Sentencia 2011-00124 de diciembre 11 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 660011102000201100124 01 (8952-18)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 101

Bogotá, D. C., once de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, contra la sentencia proferida el 17 de julio de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Descongestión del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante la cual lo sancionó con suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo, por haber incumplido los deberes contenidos en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, concordante con los artículos 17, 175 inciso 3º y 454 de la Ley 906 de 2004.

2. De la nulidad.

Sea lo primero indicar que si bien el apelante, planteó la nulidad de la actuación surtida en sede de primera instancia, por la presunta vulneración de su derecho a la defensa, pues para cuando se ordenó el correspondiente traslado para alegar de conclusión, se encontraba incapacitado, la Sala no hará ningún pronunciamiento al respecto, en razón a que la decisión a proferir será favorable a sus intereses, eximiéndosele de responsabilidad disciplinaria.

En efecto, en virtud del principio de trascendencia, la nulidad no puede ser declarada o invocada por el solo interés de la ley de la nulidad por la nulidad, es decir, no existe nulidad sin perjuicio, por ende, es necesaria la real afectación las garantías o derechos fundamentales, y no bastará, como lo ha señalado la jurisprudencia, una alegación genérica del perjuicio o su planteamiento abstracto, vale decir, para proceder a la declaratoria de nulidad, debe acreditarse, determinarse y precisarse, en forma indubitable el perjuicio ocasionado con la irregularidad sustancial y su trascendencia dentro del proceso.

Así pues, el perjuicio debe ser cierto, concreto y con incidencia dentro del proceso, ya que la norma procesal está llamada a proteger finalidades(2) y no formas o formulismos, es decir, “… que no puede continuarse protegiendo la ley en sí misma, cual nicho contentivo de un glorificado, que debe guardarse por encima de cualquier otro interés, un pensamiento de suyo revaluado en casi todos los ordenamientos modernos, no puede tener cabida sino en sistemas enteramente formalistas, en los que se rinde culto a la ley, y en los que si basta, la omisión pura, de una de la exigencias o formas procedimentales, o su tratamiento irregular, para que se diga, de manera absoluta, que existe una seria violación de las formas del juicio, y se proceda a la declaratoria de nulitación”(3).

3. Del inculpado.

La Secretaría del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, en certificado expedido el 13 de abril de 2011, informó que el doctor Wolfgang Otto Gartner Galvis, quien se identifica con cédula de ciudadanía número 10.101.195, se desempeña en el cargo de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Risaralda) en propiedad desde el 1º de marzo de 2009 (fl. 188 c. 1ª instancia).

4. De la apelación.

Esta corporación debe precisar que al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (negrilla fuera del texto original), sólo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por el doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, frente a la sentencia recurrida.

5. Del caso en concreto.

En el caso examinado se ha imputado al doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, en su condición de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el incumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, concordante con los artículos 17, 175 inciso 3º y 454 de la Ley 906 de 2004, en tanto, demoró injustificadamente la realización de la audiencia de juicio oral y público, en el trámite del proceso penal seguido contra el señor Luis Alejandro Niaza Bigama, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, incesto y acto sexual con menor de 14 años en concurso, bajo el Radicado 2009-00222-00.

Tales comportamientos fueron enmarcados como incumplimiento a los deberes funcionales previstos en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, elevado esos quebrantamientos a falta disciplinaria por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002.

Esas preceptivas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el Código de Procedimiento Penal, disponen:

Ley 270 de 1996:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.”

Ley 906 de 2004:

“ART. 17.—Concentración. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.

ART. 175.—Duración de los procedimientos. “Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:” El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.

El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.

La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

ART. 454.—Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión.

El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente.

Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”.

En sentencia proferida el 17 de julio de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, atribuyó responsabilidad disciplinaria al doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, en su calidad de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, por la demora presentada para llevar a cabo la audiencia de juicio oral y público, dentro del proceso penal traído en autos.

Lo anterior, por cuanto el disciplinado, en su condición de director de la causa penal seguida contra el señor Luis Alejandro Niaza Bigama, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, incesto y acto sexual con menor de 14 años en concurso, radicado bajo el Nº 2009-00222-00, desconoció los términos establecidos en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, y el principio de concentración, previsto en la misma normatividad —artículo 454—, para llevar a cabo la audiencia de juicio, la cual se efectuó el 11 de agosto de 2011, luego de varios aplazamientos.

La sentencia sancionatoria fue objeto de apelación por parte del doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, quien centró su inconformidad, en los siguientes ejes centrales: i. señalando que las suspensiones de la audiencia de juicio oral y público, fueron debidamente sustentadas, de un lado, por las peticiones elevadas en tal sentido por los sujetos procesales, y de otro, en procura del derecho de defensa y debido proceso del procesado.

Frente a este primer argumento defensivo del apelante, aprecia la Sala que efectivamente el aplazamiento de las sesiones de la audiencia de juicio oral y público, fueron debidamente sustentadas por el operador judicial encartado, lo cual desvirtúa indubitablemente la responsabilidad disciplinaria enrostrada por el fallador de primer grado, según se explicará:

Así las cosas, necesario resulta establecer las actuaciones surtidas al interior del investigativo penal, en el lapso en mención, para confirmar la tesis planteada por el recurrente, así, tenemos que:

— Finalizada la audiencia preparatoria, el 11 de agosto de 2010, el despacho, atendiendo lo dispuesto en el artículo 175 del Código Adjetivo Penal, programó la audiencia de juicio oral, para el 7 de septiembre siguiente (ver fls. 65 a 69 c. anexo).

— Llegada la fecha en cita, se dio inicio a la audiencia, según el acta de la diligencia, la defensa y el fiscal presentaron la teoría del caso, y luego se suspendió la diligencia, fijándose su continuación para los días 9 y 10 de noviembre de 2010 (ver fls. 72 y 73 c. anexo).

— Mediante Oficio 0407 del 8 de octubre de 2010, el doctor Nelson Camacho Betancur, en su condición de Fiscal 32 Seccional de Belén de Umbría, solicitó al Despacho de conocimiento, el aplazamiento de la audiencia en “razón a que existen tres juicios relevantes más y se precisa el estudio de los mismos.” (Sic), en consecuencia, el juzgado, dispuso convocar a la vista pública, para el 12 de enero de 2011 (ver fls. 76 y 77 c. anexo).

— El defensor Público Jairo de Jesús Velásquez, y el doctor Nelson Camacho Betancur, en su condición de Fiscal 32 Seccional de Belén de Umbría, en Oficio 009 del 11 de enero de 2011, deprecaron el aplazamiento de la audiencia, “en vista que estuvimos el fin de semana, los días sábado, domingo y lunes, el primero en actos urgentes en la Unidad de Reacción Inmediata de Pereira y el segundo como defensor público igualmente en el citado municipio, atendiendo los diversos casos que se presentaron y fue imposible preparar el citado Juicio.” (Sic) (ver fl. 83 c. anexo). Atendiendo a la petición, el juzgado fijó como fecha para continuar la diligencia el 9 de marzo de 2011 (ver fl. 84 c. anexo).

— El 2 de marzo de 2001, en Oficio 0036 - F32, la doctora Beatriz Elena Ramírez Londoño, en su condición de Fiscal 32 Seccional (E), elevó petición al Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en procura de aplazarse la audiencia, aduciendo: “a partir del 01 de marzo de 2011 he sido designada por parte del Director Seccional de Fiscalías Pereira, como Fiscal Treinta y Dos Seccional (e), a la fecha me encuentro recibiendo los casos asignados al despacho, así mismo, el martes 01 de marzo debí asistir a audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Pereira, el próximo jueves 03 y martes 08 de marzo 2011 debo asistir a otras tres audiencias de Apelación ante el Tribunal Superior de Pereira.” (Sic) (ver fl. 88 c. anexo).

— En vista de la petición de la Fiscal Seccional, el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, citó a diligencia los días 15 y 16 de marzo de 2011 (ver fl. 89 c. anexo), actuación que debió aplazarse para el siguiente 9 de mayo, por solicitud de la doctora Beatriz Elena Ramírez Londoño, en su condición de Fiscal 32 Seccional (E), quien fundamentó su petición, indicando que le fue imposible ubicar a la denunciante y representante legal de los menores víctimas, para preparar el juicio (ver fls. 106 y 107 c. anexo).

— En la fecha señalada, se dio continuación a la diligencia de juicio oral, presentándose el material probatorio por parte de la Fiscalía, ente que además, deprecó la suspensión de la actuación, por “que la perito de Medicina Legal no pudo comparecer a la diligencia, por encontrarse en un juicio oral en la ciudad de Cartago…” (Sic), a lo cual accedió el director de proceso, para igualmente, practicar una prueba sobreviniente, solicitada por el Ministerio Público. Se convocó a los sujetos procesales, para el 1º de julio de 2011 (ver fls. 112 a 114 c. anexo).

— Ante la inasistencia del defensor del acusado, a la sesión del 1 de julio de 2011, el despacho debió programar la continuación de la diligencia para el 16 de agosto de esa misma anualidad (ver fls. 116 a 118 c. anexo).

— En la diligencia del 16 de agosto de 2011, evacuadas las pruebas previamente decretadas, el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, accedió a la petición de la Fiscalía de suspender la actuación, en aras de prepararse los alegatos de conclusión, se convocó para la continuación de la audiencia el 6 de septiembre siguiente (ver fls. 125 a 127 c. anexo).

— Finalmente, en la fecha reseñada —6 de septiembre de 2011, finalizó la diligencia de juicio oral, anunciando el sentido del fallo, de carácter condenatorio. (ver fl. 129 c. anexo).

Del anterior recuento procesal, advierte la Sala, en primer lugar, el cumplimiento del término establecido en la norma adjetiva penal, para programar la audiencia de juicio oral, una vez se surtió la audiencia preparatoria, es decir, dentro de los 45 días siguientes.

En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), “La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria”, por lo cual al trasladarnos al trámite surtido en el proceso penal de autos, se evidencia que el operador judicial investigado, programó la diligencia de juicio oral, en el término establecido en la citada preceptiva, pues realizada la audiencia preparatoria el 11 de agosto de 2010, la vista pública se instaló el siguiente 7 de septiembre.

De otro lado, se concluye del devenir procesal, que el aplazamiento de las sesiones de la audiencia de juicio oral, derivó en la mayor de las veces de las peticiones elevadas en tal sentido por la Fiscalía Seccional asignada al caso, en otra oportunidad por solicitud del defensor del procesado y una más por la inasistencia del mismo a la diligencia programada.

Asimismo, oportuno resulta indicar que una vez suspendidas las diligencias el despacho penal, reprogramó la diligencia para los días siguientes o meses ulteriores, siempre dentro de un término razonable, atendiendo la elevada carga procesal a cargo de los despachos judiciales, en este caso, el estrado a cargo del disciplinado, el cual por su naturaleza, debe conocer de multicidad de procesos de diferentes áreas de la jurisdicción ordinaria, así vemos que por ejemplo, suspendida la actuación del 9 de marzo de 2011, se citó a efectos de evacuar la vista pública, para los siguientes 15 y 16 de marzo, esto es, 6 días después (ver fls. 106 y 107 c. anexo c.).

Quiere decir lo anterior, que la actuación desplegada por el doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, en su calidad de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, al interior del proceso penal traído en autos, de manera alguna puede considerarse inmersa en la inobservancia de los deberes previstos en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, en la media que la misma estuvo dirigida a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del procesado.

No a otra conclusión puede arribar este juez disciplinario, pues en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 366 del Código Adjetivo Penal, la audiencia de juicio oral, debe adelantarse con la presencia de las partes, por tanto, mal haría adelantar dicha diligencia el operador judicial sin la presencia de alguna de ellas, así vemos, que la trasgresión los derechos de defensa y debido proceso, se materializarían de llevarse a cabo la vista pública sin el defensor del acusado o sin el antagonista, el Fiscal, atentando de esta manera con los principios básicos de un Estado liberal y democrático como el nuestro; veamos la exigencia normativa:

“ART. 366.—Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio, si no tienen la palabra, y observen decoro y respeto. Igualmente, concederá turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia”.

En este orden de ideas, y atendiendo lo sostenido por esta Sala, según lo cual el sólo vencimiento de los términos legales por parte de los funcionarios judiciales no implica per se la formulación de reproche disciplinario, sino contrario sensu se requiere que el mismo se muestre injustificado, no siendo ajena esta corporación a la elevada congestión enfrentada por los diferentes despachos judiciales, de manera pacífica se han aceptado como causales de justificación de esta conducta, la excesiva carga laboral, la complejidad de los asuntos a resolver, la presencia de caso fortuito o fuerza mayor y la necesidad de resolver los procesos a su cargo en estricto orden de ingreso a fin de no vulnerar los principios de debido proceso e igualdad, de tal manera que no obstante los ingentes esfuerzos desplegados por los operadores judiciales para atender los asuntos sujetos a su competencia, no logran evacuarlos dentro de los términos legales.

Véase que en este caso, el despacho a cargo del doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, procuró cumplir con el mandato normativo en referencia, convocando a la realización de la diligencia dentro del término establecido, sin embargo frente a la complejidad del asunto, donde se investigaba al señor Luis Alejandro Niaza Bigama, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, incesto y acto sexual con menor de 14 años en concurso, bajo el Radicado 2009-00222-00, la diligencia no podía evacuarse en la sesión inicial, esto es, la programada para el día 7 de septiembre de 2010.

A partir de esta diligencia, se presentaron un sin número de peticiones por parte del ente acusador y de la defensa, lo cual derivó en el reiterativo aplazamiento o suspensión de la diligencia, por ende, ninguna posibilidad hay de cuestionar por vía disciplinaria la conducta del juez inculpado, por cuanto la misma se ajustó a las funciones propias del cargo desempeñado, pues éste adelantó la audiencia de juicio oral, superadas las circunstancias exógenas a su despacho.

Este juez disciplinario ha sido cuidadoso en establecer las circunstancias endógenas y exógenas inherentes a la actividad judicial de los funcionarios encargados de administrar justicia, pues cada caso si bien es cierto conlleva un término legal previsto para su resolución, también lo es que existen factores determinante en la realización de la conducta humana, precisos de considerar y reflexionar sobre ellos cuando de imputar se trata un apartamiento del deber funcional.

Al respecto ha señalado la Corte Interamericana de derechos humanos:

“El artículo 8.1 de la Convención Americana establece:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulado contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

171. En relación con la razonabilidad del plazo, este tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables(4). Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales(5). No obstante, la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso(6).

En efecto, dadas las particularidades del presente caso, la Corte analizará la razonabilidad de la duración de cada uno de los procedimientos, cuando ello resulte posible y pertinente”(7).

Ahora, respecto del argumento del censor, i. de considerar errado el reproche elevado en su contra, por haber interpuesto al principio de concentración la dirección del proceso con la concertación de las partes, debe indicarse por la Sala, que de acuerdo con el contenido del artículo 454 del Código de Procedimiento Penal, la diligencia debe ser continua salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el término que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión.

En este contexto, si bien advierte la Sala que tal y como reseñó el fallador de primer grado, en aplicación del principio de concentración, debió, el doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, en su calidad de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, agotar el juicio oral en la primera fecha programada para tal efecto, es decir, en la sesión del 7 de septiembre de 2010, sin embargo, la decisión del operador judicial, de suspender la actuación, se aviene justificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 454 del Código de Procedimiento Penal.

Pues el mismo legislador, previó la posibilidad de suspenderse la audiencia de juicio oral, por circunstancias de relevancia, en este caso, por la imposibilidad de finiquitarse, debido a la petición de la Fiscalía Seccional, de la defensa, y en procura de practicar la totalidad de las pruebas decretadas, ello en vista de la complejidad presentada en la conducta penal investigada, delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, incesto y acto sexual con menor de 14 años en concurso.

Bajo las premisas expuestas, se abstiene este juez disciplinario, de ahondar en las exculpaciones del recurrente, frente a la ii. inconformidad con la calificación de la falta imputada, culposa —grave, y iii. la no supremacía procesal de las investigaciones en donde las víctimas son menores de edad, en la medida que su actuación, no se adecuó a la falta endilgada en sede de primera instancia.

Sin trascendencia, se presenta entonces, la argumentación defensiva del disciplinado, para esta instancia, en tanto, se encuentra descartada la tipificación de la falta atribuida, según se explicó en precedencia.

En ese orden de ideas, como quiera que la actuación del doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, en su calidad de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, al interior del proceso penal seguido contra el señor Luis Alejandro Niaza Bigama, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, incesto y acto sexual con menor de 14 años en concurso, bajo el Radicado 2009-00222-00, no se adecuó al tipo disciplinario elevado en sede de primera instancia, se torna imperativo para esta colegiatura, REVOCAR la sentencia recurrida, para en lugar ABSOLVER al operador judicial de la responsabilidad disciplinaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la declaratoria de nulidad de la actuación surtida en sede de primera instancia, deprecada por el doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, de conformidad con los razonamientos expuestos en precedencia.

2. REVOCAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante la cual fue sancionado el doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, en su calidad de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, por haber incumplido los deberes contenidos en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, concordante con los artículos 17, 175 inciso 3º y 454 de la Ley 906 de 2004, para en su lugar ABSOLVERLO de la responsabilidad disciplinaria, de acuerdo con la parte motiva de este proveído.

3. Para notificar esta providencia al doctor Wolfgang Otto Garner Galvis, en su calidad de Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 201 y 203 de la Ley 734 de 2002, se comisiona al magistrado en turno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, con facultades para subcomisionar. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Para el caso concreto se cumplió con el cometido de sancionar

(3) Néstor Armando Novoa Velásquez, Actos y nulidades en el procedimiento penal colombiano, Segunda Edición, Edit. Biblioteca Jurídica, 1997, pág. 380.

(4) Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 216; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 66, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 188.

(5) Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 166; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 217, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 160. En igual sentido cfr. European Court of Human Rights. Wimmer v. Germany, no. 60534/00, § 23, 24 May 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 8 February 2005, y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 January 2005.

(6) Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 214. En igual sentido, Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 167.

(7) Traído del caso Escue Zapata Vs. Estado Colombiano (sent. del 4 de julio de 2007).

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