Sentencia 2011-00119 de agosto 25 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 230011102000201100119 01

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño

Registro proyecto: 25 de agosto de 2014

Aprobado según Acta Nº 66 de 27 de agosto de 2014

Ref.: Funcionarios en apelación

Denunciado: Blanca Ramos Correa – Juez Promiscuo de Familia de Lorica y Álvaro Chica Yáñez – Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica

Denunciante: Procuraduría General de la Nación

Primera instancia: Destitución e inhabilidad por 10 años

Decisión: Confirma

Prescripción: 29 de noviembre y 27 de diciembre de 2014.

Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Conforme las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución y 112.4 de la ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver los recursos de apelación contra las sentencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura del país.

La competencia de la Sala se limita a lo inescindible del recurso de apelación y sobre su contenido habrá de resolverse.

2. Identificación de las personas investigadas.

En este proceso se investiga a los señores Álvaro Chica Yáñez (C.C. 2.756.374 de Ciénaga de Oro – Córdoba) y Blanca Rosa Ramos Correa (C.C. 26.109.867 de San Antero), en su calidad de jueces Primero Promiscuo Municipal de Lorica y Promiscuo del Circuito de Familia de Lorica, respectivamente. Según el certificado obrante en el expediente, para la época los funcionarios investigados no registraban antecedentes disciplinarios.

3. Análisis del caso concreto

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 20 de febrero de 2013 por la Seccional de Córdoba, para lo cual efectuará de manera preliminar un sucinto recuento de los hechos que dieron lugar al presente expediente disciplinario.

En sentencia del 30 de noviembre de 2009 el Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica Álvaro Chica Yáñez condenó al Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de Telecom a incluir en el “Plan de Pensión Anticipada” al señor José María Larrarte Sandoval junto con otros 31 antiguos trabajadores de tal entidad, aduciendo que les faltaban “menos de siete años para pensionarse a la fecha del ofrecimiento de dicho plan (marzo 31 de 2003)”. En consecuencia, le ordenó reconocer, liquidar y cancelar los valores correspondientes a las mesadas pensionales dejadas de recibir desde el momento de su desvinculación a la empresa y hasta tanto se produjera su pago efectivo, con la respectiva indexación de los montos entregados.

Como fundamento de esta decisión, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica partió por declarase competente desde el punto de vista territorial para conocer de la demanda de tutela, teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Constitución le confiere a “todos los jueces” de la República la facultad de resolver las demandas de esta índole y que las normas previstas en el Decreto 1382 de 2000 son de mero reparto, por lo cual, su eventual desconocimiento no vicia de nulidad la actuación. Ahora bien, con respecto al caso concreto, señaló que una de las 32 accionantes, la señora Liliana Lengua, manifestó tener su domicilio en el municipio de Lorica, lo cual le bastaba para asumir el conocimiento de todas las demás pretensiones, pese a que los restantes actores “no expresa[ro]n de manera diáfana su domicilio”.

Con respecto a la satisfacción del requisito de subsidiariedad aplicable a la acción de tutela, el Juez en cuestión señaló que la entidad demanda “no desvirtuó” las afirmaciones realizadas por los accionantes en el sentido de que “la pensión que persiguen se constituye en la única fuente de ingreso” de ellos y sus familias, situación que le permitía colegir la existencia de una afectación a sus derechos al mínimo vital que tornaba procedente el mecanismo constitucional. Sumado a lo anterior, indicó que según el Decreto 4736 de 2008 el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, plazo que le impedía a los demandantes acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a reclamar sus derechos.

Seguidamente sostuvo que la acción de tutela también superaba el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que perseguía el pago de una prestación periódica y vitalicia como lo es la pensión de jubilación, situación que le atribuía carácter vigente a la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes.

Una vez abordadas las consideraciones de fondo, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica indicó que los demandantes se encontraban en pie de igualdad con “otros” antiguos trabajadores de Telecom que sí fueron beneficiados con el Plan de Pensión Anticipada, situación que les confería el derecho a recibir el mismo trato. En tal sentido, invocó tres decisiones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que en su concepto reconocían los mismos derechos en situaciones fácticas análogas, dando aplicación al derecho fundamental a la igualdad.

A continuación, el Juez efectuó algunas consideraciones alrededor de la jurisprudencia constitucional elaborada en torno a los derechos a la igualdad, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas y declaró que “las pruebas aportadas por cada uno de los actores”, (declaraciones extrajuicio) le llevaban a evidenciar sus condiciones de pobreza, desempleo y desprotección, en virtud de las cuales resultaba procedente acceder a la tutela de su derechos fundamentales.

Efectuadas las anteriores elucubraciones, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica entró a estudiar el cumplimiento de los requisitos para acceder al Plan de Pensión Anticipada de cada uno de los accionantes, a la luz, entre otras normas, del Decreto 2661 de 1960 y dos convenciones colectivas suscritas entre los trabajadores de Telecom y sus directivas, durante los años 1994 y 1996. Fruto de este ejercicio, encontró que la citada entidad estatal les había negado sin justa causa el disfrute de su pensión de vejez, junto con algunas otras prestaciones sociales, lo cual, según la autoridad judicial en cuestión, resultaba contrario a la Constitución y debía ser objeto de inmediata corrección.

Contra esta providencia el PAR de Telecom interpuso impugnación ante la Jueza Promiscua del Circuito de Familia de Lorica, Blanca Rosa Ramos Correa. En su recurso, reiteró el precedente invocado ante el juez de primera instancia y sentado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-551 de 2009, según el cual, los reclamos laborales efectuados por ex trabajadores de Telecom ante los jueces de tutela por razones idénticas a las esgrimidas en el presente caso, eran improcedentes a todas luces al desconocer el principio de inmediatez aplicable a dicho mecanismo judicial. De igual forma, destacó que el Alto Tribunal descartó la existencia de un perjuicio irremediable en esta clase de asuntos y resaltó que los demandantes nunca justificaron su prolongada inacción durante tantos años (en el expediente bajo examen, más de 6 años entre la desvinculación de los trabajadores y su interposición de la acción de tutela). Por último, señaló que en todo caso los accionantes no cumplían con los supuestos normativos para acceder al Plan de Pensión Anticipada que reclamaban.

El 28 de diciembre de 2009 la Jueza Promiscua del Circuito de Familia de Lorica Blanca Rosa Ramos Correa desató la anterior impugnación y confirmó el fallo de primera instancia. Al respecto, sostuvo que la tutela procede de forma excepcional para ordenar el pago de prestaciones económicas cuando se demuestra una lesión al mínimo vital. Añadió que la empresa les otorgó un trato discriminatorio a los demandantes, de cara a “otros” trabajadores que sí fueron incluidos en el plan de pensión anticipada. Sobre la procedencia de la acción, expuso que “algunos” de los actores acudieron ante la empresa o la “jurisdicción ordinaria” y sus pretensiones fueron negadas o estaban a la espera de resolución, por lo cual, su única vía judicial eficaz era la tutela.

Con respecto a los requisitos fijados por la ley y las convenciones colectivas elaboradas al interior de Telecom, señaló que los demandantes habían demostrado satisfacerlos en el caso concreto. En tal sentido, invocó la sentencia del 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que ante circunstancias semejantes ordenó el reconocimiento y pago de las sumas de dinero adeudadas por concepto de pensiones.

Para finalizar, retomó el argumento del fallo impugnado sobre la inmediatez de la acción de tutela cuando se verifica la persistencia en el tiempo de la afectación a los derechos fundamentales y declaró en firme las liquidaciones de los valores correspondientes a las pensiones dejadas de pagar, presentadas por los accionantes, teniendo en cuenta que la entidad condenada guardó “absoluto silencio sobre las mismas”.

Ahora bien, esta conducta fue denunciada por el representante legal del PAR de Telecom ante las autoridades competentes y objeto de reproche disciplinario por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante sentencia del 20 de febrero de 2013. Sin embargo, los jueces Álvaro Chica Yáñez y Blanca Rosa Ramos Correa consideran desacertadas sus condenas, por lo motivos ya expuestos en acápite precedente.

Así las cosas, la Sala estudiará primero las razones de nulidad argumentadas por el doctor Álvaro Chica Yáñez, para luego abordar los motivos de descontento esbozados por él y por la doctora Blanca Rosa Ramos Correa frente a la sentencia de primera instancia.

3.1. La solicitud de nulidad

Según el doctor Chica, la condena proferida en su contra vulneró su derecho al debido proceso por cuanto se adoptó sin haberlo escuchado en versión libre durante el trámite de primera instancia, “nunca” se decretó formalmente la “apertura a pruebas” o se le notificó tal proveído y nunca se le notificó el auto mediante el cual se ordenó el nombramiento de un conjuez, con lo cual se le impidió “recusarlo”.

No obstante, con respecto a las dos primeras acusaciones, según el material obrante en el proceso, el doctor Chica sí contó con la oportunidad de solicitar ser escuchado en versión libre durante el desarrollo de la respectiva investigación y también fue notificado personalmente del auto en virtud del cual se abrieron las presentes diligencias, dándosele la oportunidad para solicitar las pruebas que estimara conducentes y pertinentes en ejercicio de su derecho de defensa.

Así, el 19 de abril de 2010, la Sala de primera instancia abrió la investigación disciplinaria(12), decretó ciertos elementos probatorios y ordenó notificarles a ambos jueces la iniciación de las diligencias para que solicitaran y aportaran pruebas, de acuerdo con los artículos 90 y 92 de la Ley 734 de 2002. En esta decisión también se dispuso informales que “si a bien lo tenían”, “rindieran un informe explicativo y completo” por escrito, sobre los hechos objeto de denuncia.

Adicionalmente, obra en el plenario constancia de que el 27 de julio de 2010 el doctor Chica fue notificado personalmente de aquel auto de apertura proferido el 19 de abril del mismo año(13).

En virtud de la debida publicidad que la Sala de primera instancia le imprimió a la decisión del 29 de abril de 2010 fue que la doctora Blanca Rosa Ramos Correa rindió explicaciones sobre su conducta en dos ocasiones (el 3 de mayo de 2010 y el 29 de julio de 2010).

Entonces, resulta infundado aducir por parte del doctor Álvaro Chica Yáñez que nunca tuvo conocimiento de la apertura de la investigación en su contra y del término dispuesto para que allegara y solicitara pruebas o mecanismos de defensa a su favor (como la versión libre que echa de menos), teniendo en cuenta que no solo fue notificado personalmente del citado auto interlocutorio, sino que además, envió dos oficios con destino a la Sala Seccional de primera instancia durante la etapa de instrucción, mediante los cuales informó que el expediente de tutela No. 2009-00089 no reposaba en su despacho, pues había sido remitido con antelación al juzgado Promiscuo del Circuito de Familia de Lorica para surtírsele el correspondiente trámite de impugnación. Tales comunicaciones fueron enviadas por el Juez Álvaro Chica Yáñez a la Sala de primera instancia el 5 de mayo de 2010 (folio 23 C.O.) y el 2 de agosto del mismo año (folio 91 C.O.).

En vista de lo anterior, solo es posible concluir que el doctor Álvaro Chica Yáñez declinó voluntariamente de la solicitud de ser escuchado en versión libre y de pedir otras pruebas durante el desarrollo de la investigación disciplinaria adelantada en su contra. No es de recibo, en consecuencia, pretender ahora la nulidad de la sentencia condenatoria bajo el argumento de violación a su derecho de defensa.

En segundo lugar, con respecto al supuesto desconocimiento de su derecho al debido proceso por la falta de notificación del auto mediante el cual se sorteó al conjuez Danilo Guzmán Padilla, quien integró la Sala de primera instancia que profirió la condena disciplinaria en su contra, basta decir, por un lado, que el apelante no indicó las razones por las cuales esa omisión desconoció sus prerrogativas fundamentales, ni las circunstancias que a su juicio ubicaban al citado conjuez en alguna causal de incompatibilidad de las previstas en la Ley 734 de 2002 o la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Así las cosas, se trata de una acusación carente de sustento, frente a la cual la Sala no se encuentra en la obligación de adelantar un estudio a fondo, teniendo en cuenta que en este punto en concreto el recurso de apelación adoleció de sustentación y por ende deviene desierto, como lo establece el artículo 112 de la Ley 734 de 2002:

“Sustentación de los recursos. Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar” (Resaltado fuera del texto original).

Por otro, en gracia de discusión es necesario advertir que según consta en el expediente, el sorteo del conjuez mencionado se efectuó el 8 de febrero del año 2013, mientras que la sentencia apelada se expidió el 20 del mismo mes. Esto implica que el juez Chica contó con doce días para elevar sus razones de oposición a la designación temporal del señor Danilo Guzmán Padilla como integrante de la Sala de primera instancia. Finalmente, debe resaltarse que los actos de sorteo y nombramiento de conjueces no son de aquellos que requieren notificación a los sujetos procesales, según lo establecen los artículo 113, 115 y 117 de la Ley 734 de 2002.

Así las cosas, de acuerdo con las consideraciones recién expuestas, la Sala negará la nulidad propuesta por el doctor Álvaro Chica Yáñez.

3.2. Argumentos de disenso frente a la sentencia de primera instancia

Como se relató previamente, los apelantes invocan diversas razones para solicitar la revocatoria de la sanción impuesta en su contra, las cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1) No desbordaron su autonomía funcional al expedir las sentencias de tutela del expediente No. 2009-00089, por cuanto aplicaron un precedente judicial de índole local, establecido por Tribunales Superiores de Distrito Judicial frente a casos similares. El señor Chica, por su lado, argumenta que no le era exigible la aplicación de lo estatuido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-551 de 2009, toda vez que era muy reciente para la época en la cual adoptó el fallo cuestionado.

2) Teniendo en cuenta lo anterior, aseguran que obraron sin dolo, de lo cual infieren que no era lícito condenarlos por incurrir en el delito penal de prevaricato, que solo admite esa forma de culpabilidad. Sobre este aspecto, el doctor Chica añade que la Sala Seccional de Córdoba carecía de competencia para declarar la configuración de aquel ilícito penal y que le aplicó un régimen de responsabilidad disciplinaria objetiva, proscrito en la legislación nacional.

3) La doctora Blanca Rosa Ramos Correa considera que la acción de tutela objeto de controversia sí cumplía el requisito de inmediatez dispuesto por la Constitución, pues no existe plazo legal para la interposición de aquel mecanismo judicial y, por consiguiente, recaía en su discrecionalidad determinar su cumplimiento en aquel proceso.

A continuación se analizarán estos argumentos de impugnación:

1) Se demostró que los jueces condenados tenían conocimiento de lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-551 de 2009 con respecto a la procedibilidad de reclamos idénticos formulados por vía de tutela contra el PAR de Telecom. Así lo reconocieron expresamente tanto el Juez Álvaro Chica Yáñez en su fallo del 30 de noviembre de 2009, como la doctora Blanca Rosa Ramos Correa en su providencia del 28 de diciembre del mismo año.

En tal sentencia, la Corte Constitucional estudio un caso idéntico al sustanciado al interior del expediente No. 2009-00089, esto es: un grupo de antiguos trabajadores de Telecom interpuso acción de tutela en su contra ante Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel (Córdoba) en el año 2008, por cuanto omitió incluir a los actores, de forma supuestamente irregular, “dentro del Plan de Pensión Anticipada de acuerdo con las modalidades establecidas en el régimen convencional de pensiones que tenía la Empresa” ante de su liquidación. En consecuencia, la pretensión central de los demandantes este caso era lograr que “se orden[ara] al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom -PAR- la inclusión... en el Plan de Pensión Anticipada”.

Según el Alto Tribunal, esta demanda incumplía el requisito de inmediatez, dado que los accionantes habían sido desvinculados de Telecom en el año 2003 y solo hasta el año 2008 acudieron ante el juez constitucional a reclamar sus aparentes derechos. Adicionalmente, no justificaron el motivo por el cual dejaron trascurrir un lapso de tiempo tan amplio, ni demostraron la existencia de un perjuicio irremediable que condujera a la necesidad de abordar el estudio sustancial de sus peticiones. En palabras de la Corte Constitucional:

“[O]bservado el lapso transcurrido entre las fechas de desvinculación de los accionantes, que en unos casos se remontan a los días 25(14) y 26(15) de julio de 2003 y en los demás asuntos datan del 1º de febrero de 2006(16), y tomando en cuenta que la acción constitucional fue instaurada conjuntamente solo hasta el 15 de diciembre de 2008, se aprecia desvirtuado el requisito de la inmediatez que debe concurrir en la acción de tutela.

3.2.3. Ha dicho la Corte que si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias impide que se conceda la acción de tutela, con idéntica razón es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción, durante un término prudencial, tiene como consecuencia que tampoco pueda concederse. La acción de tutela está prevista constitucionalmente para remediar situaciones apremiantes en las que están involucrados los derechos fundamentales. La inacción del afectado por períodos indefinidos, salvo que medie una justificación excepcional, permite entender que la situación que se invoca por vía de tutela no es valorada por el accionante como una situación que requiere urgente solución.

3.2.4. En el caso concreto, los accionantes no esgrimieron razón alguna de justificación por haber permanecido inactivos durante varios años, o sea desde el momento en que fueron desvinculados hasta la presentación de la demanda de tutela, faltando a la regla jurisprudencial, insistentemente reiterada, de interponer la acción de protección constitucional con una diligencia correlativa con la protección de los derechos a vida, igualdad y a la seguridad social, presuntamente vulnerados. Tampoco se observa dentro de las pruebas que obran en el expediente, razón alguna que explique la prolongada inacción que justifique la tardanza en la instauración de su acción de tutela, por ejemplo la ocurrencia de sucesos que pudieran configurar fuerza mayor o caso fortuito. Así, debe afirmarse que la acción de tutela interpuesta fue instaurada fuera del plazo razonable.

3.2.5. Teniendo en cuenta lo anterior, no puede la Sala adoptar una decisión distinta a la de declarar la improcedencia de esta tutela por la falta de acción oportuna de los actores, esto es, por el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez. Por las razones expuestas en relación con el principio de inmediatez, la Sala revocará el amparo de los derechos invocados por los demandantes. Adicionalmente, los actores no acreditaron elementos probatorios demostrativos del perjuicio irremediable sufrido con la decisión administrativa atacada” (énfasis agregado).

Como se aprecia, los hechos del caso analizado por el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional coincidían con aquellos sometidos al escrutinio de los jueces Álvaro Chica Yáñez y Blanca Rosa Ramos Correa. Sin embargo, estos decidieron apartarse del precedente fijado por el guardián supremo de la Constitución y, en su lugar, prefirieron darle aplicación a la doctrina sentada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, al parecer, en sentencia del 16 de julio de 2009, así como por el homólogo de Medellín.

Pues bien, ante estas circunstancias vale la pena recordar que el respeto por el precedente constitucional fijado en materia de tutela encuentra sustento en el carácter de tribunal de cierre que ostenta la Corte Constitucional y su función de unificar la interpretación y aplicación de las normas superiores en materia de derechos fundamentales(17); en el respeto por el principio de la seguridad jurídica y en el derecho a recibir un igual tratamiento por parte de la judicatura(18). Con todo, cuando las autoridades inferiores deciden apartarse de los criterios emanados por dicha corporación en la resolución de un caso de tutela idéntico, es menester que ofrezcan razones válidas o de peso para demostrar que:

a) Entre los dos casos “existen diferencias relevantes no consideradas en el primero, y que impiden igualarlos”;

b) La doctrina sentada por la Corte “habiendo sido adecuada en una situación social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior”.

c) “[L]a jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico”; o,

d) Ocurrieron “cambios en el ordenamiento jurídico positivo” que impiden resolver de igual manera el caso posterior(19).

No obstante lo anterior, en el caso No. 2009-00089 los jueces condenados se abstuvieron de ofrecer alguna justificación válida sobre los motivos por los cuales resolvieron separarse de forma diametralmente opuesta al criterio establecido por la Corte Constitucional en un caso idéntico.

Así, se limitaron a considerar procedente la tutela a pesar de que había sido interpuesta más de 6 años después de que los accionantes fueran desvinculados de Telecom, y tuvieron por cierto hechos no acreditados, como su estado de necesidad y debilidad, para luego proceder a decretar cuantiosas sumas de dinero a su favor, con base en una liquidación de prestaciones efectuadas por ellos mismos.

Este proceder ostensiblemente irregular, imputable a los jueces Chica Yáñez y Correa Ramos y reproducido por otras autoridades judiciales del departamento de Córdoba, ya había sido objeto de reproche severo por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia T-538 del 6 de agosto de 2009, en la cual advirtió que el carácter informal y preferente de la acción de tutela no podía aprovecharse para fines espurios. En tal ocasión, la Corte rechazó el fallo adoptado por el Juzgado 4º Penal Municipal de Montería, en virtud del cual se había decretado el pago de unas supuestas prestaciones sociales debidas a ex trabajadores del Telecom. Al respecto señaló lo siguiente el Alto Tribunal:

“Motivos por los cuales en un Estado Social de Derecho la acción de tutela no puede ser empleada para fines espurios.

Una de las mayores novedades que trajo la Constitución de 1991, y que ha ayudado a construir un verdadero Estado Social de Derecho en Colombia, fue la acción de tutela. A lo largo de estos dieciocho años, miles de ciudadanos, en especial aquellos que se encuentran en un estado de manifiesta debilidad física o económica [...], han acudido ante los jueces constitucionales, a efectos de lograr el amparo transitorio, o definitivo, de sus derechos fundamentales frente a vulneraciones o amenazas provenientes de acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares, en determinadas circunstancias.

Siendo ello, las bondades de la acción de amparo, en términos de sencillez, celeridad y antiformalismo, no pueden ser aprovechadas por los ciudadanos y los abogados para la consecución de fines mezquinos o ilegales. Al mismo tiempo, los jueces constitucionales no pueden prestarse para ello, y mucho menos ejercer sus competencias por fuera del ordenamiento jurídico, so pretexto de lograr el amparo efectivo de supuestos derechos fundamentales. Tales comportamientos, coadyuvan a deslegitimar la administración de justicia ante la comunidad y configuran un abuso del derecho fundamental de acceder a aquella

[...] En el caso concreto, como se explicó, con la presentación de unas simples liquidaciones laborales, elaboradas por los peticionarios, el juez de amparo decidió, como medida provisional, decretar un embargo por $ 1.300.000.000 millones de pesos, en contra del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom. Posteriormente, antes del fallo, y sin que las pruebas hubiesen sido controvertidas por la entidad accionada, la medida cautelar se amplió en la suma de $ 227.789.369 pesos. Es más, al momento de fallarse la nulidad de todo lo actuado, por parte del juez de segunda instancia, el dinero había sido ya entregado a los peticionarios. En otras palabras, sin contar con verdaderos elementos de prueba, y ante un riesgo inexistente, un juez ordenó embargar y pagar unas cuantiosas cantidades de dinero por vía de tutela [...]” (Resaltado de la Sala).

En esta oportunidad, la Corte Constitucional ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura competente y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se estudiarán las posibles responsabilidades disciplinarias y penales a las que hubiere lugar.

En otras decisiones esta Sala Jurisdiccional también ha calificado como ilegítimo el proceder exhibido por jueces en el departamento de Córdoba que concedían acciones de tutela interpuestas por antiguos trabajadores de Telecom, dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales sin la debida acreditación de sus derechos.

Por ejemplo, esta colegiatura confirmó en sentencia del 2 de marzo de 2011(20), la condena impuesta por el Consejo Seccional de Atlántico de destitución del cargo e inhabilidad por 10 años, a los “doctores Óscar Guillermo Páez Castro, en su condición de Juez Promiscuo Municipal de San Antero y Blanca Rosa Ramos Correa, en su condición de Jueza Promiscua de Familia del Circuito de Lorica – Córdoba”, al encontrarlos responsables por incumplir el deber impuesto por el artículo 153.1 de la ley 270 de 1996, incurriendo en la falta gravísima prevista en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 del Código Penal (delito de prevaricato por acción), y los “artículos 6º del Decreto 2591 de 1991, 4º del Decreto 306 de 1992 y 488 del Código de Procedimiento Civil”.

Al igual que ocurrió en el caso bajo examen, en dicha ocasión los jueces disciplinados condenaron en el año 2009 por vía de tutela al PAR de Telecom a pagar elevadas sumas de dinero por concepto de supuestas deudas laborales causadas hacia el año 2003. Estas decisiones también excedieron el ámbito de autonomía judicial predicable del juez de tutela, por cuanto desconocieron injustificadamente los principios de inmediatez y subsidiariedad aplicables a esa herramienta excepcional de protección a los derechos fundamentales.

Así, de acuerdo con el criterio acogido por esta Sala en la providencia del 2 de marzo de 2011, el flagrante desconocimiento de tales requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, desbordó la órbita funcional reconocida por el ordenamiento jurídico a los operadores judiciales:

“[S]egún lo tiene dicho esta Superioridad como órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria —siguiendo en ello la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonomía funcional ha de entenderse siempre teniendo en cuenta que en punto de la labor interpretativa que del ordenamiento cumplen los jueces en el ejercicio de sus funciones, que si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no comporta una absoluta liberalidad, a tal punto que no sea admisible cualquier tipo de razonamiento (por ejemplo cuando se desconoce el sentido de una norma). Repárese que en esa actividad interpretativa el juez se encuentra frente a serios condicionamientos como la jurisprudencia de los máximos tribunales (sistemas de corrección, criterios de razonabilidad, ausencia de capricho o arbitrariedad) y la realización de derechos y deberes constitucionales.

[...] No puede, entonces, sostenerse válidamente que la autonomía judicial equivale a la libertad absoluta que tienen los jueces de interpretar el derecho, pues se imponen reglas precisas relativas a la validez del ejercicio hermenéutico, a saber: razonabilidad, ausencia de capricho y de arbitrariedad.

Para el caso de ocupación, conforme lo sostuvo el Ministerio Público tanto en la primera como en la segunda instancia de estas diligencias disciplinarias, efectivamente los servidores judiciales sancionados por el a quo excedieron y desbordaron sus facultades legales, al soslayar los principios de inmediatez y subsidiariedad de la acción de tutela, pues una simple lectura de los fallos dictados por los servidores judiciales muestra a las claras cómo los jueces, tanto en la primera como en la segunda instancia en la acción de tutela tantas veces mencionada, desbordaron con creces cualquier criterio de razonabilidad en la decisión adoptada, adecuando su comportamiento de manera ostensible e inequívoca, en forma dolosa conforme lo dejó claramente establecido el juez disciplinario de primer grado, tanto al incumplimiento del deber descrito en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, como a la incursión en la falta disciplinaria de que trata el canon 48.1 de la Ley 734 de 2002, por haber realizado objetivamente el tipo señalado como prevaricato por acción en el artículo 413 de la codificación sustantiva penal” (énfasis agregado).

Con base en las anteriores consideraciones, este cargo de apelación esgrimido por los jueces Chica Yáñez y Ramos Correa no conduce a la revocatoria de la sentencia condenatoria proferida por la Sala Seccional de Córdoba.

2) Frente al alegato relativo a la ausencia de dolo en sus conductas que impedía enmarcarla en el tipo penal de prevaricato, es menester recordar que esta clase de culpabilidad fue endilgada por la Sala a quo en virtud del conocimiento efectivo, actual y comprobado que tuvieron los jueces de la Sentencia T-551 de 2009 de la Corte Constitucional que declaró improcedente un caso semejante al estudiado por aquellos en el expediente No. 2009-0089, y teniendo en cuenta que ambos eran funcionarios judiciales de larga trayectoria, que cotidianamente tenían la obligación de sustanciar demandas de tutela y, por consiguiente, de seguir las pautas jurídicas delineadas en la materia por la Corte Constitucional.

Como lo estableció esta Sala en su fallo del 2 de marzo de 2011(21), la jurisprudencia sobre inmediatez y subsidiariedad de la acción constitucional no era novedosa para la época de los hechos y disfrutaba de suficiente publicidad y conocimiento a nivel nacional como para que fuese justificable inaplicarla argumentado su ignorancia o la supuesta disparidad de criterios entre distintas corporaciones judiciales sobre un mismo punto de derecho. En palabras de esta Superioridad:

“[E]n cuanto a que el tema de debate era complejo y que no podría hablarse del delito de prevaricato por acción cuando, incluso, se podrían presentar decisiones diversas por distintos juzgadores, no deja de ser una afirmación huérfana de respaldo probatorio. Todo lo contrario: a lo largo del proceso disciplinario, conforme lo resaltaron los señores agentes del Ministerio Público tanto en la primera como en la segunda instancia, [...] sobre los principios de inmediatez y de subsidiariedad ya ha sido suficientemente decantada la jurisprudencia de la Corte Constitucional” (énfasis agregado).

Así las cosas, la Sala de primera instancia adecuó correctamente la conducta desplegada por los jueces condenados a la modalidad dolosa prevista por la Ley 734 de 2002.

Por otro lado, el doctor Chica Yáñez agregó en este aspecto que la Sala Seccional de Córdoba carecía de competencia para declarar la configuración del delito de prevaricato y que le aplicó un régimen de responsabilidad disciplinaria objetiva, ajeno a la legislación nacional.

Al respecto, basta recordar que la alusión realizada por la Sala Seccional en cuestión al delito de prevaricato no implica que dicha autoridad se haya abrogado la competencia para declarar la existencia de un delito. Por el contrario, aquella mención se justifica en la medida en que es la propia norma disciplinaria, en este caso el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la que explícitamente prevé que constituyen faltas gravísimas imputables a los servidores públicos, entre otras, la comisión de conductas encuadrables objetivamente en un delito penal:

“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

Con respecto a esta norma, la Corte Constitucional aclaró en la sentencia C-720 de 2006 que su aplicación no está condicionada a la verificación por parte de un juez penal de la existencia del delito empleado por la justicia disciplinaria para complementar aquel tipo disciplinario abierto (es decir, el artículo 48.1 recién trascrito). Veamos:

“2.1. Para la demandante la aplicación del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, requiere la participación de una autoridad judicial quien calificaría si la conducta por la cual se ha iniciado el proceso corresponde a un delito. Esta forma de interpretar el precepto demandado no corresponde a lo establecido por el legislador, pues en él quedó previsto que se consideran faltas gravísimas aquellas que atiendan a los siguientes supuestos: i) Que se trate de una conducta objetivamente descrita por la ley como delito; ii) Que la misma conducta punible sea sancionable a título de dolo; y iii) Que la misma conducta se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

Para la Sala es evidente que el Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 —Código Disciplinario Único—” (resaltado agregado).

Teniendo en cuenta lo anterior, carece de fundamento el alegato de los apelantes tanto sobre la falta de competencia de la Sala a quo para referirse al tipo penal de prevaricato en su sentencia del 20 de febrero de 2013, como sobre la imposibilidad de enmarcar sus conductas en aquel ilícito, pues, como se demostró, la ley disciplinaria expresamente les encarga evaluar la responsabilidad de los servidores públicos a la luz de las descripciones típicas consignadas en el Código Penal vigente y, de acuerdo con las pruebas recabadas se demostró que aquellos profirieron una “resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley” (Artículo 413 de la ley 599 de 2000).

3) Finalmente, la doctora Blanca Rosa Ramos Correa considera que la acción de tutela objeto de controversia sí satisfacía el requisito de inmediatez, pues el reglamento de tal mecanismo guarda silencio sobre algún plazo o término fijo para su interposición de aquel mecanismo judicial. A su juicio, esta omisión legislativa le permitía determinar “discrecionalmente” su cumplimiento en el proceso No. 2009-0089.

Como se indicó líneas atrás, la flagrante violación del principio de inmediatez en casos análogos, donde ex trabajadores de Telecom acudían en los años 2008 y 2009 ante los jueces de tutela a reclamar supuestas acreencias laborales sin agotar previamente la acción ordinaria, ya había sido establecida por la Corte Constitucional en las sentencias T-538 y T-551 de 2009, esta última puesta de presente y reseñada en las sentencias de tutela del 30 de noviembre de 2009 por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica y del 28 de diciembre de 2009 por su colega, la doctora Blanca Ramos Correa Jueza Promiscua de Familia de Lorica.

Entonces, resultó arbitraria y caprichosa su actuación en contra del claro precedente constitucional en la materia, además de infundada su pretendida satisfacción del principio de inmediatez, por cuanto, se reitera, habían trascurrido más de 6 años entre la consumación del aparente daño a los derechos fundamentales de los accionantes, y la interposición de la tutela objeto de controversia.

Este retardo desproporcional entre la época de los hechos y la solicitud de protección constitucional no fue justificado por los demandantes, y los apelantes tampoco se preocuparon por analizarla adecuadamente. Tan solo se limitaron a sostener que se trataba de una violación iusfundamental persistente en el tiempo, que por el carácter vitalicio de las prestaciones sociales aparentemente debidas por Telecom, hacía innecesario abordar el estudio de las razones que los llevaron a esperarse más de seis años para reclamar sus derechos y el acceso a una pensión que les garantizara el mínimo vital.

En suma, los jueces disciplinados nunca justificaron como era posible sostener simultáneamente, por un lado, que la acción de tutela era procedente como mecanismo principal por tratarse de una lesión inminente al mínimo vital y móvil de los actores, y, por otro, que estos últimos llevaban más de seis años sin recibir ingreso económico alguno y, no obstante, esperaron todo ese lapso de tiempo para acudir ante el juez constitucional.

Estas evidentes falencias en la motivación de los fallos cuestionados, son una evidencia más del proceder ilegal y arbitrario de los jueces condenados, que hace necesario confirmar en su integridad la sentencia apelada.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que ninguno de los cargos esgrimidos por los actores en contra la decisión del 20 de febrero de 2013 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, tuvieron mérito o aptitud de prosperidad, y que en sede de apelación le corresponde al juez disciplinario circunscribir su estudio de legalidad a lo deprecado por los sujetos procesales a través de aquel recurso, esta Colegiatura procederá a confirmar el fallo objeto de escrutinio.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2013 adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable a los doctores Álvaro Chica Yáñez y Blanca Rosa Correa Ramos, en sus condiciones de Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica y Jueza Promiscua de Familia del Circuito de Lorica, respectivamente, imponiéndoles la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por espacio de 10 años, tras hallarlos responsables de incumplir el deber consagrado en artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 86 de la Constitución Política; 1, 2.1 y 2.4 del Código Procesal del Trabajo; 6.1 y 6.8 del Decreto 2591 de 1991, 48.1 de la Ley 734 de 2002 y 413 del Código Penal.

2. por Secretaría Judicial comuníquese a todas las partes la adopción de la presente providencia, advirtiendo que contra esta decisión no procede recurso alguno.

3. Háganse las anotaciones del caso y ejecútese la sanción conforme a lo previsto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.

Notifíquese y cúmplase.

12 Folios 12 a 15 C.O.

13 Folio 58 C.O.

14 Luis Armando Valderrama García y Nancy del Carmen Ricardo Romero.

15 Heriberto de Jesús López Castilla

16 Rolando Alberto Nieto Sotomayor, Jorge Luis Walteros Navarro, Marco Fidel Castro Salas, Germán Manuel Esquivia Viloria, Vidal Daza Benavides, William Espinosa Mahecha, Alejandro Cesar Ruiz Porras, Rafael de Jesús Carrillo Pastrana, Wadid de Jesús Chamorro Calle.

17 Sentencia T-260 de la Corte Constitucional.

18 Sentencias T-566 de 1998 y C-252 de 2001 de la Corte Constitucional.

19 Corte Constitucional, sentencia C-836 de 2001.

20 M.P.: José Ovidio Claros Polanco, Radicado: Nº080011102000201000139 03.

21 M.P.: José Ovidio Claros Polanco, Radicado: Nº080011102000201000139 03.