Sentencia 2011-00108 de diciembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente: 11001-03-24-000-2011-00108-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad relativa.

Actora: Hexagon Industrias e Comercio de Aparelhos Ortopedicos Ltda.

Tesis: La solicitud de registro de la marca cuestionada “Hexagon”, que identifica servicios de la clase 35 internacional encaja dentro la prohibición de registro, prevista en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, dado que se probó que el solicitante de dicha marca era distribuidor o la persona autorizada por la sociedad actora, titular de un signo similar, protegido en Brasil, esto es, “Hexagon”, que ampara productos de la clase 10 internacional. Además, constituye acto de mala fe y de competencia desleal.

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Debe la sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción propuesta por la SIC.

La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que entre la fecha de notificación del acto acusado y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136 del CCA.

Al respecto, cabe precisar que teniendo en cuenta que el acto acusado CONCEDE un registro marcario, es enjuiciable a través de la acción de nulidad relativa, a que alude el artículo 172(1) de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, y no de la de nulidad y restablecimiento del derecho, de que trata el artículo 136 del CCA, el cual, dicho sea de paso, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario.

Además, en el evento de que se declare la nulidad de dicho acto, no se derivaría un restablecimiento automático del derecho subjetivo de la actora, al no existir derecho alguno que restituirle, en razón a que la consecuencia de la nulidad solicitada es solo la cancelación del registro de la citada marca.

En el presente caso, la causal alegada por la actora es la de nulidad relativa, y conforme al citado artículo 172 de la Decisión 486, de la CAN, tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple, pues la Resolución acusada 41336 de 20 de agosto de 2009, que concedió el registro de la marca Hexagon, fue notificada por edicto desfijado el 16 de septiembre de 2009(2) (fl. 8, cdno. ppal.) y la demanda se presentó el 1º de marzo de 2011 (fl. 147, cdno. citado).

Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.

Ahora bien, la SIC, a través de la Resolución 41336 de 20 de agosto de 2009, concedió el registro de la marca mixta “Hexagon, en favor de la sociedad ZIE Ltda. para distinguir servicios de la clase 35(3) de la clasificación internacional de Niza.

Al efecto, la actora alegó que el registro de la marcaHexagon” (mixta), para identificar servicios de la clase 35 internacional fue solicitado con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, toda vez que la sociedad ZIE Ltda. actuó en Colombia como distribuidor de productos de la marca Hexagon” (nominativa) y tenía pleno conocimiento de que la sociedad Hexagon Industrias e Comercio de Aparhelos Ortopedicos Ltda. era la titular de la misma, para identificar productos comprendidos en la clase 10ª, en Brasil, conforme al certificado 827170211, vigente hasta el 21 de febrero de 2015.

Por su parte, la Superintendencia demandada, en la contestación de la demanda, adujo que la actora, a pesar de contar con la oportunidad procesal para alegar un mejor derecho, no se opuso al registro de la marca cuestionada.

Sobre este asunto, cabe resaltar que si bien es cierto que, en el presente caso, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca cuestionada Hexagon” (mixta), que distingue servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, también lo es que la entidad demandada está obligada a realizar el estudio de registrabilidad de la misma, pues su función principal, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, conforme lo señaló esta sección en la sentencia de 2 de junio de 2011 (exp. 11001-03-24-000-2004-00069-01, Actora: Security Systems Ltda., Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno), cuando razonó así:

“Al respecto, la sala considera que no le asiste razón al citado tercero, yaqueelhechodenohaberpresentadooposiciónniinterpuestolosrecursosdeley,noafectaparanadaquelasociedadactoraSecurity Systems Ltda.domiciliadaenlaciudaddeBarranquilla,hayademandadolosactosadministrativosexpedidosporlaSuperintendenciadeIndustriayComercio,queconcedieronlamarcamixtaSSecurity Systems,clase42delaclasificación internacional deNizayeldepósitodelnombrecomercialSecurity Systems”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad Security Systems Ltda., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, yaquelafunciónprincipaldelenteregistrador,esprotegeralpúblicoconsumidoryalasempresascompetidoras,frentealaconfusiónquegeneraríaelregistrodeunsignodistintivo,respectoaunnombrecomercial,asílaoficinanacional,nohubieratenidoconocimientodelaexistenciadedichonombrecomercial. Razón por la cual, esta sala prohíja el concepto que ha continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

“Es importante advertir que todo elsistemadepropiedadindustrialbusca, por un lado, protegerlaactividadempresarial y, por otro, protegerdemaneraefectivaalpúblicoconsumidor. Por lo tanto, aunquelaautoridadcompetentenotuvieranoticiadelaexistenciadeunnombrecomercialconfundibleconelsignoaregistrar,nosepuede,porestehecho,validarunregistroquepodríagenerarriesgodeconfusiónenelpúblicoconsumidory,además,afectarconestolaactividadempresarialdeltitulardelnombrecomercial.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, noesdable,desdeningúnpuntodevista,avalarelregistrodeunsignoconfundibleconunnombrecomercial,porelsimplehechodequeelregistradornohubieratenidoconocimientodelaexistenciadedichosignodistintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (fls. 702 a 703). (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

El tribunal en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal d), 137, 151, 258, y 259 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Corresponde entonces a la sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha decisión, procedía el registro de la marca Hexagonpara la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

[…].

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

[…].

“ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

[…].

“ART. 151.—Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los países miembros utilizarán la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecida por el arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la clasificación internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

[…].

Cuando una causal de nulidad solo se aplicará a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

[…]

“ART. 258.—Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

“ART. 259.—Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

[…]”.

De manera preliminar, la sala observa que, en el presente caso, es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la identidad o similitud conceptual, se señala que las marcas en conflicto son signos de fantasía, pues no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto.

De igual modo, la sala estima que entre los servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza: “Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Importar, producir, comercializar y vender cualquier tipo de instrumentos, implantes, prótesis y artefactos ortopédicos y de toda clase de elementos y equipos médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios y para la rehabilitación y drogas y medicamentos, así como productos de aseo”, que identifica la marca cuestionada y los productos de la clase 10ª Internacional: “instrumentos y aparatos quirúrgicos”, amparados por la marca de la actora, existe una relación, especialmente, en lo que concierne a aparatos quirúrgicos, debido a que los productos de la marca de la actora requieren o pueden requerir de los servicios que identifica la marca cuestionada para tener su marca en el mercado, se promocionan por los mismos medios —folletos, televisión, prensa—, e implican un uso complementario. Por lo tanto, existe conexión competitva.

Al existir entre los signos confrontados una similitud y una relación entre los productos y servicios que distinguen, es claro que se configura un riesgo de confusión entre aquellos.

Ahora bien, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero interesado en las resultas del proceso, titular de la marca cuestionada Hexagon”, para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, actuó de mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, al solicitar el registro de dicho signo, por haber sido distribuidor de productos de la marca Hexagon” (nominativa), de la actora, que identifica productos comprendidos en la clase 10ª Internacional, es del caso abordar este asunto.

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 2010 (exp. 1101-03-24-000-2001-00209-01, Actora: Sociedad Tintas Coral Ltda., Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno):

“[…] caberesaltarquetantolainterpretación prejudicial comolaConstituciónPolíticaColombiana,hantenidocomoprincipiogeneraldederechoquelabuenafesepresumey,portanto,lamalafedebeprobarseporquienlaalega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo:

“La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

(…).

Elmismotribunal sobrelamalafehamanifestadoqueparadeterminarsiunapersonaobróconmalafeesnecesarioquesuactuaciónseaconsecuenciadelaintenciónodelaconcienciadeviolarunadisposiciónlegalocontractualocausarunperjuicioinjustoeilegal(4). 

También ha manifestado lo siguiente:

“Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Porello,quienafirmeinobservanciadebeprobarla,paraconbaseenellodeducirlasespecíficasconsecuenciasjurídicasdispuestasporelordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”(5).

Paraelloprimerosedeberávalorarsilasolicitudestuvoincursaenlaprohibicióncontempladaenelliterald)delartículo136delaDecisión486(6)paralocualhabráquedeterminarsielsolicitantedelsignoeraunrepresentante,distribuidorounapersonaexpresamenteautorizadaporeltitulardelsignoprotegido.[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada Hexagon”, para distinguir servicios de la clase 35 internacional, estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, para lo cual habrá que determinar si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el tribunal en la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, a saber:

“1.3. Laprohibiciónderegistrocontempladaenelliterald)delartículo136establecequesedenegaráelregistrodeunsignocuandoelsolicitanteseaohayasidounrepresentante,distribuidorounapersonaexpresamenteautorizadaporeltitulardelsignoprotegidoenelpaísmiembrooenelextranjero,enestoscasos,laoficinanacionalcompetentedenegaráelregistrodelsignosolicitado.

1.4. Constituyecausaldenulidadrelativaelregistrodeunsignoobtenidoporquienesohayasido,representante,distribuidorounapersonaexpresamenteautorizadaporeltitulardelsignoprotegidoenelpaísmiembrooenelextranjero, entantoquesequiereprecautelarelderechodeltitularlegítimodelamarca,dequien,aprovechándosedeserohabersidosurepresentante,distribuidorosuautorizadoparaejerceraccionesmercantilesconsumarca,pretendabeneficiarsedeella,porelconocimientoqueteníadelsignoydelarelacióncomercialconeltitular. Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación.

1.5. Al momento de resolver el proceso, se deberá verificar si la conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido Hexagon en Brasil, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por esta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por esta; es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

1.6. En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente la calidad de titular de la marca por un lado y de distribuidor del solicitante de la marca. […]”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De los documentos aportados al expediente aparece probado que la sociedad Synthes y Trauma Ltda., hoy denominada ZIE Ltda., fue distribuidora o la persona autorizada por la sociedad Hexagon Industrias e Comercio de Aparelhos Ortopedicos Ltda., para distribuir en Colombia los productos distinguidos con el signo Hexagon”, protegido en Brasil, conforme consta en el contrato celebrado el 16 de mayo de 2006 y en los documentos de autorización de distribución exclusiva” de 15 de marzo de 2007 y 2 de septiembre de 2008, visibles a folios 13 a 18 del cuaderno principal.

Así mismo, se demostró que la sociedad Hexagon Industrias e Comercio de Aparelhos Ortopedicos Ltda. era titular de la marca “Hexagon” (nominativa), para identificar productos comprendidos en la clase 10ª internacional, en Brasil, de acuerdo con el certificado Nº 827170211, vigente hasta el 21 de febrero de 2015 (fl. 24, cdno. ppal.).

Por consiguiente, para la sala es evidente que la conducta reprochada encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, dado que se probó que la sociedad Synthes y Trauma Ltda., hoy denominada ZIE Ltda., solicitante del registro de la marca cuestionada, fue distribuidora o la persona autorizada por la sociedad actora, titular de un signo idéntico, protegido en Brasil, esto es, Hexagon, que ampara productos de la clase 10ª internacional.

Aunado a lo anterior, la sala considera que el registro de la marca cuestionada, obtenido por la nombrada sociedad ZIE Ltda., estuvo precedido de actos contrarios a la buena fe, pues era de su conocimiento que dicha denominación era la misma que identificaba los productos de la sociedad actora, con anterioridad a que la SIC concediera el registro por ella solicitado.

Conocimiento que se deriva de la calidad de distribuidor que tenía en el mercado colombiano, conforme se puso de presente anteriormente, y que evidencia que el objetivo no era el de registrar el signo para proteger la función distintiva que justifica su protección, sino que su finalidad era causar un perjuicio injusto e ilegal a partir de un esfuerzo ajeno.

Ahora, teniendo en cuenta que la sociedad ZIE Ltda. actuó contrario a la buena fe y obtuvo el registro de la marca cuestionada con violación a la citada disposición comunitaria y, por ende, realizó un acto indebido, con la intención de perjudicar a la actora, se configuró también un acto de competencia desleal, en virtud de lo señalado en el artículo 258 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, que establece que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas.

En cuanto al concepto de actos contrarios a los usos y prácticas honestos, el tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”(7).

Además, el tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sea indebido.

3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”.”. (Interpretación prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008)(8).

En consecuencia, le asistió razón a la actora al considerar que el signo cuestionado se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Por último, en lo concerniente al argumento de la SIC, relativo a que no se acreditó al momento del trámite marcario que se trataba de un distribuidor, representante comercial o persona autorizada por el titular del signo en el país miembro o en el extranjero, por cuanto, a pesar de contar con el registro internacional, el mismo no era oponible para la época de los hechos del trámite ante dicha entidad, la sala considera que no le asiste razón.

En efecto, si bien es cierto que la marca de la actora goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca y que para gozar de la plenitud de los derechos de propiedad en Colombia debe someterse al respectivo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional, también lo es que a pesar de que aquella no acreditó en el trámite de la marca cuestionada que la sociedad ZIE Ltda. era distribuidora o la persona expresamente autorizada por ella, en su condición de titular de un signo similar, protegido en Brasil, la SIC estaba obligada a realizar el respectivo examen de registrabilidad de la marca cuestionada y a no acceder a la protección marcaria de la misma, por encontrarla incursa en la citada causal de irregistrabilidad, establecida en el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, prevista en el artículo, conforme se puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, concluye la sala que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca Hexagon del tercero interesado en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad de la resolución demandada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 41336 de 20 de agosto de 2009, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la SIC.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca “Hexagon” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, en favor de la sociedad ZIE Ltda.

3. ORDÉNASE a la SIC publicar la parte resolutiva de esta providencia en la gaceta de la propiedad industrial.

4. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

1 “ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […]”. (Las negrillas fuera de texto).

2 Los cinco años para el ejercicio oportuno de esta acción deben contarse desde la fecha en que la marca fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial (Sent. de 24 de agosto de 2000, exp. 4954, Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

3 Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Importar, producir, comercializar y vender cualquier tipo de instrumentos, implantes, prótesis y artefactos ortopédicos y de toda clase de elementos y equipos médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios y para la rehabilitación y drogas y medicamentos, así como productos de aseo.

4 Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial Nº 461 de 2 de julio de 1999.

5 Proceso 3-IP-99

6 Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero;”.

7 Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, rendida dentro del proceso Nº 38-IP-98, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 419, de 17 de marzo de 1999. Reiterada en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso Nº 152-IP-2015.

8 Interpretación prejudicial rendida dentro del proceso Nº 152-IP-2015.