Sentencia 2011-00159 de noviembre 22 de 2012

 

Sentencia 2011-00159 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 11001 0325000 2011 00159 00 (0571-2011)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Daniel Gustavo Acevedo Ladino

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional

Policía Nacional

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

El presente asunto es competencia en única instancia del Consejo de Estado(3), porque se controvierte una sanción disciplinaria administrativa consistente en la destitución del cargo e inhabilidad general por 10 años, expedida por una autoridad nacional, como es, la Policía Nacional.

2. Cuestión previa.

Las excepciones propuestas por el demandado no constituyen en sí mismas excepciones, por consiguiente, su exposición argumentativa se resolverá con el fondo del asunto. No obstante, debe recordarse que las excepciones son medios de defensa que se dirigen básicamente a desconocer las pretensiones del demandante, lo que significa, que no cualquier nominación o razonamiento la convierte en tal.

Ahora bien, es necesario aclarar, que no por haberse concluido un debate administrativo disciplinario con todas las prerrogativas procesales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo pierde su competencia para controlar la legalidad del mismo, ni se produce el fenómeno procesal de la cosa juzgada(4), todo lo contrario, solo el agotamiento de esa etapa abre la posibilidad para que el juez ejerza el control de legalidad que le corresponde sobre los actos de la administración. Cosa diferente es que en estos casos, la Sección Segunda haya sostenido reiteradamente, que no es viable repetir el debate concluido para convertir el análisis judicial en una tercera instancia, delimitando su análisis a la protección de las garantías mínimas, cuandoquiera que el proceso disciplinario mismo haya fracasado en esa labor, es decir, cuando el disciplinador ha desconocido derechos constitucionales, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y en concreto en materia probatoria, cuando las pruebas fueron allegadas, practicadas o valoradas desatendiendo las reglas señaladas en la Constitución y en la ley.

3. Acto demandado.

Es un acto complejo conformado por las decisiones proferidas el 27 de enero de 2010 y 23 de junio de 2010 por el inspector delegado de la regional seis de la policía y por el inspector general de la Policía Nacional respectivamente, que le impusieron a Daniel Gustavo Acevedo Ladino, una sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años para el ejercicio de funciones públicas.

4. De los cargos planteados.

4.1. En materia disciplinaria: se hizo la siguiente imputación de naturaleza fáctica, jurídica y de calificación de la falta, como se deriva del fallo de 1ª instancia (fl. 63 cdno ppal).

Cargo único

“Señor patrullero, Acevedo Ladino Daniel Gustavo, usted en condición de patrullero de la Policía Nacional, adscrito al Departamento de Policía de Antioquia, cuando se desempeñaba como integrante del grupo de reacción EMAS, quien acordó recibir una suma de dinero mensual por dejar —trabajar— a las bandas delincuenciales de alias —Sebastian— y los rastrojos, quienes les entregaría la suma de 500.000 pesos a los patrulleros dinero dividido entre las dos bandas delincuenciales (sic) dinero que sería entregado como se dijo mensualmente, y del cual usted recibió dos cuotas de 250.000 pesos.

Con su actuar, el señor patrullero, Acevedo Ladino Daniel Gustavo, infringió, el ordenamiento disciplinario para la Policía Nacional, Ley 1015 de 2006, artículo 34, faltas gravísimas en su numeral:

Numeral 4. “Solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones”.

4.2. En materia judicial.

4.2.1. Violación de normas en que debía fundarse.

Soportado en que los falladores disciplinarios consideraron que el actor efectivamente solicitó, recibió, omitió o se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, cuando las pruebas arrimadas demostraban la inocencia del actor, como por ejemplo, que no hubo ratificación del testigo coronel Martínez Guzmán Luis Eduardo, que los testigos de cargo no mencionaron su nombre como la persona que haya recibido dinero, o haya tenido conocimiento del hecho, que haya omitido sus funciones como servidor público, o se haya visto involucrado en actos de corrupción. Se dedujo que él era uno de los 5 patrulleros que acompañaban al subteniente Rodríguez Acevedo Juan Carlos, el día en que se hizo la entrega de la primera cuota, pero jamás se precisó realmente quienes eran, ni tampoco se indicaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que en su sentir era imperiosa la prueba testifical del coronel Martínez. Advierte de otro lado, que hubo manipulación en la prueba testimonial de Serna y Pinilla, quienes se encontraban muy distantes del área urbana de Medellín y no se explica cómo pudieron concurrir, presentar el informe y este mismo día recibirles las declaraciones que sirvieron de soporte a su destitución.

Considera entonces, que se transgredió el artículo 4º de la Ley 1015 de 2006, porque su comportamiento ha sido de inquebrantable proceder frente a sus deberes como servidor público como lo han ratificado el teniente y comandante del escuadrón motorizado, Pujimuy Burbano Fausto, y el comandante de asuntos internos de la Ponal.

En conclusión afirma, que los operadores disciplinarios desconocieron el principio de análisis integral de las pruebas y la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica.

4.2.2. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.

Señala, que por no habérsele permitido ejercer el derecho de contradicción respecto de las afirmaciones del coronel Luis Eduardo Martínez se le violó el derecho de defensa, ya que con la valoración de esa prueba, la sentencia tendría distinto sentido. En últimas considera, que es nula la decisión de declarar cerrada la etapa probatoria y en consecuencia la de correr traslado para alegatos cuando no se habían recaudado todas las pruebas, dado que no se ejerció en debida forma la obligación del Estado al tener la carga de la prueba.

5. Problema jurídico.

La Sala debe definir si hay violación al debido proceso en la investigación disciplinaria adelantada contra Daniel Gustavo Acevedo Ladino, por no haberse obtenido la declaración del quejoso, coronel Luis Eduardo Martínez y aún así cerrar la investigación y de otro lado, porque de las pruebas que soportaron el proceso no se puede deducir su responsabilidad.

Los cargos propuestos por el actor los redefine la Sala como se expuso en el problema jurídico, en la violación al debido proceso de acuerdo con lo allí advertido, toda vez, que de los planteamientos de la demanda se deriva que pretende una nueva valoración de las pruebas, sin que se advierta en la argumentación, que ellas fueron obtenidas de manera ilegal, por cuanto la afirmación de la “manipulación de la prueba testimonial de Serna y Pinilla”, se queda en una elucubración especulativa sin prueba.

De manera, que se revisará el caudal probatorio para analizar si este fue suficiente como soporte de la sanción, o si evidentemente la versión del coronel Martínez que tanto echa de menos el actor, era indispensable para lograr su absolución.

5.1. De lo probado en las diligencias disciplinarias.

Antes de reseñar y estudiar las pruebas, debe precisarse, que la parte sustancial del régimen disciplinario de la Policía Nacional se rige por la Ley 1015 de 2006, que le asigna competencia para conocer e imponer las sanciones allí previstas, y, la parte procedimental conforme al artículo 58 ídem, se sigue por el Código Único Disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002, vigente para el momento de los hechos.

El cargo de recibir dádivas con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones, por el cual se disciplina al demandante está soportado en las siguientes pruebas:

a) Copia del libro de anotaciones del grupo EMAS, en donde se relaciona la salida del grupo a los diferentes servicios bajo la comandancia del subteniente Rodríguez, el día 9 de enero de 2009, por la vía que conduce al Bagre.

b) Testimonio del patrullero Edwin Serna Vélez, quien afirmó haber asistido a una reunión presidida por el subteniente Rodríguez y el subteniente Loaiza Pérez, quienes le informaron al grupo que unas personas les iban a entregar a mediados y final del mes, la suma de $ 1.000.000 de pesos para los mandos y $ 500.000 para los patrulleros, como efectivamente lo hicieron. A él particularmente se lo entregaron cuando llegó de vacaciones los primeros días de febrero, dinero del cual él hizo entrega al momento de denunciar el hecho como consta en la certificación entregada por la policía de Antioquia. Lo mismo hicieron los patrulleros: Pinilla Valois Robert, García Tamayo Wilmar, Muñoz Hernández Luis y Mesa Gil Jair.

c) Jurada del patrullero Pinilla Valois, quien relató en forma similar la celebración de la reunión en las afueras del municipio en donde les informaron los montos que las bandas delincuenciales de alias Sebastian y los rastrojos, les iban a dar. Que ante su oposición les dijeron que eso no era un juego y que tenían que recibir el dinero. Aseveró, que en el sitio estaba todo el grupo de reacción.

c) (Sic) Declaración del patrullero Luis Eduardo Muñoz Hernández, quien cuenta, que en febrero recibió la primera cuota que le fue entregada por el sub teniente Loaiza y la segunda al final de mes, en el mismo sitio de la reunión. Que voluntariamente entregó los $ 500.000 pesos recibidos a la Dijin del departamento de Antioquia, toda vez, que recibieron asesoría de la hermana del patrullero Serna, quien laboraba para esa dependencia.

d) Carlos Fernando Triana Beltrán, jefe de la Sipol del Departamento de Policía de Antioquia, quien relató, que a su despacho se presentó una persona de sexo femenino manifestando que se encontraba de vacaciones y que al comando había llegado una información de corrupción del grupo EMAS, donde se encontraba su hermano laborando, lo que corrobora la versión de Serna Vélez y Muñoz Hernández.

e) A su vez el patrullero Jair Andrés Mesa Gil, ratificó la existencia y el motivo de la reunión para comentarles sobre el dinero que les iban a dar y confirmó la entrega de los $ 500.000 pesos en dos cuotas, los cuales aportó al proceso penal como prueba.

f) Manifestación jurada del mayor Rogers Martínez Verdugo(5) quien contó, que se enteró que el grupo de reacción inmediata EMAS, estaba siendo objeto de actos de corrupción por las bandas delincuenciales que operan en el municipio de Caucasia, a quienes les informaban todos los movimientos que realizaba la policía y que por ello ordenó, que solo las patrullas de ese grupo podían ser movidas por el capitán comandante de la estación y él.

g) Versión del capitán Nelson Mantilla Olaya(6) quien expuso, que se enteró de la irregularidad surgida con el grupo EMAS, con la captura de Luis Hernán Villareal Maya, alias “el carpintero”, quien le manifestó que los uniformados de chaleco que se movilizaban en motos recibían dineros por parte del jefe de la banda para la cual él trabajaba.

h) Jurada rendida por el patrullero Hernán Wilmar García Tamayo(7), quien aseveró que recibió dinero en las afueras de la ciudad de Caucasia cuando se encontraba con todo el grupo EMAS, por parte del subintendente Loaiza la primera cuota y la segunda por el subintendente Rodríguez.

i) Por su parte la subintendente Eliana María Serna Vélez(8) anotó, que su hermano había llamado para contarle lo que está sucediendo con los grupos de reacción en donde él se encontraba laborando, a los cuales habían contactado las bandas delincuenciales para ofrecerles dinero y que él —Serna Vélez— y otro compañero no estaban de acuerdo, por lo que ella se comunicó con su jefe inmediato y le solicitó vacaciones para finales de marzo, fecha en la cual se entrevistó con el subteniente Cisneros quien le recomendó hablar con el comandante de la Sipol, pero no solucionó nada, por tanto regresó de vacaciones a su labor con la recomendación por parte de ella de que manejara con prudencia el tema porque podían asesinarlo y cuando llegó habló con el comandante de distrito que lo llevó hasta el mayor Martínez, quien tomó medidas frente al grupo.

j) Finalmente, se citó la declaración que bajo la gravedad del juramento rindió Luis Hernán Villareal Maya(9) —integrante de las bandas delincuenciales— ante la Fiscalía Seccional de Caucasia, quien mencionó como era la forma de operar y la cooperación obtenida por los policías que se encontraban implicados con estas bandas delincuenciales, “… cuando veían a un comandante se sonreían con este y les picaban el ojo… ellos se involucran con estas bandas porque toman el papel de apartarse o apartar compañeros del sitio…”.

Efectivamente como lo alega el actor, no se recibió la ratificación del informe del coronel Martínez Guzmán, que dio lugar a la investigación preliminar disciplinaria, no obstante, como consecuencia de su inasistencia, la segunda instancia ordenó compulsar copias. En la parte motiva hizo un análisis sobre el peso probatorio que tal ausencia generó en la investigación, dado que fue alegado como violación al debido proceso por varios implicados, para concluir, que esta prueba no era necesaria toda vez que su testimonio era de oídas, de información que obtuvo de sus subalternos, como el mayor Martínez Verdugo —comandante del Distrito Caucasia y de los patrulleros que denunciaron el caso, quienes si declararon y fueron contrainterrogados por los apoderados de los disciplinados.

Del caudal probatorio relacionado se puede hacer el siguiente análisis conclusivo:

1. Existe plena prueba en el plenario disciplinario, que evidencia el contacto de las bandas delincuenciales de “alias Sebastián” y los rastrojos, con el grupo EMAS de Caucasia, con el objeto de ofrecerles dinero para que facilitaran sus actividades ilícitas.

2. Ese contacto fue hecho a través de los subtenientes Loaiza Pérez y Rodríguez Acevedo.

3. Esos oficiales reunieron a los patrulleros que hacían parte del grupo de reacción con el fin de transmitirles el acuerdo, que consistía en darles a los mandos, $ 1.000.000 de pesos y a los patrulleros $ 500.000 pesos, en dos quincenas.

4. En razón de que algunos agentes no compartieron esa actitud ilícita y a pesar de que fueron presionados para recibirla, la denunciaron ante sus superiores, lo cual dio lugar después de varios meses al proceso que ahora se cuestiona.

Ahora bien, dado que la situación fáctica es clara y está probada, veamos los dos puntos de cuestionamiento del actor, referidos el primero, a que la declaración del coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán —comandante del Departamento de Policía de Antioquia—, era una prueba de cargo imprescindible y que su omisión causaba la nulidad de las siguientes etapas procesales y de otro lado, que en las diligencias disciplinarias no hay una mención personalizada del actor que lo incrimine de manera directa y por el contrario, el comandante Juan Carlos Rodríguez Acevedo, asegura que el día de la entrega del dinero se encontraba con 5 patrulleros incluyendo al demandante, además, está la versión del comandante del escuadrón motorizado Fausto Pujimuy Burbano, sobre su inquebrantable proceder.

A folio # 1 del cuaderno Nº 1 del proceso disciplinario se encuentra el oficio 0002570/ MD-COMAN DEANT – 20.1, suscrito por el coronel Eduardo Martínez Guzmán, en el que en 7 numerales deja expuesta la situación de corrupción en que podían estar inmersos los integrantes del grupo EMAS y Sijin, y el objetivo de esos grupos ilegales al permear la institución. Señala como fuente de información el conocimiento del mayor Rogers Enrique Martínez Verdugo y de los patrulleros Serna Vélez y Roberth Pinilla Valois.

Revela este escrito su naturaleza informativa, toda vez, que se apoya en las versiones de los testigos presenciales, además, cita la solicitud del subintendente Juan Carlos Rodríguez para que se investigue su conducta, en razón a que fue vinculado con actuaciones ilegales. En ese orden de ideas, no puede considerarse estrictamente como un testigo. Testigo, es aquel que narra un hecho que conoce de manera directa o indirecta. El coronel Martínez solo transmitió una información al teniente coronel Wilfredo Pérez Chamorro, inspector delegado regional 6 de Medellín, para que diera curso a la investigación disciplinaria o las diligencias preliminares como efectivamente sucedió.

En efecto, con base en ese informativo se inició el trámite pertinente hasta el esclarecimiento de los hechos con los testigos presenciales de la conducta irregular denunciada, apoyado además en otras pruebas que corroboraron la situación fáctica, de manera, que no podría la Sala considerar que la ausencia de esa declaración tuviera el peso suficiente para generar una causal de nulidad —estas son taxativas—, ni una violación al debido proceso, porque sin duda de acuerdo al informe, su testimonio no habría aportado nada diferente a lo allí expresado. En ese sentido, el razonamiento que hizo la segunda instancia sobre esta situación fue asertivo cuando dijo refiriéndose al coronel Martínez: “… mediante informe puso en conocimiento los hechos de corrupción de parte del grupos EMAS, información que obtuvo de sus subalternos, como el mayor Martínez Verdugo Rogers Enrique, comandante del Distrito Caucasia, de igual manera relaciona nombres de los patrulleros que denunciaron este hecho entre otros, y todos ellos se los (sic) escuchó en diligencia de testimonio con las formalidades plenas, de donde se logró probar los hechos de corrupción informados por el señor coronel Martínez Guzmán Luis Eduardo y por el hecho de no haberlo escuchado en testimonio no hace que se le reste credibilidad a los testigos presenciales que vivieron los momentos en que se llevó a cabo la conducta de corrupción, el testimonio del señor coronel Martínez Guzmán, es un testigo de oídas, que puso en conocimiento de la autoridad disciplinaria lo que a él le informaron, además el despacho hizo lo posible por recepcionar dicho testimonio quien no se presentó a rendir la diligencia”.

Así las cosas se concluye, que la ausencia de la declaración del coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, no afectó el debido proceso de los disciplinados, porque no era la prueba de cargo principal que debiera descartarse por los implicados en el disciplinario, puesto que habían incriminaciones directas de vinculación con los actos de corrupción que fueron testeadas con los testigos presenciales y que probaron indefectiblemente la situación fáctica puesta en conocimiento por el oficial, de manera, que el cargo propuesto por este concepto se negará.

El segundo argumento formulado por la demanda sobre la violación al debido proceso, está soportado en que no se menciona concretamente el nombre del sancionado Daniel Gustavo Acevedo Ladino, como uno de los patrulleros que recibieron plata por la omisión de sus funciones, no obstante, debe anunciar la Sala desde ya, que será negado de acuerdo a las pruebas que aquí se concretan y que lo involucran como parte de grupo EMAS que recibió dinero de las bandas delincuenciales y que son la plataforma de las decisiones de 1ª y 2ª instancia:

A la pregunta formulada en la diligencia de declaración juramentada el patrullero Robert Pinilla Valois(10) sostuvo: “diga al despacho cuando se refiere a todo el grupo hace referencia a nombres en particular CONTESTÓ: S Loaiza Pérez, PT Martínez Salazar, PT Mosquera, PT Sánchez, PT Castillo, PT Bustamante, PT Mesa, PT Serna, PT García, PT Muñoz estábamos casi todos ahí y hacía falta una moto la de PT Acevedo Ladino, pero luego llegó después...” (resaltado fuera del texto) y lo mismo reafirma en la ampliación de la declaración visible al folio 55. Previo a esta pregunta hacía referencia el agente, a la cita que les habían puesto en el kilómetro seis vía Caucasia Zaragoza ingresando por la parte derecha dos kilómetros hacia adentro, porque allí estaba la plata y una cuota para que todos la recibieran.

En el testimonio bajo la gravedad del juramento prestado por el patrullero Luis Eduardo Muñoz Hernández(11), afirmó a la pregunta de qué personal incluyendo los mandos integraba el Grupo EMAS del municipio de Caucasia: “Los dos intendentes Loaiza y Rodríguez, patrulleros Acevedo, Alvis, Córdoba, Pulgarín, Castillo, Londoño, Muñetón, García, Sánchez, Martínez, Pinilla, Serna, Mesa Bustamante y no recuerdo a los demás, todos recibieron (resaltado fuera del texto)”. Previo a esta respuesta estaba la pregunta de qué personal del Grupo EMAS, recibió dinero y quienes no estaban de acuerdo, nombró a los patrulleros: Serna, Pinilla, Mesa, García, Muñetón y él.

A su vez en la ampliación de la versión jurada de Edwin Alejandro Serna Vélez (fl. 48 cdno de pruebas 1) reconoció como parte del grupo del EMAS al patrullero Acevedo Ladino y aunque señala que todos los patrulleros estaban en las reuniones donde les informaron sobre el acuerdo económico, excluye a dos patrulleros sin identificarlos, sin embargo, si esta declaración se lee en el contexto circunstancial enmarcado por los agentes presenciales del hecho, debe confirmarse conforme al testimonio de Pinilla Valois, que Daniel Gustavo Acevedo Ladino inicialmente no estaba presente pero que luego llegó al sitio de reunión e hizo parte de los receptores de dinero sin vacilación.

Es claro de la lectura del disciplinario, que la intención de las bandas al margen de la ley era permear a todo el grupo de reacción inmediata EMAS y que el aporte económico para cada uno de ellos de acuerdo al rango debía ser recibido por las buenas o por las malas como lo propusieron los comandantes, de manera, que no era lógico ni viable, que se quisiera excluir a alguno de sus integrantes, toda vez, que todos debían estar en la misma canasta para que su plan de “colaboración” no fallara.

Y también se advierte con nitidez el temor de los agentes que valientemente se opusieron a la práctica indebida, pero que no podían hacer nada de manera individual dada la situación de violencia de la zona, hasta no tener el apoyo de sus superiores como al fin lo lograron luego de meses de espera. Las declaraciones de los agentes opositores son concordantes en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la de los superiores que conocieron de los hechos por la intermediación de la hermana del patrullero Serna Vélez(12), quien insistió hasta lograr que los comandantes diluyeran territorialmente el grupo de la EMAS.

Se allegó como prueba(13) que refuerza las versiones incriminatorias, la relación del escuadrón motorizado EMAS Caucasia, en donde se encuentra entre otros patrulleros a Daniel Gustavo Acevedo Ladino. También se tiene como elemento probatorio, la fotocopia de la entrega del dinero recibido por los patrulleros Serna Vélez Edwin, Pinilla Valois Robert, Muñoz Hernández Luis y Mesa Gil Jair.

En conclusión, además de que se encuentran probados los hechos relevantes de la investigación que evidenciaron la permeabilidad de los grupos delincuenciales de “alias Sebastian” y de las Bacrin (sic) en el grupo EMAS, al recibir dineros para que “los dejaran trabajar” dando lugar a la constitución de la falta gravísima contemplada en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo y sin que se hubiera demostrado una causal de inculpabilidad, tal y como lo decidieron los falladores disciplinarios, existe prueba directa incriminatoria de los agentes Pinilla Valois y Muñoz Hernández respecto del actor como se advirtió en el aserto precedente, desvirtuando la violación al debido proceso impetrada por tal razón. En virtud de lo dicho, para la Sala el análisis de la demandada y su decisión, está investida de legalidad, por tanto, se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(3) La Sección Segunda, en auto del 18 de mayo de 2011, Expediente NI.0145-10, Actor: Anastasio Avendaño Tangarife, Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, asumió la competencia para conocer de las sanciones disciplinarias administrativas relacionadas con el retiro temporal o definitivo del servicio, esto es, de las destituciones y suspensiones en el ejercicio del cargo, cuando estas provengan de una autoridad del orden nacional.

(4) Que se produce en materia judicial cuando el juez se ha pronunciado sobre la misma situación fáctica y jurídica.

(5) Folios 71-74 cuaderno de pruebas.

(6) Folios 87-90 cuaderno de pruebas.

(7) Folios 97-98 cuaderno de pruebas.

(8) Folios 102-106 cuaderno de pruebas.

(9) Folios 251-261 cuaderno de pruebas.

(10) Folio 16 cuaderno 1 de pruebas.

(11) Folio 26 cuaderno 1 de pruebas.

(12) Eliana Serna Vélez.

(13) Folio 80 cuaderno 1 de pruebas.