Sentencia 2011-00153 de septiembre 4 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2011-00153-01 (19522)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Alianza Fiduciaria como vocera y administradora del Fideicomiso Paplica y Xipla Investments Corp.

Demandado: Municipio de Tocancipá

Temas: Contribución por valorización. Definición de pequeña, mediana y gran industria. Factor de destinación económica. Cálculo del monto de la contribución.

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D. C., cuatro de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos de los recursos de apelación, le corresponde a la Sección determinar si el municipio de Tocancipá clasificó de manera correcta los bienes que hacen parte del Fideicomiso Paplica que se encuentran ubicados en el Parque Industrial Gran Sabana de la vereda Tibitó, para efectos de calcular el monto a pagar por concepto de contribución de valorización.

Para el efecto, se estudiarán las normas municipales que regulan la forma de asignar el monto de la contribución y la distribución de los factores de destinación económica, así como las características de los bienes objeto del litigio.

2. Anotación previa.

2.1. El municipio de Tocancipá, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, insiste en que los acuerdos de pago suscritos por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. —administradora del Fideicomiso Paplica—, le impiden cuestionar en vía judicial los actos administrativos que asignaron y liquidaron la contribución de valorización de los bienes objeto de la presente controversia.

2.2. Las resoluciones por las que se aprobaron los acuerdos de pago a los que hace referencia el municipio, se encuentran en los folios 401 a 485 del expediente. Mediante dichos actos el ente territorial le concedió a la sociedad demandante la facilidad de pagar en ocho cuotas bimestrales la contribución por valorización asignada y liquidada previamente mediante los actos demandados en el presente proceso.

Esos acuerdos de pago se celebraron en virtud de lo dispuesto en la Resolución 15 de 2010, por la que se expidieron las políticas de recaudo y pago de la contribución de valorización. No fueron fruto de una conciliación o de una transacción entre las partes, que diera lugar a saldar la discusión acerca de la asignación y liquidación de la contribución.

2.3. Como se deduce de las pruebas aportadas, las partes no celebraron un acuerdo conciliatorio o un contrato de transacción que pusiera fin a la controversia. Únicamente acordaron la forma de pago de las sumas que el municipio de Tocancipá determinó mediante los actos administrativos demandados por concepto de contribución de valorización, lo que no impide el estudio de legalidad de dichos actos.

No puede perderse de vista que Alianza Fiduciaria nunca ha aceptado la liquidación realizada por el ente territorial. Si bien suscribió acuerdos de pago con el fin de acceder a descuentos, intereses y plazos de financiación favorables, siempre se reservó la posibilidad de demandar la legalidad de los actos administrativos de asignación y liquidación de la contribución por valorización.

Obsérvese que cada una de las resoluciones por las que el municipio le concedió la facilidad de pago están adicionadas con el siguiente texto:

“Adición a solicitud del contribuyente: Sin perjuicio de lo anterior el administrado, se reserva la facultad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a instaurar las acciones pertinentes”.

2.4. En ese orden de ideas, como los acuerdos de pago suscritos por las partes solo están encaminados a fijar plazos de financiación de la contribución de valorización, se procederá a estudiar el fondo del asunto, ya que ellos no impiden analizar la legalidad de los actos administrativos demandados, en tanto no tienen los efectos de una conciliación o de una transacción.

3. Reglas establecidas por las normas municipales para asignar el monto de la contribución de valorización y la distribución de los factores de destinación económica.

3.1. Con fundamento en el Acuerdo 5 de 2009, “por medio del cual se adopta el estatuto de valorización en el municipio de Tocancipá”(1), el concejo de Tocancipá expidió el Acuerdo 14 de 2009, “por el cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras”(2), y dispuso en el artículo 6º:

“ART. 6º—Método de distribución del beneficio. Adoptase como método de distribución de la contribución por valorización que se establece en el presente acuerdo, el de factores de beneficio, para lo cual se liquidará el gravamen con base en factores o coeficientes numéricos que califiquen las características diferenciales de los predios y las circunstancias que los relacionan con las obras, previstos en el anexo uno de este acuerdo, los cuales son: área de terreno (variable base), destinación económica y grado de beneficio.

PAR. 1º—El monto de la contribución de valorización a cargo de cada predio será el resultado de multiplicar el área de terreno por los coeficientes numéricos que correspondan a la destinación económica y el grado de beneficio.

PAR. 2º—Los factores de liquidación para la asignación del monto distribuible serán los que tenga la unidad predial al momento de la asignación del respectivo gravamen” (negrillas de la sección).

3.2. Por medio del Acuerdo 4 de 2010(3), el concejo modificó, entre otras disposiciones, el anexo 1 del Acuerdo 14 de 2009, fundamento para calcular la distribución del beneficio y, por ende, el monto a pagar por cada unidad predial por concepto de valorización.

Así mismo, previó la fórmula para calcular la contribución individual, de la siguiente manera:

“ART. 4º—Adoptase (sic) las modificaciones al anexo 1 (factores de explotación económica) del Acuerdo 14 de 2009 “por el cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras” así:

La fórmula que se aplica para la contribución individual, según estos factores y para todos los predios del área de influencia es la siguiente:

S-2011-00153-1
 

Donde:

Ci = Es la contribución individual.

Área física = es el área bruta del predio descontando las áreas de afectación y de cesión según sea el caso.

Factor de destinación económica = corresponde a los factores del anexo 1 del Acuerdo 14 de 2009 según el uso.

Factor de grado de beneficio = Corresponde al factor de distancia del predio a las obras, contenido en el anexo 1 del Acuerdo 14 de 2009.

El producto de multiplicar el área y los factores nos da el área ampliada o área virtual del predio.

Suma de las áreas ampliadas o área virtual = corresponde a la suma de las áreas virtuales de la totalidad de los predios que se encuentran en el área de Influencia.

Monto distribuible = Corresponde al valor aprobado por el Acuerdo Municipal 14 de 2009”.

3.3. Como puede verse, las normas municipales relacionadas prevén que la liquidación de la contribución por valorización deberá hacerse, en cada caso, con base en factores o coeficientes numéricos que califiquen las características diferenciales de los predios y las circunstancias que los relacionan con las obras.

En ese sentido, el monto de la contribución de valorización a cargo de cada inmueble será el resultado de multiplicar el área de terreno por los coeficientes numéricos que correspondan a la destinación económica y el grado de beneficio —que se encuentran asignados en el anexo 1 del Acuerdo 14 de 2009—, de acuerdo con la fórmula antes transcrita.

3.4. En cuanto a los coeficientes numéricos correspondientes a la destinación económica de los bienes ubicados en el área de influencia, que es lo que interesa a la sección para resolver la presente controversia, el anexo 1 del Acuerdo 14 de 2009, modificado por el Acuerdo 4 de 2010, asigna, tratándose de usos industriales, los siguientes factores(4):

Usos industriales
CódigoFactor de destinación económica - nombreFactorDefinición
FEE16Industria pequeña tipo_11,20Predios destinados al funcionamiento de una pequeña industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, en predios con área entre 15,001 m2 y 20,000 m2
FEE16_2Industria pequeña tipo_21,00Predios destinados al funcionamiento de una pequeña industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, en predios con área entre 10,001 m2 y 15,000 m2
FEE16_3Industria pequeña tipo_30,70Predios destinados al funcionamiento de una pequeña industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, en predios con área entre 5,001 m2 y 10,000 m2
FEE16_4Industria pequeña tipo_40,40Predios destinados al funcionamiento de una pequeña industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, en predios con área entre 1 m2 y 5,000 m2
FEE17Industria mediana3,80Predios destinados al funcionamiento de una mediana industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica
FEE18Industria grande tipo_15,80Predios destinados al funcionamiento de una gran industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, que a la fecha se encuentran en operación
FEE19Industria grande tipo_25,40Predios destinados al funcionamiento de una gran industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, que a la fecha no se encuentran en operación

3.5. Para la sección es claro que la disposición transcrita atiende a la definición legal de industria para efectos de clasificar la destinación económica de los bienes en mediana y gran industria y, con fundamento en ello, asignar un coeficiente o factor.

En ese sentido, lo importante, para efectos de identificar la clasificación económica de un bien como de mediana o gran industria, es atender a la definición legal de dichas actividades, más no al área del inmueble, que se conjuga con aquella, pero en el caso de las denominadas pequeñas industrias.

En otras palabras, el área del bien es referente para clasificar la pequeña industria en los cuatro tipos que desagrega la norma. El elemento “operación” fue el criterio utilizado por el Concejo para diferenciar la gran industria en tipo 1 y tipo 2.

Pero, ninguno de esos dos criterios —área y operación— es determinante para identificar el tamaño de la industria, sino que ello depende, se reitera, de la definición que la ley haya hecho de dichas actividades, que es, por decirlo de alguna manera, transversal a todas ellas.

3.6. Al respecto, debe tenerse en cuenta que según lo dispone el artículo 75 de la Ley 1151 de 2007, vigente para la época de expedición de los actos demandados, para la clasificación del tamaño empresarial, esto es, de una unidad de explotación económica en micro, pequeña, mediana y gran empresa, el Gobierno Nacional podía utilizar uno o varios de los siguientes criterios:

— Número de trabajadores permanentes.

— Valor de las ventas brutas anuales y/o activos totales.

Como puede verse, la industria a grande, mediana o pequeña escala se refiere, por disposición de la ley, al tamaño de la empresa en cuanto al número de empleados y a la facturación o activos anuales, más no al área física que ocupe el bien donde se desarrolla la industria.

3.7. El artículo 75 de la Ley 1151 no fue desarrollado, lo que impone acudir a los criterios para clasificar las empresas por su tamaño contenidos en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000:

“ART. 2º—Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros:

1. Mediana empresa:

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores;

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. Pequeña empresa:

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores;

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. Microempresa:

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Si bien la norma no habla de la gran empresa, debe entenderse, por exclusión, que es aquella que tiene una planta de personal de 201 o más trabajadores y activos totales superiores a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3.8. Naturalmente que debe establecerse si la definición legal puede ser aplicable, pues de no serlo, habría que acudir a otra pauta normativa que permita, en virtud del principio de efecto útil, la operatividad de la regla prevista, en este caso, la clasificación en pequeña, mediana y gran industria que trae el acto principal.

4. Análisis del caso concreto.

4.1. Como se expuso en el aparte precedente, el criterio adoptado por el concejo de Tocancipá para asignar el factor de destinación económica a los bienes de uso industrial se relaciona directamente con la definición legal de los conceptos de pequeña, mediana y gran industria.

Sin embargo, dichos conceptos no pueden ser aplicados al caso concreto, pues ellos se refieren, como se vio, únicamente a las empresas que se encuentran en operación en tanto definen el tamaño de la industria por el número de trabajadores empleados y los activos totales.

4.2. Pese a que los bienes objeto de la controversia hacen parte de una copropiedad que cuenta con licencia de urbanismo aprobada, al momento de asignarse y liquidarse la contribución por valorización, no existía una industria en operación, pues eran lotes parcelados sin ningún tipo de construcción o edificación.

Una cosa es la licencia de urbanismo, que no puede tomarse como supuesto para concluir que existe una industria en operación y, otra muy diferente, es contar con licencia de construcción para una edificación destinada al desarrollo de una industria o, efectivamente, con una industria en operación.

4.3. En ese orden de ideas, como no es posible acudir en la presente controversia a los criterios usados por el legislador para definir la pequeña, mediana y gran industria, en tanto, se reitera, sólo son aplicables para industrias en operación, la Sección recurrirá a lo regulado en el plan de ordenamiento territorial del municipio para establecer el uso principal del sector donde se encuentran ubicados los inmuebles, y a las reglas urbanísticas establecidas en la licencia de urbanismo otorgada al Parque Industrial Gran Sabana, donde se encuentran localizados los bienes objeto de controversia (fls. 640-656).

4.4. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 132 del 3 de diciembre de 2007, por la que se le otorgó licencia de urbanismo al Parque Industrial Gran Sabana(5), se tiene probado que los bienes de la demandante sí están proyectados para el desarrollo de industria.

Obsérvese que en el artículo segundo de la parte resolutiva de la licencia de urbanismo, al explicar las características básicas del proyecto aprobado, se dice:

“El proyecto contempla la subdivisión del predio de mayor extensión en 31 lotes privados disponibles para la actividad industrial, así como dos zonas de uso común (…)

Los lotes privados poseen variedad de áreas, yendo estos desde los 5.000 metros cuadrados para los más pequeños, hasta los 126.298,93 metros cuadrados para el más grande.

(…)

El proyecto para el parque empresarial Gran Sabana consta de dos etapas bien definidas, de la cual la primera que es el desarrollo urbanístico, es del que nos ocupamos en estos momentos. La segunda etapa a realizarse en diferentes momentos, consiste en la construcción de las plantas físicas de cada industria en particular, proceso que realizará cada propietario del lote, y que se realizará según el reglamento de propiedad horizontal que se efectúe después de este licenciamiento y de los lineamientos que se presentan en los planos de lo que la oficina de planeación municipal denomina normativa urbanística, y que son un conjunto definido de normas aplicables a cada lote.

(…)

Cada industria que se asiente en el Parque Empresarial Gran Sabana deberá en su momento, tramitar su propia licencia de construcción”(6) (resaltado fuera de texto).

4.5. Igualmente, la Resolución 132 del 3 de diciembre de 2007 dispone que los usos del suelo para el parque empresarial son los mismos estipulados por el POT para las áreas de actividad industrial (U-ID, R-ID), “que comprende áreas, inmuebles o parte de inmuebles destinados a la transformación de materias primas o a la elaboración, ensamble y manufactura de productos”.

En ese orden de ideas, los usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos para el parque en mención y, por ende, para los bienes objeto de la controversia, son, de acuerdo con la licencia de urbanismo aprobada y el POT del municipio, los siguientes(7) (negrillas propias):

Uso principalIndustria clase III
Mediana a pesada de alto impacto ambiental
Son fábricas medianas y grandes, de alto impacto ambiental y urbanístico, por lo cual presentan restricciones especiales de localización, limitadas sólo a zonas industriales.
Sus principales características son las siguientes:
a. Localización en edificaciones especializadas y funcionamiento con sistemas, maquinaria y laboratorios igualmente especializados.
b. Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehículos pesados que requieren estructuras de cargue y descargue y accesos adecuados.
c. Generación de empleo masivo y mano de obra especializada, con exigencia de sitios de estacionamiento para vehículos particulares y acceso de transporte público.
d. Necesidad de sistemas y equipos para el control de la contaminación hídrica, atmosférica, sonora u otra, según los procesos utilizados, así como de aislamiento y franjas de control ambiental adecuados.
e. Generación de áreas industriales y de servicios y comercios complementarios en sus alrededores.
Usos compatiblesIndustria clase II
Industria liviana a mediana de bajo impacto ambiental
Son fábricas o industrias de dimensiones medianas y bajo impacto ambiental, por lo cual son compatibles con otros usos, pero presentan restricciones de localización por su tamaño y alto impacto urbanístico. Se ubica por lo general en bodegas o edificios especializados dentro de zonas o complejos industriales y presenta las siguientes características:
a. Procesos de manufactura o transformación mediante técnicas, equipos y laboratorios especializados, con demandas específicas de infraestructuras y servicios públicos.
b. Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados mediante vehículos medianos o pesados que pueden requerir estructuras de cargue y descargue y accesos adecuados.
c. Generación de alto empleo y mano de obra especializada, con exigencia de sitios de estacionamiento para vehículos particulares y acceso de transporte público.
d. Aparición en sus alrededores de establecimientos comerciales, industriales y de servicios complementarios.
e. Dado que su impacto es bajo a mediano, deberá tomar las medidas pertinentes para mitigar los impactos ambientales que genere.
Usos condicionadosComercio clase II
Usos prohibidosLos demás
Vivienda, suburbanos, parcelaciones rurales y centros vacacionales.

4.6. Como puede verse, el uso principal permitido para los bienes que se encuentran en el Parque Industrial Gran Sabana es el desarrollo de mediana y gran industria de gran impacto ambiental, mientras que el uso compatible es el desarrollo de mediana industria de bajo impacto ambiental.

No está autorizado por el POT, ni por la licencia de urbanismo aprobada para el parque empresarial, el desarrollo de pequeña industria, lo que descarta, per se, los argumentos aducidos en la demanda, aunado al hecho de que, como se explicó, el área no es referente para calificar los bienes en mediana y gran industria.

4.7. En ese sentido, de acuerdo con la demanda y las pruebas practicadas en el proceso, se concluye que la destinación económica de los bienes objeto de controversia es de gran industria, en atención a que éste es el uso principal del Parque Empresarial Gran Sabana, donde se encuentran ubicados.

Obsérvese que en la demanda no se solicita que se le otorgue a los bienes objeto de la controversia el factor de destinación económica previsto para la mediana industria, pues se parte del hecho de que la industria que se pretende desarrollar en dichos predios será pequeña —por el área de los lotes—, circunstancia que ya fue descartada, o, en su defecto, grande, que aún no se encuentra en operación (fl. 10).

En otras palabras, la parte actora en la demanda no pide su clasificación como mediana industria. El argumento principal es el de que se trata de pequeña industria y, subsidiariamente, que debe clasificarse como gran industria que no se encuentra en operación.

Esto equivale a afirmar que las partes no discuten la naturaleza de industria grande, sino clasificación como en operación o no.

4.8. Dada su destinación, los bienes administrados por la demandante deben catalogarse en el código FEE19, perteneciente a la industria grande tipo 2, en tanto son “predios destinados al funcionamiento de una gran industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, que a la fecha no se encuentran en operación”, de acuerdo con la definición hecha por el anexo 1 del Acuerdo 14 de 2009 del concejo municipal de Tocancipá.

En ese sentido, en la asignación y liquidación de la contribución especial para cada predio debió aplicarse el factor 5.4 en el criterio de destinación económica y no el 5.8 —código FEE18 para industria grande tipo 1—, en tanto la industria no se encontraba en operación.

Recuérdese, como se dijo en apartes precedentes, que el área de los bienes no es determinante en el caso concreto para definir el factor aplicable, ya que ese fue un criterio establecido únicamente para identificar las pequeñas industrias, uso del suelo que no está autorizado en la licencia de urbanismo para los bienes que hacen parte del Parque Industrial Gran Sabana.

En ese orden de ideas, se procederá a modificar la sentencia apelada.

5. De la nulidad de los actos y el restablecimiento del derecho

5.1. El tribunal, en la sentencia recurrida, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, con excepción de las resoluciones 87 del 24 de mayo y 60 del 3 de agosto de 2010.

A título de restablecimiento del derecho, modificó el factor de destinación económica de los bienes objeto de la controversia en 0.4 y 0.7, para efectos de calcular el monto de la contribución, pues entendió que estos se encontraban desarrollando industria pequeña tipo 3 y 4.

5.2. Como se advirtió, las órdenes impartidas por el a quo serán modificadas, ya que lo procedente es declarar la nulidad parcial de todos los actos administrativos demandados, en vista de que incurrieron en un error al liquidar la contribución por valorización de los bienes pertenecientes al Fideicomiso Paplica, en tanto aplicaron un factor de destinación económica que no correspondía.

En ese orden de ideas, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará al municipio de Tocancipá aplicar a los bienes inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias 176-111766, 176-111768, 176-111769, 176-111770, 176-111771, 176-111772, 176-111773, 176-111774, 176-111775, 176-111776, 176-111777, 176-111778, 176-111779, 176-111780, 176-111783, 176-111784 y 176-111785, el factor de beneficio económico asignado para los bienes identificados con código FEE19 —industria grande tipo 2—, esto es, 5.40. En caso de que por el cambio del factor se desprenda un mayor valor pagado por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., vocera y administradora del Fideicomiso Paplica, el municipio deberá devolver, de manera indexada, las sumas pagadas en exceso con ocasión de la ejecución y/o cumplimiento de los actos administrativos que se anulan parcialmente en esta sentencia.

5.3. El ajuste o indexación de las sumas de dinero pagadas en exceso desarrolla el principio de justicia material en tanto se le restituye al contribuyente el valor real o intrínseco del dinero sobre la base del IPC.

Ordenar la devolución del valor nominal, sin indexación, desconocería la fluctuación del valor de la moneda en el tiempo, por causa de la inflación u otro tipo de indicadores, como sería el valor de cambio o corriente, que consulta otro tipo de información propia del mercado de valores, financiero, etc.

5.4. Por otro lado, se ordenará el reconocimiento de intereses, pero conforme con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que es aplicable a la controversia, toda vez que no se dan los supuestos de los artículos 863 y 864 del estatuto tributario.

Intereses que deberán determinarse acorde con la Sentencia C-188 de 1999, que dispone que “a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se MODIFICA la sentencia del 8 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta –Subsección A y, en consecuencia, se anulan parcialmente los siguientes actos administrativos:

S-2011-00153-2
 

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA al municipio de Tocancipá aplicar a los bienes inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias No. 176-111766, 176-111768, 176-111769, 176-111770, 176-111771, 176-111772, 176-111773, 176-111774, 176-111775, 176-111776, 176-111777, 176-111778, 176-111779, 176-111780, 176-111783, 176-111784 y 176-111785, el factor de beneficio económico asignado para los bienes identificados con código FEE19 —industria grande tipo 2—, esto es, 5.40. En caso de que por el cambio del factor se desprenda un mayor valor pagado por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A., vocera y administradora del Fideicomiso Paplica, el municipio deberá devolver, de manera indexada, las sumas pagadas en exceso con ocasión de la ejecución y/o cumplimiento de los actos administrativos que se anulan parcialmente en esta sentencia.

3. Por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, se REVOCA el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia recurrida.

4. Se CONFIRMA en lo demás la sentencia de primera instancia.

5. DESE cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folios 310 a 325 del cuaderno anexo.

(2) Folios 329 a 334 del cuaderno anexo.

(3) Folios 344 a 353 del cuaderno anexo.

(4) Cfr. folios 348b a 349 del cuaderno anexo.

(5) La Sección advierte que este documento fue aportado por el municipio de Tocancipá con el recurso de apelación. No obstante, cuenta con pleno valor probatorio en tanto es un hecho aceptado por la parte demandante que el Parque Industrial Gran Sabana contaba con licencia de urbanismo aprobada. Además, no fue tachado de falso y la demandante tampoco se opuso a su valoración.

(6) Folios 642 a 643.

(7) Folios 645 a 646.