Sentencia 2011-00135 de julio 8 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 630011102000201100135 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobada según Acta Nº 53 de la misma fecha.

Ref. Consulta sentencia. Abogada Nuria Julieth Rivas Ríos.

Bogotá D.C., ocho de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia.

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por la Sala a quo, de conformidad con el mandato establecido en el numeral tercero del artículo 256 de la Carta Política, en armonía con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 de la LEAJ y 59 de la Ley 1123 de 2007.

En tal virtud, procede esta corporación a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el 21 de octubre de 2011, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, sancionó a la doctora Nuria Julieth Rivas Ríos, con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses por habérsele hallado responsable disciplinariamente de haber infringido el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Normas que son del siguiente tenor:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho”.

Caso concreto.

Una vez revisado el acervo probatorio recaudado, se extrae que objetivamente la disciplinable el 2 de diciembre de 2010(14) en compañía de su cliente el señor Cristian García Agredo, aprovechando que la puerta de la casa donde la menor habita en compañía de su progenitora, estaba abierta, irrumpió en la misma con un agente de la policía, y sin ningún tipo de autorización, la togada arrebató a la menor de los brazos de su madre la quejosa, alegando que debía darse cumplimiento a un acta de compromiso suscrita entre los padres de la menor, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La menor fue llevada por el señor García Agredo y la togada encartada a la ciudad de Bucaramanga por un lapso de 20 días, tiempo durante el cual la quejosa pudo recuperar nuevamente su custodia de la menor.

Se evidenció también dentro del dosier probatorio, que en el marco del proceso para legalizar la custodia iniciado por la quejosa ante el ICBF el 3 de junio de 2010(15), fue suscrita un acta de conciliación referida al cumplimiento de la custodia y el cuidado personal de la menor, cuota alimentaria, y regulación de visitas; habiéndose acordado que la madre ejercería la custodia y cuidado personal de la infante, y el padre suministraría cuota alimentaria por valor de $ 300.000 incrementada cada año según el IPC, en el mismo acuerdo fue establecido que el padre tiene derecho a compartir con su hija durante las vacaciones de fin de año, luego de culminado el periodo escolar y hasta el 29 de diciembre “(...) siempre y cuando esté cumpliendo con sus obligaciones”.

En primer lugar se hace forzoso señalar, que el señor Cristian García Agredo pretextando el cumplimiento del aludido acuerdo (no obstante debía dos meses de cuota alimentaria), acudió el 2 de diciembre de 2010ª a la residencia de la menor, asesorado por la abogada disciplinada con la intención de llevarse a esta, lo cual finalmente logró en contra del querer de la infante. Situación en la que fue determinante la conducta desplegada por la abogada investigada, pues conforme la prueba testimonial arrimada(16), fue esta, quien arrebato de los brazos a la menor para llevarla con su padre, y aunado a ello, efectuó manifestaciones a la quejosa en las cuales resaltó que era su deber dejársela llevar al padre.

Sin lugar a dudas es imperativo señalar, que a la abogada cuestionada no le estaba permitido hacerse presente en la residencia de la quejosa y menos aún con el propósito ya conocido, pues en este tipo de situaciones deben predominar los derechos de los menores y lo pertinente era que la encartada asesorar a su cliente en el sentido de que acudiera al ICBF a denunciar el incumplimiento del acuerdo conocido, y procediera a poner en movimiento la jurisdicción de familia, iniciando un proceso de regulación de visitas.

En efecto, se infiere indefectiblemente que la conducta desplegada por la abogada, contribuyó a que abruptamente la menor fuera apartada del seno de su madre quien además tenía la custodia, accionar cuestionable que afectó notablemente la esfera afectiva y psicológica de la infante, pues así lo demostró el concepto psicológico que le fuera efectuado el 16 de marzo de 2011(17), en el cual fue plasmado: “no quiero estar con mi papa, porque el siempre trae la policía”, situación que se conecta con la reacción de pánico que presentó la niña cuando fue traída al ICBF y observó a la policía de infancia que tiene su oficina en esta institución. En ese sentido no se puede obviar que la menor no ha superado el impacto ocasionado por el último episodio sucedido en el mes de diciembre donde de forma abrupta fue retirada de su hogar por parte de su padre”.

Nótese como además en dicho concepto, la profesional(18) que lo suscribió fue tajante en resaltar que “no es funcional que los adultos actúen por encima de las necesidades de seguridad que la niña está mostrando, y privilegien sus intereses por encima de sus sentimientos de seguridad y protección”. Emerge claro para esta Sala, que el proceder de la profesional del derecho fue completamente desfasado y debe entonces recordar que los deberes del abogado lo compelen a actuar de la mano con el aparato estatal pertinente colaborando realmente en la consecución de una recta y cumplida administración de justicia, así como de actuar con absoluta lealtad.

Tales imperativos legales comportan que el profesional del derecho debe actuar de manera diáfana y ponderada, ciñéndose al debido proceso previamente establecido, sin restricción alguna para ejercitar su derecho a la defensa o el de los intereses que le hayan sido confiados, pero sin que ello lo faculte para abusar del mismo, obviando los estancos procesales pertinentes, en fin contrariando el espíritu y finalidad de las normas instrumentales.

Los deberes aludidos y aquellos de actuar de manera acuciosa y diligente le imponen también la obligación de conocer y emplear de manera adecuada los diferentes recursos, términos, acciones y demás aspectos procedimentales y sustanciales que le permitan cumplir de manera honesta y leal los encargos que haya asumido, incluyendo su propia defensa.

Por ello no es dable permitir que los profesionales del derecho actúen ante la administración de justicia, autoridades administrativas, ni los ciudadanos del común de cualquier manera, con prescindencia de los estancos procesales legítimamente preestablecidos y sin reparar en la razonabilidad de sus planteamientos, o peor aún de sus acciones, cualquiera que sea la salida procesal en curso.

No puede dejarse de lado que un proceso judicial o administrativo, cualquiera que este sea, tiene una finalidad, un trámite previamente establecido, unas reglas de juego que seguir y que vinculan por igual a las partes interesadas como al encargado de definir el asunto de que se trate y respecto del mismo todos se encuentran en la obligación de actuar de manera leal, ponderada y racional, y en ese sentido la actuación desplegada por la abogada encartada se aparta completamente de estos planteamientos, pues sin justificación alguna asesoró erróneamente a su cliente, al punto que en su compañía perpetraron la casa de la quejosa para arrebatarle a su menor hija, sin importarle las consecuencias psicológicas que esta pudiera presentar ante tales acontecimientos, tal y como finalmente sucedió. Conducta con la cual la abogada Rivas Ríos, trasgredió el deber contenido en el artículo 28 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007.

De la sanción.

Conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad necesidad y proporcionalidad.

Teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por la investigada, se debe puntualizar que se trata de un acto cometido con dolo ya que la disciplinada por los conocimientos jurídicos que tiene sabe perfectamente que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás(19), mandato de optimización que desconoció por completo la profesional, anteponiendo el capricho de su cliente quien además ya venía incumpliendo el pago de la cuota alimentaria de la menor. Lo que conlleva a que la misma trascienda socialmente en el entendido de que el sujeto que originó la acción es un profesional del derecho, que debido al rol que desempeña en la sociedad debe abogar por una recta y cumplida administración de justicia.

De otro lado, emerge claro el perjuicio causado pues no sólo se transgredió el orden jurídico, sino que particularmente afectó a la quejosa y especialmente a la menor en su esfera psicológica, pues tres meses después de ocurridos los hechos, aún presentaba episodios de pánico, inseguridad, y baja autoestima.

Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, en efecto, aprovechar que la puerta de la casa estaba abierta para irrumpir en la propiedad con el propósito de arrebatar a una menor de los brazos de su madre, es una situación que no puede esta superioridad dejar pasar por alto; por tanto, la sanción impuesta cumple los criterios legales y constitucionales, acorde con el principio de razonabilidad íntimamente ligado con la función disciplinaria, y entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica así la sanción disciplinaria impuesta a la encartada pues no admite duda que en el sub examine, le era imperativo al operador judicial de instancia afectar con suspensión a la investigada, al respecto la Corte Constitucional ha sostenido:

“(...) la razonabilidad hace relación a que un juicio raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea juicio raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

En atención al principio de necesidad en el caso de autos la sanción impuesta encuentra asidero como quiera, que era fundamental, para dejar sentado un mensaje reflexivo a los profesionales del derecho con el fin de prevenir a futuro dichas conductas la doctrina(20) ha puntualizado:

“(...) Amenaza de un mal todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias”.

En consideración a lo argumentado, esta Superioridad confirmará la providencia objeto de consulta.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 21 de octubre de 2011, por el Consejo Seccional de la judicatura del Quindío, mediante la cual se sancionó a la doctora Nuria Julieth Rivas Ríos, con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses por habérsele hallado responsable disciplinariamente de haber infringido el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme las consideraciones plasmadas en este proveído.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVOLVER el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase».

(14) Denuncia visible a fls. 13 a 15 c,o.

(15) Fls. 4 a 5 c,o.

(16) Declaración vertida por la señora Consuelo Osorio Ocampo.

(17) Visible a fl. 20, cdno. anexo 1.

(18) Dra. Nancy Giraldo Montoya, psicóloga T.P. 1538. Minsalud., ICBF centro zonal Armenia Norte.

(19) Artículo 44 de la Carta Política, Derechos fundamentales de los niños.

(20) Código Disciplinario del Abogado, Eds. Doctrina y Ley Ltda., 2008, págs. 45 y 46.