Sentencia 2011-00104 de agosto 5 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2011-00104-00

Magistrado Ponente:

Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil trece

Discutido y aprobado en sesión de veintisiete de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de otros Estados tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros Estados se les otorgue validez en el nuestro, siempre y cuando en aquéllos se le reconozca valor al mismo tipo de decisiones o resoluciones emanadas del poder judicial colombiano.

Con reiteración ha sostenido la Corte que “La reciprocidad legislativa toma asiento, por su parte, al reconocérsele efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia del exequatur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en el territorio nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la práctica jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo objeto de exequatur” (sent., sep. 25/96, exp. 5724).

Además de la anterior exigencia, para que un fallo judicial extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país es imperativo el cumplimiento de los requisitos impuestos por el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el capítulo I del libro V del título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia cuya homologación se pretende deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 de la misma codificación.

2. El requisito consagrado en el numeral 1º del citado precepto 694 está satisfecho en este caso; pues, en la demanda se advirtió que durante la vigencia de la sociedad conyugal la pareja no adquirió bienes; y la decisión cuya homologación se pide sólo decretó el divorcio.

3. El numeral 2º del referido artículo 694, exige que la sentencia extranjera “no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”.

En concordancia con esta norma, en el asunto sub examine, el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinación del grupo interno de trabajo de tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó que “una vez consultado el archivo, no se encontró convenio internacional vigente entre …Colombia y la República Federal de Alemania que verse sobre el reconocimiento recíproco de sentencias” [fls. 57 y 58]; luego, no existe evidencia de la reciprocidad diplomática entre ambas naciones sobre el tema objeto del exequátur.

La parte interesada aportó documentos originales contentivos de las normas legales vigentes en aquel Estado, sobre matrimonio y divorcio [fls. 168 a 177], acompañadas de la respectiva certificación expedida por el Cónsul General de Colombia en Frankfurt [fl. 166], y memorando C-0508/0258, suscrito por el mismo funcionario [fl. 178]; además de la traducción oficial de aquellas [fls. 99 a 121].

Ese trabajo último citado fue sometido a publicidad y contradicción, sin haber sido objeto de tacha ni reproche alguno [fl. 124]. Además, fue realizado por intérprete oficial debidamente reconocida, conforme lo dispuesto en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

En ese texto legal aportado, se observa el § 107 FamFG (Ley sobre el procedimiento en asuntos de familia y de la jurisdicción voluntaria), el cual dispone: “(1) Decisiones mediante las cuales un matrimonio fue declarado como nulo, cancelado, divorciado de acuerdo con el vínculo conyugal o bajo mantenimiento del vínculo conyugal, o mediante las cuales se determinó la existencia o no de un matrimonio entre los actores, solamente se reconocen si el departamento de administración de justicia del estado determinó que se encuentran reunidas las condiciones para el reconocimiento” [fls. 118 y 119. Resaltado fuera del texto]. Esta norma regula lo relativo a las exigencias para homologar las sentencias extranjeras en materia de familia, incluidas las de divorcio.

En relación con esta específica materia, la Corte ha sostenido: “se colige que entre Colombia y Alemania no existe acuerdo bilateral o multilateral que regule el reconocimiento mutuo de sentencias pronunciadas en ambos países, lo que no obsta para aceptar que la legislación interna alemana acoge los efectos de las decisiones provenientes de jueces extranjeros en materia de divorcios, siempre y cuando se cumplan los requisitos contemplados en las “Leyes para la unificación de las prescripciones del derecho familiar”…

Al respecto, la jurisprudencia ha concluido que el artículo 7º de la citada codificación “prevé (…) que las sentencias extranjeras ‘por las cuales el matrimonio es declarado nulo (…) por separación de vínculo (…) o por las cuales la existencia o no existencia de un matrimonio entre las partes haya sido determinado’, solo serán reconocidas cuando la Administración de Justicia del Estado Federado correspondiente determine que existen las condiciones para su reconocimiento” (sent., abr. 4/2008, exp. 2006-01256-00)” [Sent., nov. 29/2011, exp. 11001-0203-000-2007-00939-00].

Y en sentencia del 23 de mayo de 2011, también sostuvo: “respecto de la reciprocidad legislativa, acorde con la traducción oficial allegada de la respuesta recibida del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, éstos prevén el reconocimiento de fallos extranjeros en cuestiones matrimoniales, en tanto el Código Procesal Civil Alemán en su artículo §107 establece que “[s]ólo se reconocen decisiones, mediante las cuales en el extranjero se declara un matrimonio como nulo, revocado, divorciados según el ligamen o bajo conservación del ligamen o por las cuales se constató la existencia o inexistencia de un matrimonio entre los participantes, si la administración de justicia nacional, constató, que existen las condiciones para el impedimento para que en un momento dado fuera reconocida fuerza de autoridad pública a un fallo colombiano” [11001-0203-000-2009-02043-00].

En conclusión, es claro que también las producidas en Colombia son admitidas allá, siempre que se ajusten a los requerimientos legales de ese país. Esta es una razonable condición; pues, todos los Estados deben proteger su propia jurisdicción, la soberanía nacional y la integridad y coherencia de su ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, la Sala considera que son ejecutables en Colombia las sentencias que decretan el divorcio, pronunciadas por los jueces alemanes, y en especial aquellas proferidas con fundamento en el mutuo acuerdo de los cónyuges, como aconteció en este caso. Por tanto, está satisfecho el requisito establecido en el numeral 2º del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.

4. En relación con la causal de divorcio que sirvió de fundamento al fallo cuyo exequatur se solicita, ella está consagrada en el numeral 9º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992 (que modificó el Código Civil Colombiano, art. 154 reformado por la L. 1ª/76, art. 4º): “El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”.

5. La exigencia contemplada en el numeral 3º del precepto 694 también se halla cumplida. En el documento contentivo de la traducción oficial de la sentencia (fls. 23 a 26) literalmente se da cuenta de que la misma “Se encuentra ejecutoriada desde el 21 de julio de 2005. Duisburg, 28 de octubre de 2010.”; certificación que fue firmada por el “oficial fedatario de la administración de justicia” de esa ciudad donde se produjo la decisión [fl. 23].

6. Tampoco se advierte dificultad alguna en cuanto al presupuesto establecido en el numeral 4º del aludido artículo, porque no se trata de un asunto cuya competencia sea exclusiva de los jueces colombianos.

7. Por otro lado, tampoco se tiene noticia de que actualmente se tramite otro proceso en algún estrado judicial colombiano; ni de que ya exista fallo ejecutoriado en el cual se hubiese resuelto sobre lo mismo. Así que igualmente se ve colmada la condición consagrada en el numeral 5º del comentado artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.

8. Finalmente, debe advertirse que no surge inconveniente con lo preceptuado en el numeral 6º; pues, ha quedado claro que se trató de un proceso sin contención; la pareja solicitó el divorcio de mutuo acuerdo.

9. Por todas estas razones, hay lugar al reconocimiento del exequátur solicitado; pues, aparecen cabalmente satisfechos los presupuestos consagrados en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, y se ha cumplido también con el debido procedimiento establecido en el precepto 695 ibídem.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Conceder el exequatur a la sentencia que con fecha 26 de abril de 2005 dictó el Juzgado Oficial de Duisburg, juzgado de familia, de la República Federal de Alemania en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

2. Para los efectos previstos en los artículos 6º, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Gloria Patricia Moreno Cárdenas y André Langer, y en el de nacimiento de aquella. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese.»