 1999 y 2000.
Retenciones1997 – 2 a 12
1998 – 1 a 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 11 y 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1
Valor total de la facilidad$ 2.325.993.840
Plazo acordado36 meses
Pago de la primera cuota: 28/06/2002
Pago última cuota: 28/03/2005
Fecha de notificación de la facilidad4/04/2002

• Por solicitud de la actora del 2 de abril de 2002(28), la DIAN expidió la Resolución 0108 del 27 de septiembre de 2002, que modificó la Resolución 058 de 2002, así:

Renta1997, 1998, 1999 y 2000
Retenciones1998 – 3 a 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 11 y 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 4
Valor total de la facilidad$ 2.166.627.695
Plazo acordado33 meses
Pago de la primera cuota: 28/09/2002
Pago última cuota: 28/03/2005
Fecha de notificación de la facilidad01/10/2002

• Ante la expedición de diferentes oficios persuasivos de la Administración por cuotas incumplidas(29), el contribuyente, entre otros escritos, el 18 de marzo de 2002(30) afirmó haber pagado $ 500.000.000 del saldo inicial de la deuda y pidió refinanciar la obligación. El 23 de mayo de 2002 manifestó, que la fuente de pago para el saldo pendiente correspondía a la conciliación de cuentas con la “secretaría de Cundinamarca”, que fue aprobada y estaba en proceso de cancelación, y que el 10 de abril de 2003(31) se comprometió a estar a paz y salvo respecto de cuotas no pagadas. Solicitó nuevamente la reliquidación y ampliación del saldo.

• Previa solicitud del contribuyente del 18 de junio de 2003(32), la DIAN profirió la Resolución 0122 del 28 de octubre de 2003 que modificó la facilidad de pago 0108 de 2002 por ampliación del plazo y abono extraordinario, así:

Renta1998, 1999 y 2000
Retenciones1998 – 5, 6, 9, 10, 11, 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1 a 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 2
Valor total de la facilidad$ 1.937.332.779
Plazo acordado36 meses
Pago de la primera cuota: 01/12/2003
Pago última cuota: 01/09//2006
Fecha de notificación de la facilidad18/11/2003

• El 29 de diciembre de 2003(33) el contribuyente pidió a la DIAN aplicar la Sentencia C-231 de 2003 y declarar que la clínica no está obligada a pagar intereses de mora ni actualizaciones por concepto de los impuestos y retenciones adeudadas. Solicitó la devolución de los intereses pagados por cuenta de los compromisos de pago suscritos, para lo que anexó los recibos oficiales de pago correspondientes.

• Mediante el oficio 0030-175-03233 del 26 de marzo de 2004(34), la Administración negó lo pedido por la demandante. El 25 de mayo de 2004(35), la sociedad actora desistió de la solicitud presentada.

• El 29 de junio de 2005(36), la demandante resaltó el pago de algunas cuotas acordadas en las resoluciones 0058 de 2002, 0108 de 2002 y 0122 de 2003, y dijo que el 1º de abril de 2005 solicitó la compensación a la deuda de $ 220.054.000 originados en los saldos a favor registrados en las declaraciones de renta de los años gravables 2000, 2001 y 2002; así mismo, señaló que estaba tramitando un cruce de cuentas con CAPRECOM EPS por la suma de $ 204.257.115, y que levantaría un encargo fiduciario, lo que permitiría el pago total de lo adeudado. Por ello, pidió modificar el acuerdo 0122 de 2003 para suspender el cobro durante seis meses.

• En el oficio 0030-175-05441 del 27 de julio de 2005(37), la entidad demandada señaló: que no era posible acceder a la modificación de la facilidad pedida porque estaba incumplida, que el proceso de cobro estaba suspendido por cuenta de la facilidad de pago y que debía allegar la certificación de CAPRECOM EPS sobre el valor reconocido a la empresa para efectos del cruce de cuentas.

• El 11 de agosto de 2006, el contribuyente adjuntó los recibos oficiales de pago de los periodos de febrero a septiembre de 2005 por concepto de retenciones(38) y el 24 de agosto siguiente(39) pidió la modificación de la facilidad de pago contenida en la Resolución 0122 de 2003, que fue concedida por la Administración mediante la expedición de la Resolución 0022 del 7 de septiembre de 2006, así:

Renta2004
Retenciones1998 – 9, 10, 11, 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1 a 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 2
2003 – 12
2004 – 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2005 – 10, 11, 12
2006 – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Valor total de la facilidad$ 1.862.262.205
Plazo acordado9 meses
Pago de la primera cuota; 01/10/2006
Pago de la última cuota: 01/06/2007
Fecha de notificación de la facilidad18/11/2003

• El 23 de febrero de 2009, la entidad demandada expidió la Resolución 000004 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO UNA FACILIDAD DE PAGO”, en la que ordenó iniciar el procedimiento de cobro respecto de las obligaciones que se indican a continuación:

Renta2004
Sanción2003
Retenciones1998 – 6
1999 – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2000 – 1 a 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 2
2003 – 12
2004 – 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2005 – 10, 11, 12
2006 – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Valor total$ 677.662.000

La resolución relacionó que el 29 de enero de 2007 el contribuyente realizó el pago de las obligaciones acordadas por los siguientes conceptos:

ConceptoRecibo oficial de pagoValor
Retención 1998-95198505001924$ 1.400.000
Retención 1998 -105198505001926$ 660.000
Retención 1998 - 115198505001917$ 746.000
Retención 1998 - 125198505001919$ 36.597.000
Retención 1999 - 25198505001920$ 32.188.000
Retención 1999 - 35198505001922$ 30.311.000

• La DIAN profirió los mandamientos de pago 900069 y 900071 del 25 de junio de 2010, contra los que la actora propuso excepciones que fueron resueltas desfavorablemente por las resoluciones 00057 del 3 de septiembre de 2010 y 00075 del 28 de octubre de ese año.

• Contra las resoluciones señaladas, el contribuyente interpuso el recurso de reposición, resuelto desfavorablemente por las resoluciones 00032 del 4 de noviembre de 2010 y 00081 del 20 de diciembre de 2010.

La Sala observa que el término de prescripción de la acción de cobro de los títulos de ejecución conformados por las declaraciones privadas presentadas por el contribuyente, se interrumpió con la expedición de la Resolución 058 del 2002 que concretó la voluntad del contribuyente de ponerse al día en el pago de las obligaciones claras, expresas y exigibles que adeudaba, en un plazo de 36 meses, previa constitución de las garantías exigidas por la normativa fiscal.

Se evidencia que por cuenta de las solicitudes elevadas por el contribuyente, la Administración modificó en tres oportunidades la facilidad de pago referida para permitirle al deudor sufragar las obligaciones insolutas derivadas de las cuotas acordadas, esto es, mediante la expedición de las resoluciones 0108 de 2002, 0122 de 2003 y 0022 de 2006, que, por demás, incluyeron otras obligaciones surgidas con posterioridad a la mencionada Resolución 058 de 2002.

La Sala advierte que la actora no puede ignorar el efecto jurídico que se deriva de su voluntad de obligarse, porque las modificaciones hechas a la facilidad de pago partieron de las solicitudes que elevó a la Administración para que le concediera unas condiciones de pago favorables de las cuotas atrasadas, alegando diferentes circunstancias, entre las que se encuentra el pago de buena parte de las cuotas pactadas, conciliaciones de cuentas, abonos extraordinarios, la compensación a la deuda de los saldos a favor derivados de las declaraciones de renta de los años 2001, 2002 y 2003 y el cruce de cuentas con CAPRECOM EPS, lo que no denota una violación al ordenamiento superior que amerite la inaplicación pedida por la actora

Lo anterior indica que, contrario a lo afirmado por la demandante, la fuente de las facilidades de pago no radica en cabeza de la Administración, sino en la voluntad del contribuyente de ponerse a paz y salvo de las obligaciones insolutas, que se expresa con la solicitud que para el efecto realiza, y se consolida, previo cumplimiento de los requisitos legales, con la expedición del acto administrativo que contiene los compromisos de pago respectivos.

Así las cosas, la inaplicación invocada de las resoluciones 0122 de 2003 y 022 de 2006 no procede, más aún si se tiene en cuenta que la falta de pago pago de las cuotas acordadas es una circunstancia imputable al contribuyente, lo que no puede ser utilizado como excusa para alegar la ilegalidad de los actos administrativos que fueron expedidos por cuenta de su voluntad de obligarse, ni para discutir los títulos de ejecución que sirvieron de fundamento al cobro administrativo.

En ese orden de ideas, el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones a cargo del contribuyente se interrumpió con la expedición de la facilidad de pago 058 de 2002 y de los actos que la modificaron respecto de las obligaciones surgidas con posterioridad a ésta, y volvió a contarse desde la ejecutoria del acto administrativo que dejó sin efectos la facilidad, esto es, la Resolución 000004 del 23 de febrero de 2009.

De otro lado, en el proceso está probado que el último pago de las cuotas acordadas ocurrió el 29 de enero de 2007, lo que indica que la sociedad demandante tuvo dos años para pagar el saldo insoluto de las cuotas acordadas, hasta la expedición del acto administrativo que declaró sin vigencia el plazo concedido, y no lo hizo, circunstancia que no es imputable a la Administración.

En consecuencia, los mandamientos de pago 900069 y 900071 del 25 de junio de 2010 son oportunos, porque fueron expedidos dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la Resolución 000004 del 23 de febrero de 2009, que dejó sin efecto la facilidad de pago 058 de 2002, modificada por las resoluciones 0122 de 2003 y 022 de 2006. No prospera la excepción de prescripción planteada.

De otro lado, en lo que respecta a la excepción de pago de la obligación presentada, la Sala precisa que por expresa disposición del artículo 634 del Estatuto Tributario los agentes de retención, que no paguen oportunamente las retenciones a cargo, deben liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de retardo; así mismo, en el caso de las facilidades de pago a que se refiere el artículo 814 ejusdem, la resolución que las concede, que, como se dijo, nace de la autonomía de la voluntad del contribuyente y no es objeto de discusión en el procedimiento administrativo de cobro, incluye las obligaciones originadas por concepto de impuestos, intereses y sanciones.

Sobre este punto, la Sala observa que el 23 de diciembre de 2003 el contribuyente pidió a la Administración aplicar la Sentencia C-231 de 2003, para que se declare que no estaba obligado al pago de intereses de mora y actualizaciones por las retenciones adeudadas —que, valga decirlo, no se originaron en dineros de la actora sino de terceros retenidos—, lo que fue respondido negativamente por la administración el 26 de marzo de 2004.

Sin embargo, el contribuyente, en lugar de utilizar los mecanismos legales para ejercer los derechos de defensa y de contradicción que le asistían contra la decisión de la DIAN, desistió de la solicitud presentada ante la entidad demandada y, por el contrario, adelantó las gestiones para obtener la modificación de las condiciones de pago establecidas en la Resolución 0122 de 2003, lo que se concretó con la expedición de la Resolución 0022 del 7 de septiembre de 2006.

Por lo anterior, para la Sala no es coherente que el demandante desista de la petición aludida para después solicitar a la administración el otorgamiento de unas condiciones de pago que le permitan ponerse al día en las obligaciones adeudadas por concepto de retenciones, impuestos, intereses y sanciones, y después pretenda desconocer el efecto de su petición.

En esos términos, no procede la excepción de pago invocada, porque la decisión de la Administración que negó declarar que la actora no estaba obligada al pago de intereses de mora y actualizaciones por las retenciones adeudadas no es materia de estudio en el presente proceso ni tampoco fue impugnada en su oportunidad.

De otro lado, sobre la aplicación del principio de lesividad establecido en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012(40), pedida en el recurso de apelación, la Sala precisa que, de conformidad con esa norma, las sanciones a que se refiere el régimen tributario nacional se deberán imponer teniendo en cuenta, entre otros, el principio de lesividad, según el cual, la falta será antijurídica cuando afecte el recaudo nacional.

Al respecto, la Sala aclara que en el procedimiento de cobro no se discute la sanción por intereses moratorios a que se refiere el artículo 634 del Estatuto Tributario; que no obstante, la falta de consignación de las retenciones a cargo de la sociedad demandante, que dio origen al procedimiento de cobro que se debate, afectó el recaudo de las rentas que le corresponden a la Nación.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 18 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia del 18 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

Consejeros: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

20 “ART. 835.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.

21 “ART. 831.—Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones: 1. El pago efectivo. 2. La existencia de un acuerdo de pago. 3. La de falta de ejecutoria del título. 4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente. 5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 6. La prescripción de la acción de cobro, y 7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”.

22 “ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional. 

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas. 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales. (Hoy UAE Dirección de Impuestos y aduanas nacionales). 

PAR.—Para efectos de los numerales 1º y 2º del presente artículo, bastará con la certificación del Administrador de Impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales.
Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente”. 

23 “ART. 817.—Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. 

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los administradores de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte”. 

24 “ART. 814.—Facilidades para el pago. El subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la administración”.

25 Sentencia 19500 del 2 de julio de 2015, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

26 Lo anterior, en reiteración de lo dicho por la Sala en la sentencia 15783 del 22 de febrero de 2007, C.P. Héctor J. Romero, al indicar: “Sin embargo, si la facilidad de pago se declara sin efectos por la Administración y, por ende, el plazo concedido para cancelar las obligaciones fiscales pierde vigencia, el término de prescripción, que fue interrumpido, debe contarse de nuevo, a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de pago”.

27 Referenciada en el numeral segundo de los considerandos de la Resolución 058 de 2002.

28 Referenciada en el numeral segundo de los considerandos de la Resolución 0108 de 2002.

29 Fls. 110, 120,162, 166, 174 y204, entre otros del cdno. 1 del Exp. 2011-0083.

30 Fl. 107 del cdno. 1 del Exp. 2011-0083.

31 Fl. 108 del cdno. 1 del Exp. 2011-0083.

32 Referenciada en el numeral segundo de los considerandos de la Resolución 0122 de 2003.

33 Fls. 124 a 148 del cdno. 1 del expediente2011-00083.

34 Fls. 150 a 160 del cdno. 1 del Exp. 2011-00083.

35 Fl. 165 del cdno. 1 del Exp. 2011-00083.

36 Fls. 167 a 170 del cdno. 1 del Exp. 2011-00083.

37 Fls. 201 y 202 del cdno. 1 del Exp. 2011-00083.

38 Fls. 207 a 214 del cdno. 1 del Exp. 2011-00083.

39 Fl. 225 del cdno. 1 del Exp. 2011-00083.

40 “ART.197.—Las sanciones a que se refiere el régimen tributario nacional se deberán imponer teniendo en cuenta los siguientes principios: (...) 2. LESIVIDAD. La falta será antijurídica cuando afecte el recaudo nacional (...)”.