Sentencia 2011-00093 de enero 22 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 66001110200020110009302 (8456-16)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según acta de Sala 2

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia, y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta superioridad es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

2. De la calidad del disciplinable.

A folio 6 del cuaderno de primera instancia, obra certificado 01805-2011 expedido por la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, en el cual se informa que el señor Alberto Salazar Estrada, se identifica con la cédula de ciudadanía 10.218.661 y se encuentra inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional T.P. 13.973 la cual se encuentra vigente.

3. De la falta endilgada.

La falta por la cual fue sancionado en primera instancia el abogado Alberto Salazar Estrada, está contenida en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado: (...)

2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente”.

Así las cosas, procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que recogen la temática.

4. Del caso en concreto.

Pues bien, de entrada esta Sala considera que la providencia objeto de impugnación debe ser confirmada, por cuanto contrario a lo que se aduce en el escrito de apelación, la conducta reprochada se adecua plenamente en el tipo disciplinario antes descrito, y además existen en el plenario pruebas documentales y testimoniales que llevan a la certeza de que la disciplinable lo infringió y sobre su responsabilidad en consecuencia.

Al respecto, el estudio detenido del acervo probatorio conduce a la Sala a confirmar la decisión de primera instancia, puesto que a partir de la simple verificación cuantitativa, es claro que los poderdantes en el pretendido proceso de reparación directa recibieron menos de la mitad de lo finalmente obtenido en la conciliación prejudicial.

En efecto, la conciliación para todos los interesados ascendió a 525 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2010, equivalentes a $ 270.350.000 de los cuales los poderdantes recibieron un total de $ 114.462.000, que en manera alguna equivale al 50% que aparece consignado en el contrato de prestación de servicios visible a folios 111 y 112 de la actuación.

Es claro que el abogado imputó a la cuenta de sus mandantes el IVA del 16% el cual canceló a la DIAN, por concepto de sus honorarios, carga impositiva la cual evidentemente hizo que el abogado finalmente recibiera más dinero que su cliente y si bien es cierto el mismo fue pactado dentro del contrato, no se podía realizar de esa forma el descuento pues los abogados no pueden obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente, lo cual evidentemente ocurrió en este caso, pues el disciplinado debía realizar los cálculos de tal forma que a su cliente le correspondiera mínimo la participación del 50% del valor recaudado.

De acuerdo a lo anterior, no hay duda que el disciplinable, tal como lo observó la Sala a quo, objetivamente incurrió en la falta imputada, pues claramente se establece que obtuvo honorarios que superaron la participación correspondiente al cliente.

Ahora bien, en cuanto el elemento subjetivo, es decir la responsabilidad del inculpado en la comisión de la falta objetivamente probada, no pueden ser de recibo las exculpaciones realizadas en las cuales es enfático en afirmar no haber cometido falta disciplinaria porque el IVA es un impuesto de ley y debe ser cancelado por el beneficiario del mismo y para el presente caso es su cliente, pues la condición del disciplinable de pertenecer al régimen común, no forma parte del debate procesal, lo que atañe a la Sala es que el abogado obtuvo como honorarios una suma de dinero superior a la participación de su cliente y sobre ese aspecto no hay justificación de su actuación.

Ahora bien, el mismo disciplinable reconoció que lo pactado como honorarios fue el 50% sobre las sumas recaudadas, pero adicional a esa suma le descontó al cliente un 16% de IVA, los cuales terminaron en las arcas de la DIAN, lo cual genera una desigualdad al momento de liquidar las resultas del proceso, generando un pago mayor al abogado investigado, lo cual tipifica la falta endilgada.

Todo lo anterior, solo lleva a la inexorable conclusión, que el profesional del derecho inculpado, actuó con dolo, es decir con la intención de obtener una mayor participación que sus clientes en la suma recaudada, aprovechándose de su condición de personas poco letradas, así como se pudo constatar de sus declaraciones en estas diligencias, como no tenían ni siquiera claridad del porcentaje pactado con el abogado, por lo que mucho menos podían analizar que al valor entregado como honorarios se le debía aumentar un 16% correspondiente al impuesto de valor agregado IVA.

Entonces, para esta Sala hay certeza de que el abogado Alberto Salazar Estrada infringió el tipo disciplinario por el cual se la sancionó en primera instancia, en tanto sin justificación válida alguna obtuvo honorarios que superan ampliamente la participación de sus clientes.

5. Dosimetría de la sanción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al investigado consagrada en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, la citada norma establece cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión, la máxima aplicable la de exclusión.

Sanciones contempladas en el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, norma que adicionó al capítulo de sanciones la multa, la cual se impone de manera autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación allí establecidos.

Ahora, observando la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el abogado Salazar Estrada, a quien se le exigía actuar con honradez con su cliente, se confirmará la sanción impuesta por el a quo de dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión la cual se encuentra acorde a la conducta realizada por el profesional del derecho y cumple con los criterios legales y constitucionales.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, la sanción de dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, se encuentra acorde a la conducta realizada por el profesional del derecho.

Igualmente, la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, en el presente caso, para el abogado Alberto Salazar Estrada, para que en el futuro se abstenga de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Por lo anterior, la Sala confirmará en su integridad la sentencia del 4 de julio de 2013, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la cual impuso sanción de suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, al abogado Alberto Salazar Estrada, por encontrarse acorde a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, consagrados en la constitución y la ley.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia del 4 de julio de 2013, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante la cual sancionó con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión al abogado Alberto Salazar Estrada, al hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. COMISIÓNASE al magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, para que en el término de diez días hábiles, notifique a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».