Sentencia 2011-00117 de noviembre 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 110010325000201100117(0409-11)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Oswaldo Antonio Baena Cardona

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

Bogotá, D. C., siete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera

El asunto a estudiar se circunscribe a determinar la legalidad de las resoluciones 0300060-2009-001 de 6 de febrero; 13181 de 3 de noviembre y 14785 de 11 de diciembre de 2006 expedidas la primera por el Jefe de Investigaciones Disciplinarias DIAN y las dos últimas por el Director General de la DIAN por medio de los cuales declaró responsable al actor disciplinariamente e impuso sanción de destitución e inhabilidad por el término de 15 años para ejercer cargos públicos, por incumplir el deber funcional encomendado al no inspeccionar las mercancías relacionadas en los manifiestos de carga.

El proceso disciplinario

La investigación tuvo origen en los informes de la policía judicial que dan cuenta de unas posibles actividades ilícitas al interior de la DIAN, por lo que la entidad de oficio decidió dar apertura a la indagación preliminar mediante auto de 5 de mayo de 2004 (fls. 291-293 cdn. 6).

La división de investigaciones disciplinarias ordenó dar apertura a la investigación el 5 de noviembre de 2004 (fls. 707-727 cdn. 7), mediante auto notificado el 18 de noviembre de la misma anualidad (fl. 751 cdn. 7).

Con auto de 26 de mayo de 2005 la DIAN formuló cargos contra el señor Baena Cardona (fls. 31-55), así:

“Se le atribuye al funcionario Oswaldo Antonio Baena Cardona la presunta comisión de la falta disciplinaria consistente en omitir la inspección de las mercancías relacionadas en los siguientes manifiestos, no cumpliendo al parecer con la Orden Administrativa 5 de 2002 respecto a los perfiles de riesgo:

A. Manifiesto de carga 1120003100001990 y documento de transporte Nº 230-80277422.

B. Manifiesto de carga 12003100002890 con documentos de transporte Nº 23015776622 de la empresa Ensenada S.A. y el Nº 23080297980 de la empresa Alnicos y/o Duniatex”.

La anterior decisión fue notificada al apoderado del disciplinado el 13 de junio de 2005 (fl. 926 cdn. 8). Mediante escrito de 24 de junio del mismo año, el investigado presentó descargos sustentando sus razones de desacuerdo con el pliego de cargos y solicitando se decreten algunas pruebas testimoniales que permitan suministrar en forma clara y precisa en qué casos las mercancías permiten omitir los perfiles de riesgos (fls. 941-946 cdn. 8).

Con auto de 23 de agosto de 2005 el operador disciplinario resolvió negar la solicitud de las pruebas pedidas por el actor, por considerar que son inconducentes, impertinentes e inútiles para esclarecer los hechos materia de investigación (fls. 1022-1025 cdn. 9).

Surtida la etapa probatoria, el 6 de febrero de 2006 se emitió fallo de primera instancia declarando responsable al actor e imponiéndole sanción de destitución e inhabilidad por el término de 15 años para ejercer cargos públicos (fls. 56-117 cdn. 1), decisión que fue confirmada mediante providencia de 3 de noviembre de 2006. Finalmente se profirió Resolución 14785 de 11 de diciembre de 2006 que ejecuta la sanción impuesta (fls. 160-162 cdn. 1).

Violación del debido proceso por defectos en el decreto, práctica y valoración probatoria

Afirma el demandante que se quebrantó el debido proceso por desconocimiento del derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política por las siguientes razones: la entidad investigadora no ordenó practicar la totalidad de las pruebas testimoniales solicitadas, no existió valoración integral del acervo probatorio aportado a la causa, tampoco hubo imparcialidad en la búsqueda de la prueba. Las decisiones tuvieron como fundamento probatorio la apreciación errónea de las llamadas interceptadas al actor, circunstancias que llevaron a proferir los fallos con falsa motivación.

En cuanto a la valoración probatoria se refiere, el titular de la acción disciplinaria, apreció en conjunto y de manera integral los informes de 16 de mayo, 10 de junio, 1º de agosto de 2003 realizados por los investigadores judiciales donde se ponen de manifiesto las irregularidades en que incurrió el demandante, las declaraciones de importación de 17 de julio de 2003, entre otros elementos que demostraron la falta del actor, conforme a las reglas de la sana crítica y la experiencia, practicó todas las pruebas solicitadas por el investigado, actuó con imparcialidad en la búsqueda de la prueba teniendo en cuenta lo favorable y desfavorable al inculpado, lo que conllevo proferir cargos.

Fijó su decisión final en la discrecionalidad jurídica, objetiva que los elementos probatorios establecieron; la entidad no vulneró garantías constitucionales y legales, la actuación procesal no implicó, la negación o valoración arbitraria, irracional o caprichosa de la prueba; tampoco ignoró sin razón valedera algún hecho o circunstancia; por el contrario su decisión es producto de una interpretación razonable del material probatorio y de las normas aplicables al caso, conforme se demostró a folios 56 a 117 y de 119 a 159 del cuaderno principal.

Señala el actor que los testimonios de Luis Fernando Galeano Escobar, Andrés Yepes, Jorge Humberto Blanco y Juver Alexander Restrepo fueron solicitados y no practicados por la entidad, no obstante se observa que al pedir la práctica de dichos testimonios no indicó qué pretendía demostrar con ellos, esto es, el objeto de la prueba, razón por la cual el operador disciplinario en auto de 23 de agosto de 2005 negó su práctica al considerar que no eran conducentes, pertinentes y no presentaban utilidad para esclarecer los hechos materia de investigación, sin que de ello pueda derivarse la violación del debido proceso, además se le otorgó el recurso de apelación contra dicha decisión, resuelto mediante Resolución 12069 de 13 de diciembre de 2005, en el mismo sentido.

El acervo probatorio que formó parte de la investigación y que sirvió para fundamentar el fallo, entre otros es el que a continuación se relaciona:

En el Informe G.A.T. C.T.I. 195 de mayo 26 de 2003, se leen las transcripciones de las siguientes llamadas: Mayo 21 de 2003, “entre Ángel Ayala y Oswaldo, en la cual Ángel le pregunta a Oswaldo que si ya terminó con eso, Oswaldo le dice que todavía no y que no sabe a qué horas termina, Ángel le dice que ya sabe, que al mico, Oswaldo le dice que como acabó de llegar él de Bogotá, el que trae el cabotaje todavía se demora, Ángel le dice que se confía en él, porque se comprometió con un personal allí, Ángel le pregunta a Oswaldo que si de todas maneras se queda tranquilo, Oswaldo le manifiesta que sí, Ángel dice los 7422 al mico”.

Informe CTI/SIA 1471070 de junio 10 de 2003, en el cual se indica por los investigadores judiciales “que se tuvo conocimiento por medio del monitoreo a las líneas telefónicas interceptadas que el señor Ángel Ayal (sic) Vivas, solicitó al señor Oswaldo Baena que le colaborara con una mercancía para que saliera rápido, pues a él le habían pedido el favor personalmente, se necesitaba que a esta mercancía no se le hiciera inspección física lo que en efecto se dio, agregan los investigadores judiciales, que al verificar de que se trataba, se encontró que la guía 7422 en efecto pertenecía a Alnicos, trae diferentes mercancías como ropa, calzado, fantasía las cuales se consideraron como perfiles de riesgo para la DIAN, explican que por las características de la mercancía a esta clase de importaciones se le hace inspección al 100%, lo cual obviamente no se realizó en esa ocasión, se indica que posteriormente se dio otra importación de las mismas características de Alnicos, la cual fue recibida por Juver y tampoco le realizó inspección”.

Declaración de importación de 22 de mayo de 2003, con manifiesto de carga número 1120003100001990 y documento de transporte 230-80277422, en los cuales se relacionan los siguientes ítems:

MercancíaProcedenciaCantidad
CalzadoVietnam60
CamisetaTurquía42
CalzadoChina966

Declaración de importación de 17 de julio de 2003, con manifiesto de carga 1120003100002890 y documento de transporte 230-80297980, donde se relacionan los siguientes ítems:

MercancíaProcedenciaCantidad
CalzadoChina474
CalzadoChina467

Versión libre de Oswaldo Antonio Baena Cardona, donde manifestó: “(…) que efectivamente esa fue una llamada hecha por Ángel, quien le estaba preguntando, a qué horas iba para viajeros, porque le había pedido un favor con una mercancía, con una guía que si no arrojaba inspección al 10%, que por favor no la hiciera al 100%, porque era mercancía de importadores que ya se le habían hecho varias inspecciones y no le habían encontrado nada, agrega que frente a este favor del señor Ayala Vivas, no se realizó inspección al 100%, ya que por el nivel de confianza que le tenía a Ángel, se basaban en muchas oportunidades en los criterios de Ángel y de Juver (…)”

Revisado el material probatorio, se concluye que no obra prueba que demuestre fehacientemente que el actor ejerció el deber funcional encomendado por la entidad demandada, esto es, la inspección de las mercancías que se encontraban sometidas a los perfiles de riesgo establecidos en la Orden Administrativa 5 de 2002 para su correspondiente nacionalización.

De ahí que el acervo probatorio relacionado fue el fundamento para proferir los fallos de primera y segunda instancia registrando las razones jurídicas y probatorias para imponer la sanción disciplinaria al demandante, al señalar que:

“Ahora bien, con relación a este primer hecho de las pruebas recaudadas se logra establecer que el funcionario Oswaldo Antonio Baena Cardona, efectivamente suministró información al ex funcionario Ángel Ayala, día 21 de mayo de 2003, con relación al documento de transporte 230-80277422 con fecha del 20 de mayo de 2003, tal y como se desprende de las llamadas efectuadas el 21 de mayo de 2003. Así mismo, que el funcionario accedió a la solicitud realizada por el ex funcionario Ángel Ayala de no proceder a realizar la inspección, pues Ángel se había comprometido hacer un favor a terceros hecho que abiertamente le manifestó al funcionario Baena Cardona en las llamadas que se interceptaron.

Por otra parte de la declaración de la importación referida se puede concluir que en la misma procedía la inspección de las mercancías, toda vez que de conformidad con la Orden Administrativa 5 de 2002, presentaba dos perfiles riesgo, uno de ellos con relación al tipo de mercancía y el otro relacionado con la procedencia y la cantidad que se importa, y aunque el aplicativo SYGA, no la había arrojado para inspección el funcionario competente, en este caso Oswaldo Antonio Baena Cardona, estaba en la obligación de verificar dicha mercancía, toda vez que cumplía con los perfiles de riesgo (tipo de mercancía, país de procedencia, cantidad) establecidos previamente, nótese que además que de la llamada realizada el 21 de mayo de 2003 a las 6:23 Oswaldo le dice a Ángel Ayala que el sistema no había arrojado nada, no obstante afirma que “era estilo inspección” afirmación que nos permite concluir que efectivamente el funcionario investigado tenía pleno conocimiento de que procedía la inspección, sin embargo no procedía a realizarla (…).

Con relación a este segundo hecho nótese igualmente que la mercancía importada presentaba los mismos perfiles de riesgo que la anterior, esto es: el tipo de mercancía y el lugar de procedencia y cantidad, lo que necesariamente le imponía al funcionario el deber de inspeccionar dicha mercancía a pesar que la misma no había sido marcada por el SYGA para inspección (…)

Con estas pruebas documentales se logra establecer que para la época de ocurrencia de los hechos investigados, es decir el mes de mayo del año 2003, y previa a ellas, eran claras y precisas las instrucciones al incumplimiento de la Orden Administrativa 5 de 2003, que dicha orden tenía como finalidad reforzar los controles aduaneros y por lo tanto la implementación rigurosas de las estrategias allí fijadas, permitía un control efectivo del arribe del ingreso de mercancías con el lleno de los requisitos al territorio nacional.

Nótese que las actas o nichos de comunicación allegadas en el año 2002 obrantes a folios 1042 y 1049, esto es con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma en comento, se imparte instrucciones tendientes a reforzar y ser mas rigurosos en el control, sin que para el año 2003 se haya pedido establecer que el control se haya hecho mas permisible o se haya procedido a su flexibilización, tal y como lo indica la jefe de división de servicios al comercio exterior en su Oficio 8311068-753 del 6 de septiembre de 2005, obrante a folio 1044.

(…)

Para entrar a establecer las razones que fundamentan la sanción a imponer al servidor de la contribución Oswaldo Antonio Baena Cardona es preciso tener en cuenta que a partir del análisis hechos al material probatorio obrante en el expediente, se concluye que en la conducta realizada se estructuran todos y cada uno de los elementos que configuran la responsabilidad disciplinaria, esto es, que la misma es típica, antijurídica y culpable.

(…)

El funcionario Oswaldo Antonio Baena Cardona con su proceder, afectó el deber funcional de la entidad a la cual se encuentra adscrito y con ello vulnero la preservación de la función pública, toda vez que su obligación era velar porque se diera estricto cumplimiento de la Orden Administrativa 5 de 2002 y de los requisitos establecidos en la norma administrativa tendiente a reforzar los controles aduaneros por las zonas habilitadas, máxime si se percato de que dichas mercancías eran procedente la realización de la inspección, tal y como se logró probar en la presente actuación”.

A su turno en la providencia de 3 de noviembre de 2006, se consideró que:

“No debe perderse de vista que a todas luces su práctica resulta inconducente puesto que ya no quedaba a criterio de los coordinadores implantar los perfiles de riesgo, toda vez, que si se observa detenidamente la Orden Administrativa de julio 7 de 2002, en el numeral 7.5 en concordancia con lo previsto en el artículo 73 del Decreto 2685 de 1999, disponen que una vez seleccionado el documento de transporte para seguimiento, se debe realizar inspección al 100% de la mercancía, por lo que en el presente caso se daba el presupuesto de la ley y/o reglamento, pues las guías estaban seleccionadas para su inspección del 100% y no ocurrió así, según se demuestra con las pruebas que reposan en la foliatura. Es más, esta regulación en concreto al seguimiento de la mercancía del lugar de arribo a deposito no permite que interfiera la discrecionalidad del funcionario en el ejercicio del control, para que obtenga acogida en esta instancia, el argumento de defensa que no se realizó control porque era un importador conocido, es descabellado desde todo punto de vista, mas aun si se contempla que la función de servidor público es reglada y que como tal debe velar por el cumplimiento de la ley y como representante de la DIAN a quien el Estado ha encomendado la labor tan importante como es la del control del ingreso de las mercancías al territorio nacional, se constituye como deber propio del cargo, no perder el control, ni mucho menos desplazarlo por criterios personales, en sí no podrá defraudar esa confianza”.

Todo lo dicho demuestra, que el actor conocía su deber funcional, plasmado en la orden Administrativa 5 de 2002 sin embargo resolvió actuar en forma contraria a lo establecido por las disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentaria. Nótese que el ente sancionador cotejó la norma aplicable con la conducta desplegada por el demandante, concluyendo que se apartó de las directrices, reglamentos y procedimientos trazados por la DIAN en materia aduanera. Ahora bien dada su especial relación de sujeción con la entidad, le impone asumir un comportamiento totalmente transparente, pero que se vio enlodado al encontrarlo responsable y ser sancionado por la falta disciplinaria establecida en el artículo 48 numeral 50 de la Ley 734 de 2002, que dispone:

“ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

50. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o cambiario”.

Es así como del recaudo probatorio se demostró la configuración de la falta descrita, pues el actor omite la inspección de mercancías relacionadas en los manifiestos de carga Nº 1120003100001990 con documentos de transportes 230-80277422; 12003100002890 Nº 23015776622 de la empresa Ensenada S.A. y 23080297980 de la empresa Alnicoson y/o Duniatex, conforme lo establece la Orden Administrativa 5 de 2002 que señala los perfiles de riesgo que determinan qué bienes requieren ser inspeccionados por funcionarios de la DIAN para efectos del ingreso al territorio nacional.

Todo lo anterior demuestra que el actor no aportó al proceso, el acto administrativo que acreditara haber realizado la inspección de las mercancías en cumplimiento de su deber funcional, menos obran elementos probatorios que justifiquen su comportamiento.

Los anteriores aspectos, analizados y valorados junto con los informes entregados por el CTI relacionados con la interceptación de llamadas al actor y los testimonios, arrojaron como resultado la responsabilidad del actor con el cargo atribuido, razones por las cuales la Sala encuentra infundado el argumento propuesto por el demandante según el cual “no existió una interpretación correcta de las llamadas y sustentar el fallo en estas pruebas”, toda vez que los actos impugnados se motivaron en la totalidad del material probatorio arrimado al plenario, no solo en las llamadas telefónicas frente al cual el actor no aportó medio de prueba alguno que demuestre que acató su deber funcional como inspector de aduanas.

Ahora bien, es pertinente decir que el dolo con que se ejecutó la falta disciplinaria quedó demostrado en el curso del proceso con la violación objetiva de los deberes funcionales por parte del actor y la existencia de elementos subjetivos con que actuó el sujeto disciplinable al realizar la conducta; toda vez que conocía su deber funcional y sin embargo actuó de manera contraria cuando omitió realizar la inspección a las mercancías objeto de investigación tal y como se lo impone la Orden Administrativa 5 de 2002, conducta que es tipificada como falta disciplinaria a luz del artículo 48 numeral 50 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 44 y 46 ibídem, que disponen respectivamente:

“ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas”.

“ART. 46.—Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.

(…)”.

Determinado el anterior marco normativo, el operador disciplinario cuenta con un amplio margen de discrecionalidad al momento de estructurar y dosificar la sanción disciplinaria, vale decir, que debe observar la existencia de los componentes normativos y causales de justificación siempre y cuando estén ajustadas al principio de proporcionalidad, por cuanto debe estar dada una correlación y un equilibrio entre el ilícito disciplinario y la sanción por imponer. De esta manera quedó probado que la sanción fue impuesta dentro de los parámetros de proporcionalidad fijados por la ley.

De la sanción

El actor estima que la entidad sancionadora no tuvo en cuenta el buen nombre de que gozaba y la ausencia de antecedentes disciplinarios aspectos determinantes para la graduación de la sanción.

El artículo 47 de la Ley 734 de 2002, establece los criterios de graduación de la sanción, los cuales son:

“ART. 47.—Criterios para la graduación de la sanción.

1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;

b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;

c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;

d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;

e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado;

f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso;

g) El grave daño social de la conducta;

h) La afectación a derechos fundamentales;

i) El conocimiento de la ilicitud;

j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad”.

De lo anterior se deduce que si bien es cierto que el inculpado no presentaba antecedentes disciplinarios y gozaba de buen nombre, estos no fueron los únicos criterios analizados para efectos de graduar la sanción, sino que también tuvo en cuenta: la falta de diligencia del actor para realizar su función (b), atribuir la responsabilidad infundada a un tercero (c), el daño ocasionado a la administración (g) y el conocimiento de la ilicitud de su actuar (i), razones suficientes que llevaron a la entidad a dosificar la correspondiente sanción dentro de los parámetros de proporcionalidad y racionabilidad.

Violación del principio de favorabilidad

Como otro cargo planteado por el actor, afirma que se dio inicio a la investigación disciplinaria, a pesar de haber sido absuelto en materia penal, motivo por el cual no podía ser declarado disciplinariamente responsable con fundamento en las mismas pruebas, es preciso señalar que acerca de la distinción entre el derecho disciplinario y el derecho penal esta corporación(2) ha señalado:

"A juicio del Consejo de Estado, el bien jurídico protegido por la acción disciplinaria es distinto del que es propio del proceso penal. Entonces, aunque la investidura oficial es relevante, los tipos penal y disciplinario son distintos en su estructura básica, y por lo mismo la absolución penal no implica necesariamente la exoneración en el proceso correccional. El bien jurídico protegido por la norma penal es más amplio y genérico, toda vez que se hallan involucrados los valores e intereses de toda la sociedad. Por el contrario, el interés protegido por la acción disciplinaria es institucional, es decir más reducido en su ámbito. Además, el reconocimiento de que el legislador puede consagrar tipos disciplinarios y tipos penales para sancionar la conducta de los funcionarios públicos, muestra por sí solo la distinta naturaleza y la independencia de las actividades penal y correccional”.

Cierto es, que las pruebas que originaron la acción disciplinaria son las mismas que en materia penal absolvieron al actor, no significa ello que la acción disciplinaria siga el mismo curso. Pues no hay que olvidar que el proceso disciplinario tiene como fin juzgar el comportamiento ético del servidor público, en esta medida el acervo probatorio buscó determinar la responsabilidad del inculpado y demostrada esta aplicar la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previstos en la ley disciplinaria.

El derecho disciplinario está orientado a imponer correctivos a la omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones públicas, su finalidad es la de garantizar el buen servicio, la moralidad y prestigio del órgano público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente que tiene la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales.

Descendiendo al asunto materia de estudio, encuentra la Sala que es válido tomar como prueba para adelantar la investigación disciplinaria los informes del CTI que hacen relación a las llamadas interceptadas al actor, elementos probatorios recaudados en el proceso penal, dirigido en este caso a demostrar las presuntas irregularidades funcionales en que estaría incurriendo el investigado producto de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración con miras a de defender el ejercicio de la función administrativa.

Por último la aplicación del principio de favorabilidad a que se refiere el actor no tiene vocación de ser, como quiera que su intención es que la acción disciplinaria tenga la misma suerte del proceso penal, interpretación errónea que se tiene del principio de favorabilidad, puesto que en materia disciplinaria el artículo 14 de la Ley 734 de 2002 dispone que:

“Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política”.

Como se observa dicho principio hace relación a la aplicación de la ley en el tiempo, sin embargo en el presente caso no se discute que norma es adaptable a los hechos, pues es claro para esta corporación que al tratarse de faltas disciplinarias están sometidas al derecho disciplinario y no a otro tipo de acción como lo pretende hacer ver el investigado. Luego el actor no puede conmutar el fin del principio de favorabilidad con un posible cambio de acciones atendiendo sus intereses.

Se deduce con todo lo anterior que el proceso disciplinario estuvo precedido de las garantías constitucionales y legales que lo caracterizan, no se observa vulneración alguna que vicie de nulidad los actos demandados. En consecuencia como la parte actora no logró desvirtuar la legalidad que reviste los actos acusados, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda promovida por Oswaldo Antonio Baena Cardona contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

RECONÓCESE personería al doctor Juan Carlos Becerra Ruiz como apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 561 del expediente.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente».

(2) Sentencia 13 de septiembre de 2012, Expediente: 0561-11, M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Actor: Carlos Arturo Bello Bonilla.