Sentencia 2011-00170/2790-13 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad. 25000-23-25-000-2011-00170-01

Número Interno: 2790-13

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación

Demandado: Edgar Levi Mayorga Ladino

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico se contrae a determinar si en este caso se desvirtuó la buena fe del señor Edgar Levi Mayorga Ladino, y en consecuencia si es procedente o no ordenar la devolución de las sumas recibidas en virtud de la orden de reconocimiento de la pensión gracia, efectuada a través de la acción de tutela por el Juez Primero Laboral del Circuito de Ciénaga - Magdalena, Sentencia 7 de abril de 2006.

La entidad accionante solicitó revocar parcialmente el proveído impugnado, en tanto negó la pretensión relacionada con el reintegro de las sumas que le fueron pagadas al demandado con ocasión del reconocimiento pensional ordenado en sede de tutela, pues considera que no fueron percibidas de buena fe.

Con el objeto de resolver el problema expuesto, la Sala asumirá exclusivamente el análisis de la presunción de buena fe conforme al inciso 2º del numeral 2º del artículo 136 del Decreto 1 de 1984, según el cual “los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

En torno al alcance de la citada disposición, la Corte Constitucional ha expresado(1):

“... En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar ‘en cualquier tiempo’ los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que ‘no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe’. Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco está defraudando expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. Se trata, simplemente de que ningún ciudadano puede esperar que, con el paso del tiempo, se regularice o se torne intocable una prestación económica que le ha sido otorgada en contra del ordenamiento jurídico y en deterioro del erario público. Ello indica entonces, que si bien el legislador debe actuar sin menoscabar los derechos legítimamente adquiridos, no está imposibilitado para permitir a la administración, de manera excepcional, demandar en cualquier tiempo su propio acto, cuando encuentre que este se ha proferido contrariando el ordenamiento jurídico, ello con el fin de defender intereses superiores de la comunidad.

Cabe precisar, que la misma disposición ampara el principio de la buena fe cuando señala que ‘no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe’, con lo cual, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar ya que sería un contrasentido alegar vulneración del artículo 83 Superior cuando el mismo legislador expresamente acuerda plenos efectos jurídicos al mencionado principio constitucional...”.

De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una doble garantía tanto para el erario público como para los principios de buena fe y confianza legítima de los particulares, pues en primer término se otorga la posibilidad de demandar los actos que reconocen prestaciones periódicas en cualquier momento, con el fin de impedir que se perpetúe en el tiempo una ilegalidad que conlleva una grave afectación al patrimonio estatal; en segundo lugar, la devolución de las sumas pagadas por tales conceptos se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno.

El principio de la buena fe está consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en virtud del cual “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta.

La Jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia del 1º de septiembre de 2014(2), al resolver un caso con idénticas características al presente, se pronunció sobre el principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la devolución de prestaciones periódicas. Precisó la Sala que cuando se trata de un error de la administración al concederse el derecho pensional a quien no reunía los requisitos, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe. Pero si el acto de reconocimiento pensional no fue originado por un error de la administración sino en cumplimiento de una orden judicial, que encierra numerosas dudas, la discusión debe dirigirse a desvirtuar la presunción legal que ampara la actuación del beneficiado con dicho reconocimiento.

Discurrió así la Subsección A:

“... La jurisprudencia de esta Corporación, así como de la Corte Constitucional ha considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir bonus)(3). En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la ‘confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada’(4).

En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este principio implica que (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario(5).

(...).

Bajo el anterior razonamiento es preciso traer a colación algunos pronunciamientos de esta Sección sobre el principio constitucional de la buena fe, en lo que se refiere a pagos efectuados por error de la administración:

(...).

Precisa la Sala que esta clara línea jurisprudencial se ha mantenido para los casos en que se han recibido prestaciones periódicas tales como la pensión de jubilación producto de un error de la administración. No obstante, en tratándose de prestaciones unitarias se ha dado un tratamiento diverso, como el señalado en sentencia de la Subsección B, de 8 de mayo de 2008, dentro del expediente radicado con el Nº 0949 de 2006, en donde se consideró que la presunción para ese caso no estaba contemplada en la norma, la cual solo podía ser interpretada en su tenor literal, por lo que no se podía extender la tesis a todos aquellos pagos unitarios efectuados por la administración en virtud de actos administrativos y en consecuencia, para estos era viable la devolución del dinero.

La posición así fijada encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe, que implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe señalado en el inciso segundo del artículo 136 del Decreto 1 de 1984, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe”.

Caso concreto

En el sub lite se encuentra acreditado que mediante la Resolución 41304 de 18 de agosto de 2006 (fls. 126 a 131), Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor del señor Edgar Levi Mayorga Ladino, efectiva a partir del 1º de diciembre de 1993, acto que fue emitido en cumplimiento de la orden impartida por el Juez Primero Laboral del Circuito de Ciénega - Magdalena, es decir el reconocimiento pensional no obedeció a un error de la administración sino que se expidió en cumplimiento de una orden judicial

En efecto, mediante sentencia de 7 de abril de 2006 (fls. 100 a 125) el Juez Primero Laboral del Circuito de Ciénega —Magdalena—, dentro de la acción radicada con el Nº 0063-06, tuteló los derechos al debido proceso y a la igualdad de los allí accionantes y como consecuencia de ello ordenó reconocer de manera definitiva la pensión gracia a más de 140 personas, entre ellos el demandado, para cuyo caso acreditó 20 años de servicios docentes con vinculación nacional, situación que difiere ostensiblemente de la clara línea jurisprudencial de esta Corporación y de la Corte Constitucional(6) sobre el tema, pues de los documentos aportados al expediente se comprobó que el señor Mayorga Ladino prestó sus servicios así:

Como Ayudante de Sicólogo Escuela Trabajo San José Medellín desde el 1º de febrero de 1967 hasta el 31 de marzo de 1967, como Educador Reformatorio Escuela de Trabajo San José de Medellín desde el 1º de abril de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1968 (fl. 22); de acuerdo con la certificación expedida por el Jefe de la Sección Hojas de vida de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C., Secretaría de Educación, División de Personal, laboró como Docente Grado 13 adscrito al programa de “Planteles nacionales” (fls, 23). Adicionalmente, la Coordinadora de Certificados del Fondo Educativo Regional de Bogotá D.C., hace constar que desde el 1º de enero de 1993 hasta el 30 de agosto de 1994 realizó los pagos a cargo del presupuesto de rentas del FER, lo que demuestra que los servicios prestados en ese tiempo no fueron a cargo del presupuesto de la entidad territorial sino de la Nación.

De lo expuesto, se concluyó que al señor Mayorga Ladino no le asistía derecho a la pensión gracia, porque no cumplió en forma suficiente con los requisitos que exige la ley para acceder a tal beneficio.

Ante la negativa de la entidad, presentó de tutela con el fin de acceder a la pensión gracia, proceso que se instauró en el municipio de Ciénega, cuando es evidente que el actor no prestó sus servicios en el mismo, ni en el Departamento del Magdalena. Además los actos previos por los cuales se le negó el reconocimiento pensional por parte de Cajanal fueron emitidos en la ciudad de Bogotá.

Por todo lo anterior, no puede entenderse que sin acreditar servicios prestados relacionados con el Municipio de Ciénaga o el Departamento del Magdalena, o que el actor residiera allí, o que por lo menos los actos administrativos hubiesen sido expedidos en esos entes territoriales, el Juez Primero Laboral de ese Municipio hubiese asumido el conocimiento de la acción presentada, con desconocimiento de lo señalado por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991(7) y el Decreto 1382 de 2009 —que fija ciertas reglas de reparto en esta materia— norma que también señala que “(...) para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos... ”.

Entonces, como lo que se pretende desvirtuar en el sub lite es la buena fe del señor Mayorga Ladino dentro de las actuaciones jurídico administrativas que permitieron el reconocimiento de la pensión gracia, no se puede considerar que únicamente el apoderado y el juez fueron quienes participaron de las irregularidades señaladas, pues la persona que finalmente se benefició y lucró de la errónea decisión judicial fue, entre otros, el demandado quien resultó incluido en nómina en virtud de la acción de tutela interpuesta en el Municipio de Ciénega, mediante la cual se accedió a su pretensión de reconocimiento de la pensión gracia, pese a su condición de docente nacional.

Por ello, es viable aceptar que la actuación del señor Mayorga Ladino no se rigió por el principio de la buena fe, que como ya se dijo no es un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía. Principio que no puede analizarse de manera aislada sino en armonía con el máximo ordenamiento constitucional precisamente por cuanto cumple una función esencial en la interpretación jurídica.

Entonces, si la línea de aplicación del inciso 2º del numeral 2º del artículo 136 del Decreto 1 de 1984, por parte de esta Corporación(8), “ha obedecido en mayor medida a salvaguardar a los particulares que en marco de la buena fe han percibido prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones tomadas de manera errónea por la administración, por la convicción del ciudadano en que el acto emanado está sujeto a legalidad; empero, no puede tener cabida en este caso tal previsión normativa pues es evidente, como lo consideró la Corte Constitucional en el caso análogo, que se dieron una serie de dudosas actuaciones de tipo global para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, cuyo final destinatario fue el actor. En consecuencia, no puede aceptarse que se aplique en el sub lite tal beneficio jurídico cuando se ha obtenido lucro a través de una acción reprochable”.

El caso análogo a que se hace alusión, fue decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-212 de 2012 en sede de revisión, donde se concluyó la configuración de un fraude global para obtener la pensión gracia, pretendida por algunos docentes, cuyo reconocimiento fue ordenado mediante una sentencia de tutela.

Al respecto, esta Sala en la sentencia ya citada, dijo:

“... Si bien es cierto la mencionada sentencia cuenta con efectos interpartes, bien merece su cita en este proveído al permitir extraer valiosos elementos jurisprudenciales para la valoración de la conducta de los reclamantes por las similitudes fácticas que rodean este proceso.

En ese caso, como se dijo, dentro de una primigenia acción de tutela, los accionantes acreditaron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué que se desempeñaron como docentes en el sector oficial por 20 años, con vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 y que tenían una edad superior a 50 años. En consecuencia, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2006 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué les fueron concedidas las pretensiones en torno a que Cajanal les reconociera y pagara la pensión gracia. No obstante, Cajanal continuaba renuente a dar cumplimiento a la orden impartida en la sentencia del 2006.

Posteriormente, la mencionada acción de tutela con la que se pretendió el cumplimiento de la orden de amparo de 2006, fue fallada en primera instancia de manera desfavorable por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 29 de octubre de 2009 al rechazar el amparo deprecado. Al decidir la impugnación, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia de 3 de diciembre de 2009 resolvió revocar la decisión del a quo y en su lugar concedió el amparo solicitado, pero confirmando el rechazo de la acción de tutela en los casos en los cuales no fueron aportados los poderes de los demandantes, con lo que consideró pertinente ordenarle a Cajanal cumplir la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué. La Corte al efectuar la revisión de las anteriores decisiones confirmó que el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico —Sala Jurisdiccional Disciplinaria Dual de Descongestión— 17 de noviembre de 2010, consideró que la conducta del Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué en mención, fue gravísima dolosa, con ‘desconocimiento de la Constitución y la ley al ignorar la ausencia de requisitos inherentes al test de procedibilidad como lo son la inmediatez y la subsidiariedad y que los accionantes no habían acudido a los escenarios judiciales naturales’. Por ello, tras señalar que la conducta efectuada daría lugar al tipo penal de ‘prevaricato por acción, declaró disciplinariamente responsable, al doctor Arnedys José Payares Pérez (...) de incurrir en falta gravísima dolosa (...) [e] imponer sanción de destitución (...) e inhabilidad para ejercer cargos públicos por espacio de diez (10) años’(9).

Sin controvertir la cosa juzgada constitucional de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2006, consideró la Corte que ‘... tal providencia está maculada por un fraude que corrompería la administración de justicia’. Esto, principalmente por los siguientes hechos que consideró primordiales:

— La carencia de competencia del Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, con fundamento en las siguientes razones:

— Ninguno de los accionantes contaba con cédula de ciudadanía de Magangué o Bolívar.

— Ninguno tenía su residencia en ese departamento, y prestaron sus labores en departamentos diferentes al mencionado.

El lugar donde se profirieron las resoluciones que denegaban la prestación fue Bogotá, misma ciudad donde recibiría notificaciones la parte demandante. Por ello, los presupuestos de la competencia en la acción de tutela no permitían que conociera del caso.

— La Sala La Sala del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico —Sala Jurisdiccional Disciplinaria Dual de Descongestión— el 17 de noviembre de 2010, declaró disciplinariamente responsable, a Arnedys José Payares Pérez, por incurrir en falta gravísima dolosa e imponer sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por espacio de diez (10) años, al desconocer la procedibilidad de la acción de amparo.

Además precisó la Corte que los allí accionantes no allegaron resolución de nombramiento que pudiera dar cuenta de la entidad territorial responsable de la vinculación, así como del lugar de trabajo y del tiempo de servicio prestado, pues se limitaron a anexar (además del poder, la cédula y la solicitud correspondiente) resoluciones proferidas por Cajanal que denegaban el reconocimiento prestacional. Añadió, que muchos actos administrativos resultaban ilegibles, la información era insuficiente o carente de claridad, no contenían referencia alguna a años de servicio y no especificaron la entidad responsable de la vinculación, pues en algunos, ni siquiera se acreditaba la calidad de docente.

En cuanto al presunto domicilio de cada uno de los gestores del amparo, se verificó la ciudad en que fueron otorgados los poderes otorgados a los abogados y el domicilio de los poderdantes, para verificar que ninguno de los actores tenía relación domiciliaria con el Municipio de Magangué, con lo que no se vislumbraba mayor cercanía con esa región.

Luego de referirse a las normas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2009 —que fija ciertas reglas de reparto en esta materia— consideró que las mismas fueron desconocidas por el Juez de Magangué que además, no analizó los elementos probatorios aportados al proceso necesarios para ser beneficiario de una prestación económica vitalicia a cargo del Estado. Precisó la Corte:

‘... ante la constatación del fraude en una situación global que incluye una sentencia de tutela específica como uno de sus elementos, mas no como el único, es deber de la Corte Constitucional, conforme a sus competencias establecidas en el artículo 241 de la Carta Política, guardar la integridad y supremacía de la Constitución en ejercicio de la revisión que puede hacer de la acción de tutela instaurada el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009).

En este sentido, se trata de evitar que una orden fraudulenta se materialice a través de los incidentes de cumplimiento que podrían iniciarse mientras la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil seis (2006) se mantiene en pie. Sin embargo, la Corte no puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta Corporación. Con todo y tal como lo ha hecho antes —por ejemplo en la Sentencia T-104 de 2007(10)— puede hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando la prohibición del non bis in idem, fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit, reconocido en la legislación nacional así como en los principios del derecho’.

En virtud de lo anterior, la Corte señaló que la sentencia adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué fue producto de un fraude global, siendo la sentencia uno de los elementos de ella, razón por la que dejó sin efectos la referida providencia al considerar además, que ella no constituía título válido cuyo cumplimiento pudiera ser exigido a través de las vías legales...”.

Ahora bien, es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada, no obstante ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se advierte la mala fe del señor Mayorga Ladino. En este sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a él reconocida, sumas que deberá indexar conforme a lo señalado por el artículo 178 y ss. del Decreto 1 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto.

Para hacer efectiva la devolución de los valores que han sido sufragados al demandado, deberá la administración suscribir con este un acuerdo de reembolso, que preste mérito ejecutivo, en condiciones tales que los montos y plazos acordados para tal efecto no lo pongan en condiciones de indignidad para lo cual deberá tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas.

En procura de lograr el cumplimiento de lo pactado y dependiendo de las circunstancias en que se halle el obligado, la entidad podrá establecer la exigencia de las garantías que considere necesarias.

De otra parte, teniendo en cuenta que el Juez Primero Laboral del Circuito de Ciénaga, Magdalena, profirió sentencia de tutela ordenando el reconocimiento de la pensión gracia a varios docentes que interpusieron la referida acción en forma masiva, generando una grave lesión al patrimonio público, se ordenará compulsar copias a las autoridades competentes, como lo ordenan los artículos 70 de la Ley 734 de 2002(11) y 67 del Código de Procedimiento Penal(12).

Así mismo, se exhortará a la Procuraduría General de la Nación, para que ejerza las competencias señaladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, respecto a actos administrativos que sigan surtiendo efectos en virtud de la sentencia proferida el 7 de abril de 2006 dentro de la acción de tutela Nº 0063-06 adelantada por el Juzgado Primero Laboral del circuito de Ciénaga - Magdalena.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la Sentencia de 13 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación contra el señor Edgar Levy Mayorga Ladino.

ADICIÓNASE en el sentido de ordenar al señor Edgar Levi Mayorga Ladino, a reintegrar a favor del demandante o su sucesora procesal, las sumas que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia que le fue reconocida a través de la Resolución 41304 de 18 de agosto de 2006, debida indexada conforme lo dispone el artículo 178 del Decreto 1 de 1984, previa certificación que para tal efecto emita la entidad de conformidad con los parámetros señalados en la parte motiva.

Compúlsense copias de la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, a efectos de investigar cualquier conducta delictuosa y disciplinaria en que los servidores públicos, abogados y particulares involucrados en el trámite de la acción constitucional hubieren podido incurrir, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

EXHÓRTASE a la Procuraduría General de la Nación, para que ejerza las competencias señaladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 Sentencia C-1049 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

2 Rad. Número Interno: 3130-2013, M.P. Eduardo Gómez Aranguren.

3 Ver Sentencia T-475 de 1992.

4 Ibídem.

5 Ver Sentencia C-071 de 2004.

6 Ver sentencia C-479 de 1998.

7 “... son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud...”.

8 Rad. Número Interno: 3131-13, M.P. Gustavo Gómez Aranguren, actor: Caja Nacional de Previsión social Cajanal EICE en Liquidación, sentencia del 1º de septiembre de 2014.

9 En cita que de dicha providencia hace la Corte en la Sentencia T- 218 de 2012.

10 Ver pie de página 7, donde se hace un recuento detallado de los hechos que dieron lugar a esa providencia.

11 Artículo 70 CDU “Obligatoriedad de la acción disciplinaria. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.
Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva”.

12 Artículo 67 CPP. “Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.