Sentencia 2011-00135/49442 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 85001233100120110013500 (49442)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: departamento de Casanare

Demandado: municipio de Támara

Acción: contractual

Temas: Convenio interadministrativo - es posible la liquidación unilateral / Prórrogas extemporáneas en el contrato estatal - no tienen fuerza legal para extender el cómputo de la caducidad de la acción contractual

Bogotá, D. C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 14 de agosto de 2013, mediante la cual se dispuso, en lo pertinente(1):

“PRIMERO: Declarar el incumplimiento del Convenio Interadministrativo 0575 de fecha 26 de diciembre de 2005 por parte del municipio de Támara al no devolver los sobrantes dineros no ejecutados del valor aportado por el departamento de Casanare para la construcción del puente colgante entre el río Pauto en el sitio Tabloncitos de la vereda Victoria Eccehomo, por lo expuesto en la parte motiva.

“SEGUNDO: Liquidar judicialmente el Convenio Interadministrativo 0575 de fecha 26 de diciembre de 2005, en los siguientes términos:

“Convenio 0575

“Fecha: 26 de diciembre de 2005

“Plazo inicial: 12 meses

“Primera adición al plazo: 6 meses

“Segunda adición al plazo: 6 meses

“Objeto: transferir recursos al municipio de Támara para la construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pauto localizado en el plazo (sic) Tabloncitos de la vereda Victoria Eccehomo en el municipio de Támara - departamento de Casanare

“Valor total del contrato: $3.199’989.194,00

“Valor aporte entidad contratante: $3.047’608.757,00

“Valor aporte cooperante (interventoría): $152’380.437,00

“Valor anticipo: $1.523’804.378,00

“(…).

“Monto a reembolsar al departamento de Casanare con cargo al municipio de Támara: $551’934.891.16.

“TERCERO: Condenar al municipio de Támara a reembolsar a favor del departamento de Casanare la suma de $551’934.891.16.

La suma anterior será indexada conforme a la fórmula financiera aceptada por el Consejo de Estado establecida en los siguientes términos

“(…).

“CUARTO: Condenar al municipio de Támara a reembolsar a favor del departamento de Casanare los dineros percibidos a título de rendimientos financieros generados sobre los $3.199’989.194,00, transferidos por este a aquel para el cumplimiento del objeto contractual, cualquiera que sea el monto, durante el tiempo que se mantuvieron en bancos, como lo prevé el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

“QUINTO: No imponer condena en costas.

“SEXTO: Ordenar por Secretaría y sin esperar ejecutoria se expidan copias con destino a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la república y a la Fiscalía General de la Nación para que intervengan en las posibles conductas disciplinarias, fiscales y penales en que pudieron incurrir los agentes citados en las motivaciones (contratista, interventor, supervisor de la obra y alcalde del municipio de Támara de la época que se suscribieron el acta de liquidación final del contrato de obra 002 de 2006), por las razones expuestas en las consideraciones”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante demanda presentada el 29 de agosto de 2011(2), el departamento de Casanare solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra el municipio de Támara:

“PRIMERA: Declarar que el municipio de Támara incumplió con la obligación de ejecutar el 100% de las obras pactadas en el Convenio Interadministrativo 575 de 2005, y decretar la liquidación.

“SEGUNDA: Declarar terminado el Convenio Interadministrativo 575 de 2005, y decretar su liquidación.

“TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al municipio de Támara a reintegrar con destino a la Tesorería Departamental de Casanare las sumas de dinero no ejecutadas en virtud del Convenio Nº 575 de 2005, debidamente indexadas y con los rendimientos a la tasa del 1% mensual de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, art. 4º, num. 8º, la cual asciende a quinientos setenta y nueve millones setecientos quince mil setecientos cuarenta y ocho pesos con setenta y tres centavos mcte. ($579’715.748,63).

“CUARTA: Se condene al municipio de Támara a pagar los rendimientos financieros que hayan generado los recursos de que dispuso por cuenta del Convenio 575/05.

“QUINTA: Condenar en costas al municipio de Támara, si llegare a oponerse temerariamente a las pretensiones de la demanda”.

2. Los hechos.

En el escrito de demanda, la parte actora narró los siguientes hechos:

2.1. El departamento de Casanare y el municipio de Támara celebraron el Convenio Interadministrativo 00575 de 26 de diciembre de 2005, cuyo objeto fue “transferir recursos al municipio de Támara para la construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pauto localizado en el paso Tabloncitos de la vereda Victoria Eccehomo en el municipio de Támara e interventoría técnica administrativa y financiera”, por un valor de $3.199´988.777.

2.2. De acuerdo con lo que afirmó el departamento, el convenio se inició el 4 de enero de 2006 y la terminación ocurrió el 26 de marzo de 2010, “dado que el convenio fue prorrogado en plazo en diversas oportunidades, primero por dificultades relacionadas con los diseños iniciales de la obra, y después por inconvenientes con el desarrollo normal de los trabajos adelantados por los ejecutores”(3).

2.3. El municipio de Támara, obrando como ejecutor del Convenio Interadministrativo 00575, suscrito el 26 de diciembre de 2005, celebró con entidades particulares los siguientes convenios de cooperación interinstitucional: el Nº 002 de 2006, para ejecutar los recursos de la obra y el Nº 003 de 2006 para la interventoría de la misma. No obstante, según afirmó el departamento, ahora demandante, las obligaciones correspondientes a esos convenios fueron incumplidas y, por tanto, el producto final a cargo del municipio quedó inconcluso.

2.4. El departamento de Casanare requirió al municipio de Támara para liquidar el Convenio Interadministrativo 00575 y, finalmente, el supervisor designado para el referido convenio –la sociedad Ingenieros de Casanare SOIC– proyectó el acta de liquidación el 21 de septiembre de 2010, advirtiendo que las obras derivadas del convenio no fueron entregadas y que el municipio incumplió las obligaciones del Convenio Interadministrativo 575 de 2005.

2.5. El departamento de Casanare observó que el municipio de Támara no cumplió con la obligación de acudir voluntariamente a la liquidación del Convenio Interadministrativo 00575, razón por la cual fue necesario acudir a solicitar la liquidación en sede judicial.

2.6. Por último, reseñó que el municipio de Támara no se presentó a las diligencias de conciliación extrajudicial adelantadas el 23 de junio de 2011.

3. Fundamentos de derecho invocados por el demandante.

El departamento de Casanare, obrando como parte actora, indicó que acudió a pedir la liquidación judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. Observó, además, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 855 de 1994(4), por tratarse de un convenio interadministrativo, no tenía potestades exorbitantes y que, por ello, no le era legalmente permitido adelantar la liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo 00575.

4. Actuación procesal.

4.1. El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda mediante auto de 27 de octubre de 2011(5).

4.2. A través del auto de 1º de marzo de 2012(6), el Tribunal Administrativo de Casanare decretó las pruebas solicitadas por las partes.

4.3. Contestación de la demanda.

En la contestación de la demanda, presentada personalmente por el primer apoderado del municipio de Támara, el 14 de diciembre de 2011(7), la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Allí observó que había contratado la realización de la obra así:

“El contratista que ejecutó el convenio de cooperación interinstitucional para la construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pauto localizado en el paso Tabloncito de la vereda la Victoria - Eccehomo, fue la Sociedad Ornato y Mejoras Públicas de la Azomaroquia(8) (sic) Colombiana, representada por el arquitecto Néstor Cuéllar”(9).

En cuanto a los hechos, afirmó que el presupuesto fue agotado y que la obra contratada se concluyó en un 100%. Se opuso, por tanto, a reconocer suma alguna por concepto de liquidación del Convenio Interadministrativo 0575 de 2005.

Acerca de la obra contratada, especificó que “si bien hubo demoras en la ejecución del proyecto el mismo fue liquidado en forma bilateral por la administración municipal de Támara el día 29 de marzo de 2011, entre el contratista [Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare] y la interventoría reseñada” [Corporación de Gerencia de Proyectos GP](10), con una ejecución del 100%.

La entidad demandada concluyó que procedía realizar una nueva liquidación del Convenio Interadministrativo 00575 de 2005, en la cual el municipio de Támara no quedaba obligado al reintegro de suma alguna.

En el término de fijación en lista, el municipio de Támara otorgó poder a un nuevo apoderado, el cual contestó nuevamente la demanda, el 30 de enero de 2012, con contenido similar al de la primera contestación, empero adicionó las siguientes excepciones: i) cobro de lo no debido; ii) cumplimiento del pago del convenio interadministrativo.

El Tribunal Administrativo de Casanare reconoció personería al segundo apoderado, mediante auto de 1º de marzo de 2012, en el cual, también, decretó las pruebas solicitadas por ambas partes, en la demanda y en la contestación de la demanda, estas últimas de acuerdo con lo que solicitó el segundo apoderado del municipio de Támara(11).

4.4. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia el 14 de agosto de 2013. En los considerandos de la sentencia estableció el estado financiero de liquidación y, como consecuencia, declaró el incumplimiento del Convenio Interadministrativo 00575 por parte del municipio de Támara, por razón del saldo no devuelto, correspondiente a los dineros que se identificaron como no ejecutados, de acuerdo con lo que se lee en las resolutivas que han sido transcritas al inicio de esta providencia.

En primer lugar, el tribunal a quo se detuvo en definir el régimen de la liquidación del convenio interadministrativo. Allí observó que el Convenio Interadministrativo 00575 era susceptible de liquidación bilateral, mas no de liquidación unilateral, toda vez que “no son de recibo los poderes coactivos o unilaterales del Estado contratante respecto del Estado contratista, de no poderse lograr la liquidación bilateral del contrato, debe entonces acudirse a la jurisdicción para que sea el juez natural del proceso sea quien (sic) la realice, siempre que no haya operado la caducidad de la acción”(12).

En segundo lugar, el tribunal a quo pasó a considerar las pruebas acerca de la ejecución de la obra, para lo cual entró a analizar el informe final de los interventores de fecha 26 de junio de 2009, suscrito por el profesional delegado de la Sociedad Ingenieros de Casanare (SOIC) y el acta de liquidación de 29 de marzo de 2011, correspondiente al Convenio Interinstitucional 002. Sobre esta última destacó que no fue objeto de salvedades.

Con base en los antedichos documentos, el tribunal a quo formuló los cuadros contentivos de los datos financieros referidos al valor de obras ejecutadas (actas 1 a 4) y a la amortización del anticipo correspondiente. Como resultado de lo anterior, consideró que el valor de la obra no ejecutada ascendió a la suma de $551’831.211,38.

Por otra parte, el tribunal a quo desestimó el documento identificado como “Acta Parcial Final de Obra”, suscrito el mismo 29 de marzo de 2011, con fundamento en que se refería a la relación contractual del Convenio Interinstitucional 002 de 2006, que ya había sido liquidada. Advirtió que dicha acta parecía ser un “artificio documental”, por lo cual ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación”(13).

4.5. El recurso de apelación.

El municipio de Támara, obrando como parte demandada, impugnó la sentencia de primera instancia el 4 de septiembre de 2013 y sustentó su recurso dentro del mismo escrito.

Manifestó su inconformidad con los argumentos expuestos por el tribunal a quo en la siguiente forma:

La sentencia da por ciertos los datos de un acta de proyección de liquidación, cuyas cifras “desconocen la realidad del avance y terminación de obra”.

El informe de la Sociedad de Ingenieros de Casanare SOIC –suscrito por el secretario de obras del departamento, el director técnico y el representante de la Sociedad de Ingenieros de Casanare SOIC– no contiene una liquidación bilateral del convenio. Lo correcto habría sido que de la proyección de liquidación se hubiera puesto en conocimiento del municipio de Támara.

Insistió en que si la Sociedad de Ingenieros de Casanare SOIC hubiera medido en tiempo “real y actual” las cantidades de obra ejecutadas después del pago del acta parcial Nº 4, habría encontrado un avance considerable de ejecución, posterior a la fecha de pago de esa acta, correspondiente al 5 de marzo de 2010.

Advirtió que la sentencia debe ser revocada, teniendo en cuenta todos los soportes de la tesorería municipal y los informes financieros que se allegaron al plenario, en los que se observa que el valor del contrato de obra fue de $3.199’939.194 y que ese valor se ejecutó en su totalidad.

Se refirió al error de apreciación en la información relacionada con el contrato 588 de 2011, el cual se celebró con el Consorcio El Paso para la construcción de la parte faltante de la obra. Argumentó que ese contrato se celebró para la “terminación de la construcción de infraestructura y superestructura del puente peatonal sobre el río Pauto”, por valor de $2.275’954.000, de conformidad con los estudios previos que fueron allegados al plenario. Por ello, a su juicio, se demostró que el valor presupuestado inicialmente para el Convenio Interadministrativo 00575, no permitía la terminación de la obra. Hizo notar que el representante de la contratista de obra declaró en el proceso que la obra total estaba realizada en un 60%(14).

Transcribió la parte del informe de interventoría que dio cuenta de la necesidad de un nuevo rediseño, el cual implicó un nuevo presupuesto de obra, por valor final de $4.816’809.851,27. El apelante reiteró que ese informe y los estudios previos para la nueva contratación demuestran que era imposible cubrir la totalidad de la construcción del puente con los recursos asignados al Convenio Interadministrativo 0575.

Por último, argumentó que el fallo apelado constituye un “desequilibrio económico contra el municipio de Támara, en el sentido a que pese a que ejecutó la totalidad de los recursos, es decir la suma de $3.199’608.757,oo se le ordene reembolsar la suma de $551’934.891,16, con sus respectivos rendimientos financieros, luego avalar tal determinación se constituye en un enriquecimiento para el Departamento y empobrecimiento para el municipio de Támara, desvirtuando de paso la verdadera esencia de la figura de los convenios interadministrativos que tienen su principio Constitucional en el artículo 113 como principio de colaboración armónica (…)”(15).

4.6. Actuaciones en segunda instancia.

Mediante auto de 14 de marzo de 2014, corregido por auto de 23 de mayo de 2014, se admitió el recurso de apelación(16).

De acuerdo con el auto de 20 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público(17). Las partes guardaron silencio en la oportunidad para alegar.

4.7. Concepto del Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación estimó que los soportes relacionados con la ejecución financiera del contrato de obra acreditan que “el valor transferido a la Gobernación de Casanare al convenio fue ejecutado en su totalidad”. Como consecuencia, concluyó que la sentencia de primera instancia debe ser revocada(18).

II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) jurisdicción y competencia del Consejo de Estado; 2) caducidad de la acción contractual y 3) costas.

En el análisis de la caducidad se seguirá el siguiente orden de razonamiento: 2.1) pruebas acerca del plazo del Convenio Interadministrativo 00575, en orden cronológico; 2.2) desestimación de la prórroga extemporánea para los efectos de extender el término de duración del convenio interadministrativo; 2.3) Acerca de la potestad de liquidación unilateral. Cómputo del plazo para efectos de la caducidad y 2.4) El caso concreto - oportunidad en el ejercicio de la acción.

1. La jurisdicción y la competencia del Consejo de Estado.

1.1. Con fundamento en el criterio orgánico que se adoptó en la Ley 80 de 1993(19), en concordancia con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, siendo en este caso ambas partes del Convenio Interadministrativo 0575 de 2005 entidades territoriales de carácter estatal, se confirma la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto.

1.2. Cuantía.

La Sala reafirma la competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, de acuerdo con las consideraciones del auto de 14 de marzo de 2014, toda vez que la pretensión mayor se estimó en la suma de $579’715.748(20), valor que resulta superior al equivalente a 500 S.M.L.M.V ($535.600 x 500 = $267’800.000)(21), exigido de conformidad con la Ley 1437 de 2011, contentiva del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA), para que un proceso contractual tenga vocación de doble instancia(22).

2. Caducidad de la acción contractual.

De acuerdo con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, número 10, literal d), en cuanto a la caducidad de la acción, en tratándose de contratos sometidos a liquidación, el término fijado por la ley es de dos (2) años y corre a partir del vencimiento del plazo establecido contractual o legalmente para liquidar el contrato.

Ahora bien, el plazo para liquidar el contrato es el que hubieran pactado las partes o, en su defecto, cuatro (4) meses, por virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, para la liquidación bilateral, más dos (2) meses previstos en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para la liquidación unilateral.

2.1. Pruebas acerca del plazo del Convenio Interadministrativo 00575.

A continuación se presenta un recuento cronológico de los hechos probados en el proceso, en relación con el plazo del Convenio 00575 de 2005, para efectos del cómputo de caducidad de la acción:

i) En la cláusula segunda del Convenio Interadministrativo 00575, suscrito el 26 de diciembre de 2005, se dispuso un plazo de ejecución de 12 meses, así:

“CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO. La duración del presente convenio será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de legalización del convenio y suscripción del Acta de Iniciación”.

Por su parte, en la cláusula octava del Convenio Interadministrativo 00575 se acordó la obligación de liquidar el referido convenio, en los términos de la Ley 80 de 1993, de la siguiente manera:

“CLÁUSULA OCTAVA: LIQUIDACIÓN: El presente convenio será liquidado por las partes de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993”(23).

ii) Según se establece del acervo probatorio, el acta de inicio del Convenio Interadministrativo 00575 se firmó el 4 de enero de 2006(24).

iii) De acuerdo con el informe del supervisor del Convenio Interadministrativo 00575, el convenio se suspendió entre el 10 de mayo de 2006 y el 9 de noviembre de 2006, de la siguiente manera:

“El acta de iniciación del convenio se legalizó con fecha (4) de enero de 2006 con un plazo de ejecución de doce (12) meses, con fecha diez (10) de mayo de 2006 se firmó el acta de suspensión de Obra Nº 01, previa solicitud por escrito de la alcaldesa municipal (…). Duración de la suspensión dos (2) meses.

“Posteriormente la administración municipal solicitó mediante oficio calendado el diez (10) de julio de 2006 la ampliación de la suspensión Nº 01 por un término de cuatro (4) meses (…).

“El día nueve (09) de noviembre del año inmediatamente anterior [2006] se firmó el acta de reiniciación del convenio (…)”(25).

iv) De conformidad con la correspondencia enviada por la alcaldía municipal al secretario de obras públicas y transporte de la gobernación de Casanare, el 6 de marzo de 2007 el municipio presentó a la gobernación de Casanare un proyecto de modificación del presupuesto, con fundamento en los requerimientos de un nuevo diseño(26).

Esa solicitud fue objeto de consulta ante la oficina jurídica del departamento(27), la cual consideró que no procedía realizar ningún tipo de adición, “en virtud a que el plazo de ejecución de dicho convenio se encuentra vencido”(28).

v) En el mismo sentido, en el informe mensual Nº 03 de 5 de septiembre de 2007, suscrito por el supervisor del convenio, se advirtió sobre el vencimiento del plazo del Convenio 00575, así:

“Plazo Inicial: doce (12) meses

“Prórrogas o suspensiones dos (2) para un total de seis (06) meses

“Fecha de vencimiento: 03 de julio de 2007”(29).

vi) El 7 de septiembre de 2007, habiendo vencido el plazo del Convenio Interadministrativo 00575, el alcalde encargado del municipio de Támara remitió una solicitud al supervisor del convenio con el objeto de “reincidir por tercera vez para agilizar los trámites de ampliación de plazo del convenio de la referencia ya que se encuentra vencido desde el mes de julio del presente año y a la fecha no se ha tenido respuesta alguna”(30). (La negrilla no es del texto).

vii) A solicitud de la administración municipal, el supervisor del convenio presentó nuevos análisis de precios unitarios ante la secretaria de obras públicas del departamento(31). Empero, mediante el informe 04 de 4 de octubre de 2007(32), el supervisor reportó, nuevamente, que de acuerdo con el concepto de la oficina jurídica se debía proceder a la liquidación del convenio, lo cual reiteró en el informe 05 de 8 de noviembre de 2007(33).

viii) Sin embargo, la administración municipal insistió en una prórroga, con apoyo en el Acta 3 de 4 de enero de 2008, suscrita por el alcalde del municipio y el supervisor del convenio, en la cual se indicaron las siguientes causas: “la administración de Támara suscribió el contrato de mantenimiento para dicha vía a finales de 2007 y con el objetivo de iniciar obras a mediados de enero de 2008, el programa de ejecución (…) es imposible de cumplir (…) por lo cual la administración municipal de Támara solicita la suspensión por un período de dos (2) meses contados a partir de la fecha”(34).

ix) Finalmente, aunque no por último, el 14 de marzo de 2008, las partes suscribieron el primer “adicional en plazo” por seis meses(35). En ese documento no se especificó a partir de qué fecha se surtía la adición de plazo.

Se advierte que el vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo 00575 había ocurrido el 3 de julio de 2007 y que el adicional del plazo 1 se firmó el 14 de marzo de 2008, habiendo terminado el convenio interadministrativo.

Es más, el 14 de marzo de 2008 ya había transcurrido el plazo establecido para la liquidación del convenio, tanto los cuatro meses previstos para la liquidación bilateral, como los dos meses fijados por la ley para adoptar la liquidación unilateral.

x) En el formato de solicitud de prórroga, allegado como soporte para tramitar el primer adicional de plazo, suscrito por el alcalde del municipio de Támara y el supervisor del Convenio Interinstitucional 002, con el visto bueno del secretario de obras públicas y transporte, se diligenció la casilla de terminación del Convenio Interadministrativo 00575 con la siguiente fecha: 31 de marzo de 2008(36).

Debe advertirse que esa solicitud de prórroga contenía un dato incorrecto acerca de la vigencia del Convenio Interadministrativo 00575 y no tuvo la virtualidad de modificar el plazo del mismo –que ya estaba vencido– toda vez que la fecha diligenciada en el aludido formato no se correspondió con acuerdo contractual alguno entre las partes del referido convenio interadministrativo.

Se reitera, entonces, que de acuerdo con los documentos que obran en el plenario, el plazo del Convenio Interadministrativo 00575 se encontraba formalmente vencido desde el 3 de julio de 2007, tal como lo advirtieron la oficina jurídica del departamento, el supervisor del convenio y el propio alcalde del municipio de Támara, de acuerdo con las pruebas antes relacionadas.

xi) Continuando con la cronología de los hechos probados en este proceso, se tiene acreditado que el 26 de septiembre de 2008, el departamento de Casanare y el municipio de Támara suscribieron el “Adicional en plazo Nº 2 al Convenio Interadministrativo Nº 00575 de 2005”, de acuerdo con el cual el plazo del convenio se adicionó en 6 meses, “contados a partir del vencimiento del plazo inicial del convenio y de conformidad al adicional del 14 de marzo de 2008”(37).

Frente a esta nueva adición de plazo se debe reafirmar que el convenio interadministrativo estaba vencido desde el 3 de julio de 2007.

xii) El 13 de noviembre de 2008 se suscribió un acta de suspensión del Convenio Interadministrativo 00575, por 2 meses(38), firmada por el alcalde del municipio y el supervisor del convenio(39).

Luego, con base en las actas de ampliación 1 a 4, de acuerdo con lo que se indicó en el formato de 9 de enero de 2009, se hizo constar que la obra continuaba suspendida.

De acuerdo con el Acta 4 de 27 de marzo de 2009, se hizo constar que la obra se reiniciaba en esa fecha.

Los formatos diligenciados por el municipio acreditan que la obra estuvo suspendida por más de 18 meses y que durante ese tiempo el municipio estaba tratando de viabilizar “los ajustes realizados por el ingeniero Lucas Niño en el diseño estructural del puente debido a los altos costos que representaba aplicar los diseños iniciales”, para lo cual era necesaria la “revisión económica de dicha modificación por parte de la gobernación del Casanare, por medio de la comparación de los análisis propuestos”(40).

En realidad, aunque los citados formatos se titulan como actas de suspensión, no contaban con la firma del representante legal del departamento del Casanare, se referían a la obra contratada por el municipio con la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare y no tenían la virtualidad de suspender el plazo del Convenio Interadministrativo 00575.

Por ello, los formatos de suspensión y reiniciación que diligenció el municipio solo se pueden entender como solicitudes que esa entidad territorial tramitó ante al departamento de Casanare para procurar la aprobación de nuevos diseños y la asignación de nuevos recursos, con el fin de terminar la obra que estaba inconclusa.

No se puede pasar por alto que de haberse obtenido la aprobación a las modificaciones propuestas, se hubiera requerido de la suscripción de un nuevo convenio interadministrativo.

Sin embargo, en el plenario no consta que el municipio hubiera logrado la asignación de nuevos recursos y, por el contrario, lo que se acreditó fue que el departamento finalmente decidió realizar una nueva contratación, con un contratista diferente, con el objeto de culminar las obras requeridas para el puente colgante sobre el río Pauto(41).

xiii) Resta por indicar que tampoco se formalizó un acuerdo de prórroga por virtud del contenido del acta de terminación del convenio interadministrativo suscrita el 26 de marzo de 2010 por el alcalde del municipio de Támara y la Sociedad de Ingenieros de Casanare SOIC designado por Convenio 076 de 2009 para la supervisión el Convenio Interadministrativo 00575, en la cual se indicó como fecha de terminación del Convenio Interadministrativo 00575, el 28 de marzo de 2010(42).

2.2. Desestimación de la prórroga extemporánea para los efectos de extender el término de duración del convenio interadministrativo.

En este punto, para efecto de determinar la caducidad o no de la acción contractual, se plantea el siguiente problema jurídico:

¿Para el cómputo de la caducidad de la acción contractual, la prórroga que se formalizó habiendo vencido el término del convenio interadministrativo debe tenerse en cuenta para extender el plazo del convenio?

La respuesta es negativa. La adición extemporánea del plazo del contrato estatal no debe tenerse en cuenta para extender el cómputo de caducidad de la acción contractual toda vez que, como ha expuesto la jurisprudencia de esta corporación, siendo el contrato estatal un contrato que se perfecciona con el escrito(43), es “jurídicamente imposible revivir, por vía de un acuerdo, aquello que ya ha terminado”(44) por el imperativo legal del vencimiento del plazo escrito. 

En este caso particular, se agrega que las pruebas allegadas al proceso arrojan que vencido el plazo se rompió la continuidad contractual en el Convenio Interadministrativo 00575, toda vez que para el 3 de julio de 2007, fecha de vencimiento del plazo inicial, solo se había realizado la ejecución del desembolso del anticipo y el avance de obra del cual dio cuenta el Acta 1 de 18 de marzo de 2007, al paso que las actas de obra subsiguientes, que se generaron al interior del Convenio Interinstitucional 02 se presentaron a partir del 29 de marzo de 2009 (acta 2), en un contrato celebrado por el municipio cuya activación no tenía la virtualidad de revivir los plazos del Convenio Interadministrativo 00575. 

Se reitera que, como lo advirtieron la oficina jurídica y el supervisor del Convenio Interadministrativo 00575, a partir del 3 de julio de 2007 procedía su liquidación. 

Desde esa perspectiva, se reafirma que la adición del plazo del contrato estatal, que en este caso fue suscrita en una fecha posterior al vencimiento del mismo, no interrumpió ni modificó el cómputo de la caducidad de la acción contractual. 

Como consecuencia, en este proceso, la Sala establecerá la caducidad de la acción contractual tomando el 3 de julio de 2007 como fecha de terminación del Convenio Interadministrativo 00575, a partir de la cual se ha debido proceder a su liquidación en los términos de la ley.

Se observa que el tribunal a quo tomó el 28 de marzo de 2010 como fecha de vencimiento del Convenio Interadministrativo 00575, para lo cual incluyó los adicionales extemporáneos y, además, incorporó en el cuadro base del cálculo las fechas de suspensión provenientes de los formatos de las solicitudes y actas suscritas por la alcaldía y por el interventor dentro del Convenio Interinstitucional 002(45).

La Sala se apartará de esa estimación, si se tiene en cuenta que la eventual ejecución de la obra por fuera del plazo contractual tampoco conllevó la extensión del convenio interadministrativo.

En conclusión, se repite, el vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo 00575, según se acreditó con los documentos allegados al plenario, ocurrió el 3 de julio de 2007.

2.3. Acerca de la potestad de liquidación unilateral. Cómputo del plazo para efectos de la caducidad.

A diferencia de lo que se consideró en la sentencia de primera instancia, la Sala estima que la potestad de liquidación unilateral del contrato sí existía en este caso, en cabeza del departamento de Casanare, entidad contratante, con base en el artículo 61 de la Ley 80 de 1993, que fue expresamente invocado en la cláusula octava del Convenio Interadministrativo 00575.

Por tal razón, en esta providencia se considerará el plazo para la liquidación unilateral del convenio, dentro del cómputo para establecer la oportunidad de la acción contractual.

Se observa que la facultad de liquidación unilateral del contrato estatal no hace parte de las potestades exorbitantes del Estado contratante, contempladas en artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el cual enumera en forma taxativa las cláusulas excepcionales al derecho común, entendidas como potestades para el cumplimiento del objeto contractual, refiriéndose expresamente a “terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad”, las cuales constituyen propiamente los eventos de exorbitancia que contempla la Ley 80 de 1993(46).

Por tanto, no cabe invocar la obligación de prescindir de las potestades excepcionales en el convenio interadministrativo para inhibir la aplicación del artículo 61 de la Ley 80 de 1993, esto es, la facultad de liquidar unilateralmente el contrato.

Si se entiende que la liquidación unilateral no es de aquellas que la Ley 80 enumera como potestades o facultades excepcionales al derecho común(47), nada impedía en este caso la aplicación de la cláusula contractual que invocó el artículo 61 de la referida ley(48); además, si se tiene en cuenta que el departamento de Casanare tenía la posición de contratante con respecto a los recursos transferidos para la ejecución de una obra pública(49).

2.4. El caso concreto. Oportunidad en el ejercicio de la acción.

2.4.1. Reiteración jurisprudencial acerca de la naturaleza del Convenio Interadministrativo.

Tal como se ha reconocido en diversas oportunidades por el Consejo de Estado, los “convenios interadministrativos” deben ser estimados bajo las reglas de los contratos estatales, cuandoquiera que, “como en el asunto sub judice, involucran prestaciones patrimoniales, asumen idéntica naturaleza obligatoria y, en consecuencia, idénticos efectos vinculantes y judicialmente exigibles en relación con los que se predican de cualquier otro ‘acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación patrimonial’, en los términos del artículo 864 del Código de Comercio”(50).

Se reitera la jurisprudencia citada, teniendo en cuenta que resulta aplicable al Convenio Interadministrativo 0575 de 2005, por razón del objeto pactado.

“CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente convenio es transferir recursos al municipio de Támara para la construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pauto, localizado en el paso Tabloncitos de la vereda Victoria - Eccehomo en el municipio de Támara, departamento de Casanare, e interventoría administrativa técnica, financiera y ambiental”(51).

En igual sentido, en el examen del Convenio Interadministrativo 0575 de 2005, se advierte la naturaleza de las prestaciones entre las partes, de acuerdo con las obligaciones pactadas, de las cuales, se destacan las siguientes:

“CLÁUSULA SEXTA - Obligaciones: A) Por parte del municipio. 1) Invertir la totalidad de los recursos en el objeto señalado en la cláusula primera del presente convenio, conforme a las cantidades de obras, ítem y precios unitarios determinados en el presupuesto, aprobado por el departamento para las actividades a ejecutar. (…), 4) En función de la ejecución de los recursos transferidos y control sobre los contratistas, el municipio deberá rendir informes periódicos detallados con los respectivos soportes contables a la supervisión designada por el departamento. (…). B) Por parte del departamento. El departamento se compromete a: 1) Transferir al municipio los recursos del aporte de conformidad con la cláusula cuarta del presente convenio. (…) 4. Liquidar el convenio”(52).

Como conclusión, de acuerdo con el contenido del Convenio Interadministrativo 0575 de 2005, se afirma la naturaleza contractual del mismo.

2.4.2. Cómputo de la caducidad en el caso concreto.

Se advierte que el Convenio Interadministrativo 0575 de 2005 era un contrato de tracto sucesivo, en la medida en que las prestaciones pactadas se debían cumplir a través del tiempo establecido para su duración.

Por tanto, se el convenio citado se encontraba sometido a liquidación, en los términos de la ya citada cláusula octava del mismo y de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993(53), expresamente invocados por las partes y con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, partiendo de la fecha de vencimiento del término del ejecución del Convenio 0575 de 2005, se establece que corrió el plazo para la liquidación bilateral del contrato por cuatro (4) meses y el de la liquidación unilateral, por dos (2) meses más.

El plazo del Convenio Interadministrativo 00575 finalizó el 3 de julio de 2007; el término para la liquidación bilateral corrió del 4 de julio de 2007 al 4 de noviembre de 2007, (4 meses); el término para la liquidación unilateral corrió del 5 de noviembre de 2007 al 5 de enero de 2008 (2 meses).

En este orden de ideas, los dos años de caducidad de la acción contractual corrieron, para el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, entre el 6 de enero de 2008 y el 6 de enero de 2010.

Como consecuencia, la Sala observa que la acción contractual se presentó en forma extemporánea, el 29 de agosto de 2011, es decir, que tuvo lugar la caducidad de la acción.

Se agrega que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 19 de mayo de 2011, con posterioridad al 6 de enero de 2010, esto es, habiendo ocurrido la caducidad de la acción, por lo cual no tuvo lugar la suspensión del término que consagra el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, por virtud de las diligencias de conciliación(54).

2.4.3. Reiteración de jurisprudencia acerca del debido proceso.

Para finalizar, la Sala acude a reiterar su jurisprudencia acerca de la pertinencia de la decisión de caducidad de la acción frente a los principios de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y el deber de declaración oficiosa:

“La declaratoria de caducidad configura un desarrollo del principio del debido proceso, puesto que ambas partes de la controversia tienen derecho a que se cumplan las reglas de procedibilidad de la demanda en el respectivo juicio. Si se observa con cuidado, la declaratoria de caducidad es un deber del juez frente a la conducta del demandante y constituye la forma acertada de impartir justicia.

“Ello es así en atención a la regla legal que consiste en no acceder a lo que se demanda por fuera del plazo, y por tanto, en no admitir el debate procesal frente a una situación jurídica que no ha sido objeto de demanda oportuna.

“(…).

“La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la verificación de la ocurrencia de la caducidad conlleva la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para entrar a conocer el contenido material de las pretensiones de la demanda y, por tanto, ante la ocurrencia de ese supuesto, procede la terminación del proceso y resulta improcedente pronunciarse sobre las pretensiones que –por razón de la caducidad– dejan de estar expuestas al conocimiento del juzgador.

“Se afirma lo anterior, teniendo en cuenta que la competencia constituye un principio del derecho fundamental al debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución Política(55), razón por la cual frente al fenómeno de la caducidad no hay lugar al saneamiento ni a la extensión de la Jurisdicción, en la medida en que los jueces sólo pueden asumir el estudio de la causa petendi en aquellos asuntos que la ley les asigne resolver(56)(57).

3. Costas.

Habida cuenta de que para el presente proceso tiene lugar la observancia del artículo 55 de la Ley 446 de 1998, el cual indica que sólo hay lugar a la imposición de costas de acuerdo con la conducta de las partes y que en este caso ninguna de ellas obró temerariamente, no habrá lugar a imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 14 de agosto de 2013 y, en su lugar, se dispone:

Declarar la caducidad de la acción.

2. Sin condena en costas.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marta Nubia Velásquez Rico—Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Por razones de espacio se transcriben las resolutivas parcialmente. El fallo de primera instancia contiene un cuadro completo del estado financiero de liquidación del convenio, con detalle de valores de la obra ejecutada, acta por acta, el cual se omite en esta. Tampoco se transcriben las decisiones referidas a las órdenes de expedir copias.

2 Folio 9, cuaderno 3.

3 Folio 6, cuaderno 3.

4 Decreto 855 de 1994. “Artículo 7º. Los contratos interadministrativos, es decir, aquellos que celebren entre sí las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, con excepción de los contratos de seguro, encargo fiduciario y fiducia pública, se celebrarán directamente. Cuando fuere del caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto serán objeto del correspondiente registro presupuestal”.

5 Folio 513, cuaderno 2.

6 Folio 830, cuaderno 2.

7 Folio 514 a 519, cuaderno 2.

8 El término correcto es Amazorinoquía. Sin embargo, de acuerdo con el certificado de existencia y representación que se aportó, la denominación de la contratista de obra en el Convenio Interinstitucional 002 era: Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare. Folios 350 a 352, cuaderno 10.

9 Folio 514, cuaderno 2.

10 Folio 515, cuaderno 2.

11 Folios 830 y 831, cuaderno 2.

12 Folio 853, cuaderno principal segunda instancia.

13 Folio 860, cuaderno principal segunda instancia.

14 Testimonio obrante en los folios 157 y 158, cuaderno 11.

15 Folio 869, cuaderno principal segunda instancia.

16 Folios 888 a 895, cuaderno principal segunda instancia.

17 Folio 897, cuaderno principal segunda instancia.

18 Concepto de 4 de agosto de 2014, folios 899 a 903, cuaderno principal segunda instancia.

19 Artículos 2º y 75 de la Ley 80 de 1993.

20 Pretensión tercera de la demanda, folio 5, cuaderno 1.

21 De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2011, toda vez que la demanda se presentó el 29 de agosto de 2011 y el recurso de apelación se interpuso el 4 de septiembre de 2013, en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

22 La apelación se presentó el 4 de septiembre de 2013 habiendo entrado a regir la Ley 1450 de 2011 de conformidad con la cual se permitió la aplicación del artículo 57 de la Ley 1437 de 2011, para las demandas presentadas antes del 2 de julio de 2012 “con el propósito de evitar la congestión de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado”.

23 Folio 041, cuaderno 3.

24 Esa fecha se confirma de acuerdo con los informes obrantes en el folios 1202 (Acta 4 de reiniciación del Convenio Interadministrativo) y folio 1226 (solicitud de prórroga), cuaderno 8.

25 Oficio S.P.P.T.D.T.C. Nº 329, Yopal, 6 de marzo de 2007, comunicación suscrita por el ingeniero Juan Fernando Pardo Guzmán, en calidad de Supervisor del Convenio 00575. Folios 074 y 075, cuaderno 3.

26 Oficio Nº 2007-099 D.A, radicado el 11 de julio de 2007, folios 98 a 102, cuaderno 3.

27 Comunicación S.O.P.T.D.T.C Nº 3167, suscrita por el supervisor del convenio, la directora técnica de construcciones y el secretario de obras públicas y transporte, radicada el 5 de septiembre de 2007, según obra en los folios 107 a 117, cuaderno 3.

28 Folios 113 y114, cuaderno 3.

29 Folios 115 y 116, cuaderno 3: Informe Mensual Nº 03 de fecha 5 de septiembre de 2007 de la Dirección Técnica de Construcciones. Monitoreo y Control de Proyectos, suscrito por el supervisor delegado, Ing. Juan Fernando Pardo Guzmán.

30 Folio 117, cuaderno 3.

31 Folios 119 a 121, cuaderno 3.

32 Folios 122 y 123, cuaderno 3.

33 Folios 127 y 128, cuaderno 3.

34 Folio 132 a 134, cuaderno 3.

35 Folio 1224 y 1225, cuaderno 8.

36 Folio 1226 y 1227, cuaderno 8.

37 Folios 395 y 396, cuaderno 2.

38 Folios 192 y 193, cuaderno 3.

39 Oscar Javier Vargas, nuevo supervisor delegado de la gobernación del Casanare.

40 Folio 193, cuaderno 3.

41 Contrato 588 de 2011, el cual se celebró con el Consorcio El Paso para la construcción de la parte faltante de la obra, cuaderno 11.

42 Folios 168.

43 “Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito”.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón, sentencia de 5 de octubre de 2016, Radicación 25000-23-26-000-2004-00272-01 (36712), actor: Pro Sistemas Aqua Ltda. y otro, demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, acción contractual. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón, sentencia de 9 de julio de 2014, Radicación: 2500023260019990277101, (26549) actor: Consorcio Obras Civiles, demandado: Hospital Militar Central, acción contractual.

45 Es útil esclarecer la independencia, sin perjuicio de la conexidad con la misma obra, entre los siguientes contratos: i) el Convenio Interadministrativo 0575 celebrado el 26 de diciembre de 2005, entre el departamento de Casanare y el municipio de Támara, sobre cuya liquidación versa el debate sub júdice y ii) el convenio interinstitucional de cooperación 002 celebrado el 26 de enero de 2006, entre el municipio de Támara y la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare, “entidad jurídica sin ánimo de lucro, identificada con NIT Nº 844.004.180-8”, que seleccionó y contrató el municipio de Támara, como “cooperante de obra”, al amparo del Decreto 777 de 1992.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 18 de abril de 2013, Radicación 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859), actor: Julio César García Jiménez, demandado: Departamento de Casanare, referencia: acción contractual - Sentencia de Unificación / Cláusula compromisoria.

“En este punto, resulta importante agregar que la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 10 de junio de 2009, se pronunció sobre el alcance de la Sentencia C-1436 de 2000, mediante la cual la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993. En aquella oportunidad, esta Sección concluyó, tal como lo hizo el juez constitucional, que los particulares investidos de funciones jurisdiccionales transitorias no pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales que comportan el ejercicio de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común por parte del Estado, con clara alusión a aquéllos que consagra expresamente el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir, los de: a) interpretación unilateral del contrato, b) modificación unilateral del contrato, c) terminación unilateral del contrato, d) sometimiento a las leyes nacionales, e) caducidad y f) reversión, y concluyó también que los demás actos administrativos contractuales, es decir, aquellos que surgen del ejercicio de facultades distintas a aquellas que de manera expresa recoge el artículo 14 acabado de citar, sí pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la decisión de árbitros, “en la medida en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia”. (La negrilla no es del texto).

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 20 de febrero de 2017, Radicación: 05001-23-31-000-2002-04432-01 (56.939), actor: Ariel Aguirre Ocampo, demandado: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P, proceso: Acción Contractual, asunto: recurso de apelación.

48 “Artículo 61. De la liquidación unilateral. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdos sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”.

La mencionada disposición fue derogada por la Ley 1150 de 2007, y a su vez, sustituida por el artículo 11, el cual dispuso:

“Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos.

“(…).

“En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del CCA.

“Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del CCA”.

49 El municipio de Támara tenía a su cargo los recursos para el componente de interventoría.

50 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 23 de junio de 2010, Radicación 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860), actor: Departamento de Risaralda; demandado: Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social FIS. 2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 7 de octubre de 2009, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Radicación 25000-23-24-000-2000-00754-01(35476), actor: Asociación Nacional de Transportadores del Sur-Asonal-Transur, referencia: acción de controversias contractuales.

51 Folio 40, cuaderno 1.

52 Folio 41, cuaderno 1.

53 Sustituido por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por manera que el cómputo de caducidad de la acción contractual empieza a correr a partir del vencimiento del término contractual o legalmente establecido para liquidar el contrato estatal, lo cual vino a confirmarse y consolidarse con la norma legal que invocó explícitamente tales plazos para efectos de la oportunidad de ejercer el medio de control, aplicable para los procesos iniciados a partir del 2 de julio de 2012, cual es el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

54 Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad.

55 Artículo 29.C.P. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio./ En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. (La negrilla no es del texto).

56 Cita original de la sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 12 de febrero de 2014; Radicación 250002326000200137701 (32721), demandantes Integrantes Unión Temporal Bogotá Móvil J.V. Grúas S en C.S., Jaime Hernando Lafourie Vega, Rudecindo Pachón Prieto y Autogrúas Libres Ltda., Fondo de Educación y Seguridad Vial –Fondatt–, acción contractual.

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 8 de febrero de 2017, Radicación 25000233600020120054901 (49098), actor: Liberty Seguros S.A., demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, naturaleza: medio de control contractual, Ley 1437 de 2011.