Sentencia 2011-00144 de diciembre 2 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Magistrado Ponente:

Adolfo León Castillo Arbeláez

Rad.: 200011102000201100144 02

Bogotá, D.C., 2 de diciembre de 2015

Aprobado según acta Nº 098 de la fecha

Ref.: Funcionario en apelación.

Denunciado: Jamilis Isabel Herrera Ibarra.

Juez Tercera Penal Municipal de Valledupar (Cesar).

Denunciantes: Fabián Pumarejo Caro. Luz Stella Patiño Arango.

Primera instancia: Impone sanción de suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de cargo.

Segunda instancia: Confirma.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política y los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

Debe señalarse que tal facultad constitucional se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, que estableció en el parágrafo del artículo 19, que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es competente para conocer de acciones de tutela; sin embargo, en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del referido artículo que dispuso: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, siendo por lo tanto absolutamente claro que la atribución constitucional de juez de tutela de esta Alta Corte se mantiene en el tiempo hasta tanto entre a funcionar la referida comisión, sobre quien recae la prohibición impuesta por el Constituyente derivado.

La Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015, ratificó las atribuciones de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al señalar:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”. 

(...) 

Que mediante Acto Legislativo 02 de 2015 dispuso una medidas transitoria con el fin de permitir continuidad en el ejercicio de las funciones del Consejo Superior de Judicatura, hasta tanto las mismas sean asumidas por los respectivos órganos llamados a reemplazarlos. Entre estas medidas, destacó la dispuesta en el artículo 19, el cual fijó el término de un (1) año contado a partir de la expedición del acto legislativo, para adelantar la elección de los magistrados que harán parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y demás, en el transcurso de este del Consejo Superior de la Judicatura “ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”: 

En virtud a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que mientras los magistrados que habrán de integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesiones en sus cargos, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuará en el ejercicio de sus funciones y conservará su competencia para (i) desempeñar la función jurisdiccional disciplinaria (ii) resolver sobre los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones; y (iii) conocer de la acciones de tutela.

Por consiguiente, no observando causal de nulidad, procede resolver el recurso objeto de estudio.

Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente.(1)

Solución del caso.

Dispone el artículo 196 de la Ley 734 de 2002:

Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”. 

La ley disciplinaria, entonces, tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro.

Cabe recordar en ese sentido que constituye elemento básico de la organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del Estado social de derecho, la potestad del mismo de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública; de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación administrativa y el cabal desarrollo de la función pública.

En el cumplimiento de esos cometidos estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento; por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., arts. 6º y 123).

Por ello se ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley se orienta a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas.

En este sentido también se ha dicho que si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que —por contrapartida lógica— son entre otras, la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia (art. 5º, L. 734/2002). Así mismo cabe concluir que la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y que dado que el propósito último del régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la administración de justicia, es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado encargados de impartirla, mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas.

DE LA TIPICIDAD

Como se aprecia en el asunto, se sanciona a la disciplinada por ausentarse de despacho sin contar con la previa y expresa autorización del Tribunal Superior de Valledupar, su superior jerárquico, sometiendo a la Administración de Justicia a que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar con Función de Control de Garantías se encontrara acéfalo.

Al revisar las pruebas documentales allegadas al plenario, se encuentra acreditado que la disciplinada se desplazó de la ciudad de Valledupar a la ciudad de Bogotá el 25 de febrero de 2011 y regresó a la capital del Departamento del Cesar, el 20 de marzo de ese mismo año.

Igualmente, se acreditó que el Tribunal Superior de Valledupar le otorgó permiso a la hoy disciplinada para ausentarse de su Despacho durante los días 28 de febrero y 1, 2, 14, 15 y 16 de marzo de 2011.

Aunado a ello, se acreditó que la doctora Herrera Ibarra estuvo incapacitada para laborar los días 7, 8, y 9 de marzo de 2011.

Por consiguiente, es claro que en los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de marzo de 2011, no contaba con permiso del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para ausentarse de su Despacho, y tampoco se encontró prueba alguna de que se encontrara incapacitada para desempeñar puntual y oportunamente sus funciones.

Por consiguiente desde el punto de vista de la tipicidad, se verifica que la recurrente, vulneró la prohibición establecida en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996:

“ART. 154.—A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido: 

2. Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa”. 

DE LA ANTIJURIDICIDAD

Las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.

Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.

Aunado a ello, es de destacar que la aquí disciplinada es una persona que ostenta una importante dignidad al interior del Estado de derecho, pues es una juez de control de garantías, y por ende está llamada a cumplir un papel activo de garante de los derechos del imputado o acusado y de las víctimas, pues, en el diseño actual del procedimiento penal colombiano, la misión que le corresponde desempeñar, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, pues debe contribuir en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Por ende, resulta especialmente lesivo para la administración de justicia que uno de dichos funcionarios se ausente de su despacho y suspenda sus labores sin razón alguna y menos aún sin seguir el conducto regular para obtener la autorización para ello.

DE LA CULPABILIDAD

La sujeción que debe el derecho disciplinario a la Constitución implica que además de garantizar los fines del Estado Social de Derecho, debe reconocer los derechos fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, siendo la culpabilidad uno de ellos según lo consagrado en el artículo 29 Superior en virtud del cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.

Es decir, que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es “Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga C-626 de 1996. Principio constitucional que recoge el artículo 14 del C.D.U. acusado, al disponer que ‘en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa’. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación al señalar que ‘el hecho de que el código establezca que las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los servidores públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso —con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso—, y que dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del disciplinado C-728 de 2000(2).

Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues como ya se dijo, el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio

De allí que no se compartan las razones de la recurrente cuando asevera que se ausentó de su Despacho con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, pues, como abogada y Juez de control de garantías, aunada a la experiencia que exhibe como servidora de la Rama Judicial, estaba y está obligada a conocer la ley.

Recuérdese que para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia del error, que éste sea invencible.

Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, eventos en los cuales, la conducta no es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.

Bajo la anterior consideración vale la pena destacar, que la conducta reprochada era totalmente evitable, pues, la disciplinada de haberlo querido, habría informado a su superior jerárquico a fin de obtener una licencia no remunerada, en caso de que los tres (3) días de permiso inicialmente concedidos no hubieran sido suficientes.

La hoy disciplinada tenía la obligación de estar atenta a la suscripción del acto o adelantar las diligencias necesarias que lo llevaran a obtener la certeza de que estaba debidamente facultada para ausentarse de su despacho y no tomarse los días que le parecieron convenientes, confiada en que sus compañeros de trabajo la suplirían en su ausencia.

Por lo anterior, se confirmará la decisión del a quo en su integridad.

DE LA DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Seccional de la Judicatura del Cesar, sancionó a la disciplinada con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para el ejercicio de la función pública, decisión que comparte esta superioridad funcional, pues, ha quedado plenamente demostrado que la doctora Herrera Ibarra, se ausentó de su despacho sin obtener permiso de su superior jerárquico ni informarle previamente al quejoso, que como director del centro de servicios judiciales, necesitaba conocer de la disponibilidad de los jueces a fin de que el servicio de administración de justicia no se viera interrumpido.

Se encuentra, entonces que la sanción respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, teniendo en cuenta que con su actuar, el juez investigando, conculcó no sólo la confianza ciudadana en la administración de justicia, sino además el correcto ambiente laboral, pues, su injustificada y no autorizada ausencia provocó que otros funcionarios debieran asumir una carga que no les correspondía.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la providencia objeto de apelación proferida el 9 de junio de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, por medio de la cual, sancionó con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, a la doctora JAMILIS HERRERA IBARRA Juez Tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar.

2. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

3. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente—Adolfo León Castillo Arbeláez—José Ovidio Claros Polanco—María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez—Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de marzo de 2007, Rad. 26129.

2 Corte Constitucional, Sentencia C-155/2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.