Sentencia 2011-00127 de marzo 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2011-00127-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 17 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: American Studio Importaciones SAS en Liquidación.

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

En orden a estudiar el asunto que nos ocupa, la Sala analizará los siguientes temas: 1. Del contenido de los actos administrativos acusados; 2. El problema jurídico en la apelación; 3. De la violación al debido proceso en el caso concreto; y, 4. De la violación al derecho de defensa en el caso concreto.

1. Del contenido de los actos administrativos acusados.

Los actos administrativos demandados están integrados por la Resolución 177 de 26 de enero de 2010 “por la cual se impone una sanción cambiaria”, expedida por la jefe de la división de gestión de liquidación de la dirección seccional de aduanas de Bogotá, en cuya parte resolutiva se lee, entre otras cosas, “ART. 1º—Imponer a la sociedad American Studio Importaciones Ltda., con NIT 900.078.599-1, una multa a favor de la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la suma de novecientos ochenta millones trescientos veinticuatro mil pesos con cero centavos ($ 980.324.000.oo), por infracción al artículo 10 de la Resolución Externa 8 de 2000, de la Junta Directiva del Banco de la República, con fundamento en el artículo 6º de la Ley 383 de 1997, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, por no canalizar a través del mercado cambiario el valor correspondiente a la mercancía decomisada con la Resolución 03-070-213-636-1-005218 de 3 de octubre de 2008, con fundamento en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en cuantía de $ 490.162.000.oo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia (...)”.

Se demandó, igualmente, la Resolución 610 de 13 de septiembre de 2010, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 03-241-423-601-213-0177 del 26 de enero de 2010”, expedida por la jefe de la división de gestión jurídica de la dirección seccional de aduanas de Bogotá, y en cuya parte resolutiva se lee, entre otras cosas, “ART. 1º—Confirmar la Resolución 03-241-423-601-213-0177 de 26 de enero de 2010, por medio de la cual se impuso una sanción cambiaria a la sociedad American Studio Importaciones Ltda., con NIT 900.078.599-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído (...)”.

2. El problema jurídico en la apelación.

El problema jurídico que se plantea en sede de apelación es el mismo expuesto por la demandante en la primera instancia, consistente en determinar la ilegalidad de los actos administrativos enjuiciados por ser vulneratorios de los derechos constitucionales del debido proceso administrativo y al derecho de defensa.

Por lo anterior, la Sala tratará el estudio del presunto asunto de conformidad con los reproches presentados por la recurrente en el texto de su recurso de apelación.

3. De la violación al debido proceso en el caso concreto.

Conforme se ha entendido, la garantía del debido proceso es una herramienta de carácter constitucional que se ha consagrado para proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto de las formas propias de cada juicio. Es por ello que el artículo 29 de la Constitución Política lo consagra expresamente “... para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Así entonces, las controversias que surjan de cualquier tipo procesal, requieren de la consagración de una regulación previa, de manera que ninguna actuación de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre sujeta a los procedimientos y trámites señalados previamente en la ley y/o en los reglamentos.

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración e igualmente el derecho a pedir y controvertir las pruebas; a ejercer con plenitud su derecho de defensa; a impugnar los actos administrativos y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

En este caso, se desprende del expediente, lo siguiente:

A. Mediante acta 834-0407 de 2 de mayo de 2008, se aprehendió una mercancía de origen extranjero avaluada en la suma de $ 490.162.000.oo, por encontrarse incursa en la causal de aprehensión 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001 y el artículo 6º del Decreto 1161 de 2002, es decir, por no contar con una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación como documento idóneo para amparar la legal introducción al territorio aduanero nacional de dichas mercaderías (fls. 7 a 12, cdno. anexos 1).

B. Contra la anterior acta de aprehensión, la sociedad demandante presentó objeción y allegó copia de los documentos con los que pretendía demostrar el contenido de sus argumentaciones (fls. 32 a 179, cdno. anexos 1).

C. El jefe de la división de fiscalización aduanera de la administración especial de aduanas de Bogotá, mediante Auto 143-1 02422 de 25 de junio de 2008, dio apertura al período probatorio, a través del cual decretó la totalidad de las pruebas solicitadas, salvo la de inspección ocular al lugar de los hechos, dado que dicha prueba ya se había practicado y, atendiendo el criterio de economía procesal, no se justificaba su nueva práctica (fls. 206 a 223, cdno. anexos 2).

D. Vencido el trámite probatorio respectivo, el jefe de la división de fiscalización aduanera de la administración especial de aduanas de Bogotá, a través de la Resolución 5218 de 3 de octubre de 2008, decomisó la mercancía aprehendida mediante el Acta 834-0407, antes enunciada.

E. El jefe de la división de control cambiario, mediante Auto 2149 de 9 de junio de 2009, formuló cargos contra la sociedad American Studio Importaciones, por la presunta infracción del artículo 10 de la Resolución Externa 8 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, con fundamento en el artículo 6º de la Ley 383 de 1997, por no canalizar a través del mercado cambiario el valor correspondiente a la mercancía decomisada (fls. 46 y 47, cdno. anexos 2).

F. La actora contestó el acto de formulación de cargos enunciado, oponiéndose al mismo, el cual fue confirmado íntegramente mediante Resolución 3064 de 29 de diciembre de 2009 (fls. 49 a 55 y 80 a 82, cdno. anexos 6).

G. El jefe de la división de gestión de liquidación de la dirección seccional de aduanas de Bogotá, mediante Resolución 177 de 26 de enero de 2010, impuso a la sociedad demandante una multa por infracción al artículo 10 de la Resolución Externa 8 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, por valor de $ 980.324.000.oo.

H. Dentro del término legal correspondiente, la sancionada interpuso el recurso de reposición respectivo contra la Resolución 177 de 2010, el cual fue resuelto mediante Resolución 610 de 13 de septiembre de 2010, que confirmó la anterior en todas sus partes.

Considera la Sala que para adelantar la investigación antes descrita, es necesario que se encuentre identificado plenamente el presunto infractor cambiario, esto es, quien realmente haya introducido al territorio nacional la mercancía, hecho este que conforme a la Resolución de decomiso 369 de 3 de abril de 2009, que confirmó la resolución de decomiso, se le endilgó a la sociedad American Studio Importaciones, a quien desde comienzos de la investigación administrativa de definición de la situación jurídica de la mercancía se le atribuyó la calidad de propietaria de la misma.

Cabe resaltar que los actos que dieron lugar al decomiso no son los que se impugnan en este proceso, que, por demás, ya fueron demandados por la actora ante esta jurisdicción, cuya segunda instancia fue resuelta de manera confirmatoria por esta Sala, a través de la sentencia de 22 de agosto de 2013 (Exp. 2009-00383-01, C.P. María Elizabeth García González), al decidir el recurso de apelación interpuesto por la aquí demandante contra el fallo de 29 de septiembre de 2011, proferido por la Sección Primera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda al encontrar ajustados a derecho los actos administrativos acusados.

Precisado lo anterior, colige la Sala, del recuento procesal antes descrito y del cual obra prueba en el expediente, que a la sociedad demandante se le respetó en todo momento su debido proceso, toda vez que las decisiones adoptadas fueron el fruto de un análisis de las pruebas allegadas a la actuación administrativa y conocidas oportunamente por la parte accionante.

En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el cargo.

4. De la violación al derecho de defensa en el caso concreto.

Por otra parte, manifiesta la recurrente que el poder que se otorgó a la abogada Narda Lucía Solano Barrero, fue con el exclusivo propósito de interponer el recurso de reconsideración contra el acto de decomiso, por tanto, atendiendo su literalidad en la que está plasmada la real voluntad del mandante, su gestión válidamente culminó con la interposición del recurso; en consecuencia, las notificaciones posteriores a la apoderada enunciada no tienen fuerza vinculante para la sociedad demandante dentro del expediente administrativo.

Al respecto, se lee en el poder otorgado por el representante legal de la sociedad American Studio Importaciones a la abogada Narda Lucía Solano Barrero, lo siguiente:

“CARMEN ANGÉLICA VILLAREAL BARRERO, colombiana y residente en la ciudad de Bogotá, identificada como aparece al pie de mi nombre y firma, en mi calidad de representante legal de la sociedad comercial de naturaleza privada AMERICAN STUDIO IMPORTACIONES LTDA., con NIT 900.078.599-1, interesada dentro del proceso en referencia, por medio del presente escrito, en forma expresa, otorgo poder especial, amplio y suficiente a la señora NARDA LUCÍA SOLANO BARRERO, colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, abogada titulada, inscrita y en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional 1583655 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación interponga RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución 03-070-213-636-1-5218 del 8 de octubre de 2008.

Además de las facultades propias del presente mandato, faculto en forma expresa y sin limitación a mi apoderada para revisar el expediente, renunciar, sustituir y reasumir el presente poder y en general para que adelante todas la diligencias y trámites en procura del cumplimiento del mismo” (se destaca extra texto) (visible a fl. 126, cdno. anexos 6).

Observa la Sala que el poder fue otorgado de manera amplia, suficiente y sin limitaciones para que la mandataria pudiera, entre otras cosas, revisar el expediente, “... y, en general, para que adelante todas la diligencias y trámites en procura del cumplimiento del mismo”.

Concluye la Sala, que la real voluntad de la mandante fue la de revestir a su apoderada de amplias facultades, no solo para la interposición del respectivo recurso, sino también para adelantar todas la diligencias que se desprendieran del mismo, dentro de las que se encuentra, obviamente, la notificación de la resolución que lo resuelve.

Así pues, dentro del procedimiento administrativo de decomiso, la actora estuvo representada por su apoderada, que, como ya se dijo, tenía plena facultad para ejercer dicho poder; y, en todo caso, el vicio alegado atañe a una actuación diferente de la que es objeto de estudio en este caso, así guarde relación con la misma.

En otras palabras, mal puede la actora a través de este proceso, donde se controvierte la legalidad de los actos administrativos expedidos dentro un proceso administrativo relativo a la infracción del régimen de cambios, pretender confundir la actuación administrativa que culminó con el decomiso, siendo que los actos expedidos en este último trámite, no corresponden a los que aquí se cuestionan.

Las consideraciones en precedencia, conducen a la Sala a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 17 de noviembre de 2011, proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».