Sentencia 2011-00190 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 1300 11 10 2000 2011 00190 01

Aprobado según Acta Nº 101 de la misma fecha.

REF.: Apelación sentencia abogado XXXX XXXXX.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Bogotá, D. C., diez de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

Competencia: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura, es competente para conocer y decidir sobre la apelación de la sentencia antes referida, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 256, numeral 3 de la Constitución Política, en armonía con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14).

En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Entra la Sala a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 29 de agosto de 2014, mediante la cual Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, decidió sancionar al abogado XXXX XXXX, tras haberlo hallado responsable de la falta establecida en el artículo 34 literal e) de la Ley 1123 de 2007.

Pues bien, en primer lugar la Sala se ocupará del análisis de los argumentos de la apelación propuestos por el abogado, los cuales limitan al ad quem, y en ellos el disciplinable se mantiene en la posición de que en su actuar no hubo falta disciplinaria, pues en ningún momento le fue sustituido el poder sino que fue autorizado para que revisara un proceso ejecutivo radicado 2004-0025, así mismo hizo alusión al significado de la palabra sustituir y autorizar para dejar sentado que tienen significados diferente. Así mismo manifestó que la acción disciplinaria está prescrita, pues a él se le otorgó poder en el 27 de agosto de 2077, por lo que para la misma fecha en el año 2013, ya estaba prescrita.

Al respecto la Sala observa que las actividades que desarrollan los profesionales del derecho tienen relevancia social, pues están orientadas a mantener un orden justo, y por ende, cuando se eleva un juicio de reproche disciplinario, siempre está relacionado con el incumplimiento de un deber, como lo es para el caso que nos ocupa, el de representar sucesivamente a quienes tenían intereses contrapuestos dentro del proceso ejecutivo radicado 2004-0025, que se tramita o tramitó en el Juzgado Promiscuo Municipal de Río Viejo-Bolívar.

Como quiera que, el origen de esta investigación está en el hecho de que dentro de un proceso ejecutivo, el quejoso otorgó poder al doctor XXXX XXXX, para que demandara al municipio de Regidor, con la finalidad de que este le cancelara una obligación representada en unos títulos valores, en curso del proceso el apoderado Barrero sustituyó el poder al hoy disciplinable, en fecha 27 de julio de 2007, en los siguientes términos “…me permito autorizar al Dr. XXXX XXXX, identificado con la C.C. XXXX XXXX de San Cristobal, para que en mi nombre revise las actuaciones, solicite copias y me represente en las diligencias a que haya lugar”.

Al hacer una lectura desprevenida del anterior mandato, podría dársele la razón al disciplinable en el sentido de que no se trata de una sustitución sino de una autorización, pero resulta que luego de dicho otorgamiento el abogado XXXX XXXX, no actuó como un dependiente judicial como lo quiere hacer ver, pues sus actos fueron de un verdadero abogado sustituto, pues dirigió memorial de fecha 28 de abril de 2008, solicitando se embargaran las 25 doceavas partes de los aportes de libre destinación que recibía el municipio de Regidor de la nación, estos no son solicitudes de un dependiente judicial sino de un apoderado defendiendo los intereses de su cliente.

Este poder es revocado tácitamente, por así decirlo, cuando en fecha 30 de septiembre de 2008, el doctor XXXX XXXX, actuando como apoderado de la parte demandada, presenta escrito, habiéndosele otorgado previo a ello poder por parte de la Alcaldesa de Regidor, refutando los argumentos del apoderado demandante, respecto a un auto proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Río Viejo por el cual se deja sin efecto la medida cautelar de embargo de cuentas corrientes del municipio en mención.

Sin lugar a dudas el doctor XXXX XXXX, incurrió en la falta contemplada en el artículo 34 literal e) de la Ley 1123 de 2007, pues representó en forma sucesiva tanto al quejoso como al municipio de Regidor dentro del proceso ejecutivo tantas veces referenciado, es más atacó como defensor de la entidad demandada con los mismos argumentos con que defendió al señor XXXX XXXX.

Ahora bien, respecto al tema de la prescripción propuesto por el disciplinable, la Sala manifiesta que no le asiste razón al apelante, pues si bien es cierto el proceso data del año 2007, no es menos cierto que al hacer una revisión de los folios contentivos del proceso ejecutivo se tiene que no hay noticia procesal respecto a que el disciplinable hubiese renunciado al poder conferido o se lo hubieran revocado, por lo demás se sabe por las notas secretariales visibles a folios del 266 al 270 del cuaderna anexo Nº 1, que el proceso radicado 2001-0025, para ese año estaba en trámite, para corroborar aún más que la acción disciplinaria no está prescrita, el disciplinable en la versión libre manifestó ante el a quo que estuvo como apoderado del municipio de Regidor hasta junio de 2012.

Sin lugar a dudas el abogado investigado representó sucesivamente a las partes que tenían intereses contrapuestos dentro del proceso ejecutivo a título de dolo, pues utilizó los mismos argumentos para defender los intereses del demandante como también para atacarlo cuando fungió como apoderado del demandado, faltando a la ética que debe revestir todas las actuaciones de los profesionales del derecho.

De la sanción.

Sin esfuerzo es evidente que la sanción también es adecuada, pues los elementos de juicio probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, no se encuentran desvirtuados y mucho menos justificados, valoración suficiente para que esta Colegiatura, proceda a confirmar la sanción impuesta en el caso sub examine.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 29 de agosto de 2014, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, sancionó con suspensión de tres (3) meses, al doctor XXXX XXXX, tras haberlo hallado responsable de la falta establecida en el artículo 34 literal e) de la Ley 1123 de 2007.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVUÉLVASE el expediente su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».