Sentencia 2011-00185 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 11001-03-25-000-2011-00185-00(0644-11)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Carlos Florentino Buitrago Rozo

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

Autoridades nacionales

EXTRACTOS: « Para resolver, se

Considera

El problema jurídico radica en determinar la legalidad de los actos proferidos el 13 de diciembre de 2007 por la oficina de control disciplinario interno del comando operativo 2 y 18 de febrero de 2008 por la inspección delegada especial de la Policía Metropolitana de Bogotá, por medio de los cuales fue destituido Carlos Florentino Buitrago Rozo de la Policía Nacional e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años. Así mismo, de la Resolución 892 de marzo 13 de 2008, proferida por el director general de la institución, por la cual se dio cumplimiento a la sanción.

A juicio de la parte actora, las decisiones de la Policía Nacional están afectadas de nulidad por haber incurrido en los siguientes vicios:

1. El procedimiento verbal surtido por la entidad fue inadecuado, pues por las características del caso se debió adelantar en un proceso dotado de mayores posibilidades y no por la modalidad abreviada pues dada su notoria celeridad, se pretermitieron las etapas propias del proceso disciplinario.

2. Se configuró la falta de competencia por el factor funcional, toda vez que el conocimiento del asunto de la referencia correspondía al Inspector de General de la Policía Nacional pues por la trascendencia de la conducta afectaba el prestigio e imagen de la institución.

3. La vulneración al debido proceso, la hace consistir en lo siguiente:

• El auto de citación a audiencia se fundamentó en la denuncia penal rendida por el señor Jhon Alexander Camacho Zapata ante el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, la cual no fue debidamente incorporada al proceso disciplinario y por consiguiente no se sometió al principio de contradicción.

• Los actos demandados se expidieron con fundamento en la nota trasmitida por Noticias Uno, sin analizar el restante material probatorio aportado al expediente, como la hoja de vida sin anotaciones, las circunstancias modales de hecho, la posición subordinada que tenía el patrullero frente al Subteniente y los demás miembros más antiguos, que sin lugar a dudas hubieran variado la calificación de la falta.

• La entidad invirtió la carga de la prueba sin una razón objetiva que lo permitiera y sin advertir la naturaleza de jurídica del proceso disciplinario, el cual no regula presunciones legales. Desconoció el principio de presunción de inocencia.

Expedición irregular del acto

Se desconocieron las formalidades establecidas en la ley en razón a que le fue aplicado el procedimiento verbal disciplinario, a pesar de que el procedente era el ordinario.

Con el objeto de establecer el procedimiento que regía la actuación llevada a cabo contra el actor, es necesario remitirse al régimen disciplinario para la Policía Nacional, contenido en la Ley 1015 de 2006, que dispone en el artículo 58 que el procedimiento aplicable a sus destinatarios será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo modifiquen o adicionen.

El proceso verbal, se encuentra regulado en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, el cual consagra lo siguiente:

El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2º, 4º, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.

En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

Conforme a la norma transcrita, son cinco los eventos indicados por el legislador, en que procede la aplicación del procedimiento verbal, a saber:

1. Cuando el implicado es sorprendido en flagrancia o con elementos que provengan de la ejecución de la conducta.

2. Cuando existe confesión.

3. Cuando la falta sea leve.

4. En relación con las faltas gravísimas enunciadas expresamente en la norma.

5. En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

En el presente asunto se dio aplicación a dicho procedimiento por cuanto al momento de decidir sobre la apertura de la investigación disciplinaria, estaban dados los requisitos para proferir pliego de cargos, en efecto, encontró la entidad que la falta estaba objetivamente demostrada y que existía prueba que comprometía la responsabilidad de los investigados, no se trató de una decisión basada en la subjetividad del funcionario sino en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma para que proceda la medida, cuyo único objeto es la brevedad y agilización del proceso, en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal.

Sobre la exequibilidad de la norma citada se pronunció la Corte Constitucional, textualmente expresó:

2.14. No puede por consiguiente aducirse que el señalamiento del procedimiento a seguir en la actuación disciplinaria permanezca en la esfera subjetiva y eventualmente arbitraria de la autoridad judicial. En otras palabras, existen suficientes criterios en la Ley 734 de 2002 que permiten determinar la aplicación del proceso verbal, asegurando con ello el respeto por el derecho constitucional fundamental al debido proceso administrativo. Queda pues de relieve que...,‟no existe un amplio margen de discrecionalidad para el funcionario investigador, pues la norma busca que, cuando exista suficiente material probatorio que demuestre la comisión de la falta y que comprometa la responsabilidad del investigado, se abrevien los términos y se agilice el proceso, todo ello en aras de los principios de economía procesal y celeridad”(1).

En el presente asunto, se citó a Carlos Florentino Buitrago Rozo, a audiencia verbal por la presunta comisión de la falta gravísima prevista en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, consistente en causar daño en la integridad del señor Jhon Alexander Camacho Zapata. Como consecuencia de su omisión, el actor permitió el maltrato físico y verbal por parte de sus compañeros.

En el momento de valorar la decisión de apertura de la investigación, encontró el ente disciplinario, que estaban dados todos los requisitos sustanciales para proferir el pliego de cargos y citar a audiencia.

En efecto, consideró que para ese momento estaba demostrada objetivamente la falta pues como se aprecia la agresión fue comprobada mediante dictamen de medicina legal, y existía plena prueba de que el actor conducía la patrulla de placas 6278, el cual se encontraba a una distancia prudente de donde se desarrolló la irregularidad y en ningún momento acudió al auxilio y protección del señor Camacho Zapata.

Por lo anterior, encuentra la Sala que no se presenta irregularidad alguna que afecte el debido proceso en la medida en que a la fecha de la imputación de cargos por medio de citación de audiencia, el despacho investigador había encontrado motivos suficientes para formular cargos en contra del señor Carlos Florentino Buitrago, evento en el cual procede la aplicación del procedimiento verbal.

Falta de competencia

Respecto de la alegada falta de competencia de la jefe de control disciplinario interno del comando operativo 2 y del inspector delegado especial Mebog que adelantaron el proceso disciplinario, se tiene que de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006 son ellas las autoridades llamadas a conocer e imponer sanciones al personal del nivel ejecutivo (Subintendente y Patrullero) en primera y segunda instancia, respectivamente.

En efecto, la norma señala lo siguiente:

3. Inspectores delegados.

a) En segunda instancia de las decisiones proferidas por los jefes de oficinas de Control Disciplinario Interno de su jurisdicción;

b) En primera instancia de las faltas cometidas por los oficiales subalternos en su jurisdicción.

(...).

5. Jefes de oficinas de control disciplinario interno de policías metropolitanas y departamentos de policía.

En primera instancia de las faltas cometidas en su jurisdicción, por el personal del nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, auxiliares de policía, y estudiantes de las seccionales de formación de la Policía Nacional.

Si bien el mismo artículo atribuye la competencia al Inspector General de la Policía Nacional de cualquier actuación disciplinaria, cuya atribución esté asignada a otra autoridad, lo cierto es que dicha disposición es potestativa, como lo expresa el artículo trascrito, al decir que: “Podrá iniciar, asumir, proseguir, remitir o fallar cualquier actuación disciplinaria, cuya atribución esté asignada a otra autoridad policial señalada en esta ley, cuando por su trascendencia afecte gravemente el prestigio e imagen institucional” (resalta la Sala).

En consecuencia, por esta razón no puede hablarse de falta de competencia, porque el inspector general solo la asume, si por las características especiales de los hechos decide hacerlo.

Violación al debido proceso

Alega que el auto de citación a audiencia, se fundamentó en la denuncia penal instaurada por el señor Jhon Alexander Camacho Zapata ante el Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, la cual no fue debidamente incorporada al proceso disciplinario y por consiguiente no se sometió al principio de contradicción.

Sin embargo, la investigación se originó de oficio como consecuencia de la remisión de los antecedentes enviados por el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y por medio de auto de 21 de agosto de 2007 (fl. 81, cdno. 1) el investigador disciplinario solicitó el traslado de las pruebas recaudadas en el proceso penal con radicación S-192, por el punible de lesiones personales, por lo que las pruebas fueron válidamente allegadas al plenario.

Ahora bien, dentro de la audiencia celebrada en desarrollo del proceso, se hizo una valoración del material probatorio allegado. En ella se expresó:

De otro lado se pudo establecer que efectivamente con las pruebas allegadas legalmente al plenario entre otras tenemos la declaración del señor Jhon Alexander Camacho Zapata, el cual indica que para la fecha de los hechos se encontraba en el vehículo tipo taxi escuchando música y había ingerido sustancias embriagantes, cuando se presentó el incidente con los policías los cuales lo interceptan lo bajan del vehículo lo esposan a una moto de la policía y proceden a agredirlo físicamente... (fl. 239) de estos hechos se llevó a cabo una anotación en el libro de la estación de la policía del barrio el Restrepo (...).

De las agresiones físicas en contra de la humanidad del señor Alexander Camacho Zapata, tal como se puede demostrar con el dictamen médico legal practicado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el día 13 de agosto del año 2007 a las 12:05 hora en la cual como conclusión mecanismo causal corto contundente, contundente, incapacidad médico-legal provisional doce (12) días. Soporte este que nos demuestra plenamente que el citado ciudadano fue objeto de maltrato físico para la fecha de los hechos en el desarrollo del procedimiento policivo por parte de los disciplinados. (...), también el despacho procede analizar los informes donde se remite la plena identidad de los servidores públicos que para la noche de los hechos se vieron inmersos en el procedimiento que se llevó a cabo en contra del Sr. Camacho Zapata.

(...).

Al igual que a folio 227 c.o., milita diligencia de versión libre que hace el señor PT. (r) Buitrago Rozo Carlos Florentino el cual indica que para la fecha de los hechos él se encontraba de servicio a apoyo al cierre de establecimientos en compañía del señor SI. Ramírez como patrulla Berna 9 cuando una patrulla del CAI Berna pidió apoyo, al llegar al lugar el señor SI. Ramírez se bajó de la motocicleta policial y yo me quedé a un costado donde se encontraban varios taxistas hablando con ellos sobre el inconveniente, de un momento a otro se da cuenta que suben a un sujeto al taxi y prende la moto y se va para la estación y el entrega sus elementos de servicio ya que se había terminado su servicio y se retira de la unidad desconociendo en sí cual era el inconveniente presentado en dicho lugar.

Pero al ver las imagines que hacen parte del plenario se puede notar que el señor PT. Buitrago Rozo quien se encontraba como conductor de la patrulla policial de siglas 6278 se encontraba a una distancia prudente donde se desarrollo (sic) la irregularidad que se presento (sic) en contra de la humanidad del señor Jhon Alexander Camacho Zapata y en ningún momento se observa que acuda al auxilio y protección de la integridad del citado ciudadano como garante y en su condición de servidor público está en la obligación de hacer cumplir los postulados que consagra la constitución política (sic) de 1991, situación esta que es reprochable y censurable, porque con su actuar omisivo permitió el maltrato físico y verbal de parte de los homólogos en contra de la humanidad del señor Camacho Zapata sin ni siquiera optar por evitar que este atropello se presentara contrariando los fines que como servidor público le atañe conforme a lo mandado por la Carta Magna (...).

Analizado el material probatorio, la entidad impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por 10 años, decisión que fue apelada por la apoderada de los disciplinados y en relación con Carlos Florentino Buitrago Rozo, el recurso se circunscribió a los siguientes aspectos:

• La actuación se debió adelantar por el procedimiento ordinario.

• Solo se tuvieron en cuenta las pruebas que los perjudicaban y se endilgaron responsabilidades sin soporte probatorio.

• No se describe la conducta adelantada por cada uno de los policiales.

Examinado el fallo de segunda instancia, es claro para la Sala que todos y cada uno de los aspectos alegados en el recurso de apelación fueron materia de análisis y no acogidos por el fallador de segunda instancia.

Contrario a lo que se afirma en la demanda, no existió violación del debido proceso por este concepto, puesto que las partes hicieron uso de las distintas oportunidades procesales con las que contaban para pedir y controvertir pruebas, y cuando lo hicieron, recibieron respuestas detalladas y de fondo por parte de la Policía Nacional.

El control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando esta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa prueba haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, que riña con el sentido común y esté alejada de toda razonabilidad, lo cual no sucede en el presente caso en que la conducta está plenamente demostrada y fue aceptada por el actor.

Igualmente dentro de las decisiones demandadas se hizo referencia a la norma en que se habla de la justificación de la fuerza y encontró la autoridad disciplinaria que el actor no cumplió con su deber legal de protección de la integridad personal del señor Camacho, el cual se encontraba completamente indefenso por encontrarse esposado.

Para la Sala es evidente que el actuar del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, no vulneró el derecho al debido proceso, habida cuenta que la sanción fue impuesta al inculpado como consecuencia de su conducta omisiva, una vez demostrada su responsabilidad, dentro de un proceso ajustado a las normas y en el que se le aseguraron posibilidades de defensa y contradicción.

Las afirmaciones anteriores no han sido desvirtuadas en manera alguna y en cambio sí se demostró que el actor participó en los hechos que datan del 12 de agosto de 2007 y que su conducta no tuvo justificación alguna.

En esas condiciones, no se encuentra probado el cargo de vulneración del debido proceso propuesto por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Ejecutoriada, ARCHÍVESE el expediente.

(1) Sentencia C-242/2010.