Sentencia 2011-00141 de abril 5 de 2013

 

Sentencia 2011-00141 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 540012331000201100141 01

Exp.: 41736

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Universidad de Pamplona

Demandado: Municipio de Cúcuta

Naturaleza: Acción contractual

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

5. Esta corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia de conformidad con lo señalado por el numeral 5 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo y en consideración a la cuantía de la demanda(1) y, toda vez que el auto que rechaza la demanda es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

6. La Sala debe determinar desde cuándo comienza a contabilizarse el término de caducidad de la acción contractual, en donde media solicitud de conciliación prejudicial, con el fin de establecer si al momento de presentarse la demanda en ejercicio de dicha acción, había operado el fenómeno referido.

III. Análisis de la Sala

7. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, toda vez que de no hacerlo en tiempo oportuno, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho conculcado.

8. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir, que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial.

9. El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 10 inciso D, dispone sobre el término para intentar la acción contractual:

“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años, que se contaran a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirva de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”.

10. Por otra parte, se advierte que esta figura admite suspensión cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, decreto mediante el cual se reglamentó el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 para dar plena aplicabilidad al requisito de procedibilidad de las acciones reguladas por los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, consistente en el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial cuando la naturaleza de los asuntos que se busquen llevar ante la jurisdicción sean conciliables.

11. La referida suspensión del término de caducidad se prolonga hasta que acaezca cualquiera de los siguientes eventos; (i) que se logre el acuerdo conciliatorio, (ii) que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, (iii) que se venza el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud para celebrar la audiencia de conciliación correspondiente y, (iv) en caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por la autoridad judicial respectiva, el término de caducidad suspendido se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia por la cual se adoptó esa decisión.

12. La Ley 80 de 1993 —norma aplicable para el caso sub examine—, en sus artículos 60 y 61 dispuso que los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación; igualmente estableció que en el evento en que el contratista no se presente a la liquidación o las partes no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la misma, se hará mediante acto de la administración contratante.

13. Por su parte, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece que la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del plazo fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto y de no existir, la liquidación se realizará dentro de los cuatro 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

14. En el caso concreto, la Sala observa que el convenio interadministrativo Nº 0895 se suscribió el 14 de agosto de 2006 cuya ejecución fue satisfecha el 4 de agosto de 2008, según consta en las pruebas obrantes dentro del expediente así:

14.1. El 14 de agosto de 2006 se suscribió convenio interinstitucional de infraestructura tecnológica para procesos de enseñanza y aprendizaje entre las partes en cuya cláusula séptima se pactó que la duración de este sería de 8 meses contados a partir de la fecha del primer desembolso (fl. 80-85, cdno. 1).

14.2. El 4 de octubre de 2006 se firmó el acta de iniciación Nº 001 del convenio interinstitucional (fl. 87, cdno. 1).

14.3. El 24 de mayo de 2007, se hizo la Nº 1 al convenido interinstitucional, y en su cláusula primera se pactó adicionar en 4 meses la duración del convenio contados a partir del vencimiento del término inicial (fl. 89-90, cdno. 1).

14.4. Posteriormente, se suscribió la adición Nº 2 al convenio interadministrativo en la que se estipuló adicionar 4 meses más la duración del convenio (fl. 92-93, cdno. 1).

14.5. El 29 de enero de 2008, se suspendió el objeto del convenio por el término de 6 meses, esto es, hasta el 29 de julio de 2008, según el acta de suspensión y acta de iniciación visibles a folios 97 y 99 del cuaderno Nº 1.

15. Por lo anterior, se concluye que la ejecución del convenio interadministrativo Nº 0895 de 14 de agosto de 2006 finalizó el 4 de agosto de 2008. Por tanto, carece de fundamento el argumento del actor al exponer en la demanda que fue el 4 de octubre de 2008 el día en que terminó el convenio en mención, pues revisando en su integridad el expediente, así como los documentos que lo conforman, la Sala advierte que no existe respaldo probatorio alguno que permita acreditar tal aseveración.

16. De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que en la cláusula decimo quinta del convenio interadministrativo no se pactó plazo para liquidar de mutuo acuerdo(2) el convenio materia del sub lite, este venció a los cuatro (4) meses de conformidad a lo señalado por la ley, esto es, el 4 de diciembre de 2008; y como tampoco está acreditado que dicho contrato se hubiere liquidado unilateralmente, es decir, dentro de los dos (2) meses siguientes al cumplimiento del término para hacerlo de común acuerdo, esto es, entre el 5 de diciembre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, el contratista quedaba habilitado para acudir al juez del contrato o pedir su liquidación, para lo cual disponía de dos años contados a partir de la última fecha.

17. En ese orden de ideas, el plazo para presentar la demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales, concluía en principio el 6 de febrero de 2011; sin embargo, el término en mención fue suspendido el 26 de febrero de 2010, habida cuenta que la parte demandante solicitó celebrar audiencia de conciliación extrajudicial.

18. Cabe recordar que esta suspensión se configuró hasta el 26 de mayo de 2010, fecha en la cual ya habían transcurrido los tres meses a que se refiere el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009. Con base en lo anterior, al haberse reanudado el término para ejercer la acción desde el día 27 de mayo de 2010 para que operara su caducidad, el plazo para presentar la demanda debió fenecer el 6 de mayo de 2011.

19. Habida cuenta de que se presentó la demanda en ejercicio de la acción contractual el 31 de marzo de 2011, la Sala concluye que lo fue dentro del término establecido en el numeral 10 literal D del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y por tanto no se consolidó la caducidad, razón por la cual la Sala revocará la decisión del a quo y admitirá la demanda en tanto cumple los requisitos exigidos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto apelado, esto es, aquel proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 26 de mayo de 2011 y en su lugar se dispone:

2. ADMITIR la demanda presentada por la Universidad de Pamplona.

3. NOTIFICAR personalmente esta providencia al señor agente del Ministerio Público (CCA art. 127, modificado por la L. 446/98, art. 35).

4. NOTIFICAR personalmente esta providencia al demandado, municipio de Cúcuta (CCA art. 207).

5. FIJAR por parte del a quo los gastos ordinarios del proceso.

6. FIJAR el proceso en lista por el término legal.

7. REMITIR esta providencia al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía exigida por el numeral 5º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 para que un proceso iniciado por la acción de controversias contractuales en el año 2011 estuviera a cargo en primera instancia de los tribunales administrativos es de $ 267.500 000, cifra que resulta superada por la cuantía de la presente demanda, correspondiente a $ 668.998 837.

(2) “Cláusula décimo quinta liquidación: A la terminación del convenio se procederá a efectuar la liquidación del mismo” (fl. 84, cdno. 1).