Sentencia 2011-00128/61227 de abril 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2011-00128-01(61227)

Actor: R.D.P.O. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Temas: / Privación de la libertad - Culpa exclusiva de la víctima - El procesado dio lugar a la restricción de su libertad - Comportamientos gravemente culposos o dolosos desde el punto de vista civil.

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia del 18 de septiembre de 2014, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta corporación(30), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(31).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa y de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(32).

Pues bien, en audiencia del 1° de diciembre de 2008, el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, precluyó el proceso penal adelantado en contra de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O., decisión que se notificó en estrados y no fue objeto de recursos, razón por la cual quedó ejecutoriada en la misma diligencia.

De este modo, el término para demandar empezó a correr el 2 de diciembre de 2008, empero, se suspendió durante el período comprendido entre el 26 de noviembre de 2010(33) y el 17 de febrero de 2011(34), en virtud del trámite de conciliación extrajudicial promovido por la parte demandante.

Como la demanda se presentó el 21 de febrero de 2011, cabe concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se definió la situación penal de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O.

4. Cuestión Previa.

Si bien en el expediente administrativo obran las declaraciones rendidas ante Notario por los señores E.A.M.B.(35), L.E.R.D.(36) y F.J.P.(37), relacionadas con la supuesta tradición del vehículo NISSAN SENTRA de placas XXXX, matriculado en Pereira, no es menos cierto que las declaraciones extraproceso, por practicarse sin citación y asistencia de la parte contra la que se aducen, deben ser ratificadas en el proceso en el cual se pretenden hacer valer, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil y salvo que estén destinadas a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio(38).

Al respecto, el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil(39) dispone que los testimonios rendidos ante notarios que tengan fines judiciales y no hubiesen sido practicados con citación de la parte contraria “sólo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin”.

En vista de lo antes expuesto, en el sub lite no se dará mérito probatorio a las declaraciones extrajuicio señaladas, porque fueron practicadas sin la presencia de la contraparte y no fueron ratificadas dentro del presente asunto.

5. Hechos probados.

En el presente asunto, en relación con el proceso penal adelantado en contra de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O., se encuentra probado lo siguiente:

5.1. El 23 de agosto de 2007, ante la Inspección 14 Municipal de Policía de Pereira, el señor E.O.P. interpuso denuncia por la pérdida del automóvil de placas XXXX de Pereira, para lo cual indicó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores incluidos):

“(…) el día cuatro (4) de enero del año dos mil seis (2.006) a eso de las 12:00 M. del día, dejé estacionado mi carro clase automóvil, marca Nissan Sentra, modelo XXXX, color azul, carrocería sedan, Placas XXXX, particular, Motor XXXX y Chasis XXXX, en la carrera XXXX del barrio XXXX de Pereira mientras hacia una diligencia; demoré por ahí cuarenta (45) minutos más o menos; cuando regrese al vehículo ya no estaba, me lo robaron, razón por la cual coloco la presente denuncia por hurto en cuantía de quince millones de pesos ($15’000.000,00); desconozco quién es el responsable del robo, es todo.-Preguntando: Sírvase decir al despacho, qué personas testigos presenciales se han dado cuenta de los hechos que usted denuncia? Contestó: Nadie.-Preguntando: Sírvase decir al despacho, si usted sospecha de alguna persona que haya cometido tal ilícito? Contestó: No tengo idea.- Preguntando: Diga al despacho, bajo la gravedad de juramento que tiene prestado, por qué razón no formuló usted la presente denuncia recién sucedido los hechos? Contestó: Porque recibí llamadas amenazantes de muerte, que si denunciaba eso me mataban…”(40).

5.2. El 18 de abril de 2008, la Policía Nacional practicó una diligencia de inspección en el establecimiento de comercio de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O., en la cual encontró las autopartes del vehículo Nissan Sentra de placas XXXX, en el acta de la diligencia se precisó (se transcribe literal, incluso con posibles errores incluidos):

“Para el día de hoy 18-04-2008, los integrantes del grupo – volante adscritos a la Décima Segunda Estación de Policía Barrios Unidos nos encontramos realizando patrullajes preventivos y de verificación de talleres y vehículos por el sector del Barrio Siete de Agosto.

(….) al pasar frente al taller de Mecánica Automotriz de razón social “M. & D.” establecimiento abierto al público, se solicitó al señor J.W.P.O.(…) la autorización para verificar los vehículos y autopartes (motores, cajas de cambio, ejes, etc.) que se hallaban al interior del taller; a la cual manifestó que no habían ningún problema, por lo cual (…) comenzamos a verificar los vehículos y autopartes hallados allí, siendo las 13:20 horas aproximadamente (…) de los motores a identificar y vehículos se comenzó a solicitar antecedentes a la central de radio de la Policía Nacional, obteniendo como respuesta que el motor ubicado en un costado del taller, sobre el piso y que posee los guarismos de identificación GA16748023P, al igual que la carrocería correspondiente a un automóvil Nissan-Sentra y que a la fecha se identificó con los guarismos XXXX, registran un pendiente por hurto según Denuncia. XXXX instaurada en la Fiscalía 12 de Pereira el día 23-08-2007 cuando portaba las placas XXXX sin más datos. Por lo cual siendo las 13:30 horas se le informa al señor J.W.P.O. y al señor Y.H.S. (…) que a partir de ese momento quedaban en calidad de capturados por el delito de receptación…”(41).

5.3. El vehículo encontrado se describió así (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“…Descripción de EMP o Ef recolectadas:

“Automóvil Nissan Sentra, sin placas, el cual se haya parcialmente desguazado el cual se identifica con el número de carrocería, XXXX, el motor se halla en el piso y se identifica con el número XXXX. El automóvil descrito anteriormente no posee placas pero presenta estampado o labrado en los vidrios de sus partes, al identificar XXXX queda al interior del taller M. & D.; en espera que la Fiscalía ordene la entrega a quien acredite la propiedad, ya que para la Policía Nacional es imposible trasladar ese automotor al patio único y carece de personal para cuidarlo”(42).

5.4. El 19 de abril de 2008, el Juzgado 49 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, legalizó la captura de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O.; en la audiencia de imputación se les impuso medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual fue sustituida por detención domiciliaria(43). Para lo pertinente, se expusieron las siguientes consideraciones (se transcribe literal del archivo de audio aportado, incluso con posibles errores):

“…es un hecho cierto hasta este momento que en el taller localizado en la carrera XXXX de esta ciudad, el día 18 de abril del 2008 a las 01 y 30 horas personal de la Policía denominado grupo volante y destacado para patrullaje y verificación de vehículos en la zona del 7 de agosto pudo advertir en dicho taller a donde fueron invitados a seguir por su propietario o sus propietarios que en el mismo se encontraban autopartes o partes importantes del carro Nissan Sentra identificado con las placas XXXX, tales como el motor y su carrocería, carro que a la postre al ser investigado por los policiales que conocieron del caso pudieron detectar que ese carro fue hurtado el 28 de agosto de 2007 al señor E.O.P. en la ciudad de Pereira cuando lo dejó estacionado frente su casa y al salir de la misma no lo encontró, es decir que hasta este momento hay evidencia en el sentido de que el vehículo lo tenían las dos personas capturadas dentro del local comercial y es un vehículo que tiene origen ilícito y que como quiera que se encontraron partes significativas o importantes del vehículo la pena prevista como se anotó anteriormente es de 6 a 13 años de prisión.

“Más adelante en las demás etapas subsiguientes la defensa tendrá la oportunidad de presentar sus evidencias sobre la buena fe o la no buena fe de la tenencia del vehículo por parte de sus prohijados y hacer valer las evidencias que tenga para pedir otras audiencias públicas en pro de sus defendidos, pero hasta este momento encontramos hecho, no tenemos la certeza de que ese vehículo lo haya dejado allí para chatarrizar el señor que acaba de dar cuenta la defensa, hasta el momento no sabemos si el señor existe, quien es, donde es, donde está, solo tenemos un documento con una firma que no está autenticado pero la defensa tendrá la oportunidad procesal para hacer valer sus evidencias y entrar a confrontar las evidencias que ha presentado la Fiscalía General de la Nación, es decir que los requisitos sustanciales del artículo 308 también se colman a cabalidad por cuanto fueron aprehendidos los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O. en el momento en que poseían un vehículo de origen ilícito y advertido que fue hurtado en la ciudad de Pereira.

“Es un hecho que hasta ahora no se controvierte y esta emerge como evidencia que permite determinar hasta el momento la posible participación donde estos señores en calidad de coautores en el delito de receptación (…)”(44).

5.5. El 30 de mayo de 2008, los señores Y.H.G.S., J.W.P.O.(45) y E.O.P. celebraron contrato de transacción Nº XXXX, en el cual se pactó la transferencia de todos los derechos reales y materiales sobre el componente físico del vehículo de Placas XXXX, con el fin de que el señor E.O.P. retirara y desistiera de la denuncia por hurto. Al respecto, se acordó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

CUARTA: Por su parte EL PROPIETARIO VENDEDOR, se compromete a RETIRAR Y DESISTIR DE LA DENUNCIA PENAL POR PRESUNTO HURTO Nº XXXX que figura sobre el CITADO AUTOMOTOR en la Fiscalía 32 de Pereira, la cual instauró el 23 de agosto de 2007 y aun no ha sido retirada para legalizar la situación jurídica del vehículo, comprometiéndose en esta fecha a presentar ante el Ente investigador el desistimiento y retiro de la acción penal. En consecuencia se compromete a hacer entrega AL MANDATARIO COMPRADOR del bien mueble libre de esta afectación de índole penal, de impuestos, gravámenes, multas, embargos, pactos, pactos con reserva de dominio con terceros y cualquiera otra circunstancia que afecte el comercio del bien objeto del presente contrato en forma total o parcial”(46).

5.6. Mediante escrito presentado en esa misma fecha, el señor E.O.P. le manifestó a la Fiscalía 32 Local de Pereira su decisión de desistir de la denuncia presentada por el hurto del vehículo de placas XXXX, para lo cual sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(…)

“solicito que la decisión del desistimiento y retiro de la denuncia se informe a todas las autoridades departamentales y nacionales, con el fin de que éstas se abstengan de adelantar cualquier procedimiento penal que tenga relación con el vehículo presuntamente hurtado; especialmente la Fiscalía 132 Seccional de Bogotá de la Unidad de delitos contra el patrimonio económico donde se adelanta un proceso por receptación de este vehículo, contra los señores Y.H.G.S., identificado con Cédula de Ciudadanía XXXX de Bogotá y J.W.P.O., identificado con cédula de ciudadanía XXXX de Bogotá lo cual no corresponde a la realidad.

“(…).

Fundamentos de hecho

1: La denuncia la instauré por motivos que consideré jurídicamente válidos en ese momento, los cuales ya cesaron porque el vehículo fue recuperado, aunque en pérdida total.

2: Por confusión del procedimiento ante las autoridades no retiré oportunamente la denuncia sobre el hurto del automotor, la cual todavía figura en los reportes de la Policía y demás autoridades.

3: En razón a que el vehículo fue estrellado con una tracto mula y quedó prácticamente inservible, lo asumí como pérdida total, razón por la cual se canceló la matrícula y licencia de tránsito en las Oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Pereira, Entidad que cerró definitivamente el expediente u hoja de vida del automotor, cesando la vida legal y jurídica de este rodante.

4: En razón a que se canceló la matrícula y licencia de tránsito, el componente físico del vehículo lo he vendido para utilizar en chatarrización en el establecimiento comercial M. & D., ubicado en la carrera XXXX de la ciudad de Bogotá, Barrio 7 de Agosto, cuyos propietarios son los señores Y.H.G.S.y J.W.P.O.

5: Actualmente la posesión de los componentes físicos del otrora vehículo pertenecen a personas que han adquirido estos derechos de buena fe y de manera legal y lícita, sin que hubiesen percatado de que existía la denuncia penal sobre un presunto hurto del citado automotor”(47) (se destaca).

5.7. El 26 de junio de 2008, la Policía Judicial entrevistó al señor E.O.P., de lo cual se dejó constancia en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“Pregunto: (…) se ratifica en la denuncia instaurada por el hurto de su vehículo (…) el 23 de agosto de 2007 (…). Contestó- sí me ratifico de la denuncia pero el termino no sé si es hurto o desaparición de este carro Preguntando manifestó usted en el numeral tercero del memorial de desistimiento que el vehículo en mención fue estrellado por una tracto mula sírvase manifestar que sabe usted de este accidente Contestó que en días pasados recibí una llamada y visita de los señores J.M.C. y me informaron que el vehículo que yo había denunciado había aparecido estrellado en Bogotá y que eso estaba inservible que estaba en chatarra y me ofrecían 2.000.000 de pesos por esta chatarra y yo los recibí, entonces yo me puse muy contento que haya aparecido ese carro y entonces que habían dos jóvenes encarcelados en Bogotá y comprando ese carro y que los tenían en procesos por robo en Bogotá que estaban en posesión de ese carro eso fue lo que me dijeron; entonces ellos me trajeron un documento donde si yo vendía ese carro en chatarra y ellos me trajeron este documento redactado y se autenticó en notaria y también me trajeron un desistimiento hecho y yo firmé y autentiqué; Después de esto me llegó un telegrama de que me presentara en la fiscalía 132 de Bogotá, yo llame les comunique vía telefónica por que tengo una tarjeta de ellos diciéndoles que me había llegado una citación de esta fiscalía y ellos me ofrecieron que si me pagaban los viáticos de transporte y todo que estuviéramos pendientes como va el proceso. Preguntando—yo me abstengo de responder por que temo por mi vida y el estado no da garantías y tengo para decir que presente un desistimiento Preguntando – sírvase infirmar si antes del 30 de mayo de 2008 usted había tenido información de su vehículo o no. Contesto solo lo que ellos dijeron. Preguntando diga si usted leyó el contenido del memorial de desistimiento que dice haber firmado Contestó solo lo firme”(48) (se destaca).

5.8. El 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo la audiencia de acusación en la cual se precisó (se transcribe literal del archivo de audio aportado, incluso con posibles errores):

“(…)

“…señor Fiscal frente a víctimas que información tiene.

“Su señoría esta Fiscalía con apoyo de la Policía Judicial de Pereira citó a la víctima, tengo el informe de fecha 18 de agosto recibido en esta Fiscalía el 19 de agosto en el que refiere que a través de la Unidad Investigativa se comunicaron vía telefónica con el señor E.O., quien manifestó que no estaba interesado en asistir a la audiencia porque además temía por su seguridad, porque las personas vinculadas a la investigación, pertenecen o están involucradas en el hurto, pertenecen a una banda muy peligrosa.

“De otro lado, la Fiscalía General de la Nación envió comunicación a través de la empresa Servientrega de la citación a la audiencia a celebrarse el día de hoy a las 6:30 de la tarde, y he recibido a vuelta de correo el acta de derechos a las víctimas que le remití por correo debidamente suscrita señor E.O., en el que además en el oficio manifiesta su no intención de asistir a esta diligencia y reitera las amenazas de las cuales ha venido siendo objeto, pero no precisa de quien.

“De igual manera el despacho a través de comunicación telefónica surtida el día 19 de agosto se comunicó con la secretaria o asistente de esta persona de nombre V.M., allá en Pereira en el 39290242, persona que manifestó en esa oportunidad que el señor O. asistiría a esta audiencia. Posteriormente recibí comunicación a mi teléfono celular personal del señor E.P.O. donde manifiesta que está mal de dinero, dice que está asustado, que las personas judicializadas pertenecen a una banda peligrosa y que por esa razón no asistiría a ese despacho”(49).

5.9. El 18 de septiembre de 2008, el representante legal de la aseguradora Colpatria dio respuesta a la solicitud de información relacionada con la existencia de seguro SOAT para el vehículo de placas XXXX, para lo cual señaló (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“Revisadas nuestros archivos y bases de datos encontramos que para esas placas se expidió la póliza de seguro de daños corporales causadas a las personas en accidente de tránsito “SOAT”, Nº XXXX con vigencia 25/07/2005 hasta 25/07/2006; los datos del vehículo y tomador de la póliza son los siguientes (adjuntamos fotocopia):

“Tomador: S.P.C.

“Dirección: XXXX

“Localidad: MEDELLÍN

“Tipo: SENTRA

“Marca: NISSAN

“Placa: XXXX

“Modelo: 1994

“Motor: XXXX

“Chasis/Serie: XXXX

“Por la citada póliza se presentó reclamo por lesiones sufridas por E.A.M.B., por accidente ocurrido el día 6 en Abril; reclamante Hospital San José de Guadas, valor reclamado $87,088.oo, cancelados el día 27 de junio del 2006”(50)

5.10. El 1° de diciembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación entrevistó al señor E.O.P., quien afirmó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(…) Yo, E.O., soy propietario del automóvil nissan sentra de placas XXXX de Pereira, presenté denuncia por hurto del automóvil, hace aproximadamente un (1) año y medio, desapareció el automóvil de mi propiedad. Que hace aproximadamente 8 meses aparecen dos señores abogados procedentes de Bogotá, solicitándome les vendiera una chatarra por la suma de $2000000 de pesos y que dijera que el carro no había sido robado sino que dijera que el inspector que recibió la denuncia se había equivocado(51)”.

5.11. En audiencia de juicio del mismo 1° de diciembre de 2008, el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, precluyó la investigación adelantada en contra de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O., señalados como responsables del delito de receptación.

De las consideraciones expuestas por el juez de conocimiento se destacan las siguientes (se transcribe literal del archivo de audio aportado, incluso con posibles errores):

“En comienzo, observa el suscrito que hay una entrevista recibida el día de hoy y que fue aportado en original, en la cual se señala extrañamente por parte del señor O.que es propietario aun del automóvil Nissan Sentra, placas XXXX (…) aún está manifestando que el automóvil es de su propiedad, que hace aproximadamente 8 meses aparecen dos señores abogados procedentes de Bogotá y le solicitan les venda una chatarra; me imagino que no será del vehículo ya que no dice nada al respecto. Cuando se le pregunta ¿cómo fue hurtado el vehículo? contesta: años atrás el carro se negoció con un señor llamado F., este no termino de pagarme este carro, ni volví a saber de él, por tal motivo, se hicieron pruebas para ubicar el carro y jamás se pudo ubicar, yo seguí pagando impuestos por ese carro y en temor a que fuera utilizado para atentados criminales me vi obligado a interponer este tipo de denuncia.

“Está reconociendo con ello que la denuncia en efecto no evidencia el apoderamiento ilícito de su vehículo o el que considera su vehículo, sino que para evitar atentados criminales y no pagar impuestos, esto lo infiero habida cuenta que ahí manifiesta que sigo pagando impuestos, pero el temor de él es que se fueran a cometer atentados criminales (…) la entrevista es un poco precaria y no enfoca el asunto que generaría la causal.

El contrato de compraventa está firmado por el señor E.O. así se refiere en el formato XXXX en forma minerva en el cual, dice identificarse con la cédula XXXX que es la que hoy se ha aportado por quien acudió a esta audiencia; como comprador F.J.P., se negocia el vehículo automóvil sedan Nissan 1994, azul metalizado, placas XXXX, la suma de $15’000.000, se obliga el segundo a pagar 3 cheques en las fechas 27 de julio, 27 de agosto y 27 de septiembre de 2003.

“(…)

“Aquí hay una declaración extrajucio presentada por F.J.P.C. y dice que el 12 de julio del año 2003 celebro un contrato de compraventa de vehículo con su ex-socio comercial E.O.P., este contrato que le digo de anterioridad no tiene fecha. Bien, allí mismo indica que en esa fecha este señor era el poseedor regular del automóvil (…) señala el numeral primero de esa declaración extraproceso que el señor E.O.P. identificado con la cédula XXXX expedida en Medellín era el poseedor regular del automóvil de marca Nissan Sentra de placas XXXX, modelo 94, pactando como precio de venta la suma de $15’000.000, igualmente señala que ese contrato se celebró ante 2 testigos, aquí observa el despacho que hay 4 firmas, es decir, comprador, vendedor y 2 personas más.

“Certifica que el mismo 12 de julio del año 2003 cuando celebraron el contrato de compraventa, E.O.P. le hizo entrega real y material del vehículo Nissan Sentra de placas XXXX, el cual recibió a entera satisfacción en el estado físico que se encontraba, de esa fecha en adelante ostento la posesión regular quieta y tranquila con ánimo de señor y dueño hasta cuando la trasfiere al señor E.A.M.B.

“Aclara que pagó los $15’000.000 como precio del valor y que únicamente le quedo un saldo de $900.000 a favor del vendedor E.O.P. los cuales serían pagados cuando se efectuara el traspaso legal del vehículo, previo a que el señor N.M.P. hiciera lo propio con él, entendiéndose que para la fecha del negocio el certificado de tradición y libertad no estaba a nombre del vendedor, sino a nombre del señor N.M.P.

“Dice que E.O. nunca quiso hacerle el traspaso legal del mismo como habían acordado y por esa razón tampoco le cancelo los $900.000 que le adeudaba.

“(…)

“Da plena fe que para el día 4 de enero del año 2006, cuando presuntamente a E.O.P. le hurtaron el automóvil Nissan Sentra de placas XXXX en la carrera XXXX barrio centenario de Pereira, dicho vehículo estaba bajo su posesión, o sea la del declarante, este caso la del señor F.J.P.C., ya desde hacía 2 años y medio.

“(…)

“Certifica que a mediados del año 2007, se le comunicó a E.O.P. que debido al a un accidente ocasionado al vehículo Nissan Sentra de placas XXXX, su actual poseedor el señor era E.M.B., quien tenía una intención de ordenar su chatarrización, debido a los altos costos que implicaba su reparación, más los impuestos que O.P. había pagado y el saldo adeudado lo cual no justificaba la inversión.

“Ahora bien, esta declaración aunada al contrato de compraventa dejan ver que en efecto se produjo un negocio jurídico, entre el señor O.P. y el señor F.J.P.C., aquí hay otro folio en el cual hay una firma que dice E.O.P. cédula XXXX de Medellín en la que certifica que a la fecha, es decir 25 de agosto del año 2004, F.J.P. adeudaba por la venta del automóvil Nissan Sentra de placas XXXX, la suma de $5’400.000 más los intereses generados a agosto $150.000 por mes, más $20.000 por remanentes, por lo que el señor F.J.P. se compromete a pagar estos valores (…) igualmente obran copia de unas consignaciones del Banco CONAVI a la cuenta Nº XXXX por valor de $2’500.000 a nombre de E.O., posteriormente aparece un certificado de tradición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Pereira que muestra que el vehículo de placas XXXX se encuentra a nombre de N.M.P., esto a 14 de febrero del año 2005, estado de cuenta de dicho vehículo, paz y salvo de la secretaría de tránsito, certificación del jefe de sección del parque automotor dirigida al Juzgado Primero Penal del Circuito de Santiago de Cali (Valle) (…) declaraciones del impuesto sobre vehículos suscrita por E.O.P…

“Esta documentación nos ilustra los siguientes aspectos, en comienzo el delito de receptación implica las diversas modalidades conductuales que señala el legislador frente a un objeto que tenga una procedencia ilícita, en este caso tienen la posibilidad, para entrar en este delito (…) los verbos rectores adquirir, poseer, convertir o transferir, bienes muebles o inmuebles que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, y si se hace sobre una unidad, sobre medio motorizado la pena será de 6 a 13 años y multa de 7700 SMLMV.

“Vemos como el legislador señala allí un ingrediente normativo de carácter fundamental, y es que ese bien tenga su origen mediato o inmediato en un delito. Aquí la Fiscalía había determinado que ese vehículo había sido hurtado, por tal razón, se adelantó la investigación ya que la posesión en la que fueron encontrados los aquí procesados derivaba o se ejercicio sobre un vehículo que había sido hurtado, según lo reportaba su diligenciamiento. En este caso, la denuncia del día 23 de agosto del año 2007, a pesar de que los hechos se refirieron en ese texto que los hechos sucedieron el 4 de enero de 2006, o sea que fueron 19 meses y 19 días después de cometido el hurto que se formuló esa presunta denuncia o esa denuncia por el presunto hurto; Ello conllevó a que en los sistemas de información que se llevan por parte de la autoridad policial se reportara ese vehículo como hurtado; Ello generó una captura en flagrancia que fue declarada legal habida cuenta de que el Estado confió en la verdad que debía existir en esta denuncia, y tal confianza tuvo que adelantó una investigación penal en una fiscalía en la ciudad de Pereira, la Fiscalía 32 si no recuerdo mal.

“Pero con la documentación que se aporta hoy, vemos que hubo un contrato de compraventa de vehículo automotor, ese contrato demuestra que el señor O.P.E. no perdió la posesión de su vehículo como lo indicaban las denuncias, sino que lo entregó de forma voluntaria, incluso el mismo en sus entrevista del día de hoy, cuando le preguntan cómo le hurtaron el vehículo lo que atina a responder es que ese vehículo años atrás se negoció con el señor F., quién no me terminó de pagar, no volví a saber de él y tampoco pude ubicar el vehículo, o sea que quiere decir, que él lo entregó de forma consentida y de manera penosa nunca aclaró esa la situación, generando en efecto no solo la captura en flagrancia, sino hasta hoy la privación de la libertad de estas personas.

“No tiene duda el despacho en cuanto a que en efecto ese negocio existió, habida cuenta que también tenemos una declaración extrajuicio de quien lo compró y ya se leyó casi que completa por el suscrito, mostrando que en efecto si hubo una entrega consensuada, voluntaria y que si se presentaron diferencias en la ejecución de los pagos eso no implicaba presumir que podía denunciarse como hurtado a efectos de evitar atentados. Para esos efectos podría haber hecho una comunicación a la autoridad policial señalando, su preocupación y los motivos que tenía. Pero la preocupación no se ve latente cuando se lo vende a una persona con la que ha tenido incluso trato comercial…

“(…)

“De tal suerte que el hurto no se vislumbra por ninguna parte, por el contrario al despacho le ha quedado absolutamente claro que tal conducta punible no se presentó y esa conducta punible es la base de la acusación en este caso porque los dos procesados aquí presentes tenían en su poder las autopartes de este rodante, que según veo nunca hasta hoy ha tenido ninguna procedencia ilícita como lo demanda el legislador

“(…)

“ …ninguno de los eslabones de la cadena de tradentes ha generado o se ha producido a través de una tradición no consensuada, no discutida por las partes dentro del derecho negocial, por tal razón, no encuentra el despacho en efecto conjugado los presupuestos exigidos por el legislador para que determinemos que estamos frente a un hecho con relevancia jurídico-penal, sino que por el contrario estamos frente al ejercicio licito de una actividad comercial que era la que emprendían los procesados cuando para infortunio y por irresponsabilidad de una persona que formula una denuncia sin el miramiento de sus consecuencias se vieron entonces privados de la libertad (…)”(52).

5.12. Mediante Oficio 580 F-32 del 26 de mayo de 2009, la Fiscalía ordenó la entrega definitiva de las autopartes a los señores W.P.O. y Y.H.G.S.(53).

5.13. Mediante escrito del 3 de noviembre de 2010, el contador público E.F.S.(54) certificó que los señores J.W.P.O. y Y.H.G.S. tenían un establecimiento de comercio del que devengaban sus ingresos y cuyo objeto social era “la comercialización al por menor de partes para vehículos automotores”(55).

6. Caso concreto

La Sala encuentra acreditado que se adelantó un proceso penal contra de los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O., por el delito de receptación.

Lo anterior, ante la evidencia de que el 18 de abril de 2008, la Policía Nacional encontró en el establecimiento de comercio M. & D. el motor, la carrocería y el chasis del vehículo de placas XXXX, matriculado en Pereira, el cual reportaba un pendiente por el delito de hurto.

Las diligencias penales terminaron, con decisión de preclusión, ante la evidencia de que no existió el delito, supuesto que resultaría suficiente para concluir que se configuró una privación injusta de la libertad; sin embargo, la Sala advierte circunstancias que permiten afirmar que los ahora demandantes dieron lugar a la detención preventiva analizada.

6.1. Culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad

Tratándose de casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación inmediata de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública.

En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.

Dicho de otra manera, no toda absolución en un proceso penal deviene en responsabilidad patrimonial del órgano judicial, puesto que cuando la investigación tuvo sustento probatorio y de ella se pudo desprender la posible participación del sindicado en el delito, es la conducta de la víctima la causante del daño, sin perjuicio de que, en sede de la Justicia Ordinaria, se hubiere proferido sentencia absolutoria(56).

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia de exoneración de responsabilidad del Estado, esta Subsección ha expuesto razonamientos como el que se cita a continuación:

“Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(57).

La corporación ha señalado que la declaratoria de este eximente de responsabilidad impone que se determine si el proceder –activo u omisivo– de quien solicita la declaratoria de responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño y, de ser así, en qué medida. Así lo ha entendido esta sección(58):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)”(59)(negrillas y subrayas de la Sala).

Conviene aclarar que la conducta dolosa o culposa en casos como el analizado se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal.

El artículo 63 del Código Civil dispone, de un lado, que la “[c]ulpa grave (…) consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo” y, del otro, precisa que “[e]l dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

Así las cosas, en asuntos como el analizado, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se encuentra probado que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la restricción de la libertad, circunstancias que deben determinarse si se presentaron en el sub lite.

Bajo esta perspectiva, se analizarán las circunstancias que dieron lugar a la privación de la libertad de los demandantes.

Con todo, de manera previa, la Sala se pronunciará en relación con el hecho de un tercero y respecto de las consecuencias derivadas de la no interposición de recursos por los procesados en contra de las decisiones que restringieron su derecho a la libertad.

El a quo negó las pretensiones de la demanda, porque, a su juicio, se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima en cuanto los procesados no interpusieron recursos en contra de las decisiones que afectaron su derecho a la libertad.

El argumento planteado no resulta de recibo para la Sala porque si bien el artículo 70 de la Ley 270 de 1996(60) consagró ese evento como causal de exoneración de responsabilidad, lo cierto es que no es aplicable a los casos de privación injusta de la libertad cuando esta haya sido impuesta a través de una providencia judicial, lo anterior toda vez que el numeral 1 del artículo 67 de la norma referida hizo expresa exclusión(61), permitiendo que únicamente la exoneración cuando se demuestra que la víctima actuó con culpa grave o dolo.

De otro lado, la Sección de tiempo atrás ha sostenido que las declaraciones y las denuncias recibidas en las investigaciones penales no pueden considerarse como eximentes de responsabilidad en eventos como el analizado, pues carecen de los elementos requeridos para el particular, tales como, entre otros, de ser una causa directa y extraña del daño(62). Al respecto esta Sala ha sostenido(63):

“(…)En ese mismo sentido, en cuanto al hecho de un tercero igualmente alegado como causal de exoneración de responsabilidad en el recurso de apelación (…), la Subsección advierte que la constitución de esta causal exige que la actuación alegada como tal sea exclusiva y determinante en la producción del daño y que además resulte imprevisible e irresistible para la Administración, para cuyo propósito debe acreditarse que el tercero participó de forma preponderante y exclusiva en la realización del injusto. Así, de probarse cada uno de estos elementos, deberá absolverse al demandado e imputarse el daño al tercero.

“Así las cosas, se tiene que en el presente asunto no es posible predicar la existencia del hecho de un tercero puesto que en el sub examine resulta fuera de toda duda que fue la Fiscalía General de la Nación la que a través de sus decisiones determinó la privación de la libertad al ahora demandante la cual finalmente devino en injusta; en esa medida la demandada Fiscalía General de la Nación era la única responsable de producir el daño, razón por la cual las consecuencias de ello sólo le son imputables a ella.

“A lo anterior se debe añadir que si bien fue con ocasión de la denuncia y del reconocimiento en fila de presos y fotográfico que realizaron las mismas denunciantes que se vinculó al ahora demandante a la investigación penal, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación fue la que en el marco de sus competencias adelantó toda la investigación penal y fue ella a través de sus decisiones la que ocasionó el dañó al señor O.A.S.P., razón por la cual dicho argumento no está llamado a prosperar (…)”.

En esta medida, si bien la detención preventiva de los procesados obedeció a la existencia de una denuncia hurto respecto del automotor encontrado en su poder, no es menos cierto que la misma carece de los presupuestos necesarios para ser considerado como causa exclusiva y directa del daño, toda vez que al funcionario a cargo de la investigación era a quien le correspondía determinar si lo dicho por el denunciante tenía la suficiencia de llevar a la imposición de una medida de aseguramiento o si para el particular se requerían pruebas adicionales que permitieran confirmar la veracidad de las acusaciones.

Así las cosas, la denuncia presentada por sí sola no tenía la aptitud para generar la restricción de la garantía fundamental a la libertad de los ahora demandantes, dado que, por mandato del artículo 28 de la Constitución Política, tal consecuencia solo era posible en virtud de una orden emitida por la autoridad competente, que para este caso era la Rama Judicial, que, en todo caso y como se dejó dicho, debía valorar las circunstancias del caso concreto y los elementos probatorios obrantes en la investigación.

Por las razones, expuestas no se comparte la decisión del a quo, en cuanto a la configuración del hecho de un tercero.

De otro lado, dadas las circunstancias fácticas en las que ocurrieron los hechos y la actividad comercial a la que se dedicaban los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O., se impone concluir que si bien se hizo alusión a la chatarrización, lo que materialmente se realizó fue la venta de un vehículo.

Los señores Y.H.G.S. y J.W.P.O. omitieron el deber de verificar la procedencia de las autopartes de lo vehículo Nissan Sentra identificado con las placas XXXX, pues no puede perderse de vista que no se probó actuación alguna de su parte, tendiente a comprobar el origen lícito de las mismas, máxime cuando estos se desempeñaban en el negocio de la venta de autopartes y, para este caso, ello se traduce en la materialización de una culpa exclusiva de la víctima, en los términos precisados en precedencia.

Asimismo, la Sala observa que los aquí demandantes comprometieron su responsabilidad, cuando en su proceder gravemente culposo, guardaron componentes físicos del vehículo de placas XXXX al interior del taller de su propiedad, de los cuales desconocían su origen.

En las condiciones analizadas, la Sala considera que el hecho de adquirir partes de un vehículo sin adelantar ninguna actuación para establecer su procedencia resultaba suficiente para que se adelantara el proceso penal y se privara de la libertada a los demandantes, pues ellos faltaron a los deberes de diligencia y cuidado que rigen las relaciones jurídicas celebradas entre particulares.

Adicionalmente, resulta importante señalar que los aquí demandantes solo hasta el momento en que se vieron privados de la libertad, adelantaron las actuaciones pertinentes para solemnizar la compra de las autopartes del vehículo con la persona habilitada para tal fin, esto es, el propietario.

Todo lo anterior para significar que la absolución de los procesados no deviene en la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, por cuanto en el caso bajo estudio se estructuró la culpa exclusiva de la víctima, quien con su actuación dio lugar a la investigación penal y a la restricción de su libertad, lo cual se traduce en la exoneración de la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial frente a la imputación efectuada por el daño antijurídico supuestamente irrogado a los aquí demandantes.

Como se puede observar, los procesados compraron un automotor sin observar la normativa que disponía la forma en la que debía hacerse su tradición, la cual era solemne, según lo previsto en el artículo 47 de la Ley 769 de 2002(64), por manera que no actuaron con el debido cuidado con el que las personas usualmente atienden sus negocios, pues si hubiesen procedido de la forma en la que les resultaba exigible se habrían percatado de la existencia del pendiente por hurto y, por tanto, según sus mismas exculpaciones, no habrían adquirido las autopartes que llevaron a la privación de su libertad.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía ni de la Rama Judicial al imponer medida de aseguramiento a los aquí demandantes, sino justamente la conducta de aquellos, quienes, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dieron lugar a la investigación que se les adelantó en su contra y a las decisiones proferidas por la Fiscalía y la Rama Judicial.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada, por las razones indicadas.

7. Condena en costas

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 18 de septiembre de 2014, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

30 Acuerdo 58 de 1999, modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 de 2017.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

33 Fecha en la cual los demandantes presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

34 Fecha en la que se expidió la constancia de conciliación, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 (fls. 474-476, cdno. de pruebas).

35 Folios 296-298, cuaderno de pruebas.

36 Folios 299-300, cuaderno de pruebas.

37 Folios 293-295, cuaderno de pruebas.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 17.995, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017 expediente 45.351.

39 Según lo previsto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los procesos promovidos ante esta Jurisdicción, con anterioridad al 2 de julio de 2012, se rigen por las normas procesales contenidas en el “régimen jurídico anterior”, que corresponde a las contenidas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, como la demanda de reparación directa de la referencia se presentó el 1º de septiembre de 2006, resulta claro que al presente asunto le resultan aplicables dichos estatutos procesales.

40 Folios 29-31, cuaderno de pruebas.

41 Folios 175-178 cuaderno de pruebas.

42 Folio 176, cuaderno de pruebas.

43 Cd 1 obrante a folio 172 cuaderno de pruebas.

44 Cd #. 1 obrante a folio 172 del cuaderno de pruebas.

45 Quienes actuaron por intermedio del señor J.R.O., quien actuaba como su apoderado en el proceso penal que dio origen al proceso de la referencia.

46 Folios 311-313, cuaderno de pruebas.

47 Folios 314-315, cuaderno de pruebas.

48 Folios 265-266, cuaderno de pruebas.

49 Cd # 8 “Audiencia de acusación” visible a folio 173 del cuaderno de pruebas.

50 Folios 329-330, cuaderno de pruebas.

51 Folios 17-18, cuaderno de pruebas.

52 Cd # 13 Juicio Oral “Preclusión” visible a folio 173 del cuaderno de pruebas.

53 Folio 270, cuaderno de pruebas.

54 Contador público identificado con C.C. No. XXXX de Bogotá, inscrito en la Junta Central de Contadores bajo el número XXXX.

55 Folios 441 y 470 del cuaderno de pruebas.

56 Al respecto puede consultarse la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014). Exp. (38438). Consejero Ponente dr. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463. Consejero Ponente: dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2015, expediente 39.049, Magistrado Ponente: dr. Hernán Andrade Rincón.

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, Magistrado Ponente: dr. Hernán Andrade Rincón.

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: dr. Ramiro Saavedra Becerra.

60 “Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

61 “Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”. (Se destaca)

62 Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación: 18891, sostuvo:
“[L]as falsas imputaciones (…) con las cuales se fundamentó la medida de aseguramiento que se impuso al señor Pedro Félix Hoyos Vargas no permiten exonerar de responsabilidad al Estado porque: (i) las afirmaciones del testigo no fueron causa exclusiva del daño; por el contrario, faltó al instructor realizar una adecuada valoración de ese testimonio, para advertir sus incoherencias e inconsistencias, a partir de una ponderación de todos los medios de prueba que existían en ese expediente; (ii) las falsas imputaciones del testigo no constituían un obstáculo insalvable para una adecuada decisión, porque en el caso concreto, el hecho de que el testigo hubiera presentado una versión inicial diferente, no hubiera justificado debidamente el cambio de versión y existían otras pruebas que comprometían la responsabilidad de otras personas, lo cual permitía advertir que el testigo era falaz y que simplemente pretendía desviar la investigación, y (iii) porque la actuación del testigo no era completamente ajena al servicio, si se tiene en cuenta que los testigos son sólo colaboradores de la Administración de Justicia, porque el ius puniendi está totalmente a cargo del Estado”.

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente: 35.091.

64 “Artículo 47. Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo”.