Sentencia 2011-00095 de noviembre 6 de 2015 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 200011102000-2011-00095-01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta 91 de la misma fecha

Bogotá, D. C., seis de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Conforme lo dispone el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, procede esta superioridad a revisar por vía de apelación la providencia emitida el día 31 de julio de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo Nº 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

La Sala estima que las faltas del artículos 34 literal d) y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, se entiende configurada en este caso, pues de las pruebas obrantes en el plenario se estableció que efectivamente los abogados Edilberto de La Vega Donado y Dairo Guerra Torres, no entregaron el excedente del dinero recibido del título judicial $ 17.250.000, entregaron al quejoso la suma de $ 12.00.000, quedándose los investigados con el excedente, en tanto si bien el quejoso estuvo enterado que debido al arreglo de los abogados, se iba a recibir el título, desconocía el valor que se iba a cancelar en ese momento, el engaño tenía como trasfondo este interés.

Por otra parte, tampoco es de recibo en cuanto a lo afirmado por el doctor de la Vega Donado, en el sentido que la queja es falsa y tiene fines extorsivos, porque fue presentada años después de ocurrido los hechos y cuando los investigados fungían en cargos como Notario Único del municipio de Tamalameque y personero en el municipio del mismo municipio. En cuanto al hecho de haber presentado la queja tardíamente tuvo lugar porque los togados le estaban haciendo ofrecimientos económicos que nunca cumplieron para que no los denunciara, afirmaciones que el despacho encuentra más verosímiles teniendo en cuenta cómo ocurrieron los hechos, que se encuentran suficientemente probados.

Para esta colegiatura aparece demostrado, que los investigados tuvieron el propósito de quedasen con el excedente el dinero del título judicial que no entregaron, cuando realizaron la conciliación y terminaron el proceso por pago total de la obligación, siendo esta la razón por la que no ingresaron los dineros al municipio de Tamalameque, entregándole al quejoso la suma de $ 12.000.000, sin hacerle firmar recibo, porque obligaciones importantes como entregar sumas de dineros, no pueden ser manejadas por abogados de experiencia con la misma ligereza como lo realizaron los investigados, infiriéndose que se trataba obviamente de no dejar prueba de cuánto dinero habían entregado, con el único propósito de quedarse con parte de los emolumentos, como en efecto lo hicieron.

Así las cosas, el análisis realizado proporciona a esta Sala, certeza acerca del comportamiento de los investigados quienes se apropiaron de unos dineros que no le correspondían, sacrificando el deber de lealtad y honradez profesional asaltando la buena fe de su cliente, la confianza que depositó en ellos, sin causa que justifique ese actuar, pues lo hicieron de manera dolosa, con conocimiento y voluntad de engañar, de no entregar el dinero en su totalidad, para hacer uso del mismo en beneficio propio.

La Sala dará credibilidad a lo afirmado por el señor Ober Jiménez Araque, porque sus declaraciones tienen lógica, coherencia, cuando relata cómo ocurrieron los hechos y que los abogados le ofrecían la devolución del dinero faltante o parte de este, para que no los denunciara en la Seccional del Consejo Superior de la Judicatura, circunstancias que hacen concluir a la Sala que los abogados se quedaron con el excedente del dinero, excluido el pago que se le hizo al quejoso, a quien no le entregaron lo que le correspondía, porque desde el momento en que acordaron dar por terminado el proceso (fol. 39 cuaderno principal Nº 1), tuvieron el torvo propósito de quedarse con parte del mismo y repartírselo, como se infiere claramente de la actuación adelantada, transgrediendo con su conducta, sin justificación alguna el deber de honradez del abogado.

Tampoco tiene exculpaciones lo afirmado por el abogado de la Vega Donado, que no tocó ni un solo peso del dinero recaudado con su actuación profesional, contradiciendo la lógica del ejercicio profesional, no se entendería que recibe poder de su cliente, logra un triunfo profesional, teniendo por medio sus propios intereses económicos y los de su cliente permita que un tercero, más el apoderado de la contraparte sea el que retire el título y lo cobre, que por un error en la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación del investigado de la Vega Donado, cuándo a quien interesaba el pago era a él.

El doctor Guerra Torres, recibió el título, lo cobra y en su presencia entrega al quejoso menos dinero del que le correspondía, éste dinero no regresó a la cuenta del municipio, porque obviamente, se quedaron con él, de otra manera no puede entenderlo la Sala, cuando el valor cobrado obedecía al valor de la obligación, sin solicitar pago de honorarios y guardando silencio frente a la actitud asumida por el abogado del municipio.

Para la Sala hay certeza que en la gestión profesional encomendada, y sin ninguna duda, incurrieron en las faltas atribuidas, sin que les asistiera justificación alguna para no informar a su cliente con la verdad de las gestiones que realizaban, y no entregar la totalidad de los dineros reclamados en el titulo judicial, pues siendo abogados, conocían su deber de actuar con celosa diligencia y sin embargo, no hicieron nada al respecto, siendo por tanto, procedente imponerle la condigna sanción.

En suma, demostrada como están las faltas, cuya materialidad y responsabilidad en cabeza de los disciplinables se demostró y habida cuenta que éstos tenían pleno conocimiento del estatuto deontológico del abogado y por consiguiente, el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, se concluyó que incurrieron en las faltas a título de dolo, cumpliéndose, en consecuencia, los presupuestos sustantivos para imponerle la sanción: hubo existencia de las faltas y responsabilidades de los autores, sin que aparezca a su favor, causal de inculpabilidad.

La situación fáctica y jurídica planteada que la conducta se adecua en su aspecto típico al precepto contenido en el literal d del artículo 34 y articulo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, que consagra:

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos;

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Así las cosas se colige que concurren los elementos objetivo y subjetivo es decir, se tiene certeza de la existencia de las faltas y de la ausencia de justificación de la misma, razón por la cual se confirmara la responsabilidad disciplinaria en cabeza de los doctores Edilberto de La Vega Donado y Dairo Guerra Torres.

De la sanción:

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación señalados en la precitada norma, veamos:

“ART. 45.–Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

a. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

b. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

c. Criterios de agravación

1. La afectación de Derechos Humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por los disciplinados y que para los artículos 34 literal d) y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, se efectuaron a título de dolo, como lo advirtió de manera acertada el a quo, ya que los profesionales del derecho, con su proceder, quebrantaron de manera manifiesta el deber profesional de lealtad con el cliente de no informar con veracidad y a la honradez del abogado de no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, causando de contera, considerable perjuicio a su cliente, por lo cual no es posible acceder a las peticiones de los defensores de confianza; que no cuentan con antecedentes disciplinarios, siendo procedente, imponerle la correspondiente sanción.

Por todo lo anterior, esta Sala encuentra que la decisión de imponerle como sanción la suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión conforme al artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, debe ser confirmada en su totalidad, a los doctores Edilberto De La Vega Donado y Dairo Guerra Torres, quienes incurrieron en las faltas a la lealtad con el cliente y la honradez del abogado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la Sentencia de 31 de julio de 2013, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de César, sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año, a los abogados Edilbertro de La Vega Donado y Dairo Guerra Torres, tras hallarlos responsables de las faltas de lealtad con el cliente al no informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado de que trata el artículo 34 literal d y a la honradez del abogado por no entregar a quien corresponda a la menor brevedad posibles dineros, establecidos en los articulo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».