Sentencia 2011-00087/44291 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad. 27001-23-31-000-2011-00087-01 (44291)

Actor: Digno Mosquera Borja y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa (D. 01/84). Daño especial; Privación injusta de la libertad; Indubio pro reo; Delitos contra la administración pública, Ley 600; Causal eximente de responsabilidad; Culpa exclusiva de la víctima.

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: III. Consideraciones

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996, desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía.

La acción de reparación directa se ejerció oportunamente al momento de presentación de la demanda, toda vez que el término de dos años, empezó a contabilizarse, a partir del día siguiente a la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia, fechada 19 de diciembre de 2008, por medio de la cual se declaró prescrita la acción penal, derivada del delito de peculado por apropiación, lo cual ocurrió el dos (2) de abril de dos mil nueve (2009)(22), por lo que la caducidad, tendría ocurrencia el tres (3) de abril de dos mil once (2011), pero como en este caso, la demanda, se incoó el once (11) de marzo de dos mil once (2011), su presentación se efectuó dentro del término legal de los dos (2) años.

Está probado dentro del expediente, que el señor Digno Mosquera Borja es la víctima directa de la privación de la libertad, que dio origen a este proceso; los señores: Geyson Mosquera Palacio, Diana María Mosquera Martínez, Sandra María Mosquera Ibarguen, Deiron Mosquera Ibarguen, María Patricia Mosquera Ibarguen, Davinson Mosquera Martínez y Danissa Mosquera Mosquera, acreditaron su condición de hijos de aquél, con los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 27 a 37 del cuaderno 1, que es la prueba conducente, eficaz y útil para acreditar el parentesco, en los términos del Decreto 1260 de 1970, por lo que encuentran legitimados en la causa por activa.

Precisa la Sala, que no acontece lo mismo, con relación a la señora Luz Mila Martínez Mosquera, quien no acreditó válidamente su condición de cónyuge del señor Digno Mosquera Borja, en razón que no se aportó el registro civil de matrimonio, sino que se allegó la partida de matrimonio eclesiástica(23) expedida por la Parroquia San Francisco de Asís, la cual es inconducente, para acreditar ese hecho, porque a partir de la expedición de la Ley 92 de 1938, derogada con posterioridad por el Decreto 1260 de 1970, se reguló todo lo concerniente al registro del estado civil de las personas y de los funcionarios encargados de llevar el mismo. La Corte Constitucional refiriéndose a este tema, ha precisado que “a través de Ley 92 de 1938 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el registro civil y cementerios” se reguló lo concerniente al registro civil de las personas y dispuso lo relacionado con las autoridades competentes de emitir el mencionado documento público.

Antes de entrar en vigencia la mencionada ley, las funciones del registro civil de nacimiento las venían realizando, hasta ese entonces, las actas de bautismo emitidas por párrocos locales. Por esa razón, las autoridades encargadas de expedir el registro civil no anulaban las actuaciones llevadas a cabo por la iglesia católica.

En virtud de lo anterior, la misma ley en sus artículos 18 y 19 reguló lo atinente a las pruebas del estado civil de las personas y dispuso, que para ello, se expiden las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil. Sin embargo, indicó que ante la falta de este documento se podrá allegar como instrumento probatorio, en caso de que sea necesario, otro documento auténtico.

De este modo, quedaban con validez las partidas de bautismo emitidas por los curas párrocos antes de 1938, documento que se asimilaba al registro civil que emiten los notarios pues, prestaban un servicio de fe pública respecto de las circunstancias de una persona.

Al respecto la Corte ha indicado que “dentro de las funciones especiales de los curas párrocos de dar fe de los actos de los particulares, está en especial la de la celebración del bautismo; ya que, la partida de bautismo con anterioridad al año de 1938, era el único documento que demostraba el estado civil de una persona”(24).

Sin embargo, con posterioridad a la Ley 92 de 1938 se expidió el Decreto 1260 de 1970, el cual en su artículo 123 derogó en su totalidad a la mencionada ley. Por su parte, el decreto Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas” define en su artículo 1º, que “el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Y en su artículo 2º, agrega que “el estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ello”.

A su vez, en su artículo 101, determina que el estado civil debe constar en el registro del estado civil y que el registro es público y los libros, tarjetas, así como copias y certificados que con base en ellos se expidan son instrumentos públicos, regulados por el derecho administrativo colombiano.

A partir de la vigencia de este decreto, se concluye que el estado civil y sus alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios especiales del Estado. Todos los nacimientos, matrimonios, defunciones, separaciones de cuerpos o de bienes, interdicciones jurídicas, etc., deben inscribirse en el registro civil(25).

Como consecuencia de lo anterior, se ha reconocido que, de acuerdo con la regulación de la materia, para las personas nacidas a partir de 1938, el estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones)(26).

Ahora bien, en lo concerniente a los documentos que se requieren para tramitar el registro civil, se ha indicado que si la solicitud se realiza un mes después del nacimiento, se podrá con la presentación de la partida de bautismo acompañada de la certificación de la competencia del párroco que celebró el bautismo, diligenciar el registro civil de nacimiento y obtener el documento pertinente a través del cual se demuestra el estado civil (…) Advierte la Corte que, en el ordenamiento jurídico colombiano, toda persona debe contar con su registro civil, en la medida en que es la base del sistema de identificación y es la prueba única del estado civil de las personas. Como se ha visto, la obtención del documento no debe ofrecer mayores problemas para quienes no cuenten con el mismo desde el momento de su nacimiento, y constituye una carga para todas las personas adelantar las diligencias necesarias para ese efecto.

Por tal razón, y como la Corte lo ha puesto de presente en otras oportunidades, no es de recibo la pretensión de pretermitir ese documento y acreditar el estado civil por medio probatorio diferente(27)”.

Estas consideraciones, se hacen a título de dar claridad y precisión de conceptos dentro de la sentencia, porque no hay duda, que la falta de legitimación en la causa por activa, por tratarse de un aspecto material del éxito o no de las pretensiones de fondo, la ausencia de aquella, conduce a la desestimación de las pretensiones y como lo ha reiterado la Sala, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, porque la legitimación material, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(28).

Frente a la Nación - Rama Judicial, por su parte, se configura el vicio de indebida representación de la persona jurídica Nación, pues las decisiones que condujeran a la privación de la libertad del señor Mosquera Borja fueron expedidas con la exclusiva participación de la Fiscalía General, y por tanto, la Nación debe venir al proceso representada por el señor Fiscal General de la Nación.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante, en el hecho de la afrenta, que padeció Digno Mosquera Borja en su libertad física, en su nombre o imagen pública, en su derecho al sosiego y a la paz interior, por causa de la privación de la libertad de la que fue objeto. Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. La afrenta a la libertad física del señor Digno Mosquera Borja.

Las pruebas documentales que a continuación se relacionan, demuestran la privación efectiva de la libertad sufrida por Mosquera Borja:

— Resolución Sustanciadora 100 del 8 de marzo de 2001, expedida por la “Fiscalía Dieciséis de Tadó Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Istmina” a través de la cual se ordenó la apertura de investigación previa;

— Resolución Sustanciadora 156 del 30 de abril de 2001, expedida por la “Fiscalía Dieciséis de Tado (sic) Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Istmina” por medio de la cual se ordenó la apertura de instrucción;

— Resolución Interlocutoria 073 del 12 de octubre de 2001, proferida por la “Fiscalía Dieciséis de Tadó Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Istmina”, por medio de la cual se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor Digno Mosquera Borja, sindicado del delito de peculado por apropiación, la cual es sustituida por detención domiciliaria, para cuyo efecto otorgó caución prendaria;

— Resolución Interlocutoria 20 del 8 de febrero de 2002, proferida por la “Fiscalía Dieciséis de Tado Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Istmina”, a través de la cual profirió resolución de acusación en contra de Mosquera Borja, como coautor del delito de peculado por apropiación;

— Sentencia 009 del 7 de marzo de 2007, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Istmina, por medio de la cual se absolvió al señor Digno Mosquera Borja del cargo contenido en la resolución acusatoria por el citado delito, al considerar el juzgado, que “(…) surgen dudas insalvables sobre la responsabilidad penal de los acusados (…);

— Auto del 19 de diciembre de 2008, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó —Sala única— por medio del cual, se declaró prescrita la acción penal derivada del delito de peculado por apropiación, por el cual se acusó y absolvió a Digno Mosquera Borja y se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del investigado.

De la prueba documental antes relacionada se predica que está constituida por un conjunto de documentos públicos, en los términos del inciso 3º del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 264, ídem —hoy artículos 243 inciso 2º y 257 del Código General del Proceso— por lo que es claro, que aquellos dan cuenta de la privación efectiva que de la libertad experimentó Digno Mosquera Borja, suficientes para que la Sala tenga por acreditado el daño.

3.2.2. Sobre la imputación.

Como prueba de los hechos relativos a la imputación que hace la parte actora, aparecen las pruebas documentales, que se relacionaron en el numeral precedente, las que demuestran “la afrenta a la libertad física del señor Digno Mosquera Borja”, por parte de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

3.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si hay responsabilidad patrimonial de la Nación - Fiscalía General - Rama Judicial por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Digno Mosquera Borja, sindicado del delito de peculado por apropiación o si por el contrario, la conducta del sindicado constituye, en términos civiles, un hecho de la víctima que quiebre el nexo de imputación de responsabilidad estatal.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

Cabe precisar que antes de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

El auto que declaró prescrita la acción penal, derivada del delito de peculado por apropiación, por el cual se acusó y absolvió al señor Digno Mosquera Borja, fue proferido el 19 de diciembre de 2008, el cual quedó debidamente ejecutoriado el 2 de abril de 2009, por lo que se encontraba vigente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “(…) quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”, circunstancia sobre la cual se consideró que no impedía abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio previamente referido.

La Sala ha considerado(29), que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

Por su parte, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

(…) Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.N., art. 95, num. 7º), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)(30).

Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado, que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño, no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, al respecto ha dicho:

(…) Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción.

(…)

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)(31).

En consideración a la carga probatoria del demandante, en el caso que se analiza, el Consejo de Estado ha reiterado, que corresponde a la parte actora, acreditar los elementos que configuran la responsabilidad, a saber: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, elementos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente con la prueba de la privación de la libertad, sentencia absolutoria a favor del procesado y posterior declaratoria de prescripción de la acción penal, pues fue, una decisión de la Fiscalía General de la Nación, la que determinó que al señor Digno Mosquera Borja, se le impusiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sustituida por domiciliaria, y resolución de acusación en su contra, y posteriormente absuelto, en aplicación del principio in dubio pro reo.

Finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial —Sala Única— al desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la decisión anterior, declaró la prescripción de la acción penal. Sin embargo, considera la Sala, que las pruebas legales y regularmente allegadas al proceso, demostraron claramente, que en el caso sub examine, se encuentra configurada la causal de exoneración por el hecho exclusivo y determinante de la víctima y así lo declarará la Sala.

Del material probatorio traído al proceso, relacionado y valorado en otro acápite de esta providencia, se demostró que el señor Digno Mosquera Borja, fue vinculado al proceso penal, como presunto responsable de materializar el hecho punible de peculado por apropiación, de conformidad con la auditoría realizada al municipio de Unión Panamericana, por parte funcionarios de la Contraloría General del Departamento de Chocó (control fiscal 1999-2000), en la cual se avizoró, que el señor Digno Mosquera Borja en su condición de alcalde del referido municipio, reconoció y autorizó pagos, sin ningún soporte legal. Por lo que el ente fiscalizador, procedió hacer el requerimiento de rigor y al no responder satisfactoriamente, se produjo un fallo de responsabilidad en su contra por cuantía de $ 10.615.700. Los hechos anteriores, motivaron a la Fiscalía General de la Nación para imponer la medida de aseguramiento, en contra de Mosquera Borja, indicándose en la Resolución Interlocutoria Nº 063 del 12 de octubre de 2009, que resolvió la situación jurídica del sindicado que, “(…) se ha logrado establecer que efectivamente se pagó a Carlos Ernesto Lattorre, la suma antes anotada, de parte de la administración Municipal de la Unión Panamericana, siendo Alcalde el señor Digno Mosquera Borja (…) precisado el pago de la suma y la ausencia de soportes legales para que se hiciera el mismo es procedente entrar en el análisis de la responsabilidad de cada uno de los implicados (…) Así vistas las cosas es procedente concluir que la conducta desplegada por Digno Mosquera Borja, consistente en ordenar el pago de los $ 10.615.000 pesos, lo cual hizo con el cheque J 3071530, sin soportes legales, es típica (…)”.

De la misma manera, en la Resolución Interlocutoria Nº 020 del 8 de febrero de 2002, a través de la cual se calificó el mérito del sumario, profiriéndose resolución de acusación en contra de Digno Mosquera Borja, se puntualizó lo siguiente: “(…) esta (sic) que fungió como primer Alcalde del Municipio de Unión Panamericana (…) y en ejercicio de las mismas funciones ordeno (sic) el pago de unos gastos bajo el pretexto de la realización del referendo del 24 de octubre de 1999, por cuantía de $ 10.615.700, de los cuales se apropio (sic) exclusivamente el, valiéndose de la falta de autoridad de su tesorero señor Alirio Cetre Mosquera y utilizando como instrumento a su primigenio empleado y amigo Carlos Ernesto Latorre Moreno. Lo anterior lo aseveramos después de conocer la forma como se edifico (sic) la obligación, en una época que el municipio se gestaba y que como tal el Estado era solamente el alcalde, y se complementaba con el señor Carlos Ernesto Latorre Moreno, a quien nombro (sic) en principio de palabra como asistente de suerte (sic) que eran las únicas personas llamadas a comprometer el nuevo ente territorial por autorización exclusiva del burgomaestre por lo que aprovecharon la ocasión del referendo, que dicho sea de paso, si se realizó y debió generar unos gastos pero que en manera alguna fueron los soportados en la cuenta por valor de $ 10.615.700 gloso (sic) la Contraloría (…)”.

También aparece dentro del expediente, la Sentencia 009 proferida el 7 de marzo de 2007, por el Juzgado Penal del Circuito de Istmina Chocó, por medio de la cual, se absolvió al señor Digno Mosquera Borja de los cargos imputados, en aplicación del principio in dubio pro reo, pero llama la atención, algunos apartes de lo que se anotó en la citada providencia, así: “(…) Para la fecha de la votación, el municipio solo tenía un funcionario que era el señor alcalde encargado Digno Mosquera, quien contó con el señor Ernesto Latorre, para el cumplimiento de sus funciones, principalmente para la ejecución del referéndum, debiendo realizar los diferentes pagos para la realización del certamen democrático. Los recursos distribuidos eran producto de un crédito suministrado por el señor Jesús Holber Mosquera. La manera como se efectuaron los desembolsos por parte del alcalde y su asistente, para cubrir las necesidades causadas, no fueron las más adecuadas, lo cual ocasionó problemas al momento de la legalización de la cuenta, por cuanto no se contaba con los soportes legales de rigor. Ello lo corrobora la manera desordenada como se canceló a los jurados de votación, donde varias personas recibieron viáticos, pero no se sabe de quién (fls. 398, 399, 401), otros recibieron de personas diferentes al alcalde y su colaborador, no se aportó a la cuenta los recibos de pago de viáticos a los delegados de la registraduría por valor de $ 3.319.607, ni la suma cancelada a la policía nacional por $ 1.500.000 y mucho menos los gastos de transporte para movilizar todo el personal que iba a participar en la votación (…) Este panorama de absoluto desorden contable, originó que el municipio cancelará (sic) deudas reales, que había adquirido con anterioridad, pero sin el lleno de los correspondientes requisitos, por eso la contraloría realizó algunas recomendaciones fiscales al ente municipal para fundamentar las erogaciones realizadas y finalmente sancionó fiscalmente a Digno Mosquera (…) La obligación existía y en tal sentido era procedente el pago de la misma; los inconvenientes (…) tuvieron su génesis en los medios empleados para cancelar las deudas contraídas (…) de todo lo anterior, surgen dudas sobre la responsabilidad penal de los acusados (…)”.

Las razones anteriores, son más que suficientes, para que la Sala considere, que existieron bastantes elementos de juicio, para predicar en este caso, un eximente de responsabilidad a favor de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que la conducta del sindicado constituye, en términos civiles, un hecho de la víctima que quiebra el nexo de imputación de responsabilidad estatal, al configurarse un evento de culpa exclusiva de la víctima, porque como puede evidenciarse, el proceder inexcusablemente errado del señor Digno Mosquera Borja, en su condición de alcalde del municipio de la Unión Panamerica, junto con otros funcionarios de su administración, fue la causa que dio origen, direccionó la investigación y condujo a que se impusiera medida de aseguramiento en su contra.

El ordenamiento jurídico, dispone una serie de procedimientos de planeación, contratación y ejecución de las finanzas públicas, pues el buen manejo de los recursos públicos, involucra el interés general de la comunidad, porque además de ser un aporte de todos los contribuyentes, su destinación implica el cumplimiento de los fines del Estado y su dirección está sometido al control asignado por la ley a la Contraloría, en este caso, a la contraloría departamental, y fue ésta entidad, la que en ejercicio de sus funciones, comprobó, que el manejo dado por el alcalde del naciente municipio a los dineros públicos, no se ajustó a los parámetros legales y no es razonable, que una población llena de pobreza y necesidades, como lo es la del departamento del Chocó, más concretamente la comunidad del municipio de la Unión Panamericana, los pocos recursos que llegan, no sean manejados con la pulcritud y transparencia que estos requieren, por las personas encargadas del manejo y ejecución de los dineros del erario público.

Para la Sala, el comportamiento ejercido por Digno Mosquera Borja, en su condición de alcalde municipal, es digna de reproche, en la medida, en que trataron con desgreño las finanzas públicas del municipio que regentaba para la época en que se celebró el referéndum en esa población. Lo que condujo a la Fiscalía General de la Nación a creer que en este caso el sindicado, estaba incurso en el delito que se le imputó en su momento.

En estas condiciones, se tiene que el daño antijurídico, es imputable al demandante, porque está acreditado sin lugar a dubitaciones, que la culpa exclusiva de la víctima, fue el elemento determinante, para que se concretara la exoneración de responsabilidad de la demandada, en razón a que fue el operar gravemente culposo —no propio de un funcionario público— en este caso, del señor Digno Mosquera Borja, lo que conllevó a que se iniciara la investigación penal —en su contra y la consecuente imposición de la medida de aseguramiento—. La conducta de la víctima, en el caso sub examine, hizo que la decisión adoptada por la autoridad judicial, aparezca proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la administración de justicia, de un lado; y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(32).

De esta manera, quedó evidenciado, la configuración de una de las causales eximentes de responsabilidad, como lo es la culpa exclusiva de la víctima, consagrada el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, presupuesto que como quedó dicho en párrafos anteriores, se cumplen a cabalidad en el caso objeto de análisis, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones aquí anotadas.

3.5. Sobre las Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, el diez (10) de febrero de dos mil doce (2012), mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

22 Constancia de ejecutoria del auto en mención.

23 Folio 26, id.

24 Corte Constitucional, Sentencia T-822 de 21 de julio de 2008.

25 Artículo 105 del Decreto 1260 de 1970.

26 Sentencia T-584 de 12 de noviembre de 1992 y Sentencia T-822 del 21 de julio de 2008.

27 Corte Constitucional, Sentencia T-501/2010.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de febrero de 2010, exp. 17720.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653,

30 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744. Reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513 y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.